Por Minervo L. Chil Siret.
La confianza que necesita Cuba no se construye con autorizaciones, sino con derechos y garantías.
Las recientes reformas económicas anunciadas por la dictadura cubana han generado reacciones encontradas. Algunos las presentan como el inicio de una nueva etapa para el país. Otros las descartan automáticamente como una maniobra propagandística más. Creo que ambas posiciones resultan insuficientes para comprender lo que realmente está ocurriendo.
Lo primero que debe reconocerse es que estas medidas constituyen una admisión implícita de algo que durante décadas fue negado: la extrema centralización económica, la persecución de la iniciativa privada, la exclusión de los cubanos emigrados y la subordinación absoluta de la actividad económica a la voluntad política del Estado no han producido prosperidad para nuestro pueblo. Si estas políticas hubieran funcionado, no habría necesidad de modificarlas.
Por eso sería un error rechazar a priori, de manera automática, sin un análisis serio, cualquier medida que amplíe espacios para el emprendimiento, la producción o la inversión, solo porque proviene del régimen. Cuba necesita más libertad económica, más iniciativa ciudadana y más oportunidades para quienes desean contribuir al bienestar de sus familias y al desarrollo nacional.
Sin embargo, reconocer esta realidad no obliga a ignorar otra cuestión igualmente importante: la profunda crisis de credibilidad que enfrenta la propia dictadura. La pregunta fundamental no es si estas reformas pueden generar algunos beneficios. Es posible que los generen. La verdadera pregunta es si los cubanos tienen razones para confiar en que esas reformas serán duraderas, transparentes y accesibles para todos.
La historia reciente invita, cuando menos, a la prudencia. Durante décadas hemos visto aperturas parciales que luego fueron limitadas, congeladas o revertidas. Hemos visto autorizaciones que parecían anunciar cambios permanentes y que terminaron subordinadas nuevamente a criterios políticos. Hemos visto reformas impulsadas en momentos de crisis que perdieron impulso cuando el poder recuperó cierta estabilidad.
Por eso el problema principal de estas medidas no es económico. Es institucional. Y aquí aparece una cuestión más profunda que rara vez se aborda en el debate público cubano. Muchos de los problemas que hoy se intentan corregir mediante reformas económicas tienen un origen común: la extrema concentración del poder político, económico y administrativo en manos de un reducido grupo de personas e instituciones sin los contrapesos propios de una sociedad democrática.
La falta de producción, la ineficiencia empresarial, la escasez crónica, la inseguridad jurídica, la ausencia de transparencia e incluso la desconfianza de los propios ciudadanos hacia las reformas anunciadas no son fenómenos aislados. Son manifestaciones distintas de una misma realidad: un sistema donde las decisiones fundamentales dependen de centros de poder que no están sujetos al control ciudadano ni a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Por eso resulta difícil separar la discusión económica de la discusión sobre los derechos y las instituciones. Allí donde el poder permanece excesivamente concentrado, las reformas pueden ser concedidas, modificadas o revertidas según las necesidades del momento. Allí donde existen derechos protegidos por la ley y respaldados por instituciones independientes, los ciudadanos pueden planificar su futuro con confianza y contribuir al desarrollo de la nación.
La prosperidad no depende únicamente de permitir determinadas actividades económicas. Depende de la existencia de instituciones confiables que limiten la arbitrariedad del poder y protejan los derechos de los ciudadanos. La confianza no nace de los discursos ni de los decretos. Nace cuando las personas saben que las reglas no cambiarán según las necesidades políticas del momento y que existen mecanismos independientes capaces de proteger sus derechos frente a cualquier abuso.
Un permiso puede ser otorgado hoy y retirado mañana. Un derecho, en cambio, está protegido por la ley y no depende de la voluntad cambiante de quienes gobiernan. Ése es precisamente el vacío que continúa existiendo.
Se habla de permitir inversiones, pero no de garantizar plenamente el derecho a invertir. Se habla de autorizar emprendimientos, pero no de reconocer plenamente la libertad económica como derecho ciudadano. Se habla de descentralización, pero no de verdadera autonomía.
Se habla de apertura, pero no de transparencia. Y sin transparencia resulta imposible responder preguntas esenciales: ¿quiénes tendrán acceso a las nuevas oportunidades?, ¿bajo qué criterios se tomarán las decisiones?, ¿existirá igualdad de condiciones para todos los cubanos o ventajas para grupos cercanos al poder? Estas preguntas no son ideológicas. Son prácticas.
Tampoco puede ignorarse la contradicción que existe entre el contenido de algunas reformas y el discurso oficial que las acompaña. Mientras se intenta atraer inversión y estimular la actividad privada, se mantiene una narrativa que sigue viendo la autonomía económica de los ciudadanos con recelo y que evita cualquier reflexión crítica sobre las causas internas de la crisis nacional. Esa contradicción debilita la confianza que las reformas necesitan para prosperar.
Particularmente revelador será observar la reacción de los cubanos que viven fuera de la Isla. Miles de ellos desean contribuir al futuro de su país. Muchos estarían dispuestos a invertir, crear empleos y apoyar el desarrollo nacional. Pero antes de comprometer el esfuerzo acumulado durante años de trabajo, necesitan certezas jurídicas, reglas estables y mecanismos de protección que hoy siguen ausentes o son insuficientes.
La experiencia internacional demuestra que ninguna sociedad alcanza un desarrollo sostenible únicamente mediante reformas económicas administradas desde arriba. El crecimiento duradero requiere instituciones confiables, seguridad jurídica, transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos fundamentales.
Por eso la verdadera discusión no debería centrarse en si el Estado concede más o menos permisos. La verdadera discusión es si los cubanos podrán finalmente ejercer sus derechos. Porque el futuro de Cuba no depende de cuánto espacio decida otorgar temporalmente el poder. Depende de que cada ciudadano sea reconocido como sujeto de derechos, con capacidad para emprender, asociarse, expresarse y participar libremente en la construcción del país.
Las reformas económicas del régimen cubano pueden aliviar temporalmente algunos síntomas de la crisis nacional. Pueden generar oportunidades, estimular determinadas actividades productivas e incluso contribuir a mejorar las condiciones de vida de una parte de la población. Pero si no se aborda la raíz institucional del problema, sus efectos serán necesariamente limitados y frágiles. La historia de Cuba demuestra que ninguna reforma puede consolidarse allí donde los derechos dependen de permisos administrativos, donde la transparencia es insuficiente y donde el poder permanece excesivamente concentrado.
El verdadero desafío nacional no consiste únicamente en reformar mecanismos económicos. Consiste en construir una República donde el poder esté al servicio de la persona humana y sometido al derecho; donde los ciudadanos no dependan de concesiones administrativas para desarrollar sus proyectos de vida; y donde la libertad, la participación y la justicia constituyan las bases permanentes de la convivencia nacional. Sólo entonces las reformas dejarán de ser respuestas temporales a una crisis y podrán convertirse en los cimientos de una Cuba libre, próspera y reconciliada.
Minervo L Chil Siret.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
