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A lo largo de esta serie hemos examinado diferentes desafíos que deberá enfrentar una transición democrática en Cuba: la superación de la impunidad, la transformación del orden jurídico, los límites del poder, la preparación del cambio y el ejercicio efectivo de la soberanía popular.
Aunque cada uno de estos problemas merece una reflexión propia, ninguno existe separado de los demás.
La transición es un solo proceso, con múltiples dimensiones que se condicionan mutuamente. Esa interdependencia resulta especialmente profunda en Cuba, donde la naturaleza totalitaria del sistema ha subordinado a una misma lógica de poder las instituciones y numerosos ámbitos de la vida social.
No bastará, por tanto, con reconocer nuevas libertades, establecer leyes justas o permitir que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes. También será necesario transformar las instituciones encargadas de aplicar esas leyes, garantizar esos derechos y ejercer las funciones públicas.
Pero ¿cómo distinguir una transformación institucional auténtica de una reorganización que preserve, bajo nuevas apariencias, los mecanismos de dominación política?
Y ¿cómo llevarla a cabo sin destruir las capacidades y los servicios que la sociedad necesita para continuar funcionando?
Más allá del cambio de nombres
Durante décadas, las instituciones del Estado cubano han funcionado dentro de un sistema que subordina el ejercicio del poder público a la dirección política del Partido Comunista de Cuba.
Esa subordinación no se limita a las relaciones formales entre organismos. También se manifiesta en los criterios de selección y promoción de funcionarios, las decisiones administrativas y las prácticas mediante las cuales las autoridades ejercen sus facultades.
Por eso, una transformación institucional no puede medirse únicamente por las modificaciones introducidas en los organigramas.
Pensemos, por ejemplo, en el Departamento de Seguridad del Estado, uno de los principales instrumentos de vigilancia y represión política del régimen cubano. Supongamos que, durante una transición, se anuncia su disolución. Desaparece su denominación, se sustituyen sus dirigentes y algunas de sus funciones pasan a organismos de nueva creación. ¿Significaría eso que ha desaparecido el aparato represivo? No necesariamente. Si las nuevas estructuras conservaran las facultades de vigilancia política arbitraria, las redes utilizadas para perseguir la disidencia y la posibilidad de actuar sin controles independientes, una parte esencial del antiguo aparato podría continuar funcionando bajo otra denominación.
Pero tampoco debemos confundir la conservación de determinados recursos con la continuidad represiva. Algunos archivos, por ejemplo, podrían resultar indispensables para esclarecer violaciones de derechos y preservar la memoria histórica, siempre bajo custodia legal y con garantías adecuadas. Lo decisivo sería determinar quién controla esos recursos, para qué fines pueden utilizarse y qué controles existen sobre su empleo.
También puede ocurrir lo contrario: que una institución conserve su nombre y parte de su personal, pero transforme profundamente sus funciones, procedimientos y relaciones con los ciudadanos.
Por tanto, ni conservar una denominación demuestra necesariamente continuidad autoritaria ni sustituirla demuestra transformación democrática.
La diferencia también puede apreciarse en situaciones mucho más cotidianas.
Un ciudadano que solicita un certificado de propiedad o un permiso de construcción no necesita conocer el organigrama de un ministerio para percibir si algo ha cambiado. Si conoce los requisitos y plazos, recibe una respuesta motivada y puede recurrir una negativa sin temor a represalias, habrá experimentado una diferencia real. Si el trámite continúa dependiendo de una llamada informal, de la voluntad de un funcionario o de objeciones políticas no escritas, el cambio de nombres y dirigentes habrá dejado intacta su experiencia cotidiana del poder.
Hay instituciones cuya finalidad puede ser incompatible con una sociedad libre y cuya desaparición resulte necesaria. Otras podrán reformarse profundamente. Algunas podrán continuar desempeñando funciones legítimas con cambios menos radicales.
La cuestión fundamental no es cuántos organismos desaparecen o cuántos se crean, sino qué ocurre con las facultades y prácticas mediante las cuales se ejerce el poder.
Distintas funciones, distintas transformaciones
Uno de los errores que una transición deberá evitar es tratar al aparato estatal como si constituyera una realidad uniforme.
Las instituciones públicas cumplen funciones diferentes, ejercen facultades distintas y disponen de capacidades profesionales que no pueden evaluarse con un único criterio. Por eso, conviene distinguir entre las funciones que deben continuar, las estructuras que necesitan transformarse y las personas que desempeñan responsabilidades dentro de ellas.
Un hospital deberá seguir atendiendo pacientes. Una escuela tendrá que continuar educando. Una oficina encargada de registrar nacimientos, matrimonios o propiedades deberá mantener servicios indispensables para la vida cotidiana.
