Por Minervo L Chil Siret.
En esta décima entrega de la serie La Transición en Cuba, la reflexión se detiene en una distinción fundamental para el futuro democrático de Cuba: votar no siempre significa elegir. Aunque los ciudadanos son convocados periódicamente a las urnas, ¿hasta dónde llega realmente su capacidad de decisión? El ensayo examina los límites del sistema electoral cubano y una cuestión que va más allá de sus procedimientos: el derecho de los ciudadanos a decidir quién ejerce el poder.
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Si alguien nos presenta una sola persona para ocupar un cargo y nos permite aprobarla o rechazarla, podemos pronunciarnos sobre esa propuesta. Pero no hemos elegido entre distintas personas que aspiren a ocuparlo.
Podemos aceptar. Podemos rechazar. Lo que no podemos es escoger a alguien diferente.
Sin embargo, sobre la confusión entre votar y elegir se ha construido buena parte de la narrativa oficial acerca de la democracia en Cuba.
Cada vez que se celebran «elecciones», las autoridades destacan la participación ciudadana, la cantidad de votos obtenidos por los candidatos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Presentan esos resultados como expresión de la voluntad popular.
Pero la pregunta fundamental no es cuántas personas votan. Es qué pueden decidir mediante ese voto. Porque una votación puede expresar determinadas preferencias sin que exista una verdadera posibilidad de escoger entre alternativas políticas.
Y esa diferencia comienza mucho antes de que el elector reciba su boleta.
Cuando las alternativas no existen
En las «elecciones» nacionales cubanas pueden aparecer varios nombres en una misma boleta. Pero no representan personas que compiten entre sí por un mismo escaño.
Hay tantos candidatos como puestos corresponde cubrir.
En marzo de 2023, por ejemplo, fueron presentados 470 candidatos para ocupar los 470 escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos resultaron electos.
Los ciudadanos podían votar por todos o seleccionar solamente algunos. Pero no podían escoger entre candidatos alternativos para ocupar un mismo escaño ni respaldar mediante aquellas elecciones proyectos políticos diferentes que aspiraran a gobernar el país.
Es cierto que en las elecciones municipales existe un procedimiento diferente. Allí los vecinos pueden participar en la nominación de candidatos y escoger entre varias personas para ocupar el cargo de delegado de circunscripción.
Pero la presencia de varios candidatos no convierte automáticamente una votación en una elección democrática. Porque ninguna elección ocurre al margen de las condiciones políticas y sociales en que se celebra.
¿Qué libertad real puede tener un ciudadano para presentar una candidatura independiente cuando expresar públicamente sus diferencias políticas puede convertirlo en objeto de vigilancia, amenazas, hostigamiento o represalias? ¿En qué condiciones puede competir alguien previamente presentado como enemigo del pueblo, sometido a campañas de desprestigio en los medios oficiales y privado de la posibilidad de responder en igualdad de condiciones?
La censura, los actos de repudio, la estigmatización de quienes disienten y la represión política no desaparecen durante las jornadas electorales. Forman parte del ambiente en que esas elecciones se celebran.
No se trata de exigir que todos los candidatos reciban el mismo respaldo ni de garantizar que los opositores resulten elegidos. Se trata de que puedan ejercer sus derechos políticos libremente, sin que sus opiniones los coloquen en una situación de desventaja impuesta desde el poder.
Porque la libertad electoral no comienza cuando se abre el colegio de votación. Debe existir también antes, cuando los ciudadanos expresan sus ideas, se organizan y aspiran a representar a otros. Sin esas condiciones, incluso la existencia de varias candidaturas puede ofrecer una apariencia de elección sin garantizar una verdadera libertad para elegir.
¿Quién decide quién puede ser elegido?
Uno de los argumentos utilizados por las autoridades cubanas para defender su sistema electoral es que el Partido Comunista no presenta candidatos como organización partidista ni aparece identificado en las boletas.
