Por PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO/La Gaceta de la Iberosfera.
En los momentos en que se publican informaciones sobre los (presuntos) casos de corrupción que afectan a su familia y a su partido, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado sus planes para acabar con «los tabloides digitales que difunden bulos» (La Vanguardia, 16-6-2024).
El poder no soporta los medios de comunicación que no controla, sobre todo cuanto más despótico es. En octubre de 2020, Twitter, Facebook y otras redes sociales tumbaron las cuentas del periódico New York Post, porque informaba del contenido del ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del entonces candidato demócrata a presidente de EEUU. Y en Polonia, en diciembre pasado, el Gobierno liberal envió a la Policía a cerrar un canal de televisión.
El régimen franquista se empeñó en cerrar el diario Madrid, por sus informaciones y, sobre todo, opiniones. En 1968, el Consejo de Ministros le aplicó un cierre por cuatro meses de duración. El Gobierno socialista de Felipe González decidió eliminar el diario El Alcázar mediante la no concesión de publicidad institucional, ni de subvenciones y la cancelación injustificada de las suscripciones del diario en empresas públicas. El periódico cerró en 1987. Años más tarde, en 1994, por culpa de González, el Estado español fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar unos 3.000 millones de pesetas a la empresa Dyrsa, editora de la cabecera.
En 2007, un juez de la Audiencia Nacional ordenó el secuestro del semanario El Jueves por una portada considerada ofensiva para los entonces príncipes de Asturias. Entonces, los humoristas y periodistas de izquierdas defendieron la libertad de expresión, aunque ofendiera a algunos por encumbrados que estuvieran. Y durante la epidemia de COVID, el Gobierno de Sánchez arremetió contra quienes criticasen sus acciones. La ministra Isabel Celáa dijo: «No podemos permitir que haya mensajes negativos». Otro socialista, Alfonso Gómez Celis, encima vicepresidente del Congreso, señaló estas palabras: «En esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores».
La tradición censora del PSOE
En la persecución de la prensa y del derecho a informar y a recibir información (art. 20 de la Constitución de 1978), los socialistas y los republicanos españoles han sido más encarnizados que los dictadores militares.
Al cumplirse el mes de la proclamación de la II República, el Gobierno Provisional había permitido el asalto a un centro monárquico, encarcelado al propietario de ABC por sospechoso de haber cometido un asesinato aunque el cadáver no aparecía, una quema de iglesias y conventos y el cierre de varios periódicos.
El ministro de Gobernación, el derechista católico Miguel Maura, convocó a finales de mayo a su despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros de la CNT que formaban parte de una columna que quería arrasar San Sebastián, a fin de demostrar que él haría cumplir la ley. «Acudieron todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo (…). Les rogaba diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián. Ahora bien —continué—: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio». «Envenenar el ambiente» de Maura no se distingue mucho de «los bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social» de la Guardia Civil sobre el Gobierno de Sánchez.
La ley de Defensa de la República
El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo, que había contribuido a traer la República como director general de la Guardia Civil, se sublevó en Sevilla y Madrid. El Gobierno, presidido desde octubre anterior por Manuel Azaña, conocía la conspiración del militar y venció sin problemas el pronunciamiento.
Azaña aprovechó la ocasión para aplicar la Ley de Defensa de la República, vigente desde octubre de 1931, que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen.
El artículo 42 de la Constitución establecía que «En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio»; pero Azaña y su compañero Casares Quiroga, ministro de Gobernación, deportaron a sospechosos a Villa Cisneros, en el Sáhara. Meses antes habían deportado a varios anarquistas a Guinea Ecuatorial. Respecto a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres ministros socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) y uno de ERC (Jaume Carner Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos…
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