Pero garantizar esa continuidad no significa que quienes actualmente dirigen esas instituciones tengan necesariamente que permanecer en sus cargos. Tampoco significa que todos deban ser sustituidos por haber ejercido esas responsabilidades bajo la dictadura.
Lo que debe protegerse es la continuidad de los servicios necesarios para la sociedad, no la permanencia de determinadas personas ni de las relaciones de poder que hayan condicionado su funcionamiento.
Algunas instituciones podrán conservar buena parte de sus estructuras mientras eliminan mecanismos de discriminación política, recuperan autonomía profesional y establecen procedimientos transparentes. Otras requerirán reorganizaciones profundas.
Y determinadas estructuras cuya finalidad principal haya sido perseguir a los ciudadanos por ejercer sus derechos no podrán justificarse invocando la necesidad de preservar la estabilidad.
Esta diversidad resulta especialmente importante cuando examinamos las instituciones cuyas decisiones pueden afectar directamente la libertad, el patrimonio, la integridad e incluso la vida de las personas.
La policía dispone de facultades para intervenir directamente sobre las personas y, dentro de límites legales, emplear la fuerza. La fiscalía puede promover investigaciones y acusaciones y solicitar medidas restrictivas de derechos. Los tribunales deben resolver controversias y proteger derechos mediante decisiones independientes e imparciales. Las fuerzas armadas tienen responsabilidades relacionadas con la defensa nacional, mientras que los servicios de inteligencia pueden cumplir funciones legítimas de protección frente a amenazas reales.
Ninguna de esas responsabilidades autoriza su utilización para preservar el monopolio político de una organización o perseguir la discrepancia pacífica.
Un conductor detenido en un control rutinario puede comprobar si el agente se limita a aplicar la ley o si la intervención se convierte, sin justificación, en un interrogatorio ajeno a su propósito. La diferencia no depende del nombre del cuerpo policial, sino de los límites efectivos de sus facultades y de las garantías que protegen al ciudadano frente a un abuso.
Además, las transformaciones de estas instituciones están relacionadas entre sí.
Una policía sometida formalmente a la ley puede continuar actuando arbitrariamente si la fiscalía y los tribunales no ejercen controles efectivos. Una fiscalía puede conservar sus procedimientos legales mientras utiliza sus facultades para sostener acusaciones motivadas políticamente. Y un tribunal puede mantener todas las apariencias de una institución judicial mientras sus decisiones se determinan fuera del proceso y al margen de las pruebas.
Por eso, será necesario transformar no solo los organismos individualmente considerados, sino también las relaciones entre ellos y los mecanismos que permiten supervisar sus actuaciones.
En el caso de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad, habrá que preservar las capacidades legítimas de defensa y protección mientras se eliminan las facultades y prácticas utilizadas para sostener la dominación política.
Una transición responsable necesitará, por tanto, criterios para distinguir lo que debe continuar, lo que puede reformarse y lo que debe desaparecer.
Renovar con justicia y sin discriminaciones arbitrarias
Transformar las instituciones plantea un dilema que no admite soluciones simplistas. Conservar demasiado puede permitir que los mecanismos del antiguo poder sobrevivan dentro del nuevo orden político. Destruir indiscriminadamente puede privar al país de capacidades administrativas, profesionales y técnicas indispensables para su funcionamiento.
Ambos extremos pueden comprometer la transición.
El problema se vuelve particularmente delicado cuando examinamos a las personas que trabajan dentro de las instituciones.
Haber desempeñado una función pública bajo la dictadura no constituye, por sí solo, prueba de participación en violaciones de derechos. Pero tampoco puede utilizarse esa circunstancia para proteger a quienes hayan cometido abusos o participado en actos de persecución.
Como hemos examinado anteriormente en esta serie, la responsabilidad individual debe establecerse mediante procedimientos justos, con pruebas y garantías.
Sin embargo, la transformación institucional plantea también una cuestión diferente: las competencias profesionales y las condiciones objetivas necesarias para ejercer determinadas responsabilidades públicas.
Una persona puede no haber cometido un delito y, aun así, no reunir los requisitos necesarios para continuar desempeñando un cargo especialmente sensible. Del mismo modo, alguien puede haber trabajado durante años en una institución subordinada al poder político y poseer conocimientos profesionales valiosos para su transformación.
Por eso, las decisiones sobre permanencia, sustitución o selección de personal deberán responder a criterios públicos y verificables de competencia profesional, integridad, experiencia y respeto a los derechos humanos, adecuados a las responsabilidades de cada cargo y acompañados de garantías frente a decisiones arbitrarias.
Pero la renovación institucional no deberá limitarse a decidir quiénes permanecen y quiénes deben ser sustituidos. También tendrá que abrir oportunidades a quienes fueron excluidos de las instituciones por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por otras formas de discriminación.