Formalmente, así funciona el procedimiento. Pero esa circunstancia no significa que el Partido Comunista permanezca al margen del proceso electoral. La propia Constitución le atribuye la condición de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Las candidaturas nacionales son preparadas por Comisiones de Candidaturas integradas por representantes designados desde las direcciones de organizaciones de masas vinculadas al entramado político e institucional del país. Aunque la legislación reconoce formalmente la independencia funcional de esas comisiones, ello no elimina la cuestión de su relación con un sistema político cuya dirección superior corresponde constitucionalmente al Partido Comunista. Sus integrantes no han recibido de los ciudadanos, mediante una elección pública y competitiva, el mandato de determinar quiénes pueden aspirar a representarlos.
Las Asambleas Municipales pueden aprobar o rechazar las propuestas de candidatos a diputados, pero no elaboran libremente esas candidaturas. Tanto las propuestas iniciales como las alternativas que se presentan en caso de rechazo proceden de las Comisiones de Candidaturas, que conservan así la facultad de determinar los nombres sometidos a aprobación.
La ausencia formal del Partido Comunista en la boleta no demuestra que el proceso esté libre de su dirección política.
Y aquí aparece una contradicción especialmente significativa. La propia Constitución cubana reconoce a los ciudadanos los derechos a elegir y a ser elegidos. Pero ¿qué contenido real conservan esos derechos cuando los ciudadanos no pueden presentar libremente alternativas políticas para ocupar los principales cargos del Estado?
La exclusión, además, no termina en las candidaturas. La legislación electoral exige dos años de residencia efectiva en Cuba para ejercer el derecho al voto y cinco para poder ser elegido. De ese modo, una parte considerable de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, incluidos los exiliados, queda privada de ejercer esos derechos, aunque conserve su ciudadanía.
Haber salido de Cuba no significa haber dejado de ser cubano. La nación también está formada por quienes viven fuera de sus fronteras, independientemente de las razones que los llevaron a emigrar o de sus convicciones políticas. Es legítimo debatir cómo debe organizarse su participación electoral, pero no podemos confundir la soberanía del pueblo cubano con la voluntad de una parte de ese pueblo mientras otros ciudadanos permanecen excluidos de la posibilidad de expresarla.
El derecho a ser elegido no puede depender exclusivamente de que alguien nos incluya entre los candidatos previamente seleccionados, ni puede quedar negado a amplios sectores de la ciudadanía por el simple hecho de vivir fuera del país.
Y el derecho a elegir tampoco puede reducirse a pronunciarnos sobre las personas que el sistema ha decidido proponernos, ni desconocer a quienes, siendo igualmente ciudadanos, permanecen excluidos de esa decisión.
Rechazar tampoco es elegir
Incluso para aquellos ciudadanos que sí pueden participar en las «elecciones», queda otra cuestión fundamental: ¿hasta dónde llega realmente su capacidad de decisión?
Podría argumentarse que los ciudadanos conservan la posibilidad de rechazar candidatos. Y formalmente existen mecanismos para hacerlo. Pero rechazar una propuesta no significa necesariamente recuperar el poder de decisión.
Imaginemos que, en el municipio donde se presenta a diputado uno de los principales dirigentes del país, los electores deciden no otorgarle la mayoría necesaria para resultar elegido. La legislación contempla que, ante un escaño vacante, el Consejo de Estado pueda recurrir a una elección realizada por los delegados municipales constituidos en Colegio Electoral, o incluso dejarlo vacante, en lugar de convocar necesariamente una nueva votación popular.
Las nuevas candidaturas seguirían procediendo del mismo mecanismo institucional. Y las disposiciones examinadas no establecen expresamente que el candidato que no obtuvo inicialmente la mayoría requerida quede impedido de ser propuesto nuevamente.
No significa que ese resultado tenga necesariamente que producirse. Pero el procedimiento deja abierta esa posibilidad.
