Este artículo amplía una reflexión iniciada a partir de la reciente entrevista de Miguel Díaz-Canel a Folha de S.Paulo. En “Resistir no es vivir”analicé la lógica de la crisis, la resistencia y la supervivencia del sistema. Aquí propongo mirar la misma realidad desde otro ángulo: la dignidad, los derechos y la soberanía de los cubanos.
Cuba necesita poder vivir. Pero vivir plenamente implica algo más que superar la escasez, recuperar la economía o disponer de electricidad.
Implica ser libre.
Y esa afirmación conduce a una pregunta mucho más profunda que cualquier discusión sobre reformas económicas, sanciones estadounidenses o supervivencia del socialismo:
¿qué significa ser libre en un país donde el poder lleva décadas hablando en nombre del pueblo sin permitirle hablar libremente por sí mismo?
La reciente entrevista concedida por Miguel Díaz-Canel a Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, vuelve a poner esa contradicción sobre la mesa.
Díaz-Canel habla constantemente del pueblo.
El pueblo resiste.
El pueblo está unido.
El pueblo defenderá la Revolución.
El pueblo no permitiría determinados cambios.
Cuando se le pregunta si Cuba podría abandonar el socialismo, responde desde una certeza que parece no necesitar comprobación: la nación, la independencia y la soberanía estarían inseparablemente vinculadas a la continuidad del proyecto socialista.
Pero antes de discutir qué quiere el pueblo cubano convendría responder una pregunta más elemental:
¿quién tiene derecho a hablar en su nombre?
Porque hablar en nombre del pueblo no equivale a reconocer la soberanía del pueblo.
La soberanía comienza precisamente cuando el poder acepta que el pueblo puede decir algo distinto de lo que esperaba escuchar.
Y ahí aparece el conflicto fundamental que durante décadas ha sido ocultado detrás de otro relato.
El conflicto fundamental de Cuba no es entre el régimen cubano y el Gobierno de Estados Unidos, sino entre una dictadura que pretende conservar indefinidamente el poder y un pueblo al que se impide ejercer plenamente su soberanía. Y es desde ahí, no desde la confrontación bilateral, desde donde debe comenzar cualquier discusión seria sobre la soberanía cubana.
La relación entre Cuba y Estados Unidos existe.
Las sanciones existen.
Los conflictos históricos entre ambos países también.
Pueden discutirse sus causas, responsabilidades, consecuencias y legitimidad.
Pero ninguna de esas discusiones responde a la pregunta anterior: ¿qué derechos tiene el ciudadano cubano frente al Estado cubano?
Aunque mañana desaparecieran todas las sanciones estadounidenses, seguiría pendiente el derecho de los cubanos a expresarse libremente, organizarse, asociarse políticamente, protestar, participar en condiciones de igualdad y sustituir pacíficamente a quienes gobiernan.
El conflicto de derechos no desaparecería aunque desapareciera mañana el conflicto bilateral con Estados Unidos.
Por el contrario, es perfectamente posible que una resolución democrática del conflicto interno contribuyera decisivamente a desactivar buena parte del diferendo bilateral.
Por eso los derechos de los cubanos no pueden quedar atrapados entre Washington y La Habana.
No se puede hablar de libertad sin reconocimiento efectivo de los derechos. Por eso los derechos de los cubanos no son simples exigencias de Estados Unidos ni algo que la dictadura cubana pueda conceder o rechazar. Les pertenecen por justicia, porque nacen de su dignidad humana.
La libertad de expresión de los cubanos no pertenece a Washington.
El derecho de asociación de los cubanos tampoco.
Ni su derecho a participar políticamente.
No son concesiones que un gobierno extranjero deba arrancar al régimen cubano ni fichas que éste pueda usar para intercambiar en una negociación diplomática.
Son derechos de los cubanos.
Y los derechos no son negociables.
Al poder solo le corresponde reconocerlos, garantizarlos y protegerlos.
Esta distinción es esencial porque el discurso oficial ha convertido durante décadas la confrontación exterior en una forma de definir también la legitimidad interior.
El enemigo externo no solo sirve para explicar los fracasos del poder. Cumple además otra función necesaria: ofrece también un marco para justificar sus excesos y desdibujar sus responsabilidades. Cuando toda discrepancia puede ser presentada como parte de una agresión exterior, la protesta deja de ser un derecho y puede convertirse en amenaza; la represión deja de ser abuso y puede presentarse como defensa; y quienes gobiernan encuentran una forma de protegerse políticamente frente a la exigencia de rendir cuentas.
El enemigo externo termina funcionando así no solo como excusa, sino como escudo. Un escudo detrás del cual el poder intenta convertir sus decisiones, sus excesos y sus violaciones de derechos en consecuencias necesarias de una confrontación que él mismo presenta como permanente.
Quien cuestiona al poder puede terminar presentado no como un ciudadano que discrepa, sino como instrumento de Washington.
El adversario se convierte en contrarrevolucionario.
El opositor, en mercenario.
El crítico, en traidor.
El manifestante, en vándalo.
Aparece también la acusación de anexionista.
Y en sus expresiones más degradantes han aparecido términos como “excubano” o “malnacido en Cuba”.
No se trata simplemente de una lista de insultos políticos.
Lo importante es la operación que existe detrás de ellos.
El adversario deja de ser alguien que piensa de otra manera y empieza a ser alguien cuya legitimidad para pertenecer plenamente a la comunidad nacional queda bajo sospecha.
Ese mecanismo permite reducir progresivamente el significado de la palabra pueblo.
Primero, Revolución y pueblo empiezan a presentarse como categorías casi equivalentes.
Después, quienes defienden la Revolución aparecen como representación auténtica del pueblo.
