Por Redacción ZoePost.
El fondo inversionista CRF I Limited, demandante en tribunales londinenses contra el gobierno cubano por una cuantiosa deuda procedente de la época de Fidel Castro, ha comunicado que la Corte Suprema británica desestimó la última tentativa del Banco Nacional de Cuba (BNC, actual Banco Central de Cuba) de impugnar su legitimidad jurídica.
«Este fallo marca la cuarta victoria consecutiva de CRF ante la justicia inglesa», señala el fondo mediante comunicación remitida a nuestra redacción. Previamente, la demanda del grupo, considerado el principal acreedor de La Habana, prevaleció en el Tribunal Superior de Londres en proceso ordinario, en la impugnación presentada por las autoridades cubanas, y posteriormente en la Corte de Apelación.
Esta trayectoria judicial «consolida la posición de CRF como propietario legítimo de los instrumentos de deuda y despeja el camino para la siguiente fase del procedimiento», apunta el comunicado.
La sentencia emitida el 31 de marzo de 2025 por la Corte Suprema, examinada por nuestros analistas, rechaza la petición de autorización del BNC para impugnar el dictamen anterior. Los magistrados Lloyd-Jones, Sales y Richards concluyeron que la solicitud habanera para recurrir la providencia dictada por la Corte de Apelación el 19 de noviembre de 2024 «se desestima por cuanto la solicitud no plantea una cuestión de derecho controvertible ni una materia jurídica de relevancia significativa».
La Corte Suprema precisó adicionalmente que «los gastos ocasionados por la solicitud de autorización para apelar serán sufragados por la parte apelante a favor del demandado», lo cual comporta nuevas erogaciones para el erario cubano en un litigio donde no logra imponerse pese a la intensa campaña propagandística proclamando su inculpabilidad.
«Esta resolución finaliza la estrategia plurianual del BNC orientada a obstruir las reclamaciones de CRF por cuestiones jurisdiccionales y ratifica, con carácter definitivo, que CRF constituye el acreedor legítimo facultado para exigir el cumplimiento de la obligación financiera», subraya el fondo en su declaración.
«El dictamen confirma la validez de las pretensiones de CRF y enfatiza su ejecutabilidad bajo la legislación británica. Con este favorable desenlace, CRF procederá ahora al examen sustantivo del proceso, donde mantenemos plena confianza en alcanzar un resultado satisfactorio», anticipa.
«Los hechos resultan inequívocos: el Estado cubano percibió estos capitales en préstamo y ha incumplido sistemáticamente sus compromisos de pago, patrón que ha mantenido invariable en todas sus relaciones crediticias», enfatiza.
David Charters, presidente ejecutivo de CRF, comenta que la sentencia suprema «constituye un triunfo contundente y definitivo en la fase jurisdiccional. La máxima instancia judicial británica ha corroborado nuestra posición inicial: CRF es el legítimo acreedor y las autoridades cubanas carecen ya de fundamentos para negarlo. Hemos prevalecido en cada etapa procesal, en cuatro ocasiones consecutivas, y no claudicaremos».
Y advierte: «Pese a nuestros reiterados intentos de entablar un diálogo constructivo, La Habana ha rechazado consistentemente una negociación auténtica. Mantenemos nuestra determinación inquebrantable para garantizar justicia a nuestros inversores e intensificaremos nuestras acciones para ejecutar íntegramente esta resolución».
Añade Charters que «CRF ha desarrollado gestiones persistentes para colaborar con las autoridades cubanas con honestidad desde 2013, procurando una solución equilibrada y justa. No obstante la disposición negociadora de CRF, la contraparte cubana ha evidenciado escaso interés en establecer un diálogo productivo. Resueltas definitivamente las cuestiones jurisdiccionales, CRF proseguirá defendiendo sus pretensiones con firmeza, respaldado por la autoridad jurisdiccional británica».
En enero pasado, trascendió que CRF I Limited propuso al gobierno cubano un convenio para liquidar la deuda superior a 72 millones de euros reclamada, mediante misiva dirigida a Miguel Díaz-Canel incluyendo una propuesta de reestructuración, estableciendo como fecha límite el 19 de enero de 2025 para alcanzar un acuerdo.
Entre las proposiciones figuraba un desembolso inicial de 40 millones de libras esterlinas a una cuenta británica y la estructuración de un nuevo instrumento crediticio, permitiendo reconfigurar el monto pendiente sin intereses durante un quinquenio.
Según CRF, esta iniciativa pretendía beneficiar ambas partes y posibilitar al Ejecutivo cubano reorientar recursos hacia necesidades internas apremiantes.
Asimismo, el documento advertía que la coyuntura internacional podría tornarse menos propicia para La Habana con el advenimiento de una nueva Administración estadounidense, limitando las perspectivas de futuros acuerdos.
En noviembre de 2024 la Corte de Apelaciones londinense desestimó un recurso habanero contra CRF I Limited. Transcurridos tres días, el Banco Nacional de Cuba manifestó públicamente su «voluntad dialogante».
El BNC califica a CRF I como «fondo buitre», denominación central en el discurso habanero desde el inicio del contencioso, pretendiendo desacreditar la legitimidad de la reclamación, aunque la magistrada Sarah Cockerill, en la vista oral celebrada en 2023, reconoció al grupo como acreedor legítimo.
La defensa gubernamental argumentó durante dicho juicio que la cesión de la deuda cubana a CRF I fue obtenida mediante soborno a funcionarios bancarios, alegación refutada contundentemente por los letrados demandantes. Igualmente, el veredicto judicial evidenció que el BNC y, consecuentemente, el gobierno cubano, esgrimieron argumentaciones falaces para sustentar su posición procesal.
CRF I, constituido por inversionistas privados y creado a raíz del inicio de renegociaciones de deuda externa impulsadas por Raúl Castro tras la declaración de impagable e incobrable efectuada por Fidel Castro en 1986, posee una cartera de títulos de deuda cubana vencida que en 2017 ascendía a 1.200 millones de euros (aproximadamente 1.300 millones de dólares actuales), de los cuales ha comenzado a reclamar judicialmente una porción.
La continuación del procedimiento podría derivar en la condena al gobierno isleño a liquidar la deuda. El litigio, además, evidencia la posición habanera, que procura obtener créditos y financiación pese a su dilatado historial de incumplimientos financieros.