Lo importante no es especular sobre lo que ocurriría con un dirigente determinado. Es comprender que, incluso cuando los ciudadanos consiguieran impedir la elección de una persona, ello no les otorgaría automáticamente la facultad de presentar y escoger a otra para ocupar el cargo. Podrían rechazar un nombre sin modificar quién conserva la capacidad de determinar cuáles serán los siguientes.
Y ahí encontramos el problema de fondo. Rechazar a quien otros nos proponen no equivale a tener el derecho de elegir a quien queremos que nos represente.
Participar y decidir no son sinónimos
Durante décadas, la elevada participación electoral ha sido utilizada por las autoridades cubanas como argumento para demostrar el respaldo popular al sistema.
Pero participar y decidir tampoco son sinónimos.
Se puede participar en una reunión sin determinar sus conclusiones. Se puede intervenir en una consulta sin que la opinión expresada tenga consecuencias sobre la decisión final. Y se puede acudir a una votación sin disponer de alternativas reales entre las cuales escoger.
En todos esos casos existe alguna forma de participación. Lo que debemos preguntarnos es qué capacidad efectiva de decisión acompaña a esa participación.
Y hay otra dimensión de la libertad que tampoco deberíamos olvidar: el derecho a no participar.
Recuerdo cómo, durante numerosas jornadas electorales, desde media mañana comenzaban a llegar personas a mi casa para preguntarme si acudiría a votar. En ocasiones me explicaban que yo era el único elector pendiente y querían saber si podían cerrar el colegio.
Mi respuesta era siempre la misma: la ley establecía un horario que debían respetar y yo tenía derecho a disponer de todo ese tiempo para decidir. Por supuesto, también tenía derecho a no votar.
En Cuba, el voto no es legalmente obligatorio. Su ejercicio debe ser una decisión libre del ciudadano, no una demostración de obediencia política. Sin embargo, en un ambiente donde negarse a participar puede interpretarse como una manifestación de deslealtad y donde las discrepancias pueden acarrear consecuencias personales, académicas o laborales, esa voluntariedad puede quedar profundamente condicionada.
Es la contradicción de la participación «voluntatoria»: oficialmente libre, pero acompañada de presiones que pueden convertir una decisión personal en una demostración esperada de adhesión.
No significa que todos los cubanos voten presionados ni que toda abstención constituya una protesta política. Significa que ejercer un derecho no debería exigir al ciudadano demostrar obediencia ni colocarlo ante el temor de sufrir represalias si decide no ejercerlo.
Pero incluso si todos los ciudadanos acudieran a votar por voluntad propia, todavía quedaría pendiente la pregunta esencial. ¿Pueden elegir realmente cuando lo hacen?
Votar sin poder cambiar de gobierno
La cuestión del derecho a elegir adquiere toda su dimensión cuando dejamos de mirar únicamente las candidaturas y examinamos quiénes terminan ejerciendo el poder.
En Cuba, el presidente de la República es «elegido» por la Asamblea Nacional entre sus diputados.
La elección indirecta, por sí misma, no constituye un problema democrático. Existen numerosos países donde los ciudadanos eligen representantes que posteriormente participan en la selección del gobierno.
Lo importante es que esos representantes procedan de elecciones libres y competitivas y que puedan decidir entre alternativas políticas reales. Pero los diputados cubanos no llegan a la Asamblea Nacional mediante una competencia abierta entre diferentes proyectos de gobierno.
Y cuando deben elegir al presidente y al vicepresidente de la República, encontramos un procedimiento igualmente revelador.
Los diputados presentan por escrito y de manera anónima sus propuestas para ambos cargos. La Comisión de Candidaturas Nacional elabora entonces las candidaturas que serán sometidas a la Asamblea, sin que exista un procedimiento público que permita conocer cuántas propuestas recibió cada aspirante ni cómo se determinaron los nombres finalmente seleccionados.