Profesionales expulsados de sus empleos, ciudadanos impedidos de acceder a determinadas responsabilidades y personas privadas de oportunidades de desarrollo o promoción podrán aspirar a incorporarse o reincorporarse a la vida institucional del país. Algunas de esas situaciones podrán requerir medidas específicas de reparación y revisión de decisiones injustas.
También habrá cubanos que, después de años de exilio o emigración, deseen contribuir con los conocimientos, capacidades y experiencias adquiridos fuera del país, ya sea mediante el regreso, la incorporación a instituciones públicas o distintas formas de colaboración profesional.
Pero ni haber permanecido en Cuba, ni haber vivido en el exilio, ni haber trabajado bajo el sistema anterior, ni haber sufrido discriminación deberán convertirse, por sí solos, en criterios de preferencia o exclusión.
La igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas deberá ser compatible con las medidas de reparación que correspondan a quienes hayan sufrido injusticias.
La transformación podrá enriquecerse tanto con la experiencia de quienes conocen desde dentro el funcionamiento de las instituciones como con las capacidades de quienes fueron excluidos de ellas o adquirieron conocimientos en otros contextos.
No se trata de sustituir unas lealtades políticas por otras ni de enfrentar a quienes permanecieron en Cuba con quienes vivieron fuera.
Se trata de recuperar capacidades humanas que la discriminación marginó y abrir las instituciones a una participación profesional más amplia, en condiciones de igualdad.
Las resistencias a la transformación
Sería ingenuo suponer que todas estas transformaciones serán aceptadas sin oposición.
Habrá quienes pierdan privilegios, influencia o posiciones de autoridad. Algunos podrían intentar conservarlos mediante mecanismos formales o informales. Otros podrían temer investigaciones sobre actuaciones pasadas o la pérdida de intereses económicos vinculados al poder.
En determinados casos, quienes todavía conserven facultades institucionales podrían intentar utilizarlas para obstaculizar las reformas, intimidar a quienes las promuevan, ocultar información o impedir el esclarecimiento de responsabilidades.
Pero no todas las resistencias tendrán ese origen.
También habrá quienes teman perder su empleo, quedar injustamente asociados con conductas ajenas o sufrir represalias. Otros podrían considerar, con fundamentos atendibles o equivocados, que determinadas reformas ponen en peligro la seguridad pública o la continuidad de servicios esenciales.
Y habrá una dimensión adicional que no debemos subestimar: las convicciones ideológicas. Décadas de adoctrinamiento y subordinación institucional a una concepción política oficial pueden haber dejado huellas profundas en la manera en que muchas personas entienden la autoridad, el pluralismo y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
Para algunos funcionarios, aceptar que un adversario político tiene los mismos derechos puede resultar más difícil que admitir la necesidad de modificar una ley. Otros podrían seguir considerando que la crítica pública debilita a las instituciones, que la discrepancia representa una amenaza o que la lealtad política constituye una condición indispensable para ejercer determinadas responsabilidades.
Esas convicciones no desaparecerán necesariamente cuando cambien las autoridades o se deroguen las normas que las respaldaban.
Pero tampoco sería justo convertir el adoctrinamiento recibido durante décadas en una presunción general de incapacidad para vivir o trabajar en una sociedad democrática.
Las personas pueden revisar sus convicciones, aprender nuevas formas de convivencia y modificar sus prácticas. También pueden conservar legítimamente ideas políticas que otros no compartan.
Una transición democrática deberá distinguir entre la libertad de pensamiento y el ejercicio de facultades públicas.
Comprender las motivaciones de una resistencia no equivale a justificar las conductas que puedan derivarse de ella. Y reconocer que una reforma puede recibir objeciones legítimas no significa tolerar que quienes conservan poder institucional lo utilicen para impedir arbitrariamente su aplicación.
La transformación necesitará capacidad para escuchar críticas, corregir errores y ofrecer garantías, pero también para investigar y enfrentar actuaciones concretas destinadas a frustrar el ejercicio de los derechos.
Las reglas escritas y las prácticas que sobreviven
Una parte de esas resistencias puede manifestarse mediante mecanismos difíciles de identificar.
En los sistemas autoritarios, no todo el poder se ejerce a través de leyes, reglamentos u órdenes formalmente documentadas. También puede operar mediante instrucciones verbales, recomendaciones políticas, relaciones personales y expectativas de obediencia.
Un funcionario puede conocer sus atribuciones legales y, sin embargo, sentirse obligado a consultar decisiones que formalmente le corresponden.
Un directivo puede evitar contratar a una persona sin que exista una norma escrita que lo prohíba, simplemente porque considera que su decisión sería mal recibida por determinadas autoridades.
Una reclamación puede quedar paralizada sin que nadie emita una resolución formal que permita impugnarla.
Estos mecanismos pueden sobrevivir a la modificación de las estructuras oficiales. También pueden utilizarse deliberadamente para conservar influencia después de que determinadas facultades hayan sido retiradas formalmente.
