Por Zoé Valdés/El Debate.
La preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Irán ha vuelto a intensificarse tras las denuncias sobre una fuerte escalada de ejecuciones y la creciente movilización de activistas iraníes en Europa. Organizaciones de derechos humanos, grupos de la diáspora iraní y diversos colectivos sociales han alertado de que las autoridades de la República Islámica están utilizando la pena de muerte como una herramienta de represión política y control social, especialmente después de las protestas que han sacudido el país en los últimos años.
Según informes recientes de organizaciones internacionales, las ejecuciones se han multiplicado durante 2026. Human Rights Watch denunció que entre marzo y agosto de este año las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 59 hombres acusados de delitos relacionados con la seguridad nacional tras procesos judiciales calificados como profundamente injustos. Entre ellos figuraban al menos 29 personas detenidas por su participación en protestas recientes.
Diversas organizaciones iraníes de derechos humanos sostienen además que el número total de ejecuciones registradas durante los últimos meses supera ampliamente el centenar y continúa aumentando. Un informe publicado en septiembre alertó de que al menos 61 personas fueron ejecutadas en apenas 24 días, lo que equivale a una ejecución cada 9,6 horas. Estas cifras han reforzado la percepción de que el país atraviesa una de las campañas represivas más severas de los últimos años.
Los defensores de los derechos humanos denuncian que muchos de los condenados fueron juzgados sin las garantías procesales básicas. Las acusaciones incluyen confesiones obtenidas bajo presión, restricciones al acceso a abogados independientes y procedimientos acelerados. Human Rights Watch afirma que varias de estas sentencias estuvieron vinculadas a cargos ambiguos relacionados con la seguridad del Estado y que los tribunales actuaron sin respetar estándares internacionales de justicia.
La situación ha generado una creciente respuesta tanto dentro como fuera de Irán. En las prisiones iraníes continúa expandiéndose la campaña conocida como «No a las Ejecuciones», que reúne a reclusos en huelgas de hambre y actos simbólicos de protesta. A finales de septiembre, los impulsores de esta iniciativa informaron de que el movimiento había alcanzado 66 centros penitenciarios y denunciaron que cerca de 200 presos políticos e ideológicos se encuentran bajo amenaza de pena de muerte.
Bruselas se ha convertido en uno de los principales escenarios de movilización de la comunidad iraní exiliada
Fuera del país, Bruselas se ha convertido en uno de los principales escenarios de movilización de la comunidad iraní exiliada. Durante el verano de 2026 tuvieron lugar varias concentraciones frente a instituciones europeas y representaciones diplomáticas iraníes. Una de las más destacadas se celebró el 25 de julio, cuando simpatizantes de la oposición iraní se reunieron frente a la embajada de Irán para protestar contra las ejecuciones y exigir la liberación de los presos políticos.
Los participantes denunciaron lo que consideran una política sistemática de represión por parte de Teherán y reclamaron una respuesta más firme de los gobiernos europeos. Entre las demandas formuladas figuraban mayores sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, una mayor presión diplomática sobre las autoridades iraníes y el apoyo a las víctimas de la represión.
Pocos días después, el 2 de agosto, otra manifestación en Bruselas recordó a las víctimas de la masacre de presos políticos de 1988 y llamó la atención sobre las ejecuciones recientes de opositores y manifestantes. Durante el acto se exhibieron fotografías de víctimas de distintas etapas de la represión política en Irán, estableciendo un vínculo entre los acontecimientos históricos y la situación actual.
Para los organizadores, las ejecuciones recientes no pueden analizarse de forma aislada. Argumentan que forman parte de una estrategia más amplia destinada a desalentar cualquier forma de protesta social. Esta interpretación coincide con las conclusiones de Human Rights Watch, que sostiene que las autoridades iraníes han utilizado las ejecuciones para sembrar el miedo y disuadir futuras movilizaciones ciudadanas.
Las autoridades iraníes, por su parte, defienden la legalidad de sus actuaciones y sostienen que las condenas se basan en la legislación nacional y en delitos graves relacionados con la seguridad pública. Sin embargo, la comunidad internacional mantiene una creciente preocupación por el uso de la pena capital y por las denuncias de irregularidades judiciales.
La ola de ejecuciones y las protestas celebradas en Bruselas reflejan una cuestión que trasciende las fronteras iraníes. Mientras organizaciones de derechos humanos continúan documentando nuevas condenas y ejecuciones, la diáspora iraní intenta mantener la atención internacional sobre una crisis que considera cada vez más grave. El debate sobre la pena de muerte, la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales sigue ocupando un lugar central en las relaciones entre Irán y la comunidad internacional. En este contexto, las manifestaciones en la capital europea simbolizan tanto la solidaridad con las víctimas como la exigencia de que la situación de los derechos humanos en Irán permanezca en la agenda mundial.
Ahora, yo le pregunto a Donald Trump y a su administración: ¿para qué sirvió la guerra?
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