A continuación, los diputados deben aprobar esas candidaturas públicamente, mediante una votación a mano alzada. Solo después reciben las boletas para votar secretamente por las mismas personas cuya nominación acaban de aprobar.
La primera votación aprueba las candidaturas y la segunda determina quiénes ocupan los cargos. Pero ninguna ofrece una competencia entre diferentes aspirantes a la Presidencia o la Vicepresidencia.
Y en un sistema político donde la discrepancia con quienes ejercen el poder puede acarrear consecuencias, tampoco resulta irrelevante que la aprobación o el rechazo de las candidaturas deba manifestarse públicamente.
Así, un procedimiento que comienza solicitando propuestas a los diputados termina dejando en manos de una Comisión de Candidaturas, cuyos integrantes no han sido elegidos por los ciudadanos, la selección de los nombres que podrán ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Los diputados pueden aprobar o rechazar las candidaturas presentadas y posteriormente votar sobre ellas, pero se trata de candidaturas únicas: una para cada cargo, sin alternativas entre las cuales escoger. Una vez más, quienes deben ejercer el derecho a elegir no son quienes determinan las opciones disponibles.
Las consecuencias van mucho más allá del procedimiento para ocupar determinados cargos. Porque las elecciones no sirven únicamente para conferir autoridad a quienes gobiernan. También deben permitir que los ciudadanos retiren esa autoridad cuando consideren necesario cambiar el rumbo del país.
Ningún gobierno, por legítimo que haya sido su origen, puede reclamar un derecho permanente a gobernar.
La confianza ciudadana no es una propiedad adquirida para siempre. Debe poder renovarse, cuestionarse o retirarse.
Es cierto que la legislación cubana contempla la revocación del mandato de los elegidos, incluido el presidente de la República. Pero los ciudadanos solo pueden ejercer directamente esa facultad sobre los delegados de sus circunscripciones. A los diputados los revocan las Asambleas Municipales por las que fueron elegidos, mediante procedimientos en los que interviene el Consejo de Estado; al presidente de la República, la Asamblea Nacional. La ley establece tres causas relacionadas con el desempeño o la conducta del elegido, dos de ellas formuladas en términos abiertos. Además, declara que el procedimiento no es impugnable.
La revocación permite retirar el mandato a una persona, pero no constituye una vía para que los ciudadanos retiren libremente su confianza a un proyecto de gobierno y lo sustituyan por otro. Revocar a un gobernante no equivale a tener la capacidad de cambiar de gobierno. Para decidir ese cambio de rumbo, los ciudadanos deben poder elegir entre alternativas políticas reales.
Cuando esas alternativas no pueden competir libremente, la continuidad del poder deja de depender de una verdadera competencia por el respaldo popular.
Ningún gobierno puede afirmar que representa libremente la voluntad de un pueblo cuando ese pueblo carece de la posibilidad real de manifestarla.
Cuando los ciudadanos reclamaron el derecho a decidir
La ausencia de elecciones nacionales libres en Cuba no comenzó con la actual Ley Electoral ni los actuales dirigentes, ni siquiera con el triunfo revolucionario de 1959. El golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, interrumpió el orden constitucional e impidió la celebración de las elecciones previstas para aquel año.
Su derrocamiento, en enero de 1959, tampoco condujo al restablecimiento de la democracia y la convocatoria a elecciones libres y pluralistas. El nuevo poder revolucionario, encabezado por Fidel Castro, fue concentrando la autoridad política hasta consolidar un sistema totalitario de partido único, institucionalizado en la Constitución socialista de 1976. Las posteriores reformas constitucionales y electorales modificaron procedimientos e instituciones, pero no abrieron la competencia política pluralista por el gobierno del país.
Sin embargo, también existe una historia de ciudadanos que han reclamado pacíficamente el derecho a decidir.