Por eso, la transformación institucional tendrá que hacer visibles y verificables los procesos de decisión.
Eso supone definir responsabilidades, documentar actuaciones, establecer procedimientos accesibles y garantizar que las decisiones que afecten derechos puedan ser explicadas y revisadas. También supone proteger a quienes, dentro de las propias instituciones, se nieguen a cumplir órdenes ilegales o denuncien irregularidades.
Pero no todas las prácticas heredadas responden a una voluntad consciente de preservar el antiguo sistema. Algunas pueden haberse convertido en hábitos profesionales profundamente arraigados.
Un funcionario acostumbrado a recibir instrucciones políticas puede continuar buscándolas incluso cuando ya no exista obligación de hacerlo. Un directivo habituado a exigir adhesión ideológica puede seguir interpretando la discrepancia como falta de confiabilidad. Y una persona que ha aprendido durante años a no reclamar puede continuar guardando silencio aun cuando sus derechos estén reconocidos.
Cambiar esas prácticas exigirá formación, procedimientos claros, supervisión y tiempo. Pero el respeto a los derechos no puede quedar suspendido hasta que todos hayan cambiado de mentalidad. Las instituciones deberán comenzar a funcionar conforme a nuevas obligaciones mientras sus integrantes aprenden a desempeñarlas.
Esto exige una distinción esencial: desideologizar las instituciones no significa exigir que sus trabajadores abandonen sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas. Significa impedir que esas convicciones determinen el trato dispensado a los ciudadanos o sustituyan los criterios profesionales y legales que deben regir las decisiones públicas.
Una administración democrática puede ejecutar políticas legítimamente adoptadas por autoridades elegidas sin convertirse en instrumento partidista.
La dirección política de un gobierno no debe confundirse con la subordinación ideológica de todos los funcionarios ni con la utilización de los servicios públicos para favorecer a sus partidarios.
La neutralidad institucional no exige personas sin ideas. Exige que las ideas de quienes ejercen funciones públicas no se conviertan en condiciones para reconocer o negar derechos.
El cambio que debe poder reconocerse
Ninguna transición podrá transformar todas las instituciones simultáneamente ni resolver de inmediato los problemas acumulados durante décadas. Algunas reformas producirán resultados relativamente rápidos; otras requerirán recursos, formación y un aprendizaje institucional prolongado.
Pero esa complejidad no debe impedir distinguir entre una transformación que avanza, aunque sea gradualmente, y una reorganización destinada a conservar los mecanismos fundamentales del antiguo poder.
La diferencia tendrá que poder comprobarse.
No bastará con contar organismos reorganizados, dirigentes sustituidos o normas aprobadas. Habrá que examinar qué facultades han desaparecido, cuáles han sido redefinidas, qué controles funcionan y cómo responden las instituciones cuando se denuncian abusos.
Una familia que solicita matricular a su hijo en una escuela puede comprobar si la admisión responde a criterios públicos y no discriminatorios o si todavía intervienen valoraciones sobre la conducta política de sus padres. La diferencia no está en el nombre de la autoridad educativa, sino en que ninguna familia deba demostrar lealtad política para ejercer un derecho.
Otros criterios también permiten evaluar la transformación: ¿puede un ciudadano impugnar una decisión ante una autoridad independiente? ¿Existen consecuencias cuando un funcionario abusa de sus facultades? ¿Puede un trabajador público negarse a cumplir una orden ilegal sin sufrir represalias? ¿Pueden investigarse las denuncias contra las autoridades sin depender de la voluntad de los propios denunciados?
Estas preguntas no constituyen un programa exhaustivo de reformas. Permiten examinar si los cambios anunciados producen consecuencias reales, una evaluación en la que deberán participar los ciudadanos, la sociedad civil, los medios de comunicación y los órganos independientes de control.
Una institución pública no cambia verdaderamente porque sus nuevos dirigentes prometan actuar de otra manera, sino cuando sus facultades, procedimientos y prácticas dejan de permitir aquello que antes hacía posible la arbitrariedad.
Eso no significa que las instituciones democráticas estarán libres de errores, corrupción o abusos. Significa que deberán existir mecanismos efectivos para identificarlos, corregirlos y exigir responsabilidades.
La transformación institucional será necesariamente un proceso prolongado. Pero sus primeras consecuencias deberán poder reconocerse desde las etapas iniciales de una verdadera apertura democrática.
Porque, al final, lo decisivo no será cuántas instituciones hayan desaparecido, cuántas hayan cambiado de nombre o cuántas hayan surgido en su lugar.
Lo decisivo será si el poder que ejercen ha dejado de servir para someter a los ciudadanos y ha comenzado a ejercerse, de manera verificable, para garantizar sus derechos.