En mayo de 2002, más de 11000 electores cubanos respaldaron con sus firmas la presentación del Proyecto Varela ante la Asamblea Nacional. Pedían un referéndum sobre reformas que incluían el reconocimiento de libertades fundamentales, una nueva legislación electoral y la celebración de elecciones libres. No pretendían imponer sus propuestas, sino que los propios ciudadanos pudieran decidir sobre ellas.
La respuesta de las autoridades fue muy distinta. En lugar de someter aquellas reformas a consulta, promovieron una movilización oficial que culminó en la reforma constitucional de 2002, declarando irrevocable el sistema socialista. Al año siguiente, numerosos activistas pacíficos, incluidos promotores del Proyecto Varela, fueron encarcelados durante la ola represiva de 2003.
Mientras unos ciudadanos reclamaban la posibilidad de decidir libremente el futuro político del país, el poder reafirmaba que una determinada orientación política debía permanecer fuera del alcance de esa decisión.
A pesar de la respuesta del poder, en agosto de 2003, los datos de otros 14000 electores respaldando la solicitud de referéndum del Proyecto Varela fueron entregados en la Asamblea Nacional.
En agosto de 2007, junto a Oswaldo Payá dirigí a la Asamblea Nacional una petición para derogar la entonces vigente Ley Electoral y sustituirla por otra que garantizara efectivamente los derechos a elegir y ser elegidos.
En la declaración que en nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) hicimos pública, tras entregar esa petición, reconocíamos la diversidad de opiniones sobre la realidad cubana, nuestro pasado y el futuro que deseábamos construir. Y afirmábamos una convicción que conserva toda su vigencia: «Esa diversidad no debe enfrentar a los cubanos, sino enriquecer nuestras vidas».
En marzo de 2016, el Movimiento Cristiano Liberación entregó en la Asamblea Nacional 10000 nuevas firmas de apoyo al Proyecto Varela. Y en julio del propio año, ante el anuncio de que se redactaría una nueva ley electoral, el Consejo Coordinador del MCL presentó la propuesta «Un cubano, un voto», que delineaba las condiciones mínimas para un proceso electoral legítimo que garantizara el derecho de todos los cubanos a elegir y a ser elegidos.
Ni el Proyecto Varela ni aquellas propuestas pretendían sustituir una unanimidad impuesta por otra. Reclamaban que los ciudadanos pudieran expresar sus ideas, presentar alternativas y decidir libremente entre ellas.
Porque los diversos «nosotros» que forman parte de una nación pueden tener visiones diferentes de su pasado, su presente y su futuro. Lo que no puede existir en una sociedad verdaderamente libre es un «nosotros» que se atribuya el derecho exclusivo de decidir por todos los demás.
Han pasado los años. Han cambiado las leyes, algunas instituciones y quienes ocupan determinados cargos. Pero la contradicción de fondo permanece.
La Constitución de 2019 mantiene como irrevocable el sistema socialista y reconoce al Partido Comunista de Cuba como partido único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Hay, por tanto, una decisión fundamental que los ciudadanos no pueden tomar: escoger libremente un rumbo político diferente.
Esa es una de las realidades que una transición democrática tendrá que superar. Porque la soberanía popular no consiste solamente en votar sobre las propuestas del poder. Comprende también la capacidad de decidir quién gobierna y qué rumbo toma el país.
La propia Constitución afirma que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pero cuando ese pueblo no puede decidir libremente sobre la continuidad del sistema político ni sustituir mediante elecciones a quienes ejercen el poder, la soberanía no se encuentra simplemente limitada o subordinada. Su ejercicio político ha sido usurpado.
Por eso la diferencia entre votar y elegir es mucho más que una cuestión de palabras.
Es la diferencia entre una ciudadanía convocada periódicamente a las urnas y una ciudadanía que puede decidir libremente quién ejerce el poder.
Votar puede ser un trámite. Elegir es decidir.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