Finalmente, quien rechaza la Revolución puede ser presentado como alguien situado, de alguna manera, fuera del pueblo verdadero.
No es una abstracción.
Durante décadas, estudiantes y profesores han sido expulsados o sancionados en las universidades cubanas por motivos políticos o ideológicos, bajo una concepción resumida en una frase que se ha repetido hasta hoy: “las universidades son para los revolucionarios”.
De igual forma, la idea de que la calle pertenece políticamente a quienes defienden la Revolución entronca con una larga tradición del régimen, ya presente en el discurso y la actuación de Fidel Castro frente a momentos de protesta y confrontación interna. Díaz-Canel la formuló de manera inequívoca durante las protestas de julio de 2021: “en Cuba las calles son de los revolucionarios”.
Aunque después intentó explicar que aquella afirmación no era discriminatoria y sostuvo que el Gobierno defendía los derechos de todos.
Pero precisamente ahí se encuentra la contradicción.
Si los derechos pertenecen realmente a todos, la calle no puede ser políticamente propiedad de una parte.
Ni la universidad.
Ni la nación.
Ni la soberanía.
Decir que un espacio pertenece a los revolucionarios y aclarar después que los demás pueden ocuparlo no equivale a reconocer que pertenece a todos por igual.
Significa asumir que unos son los titulares legítimos y que los demás son apenas tolerados.
La lógica recuerda a cualquier régimen de ciudadanía desigual: no siempre se excluye completamente al otro del espacio común; a veces se le permite estar, pero en una posición subordinada, como ocurrió —salvando todas las distancias históricas— durante la segregación racial en Estados Unidos, cuando los afroamericanos podían utilizar determinados servicios públicos, pero bajo reglas que afirmaban jurídicamente su condición de ciudadanos de segunda.
Permitir presencia no equivale a reconocer igualdad.
Porque el primer planteamiento parte de una propiedad política originaria: nosotros somos los titulares legítimos; los demás pueden ser tolerados.
Pero la tolerancia del poder no sustituye el derecho del ciudadano.
Por eso no resulta extraño que la protesta contra la dictadura pueda ser despojada rápidamente de su carácter cívico y reinterpretada como vandalismo, mercenarismo, manipulación extranjera o resultado de campañas mediáticas promovidas desde el exterior.
Si quien protesta no es reconocido primero como ciudadano con derecho a disentir, su protesta deja de ser una expresión política y empieza a ser tratada como anomalía, provocación o amenaza.
El segundo planteamiento parte de algo completamente distinto:
nadie tiene más ciudadanía que otro.
En el fondo aparece una concepción que recuerda, salvando las diferencias históricas, aquella frase atribuida al absolutismo monárquico: “el Estado soy yo”.
En la experiencia cubana parecería adquirir otra forma:
“el pueblo somos nosotros”.
O, quizás más exactamente:
“el pueblo son los revolucionarios”.
Y eso es incompatible con una concepción democrática de la nación.
El revolucionario es pueblo.
El opositor también.
El socialista es pueblo.
Quien rechaza el socialismo también.
Quien permaneció en Cuba es cubano.
Quien salió al exilio sigue siendo cubano.
Y quien fue desterrado de su propia Patria, también.
Quien apoyó durante décadas a la Revolución y después dejó de hacerlo no pierde por ello su ciudadanía.
Nadie tiene que demostrar fidelidad ideológica para merecer pertenecer a su propio país.
La Revolución puede tener seguidores,
No tiene ciudadanos propios.
Los ciudadanos pertenecen a la nación, no a la Revolución.
Y cuando el poder se atribuye la facultad de decidir quién pertenece verdaderamente al pueblo, el pueblo deja de ser soberano.
Aquí llegamos al problema más profundo.
La exclusión política termina fácilmente convirtiéndose en deshumanización.
No necesariamente porque cada insulto produzca automáticamente violencia, sino porque existe un proceso peligroso cuando una persona deja de ser considerada adversario y empieza a ser definida mediante una categoría que cuestiona su dignidad, su lealtad o su pertenencia.
Contrarrevolucionario.
Mercenario.
Traidor.
Anexionista.
Vándalo.
Excubano.
Malnacido en Cuba.
El ser humano desaparece detrás de la etiqueta.
Y una vez que desaparece el ser humano, resulta más sencillo justificar que sus derechos sean considerados secundarios, condicionales o prescindibles.
Ese mecanismo no pertenece exclusivamente a la historia cubana.
Los sistemas totalitarios y segregacionistas, pese a sus enormes diferencias ideológicas e históricas, han recurrido repetidamente a una operación semejante: dividir la comunidad entre quienes encarnan legítimamente la nación y quienes no merecen pertenecer a ella.
La respuesta democrática no puede consistir en invertir las etiquetas.
No puede sustituir una lista de enemigos por otra.
No puede responder al desprecio con desprecio ni a la exclusión con una nueva exclusión.
Tiene que partir de un principio superior:
la supremacía de la dignidad humana.
La dignidad no la concede la Revolución.
No la concede el Partido.
No la concede el Estado.
No depende de compartir una ideología.
No desaparece con el exilio.
No desaparece por disentir.
Ni siquiera la responsabilidad por un delito elimina la dignidad humana de una persona.
La dignidad precede al poder.
Y porque la persona posee dignidad, posee derechos.
Ahí se encuentra la diferencia fundamental entre una sociedad de súbditos con permisos y una sociedad de ciudadanos libres con derechos.
El permiso dice: puedes hacerlo porque te dejo.
El derecho dice: puedes hacerlo aunque yo no quiera, porque no me pertenece decidirlo por ti.
El permiso tolera al ciudadano.
El derecho limita al poder.
La libertad no consiste en ser tolerado por el poder, sino en poseer derechos que el poder no puede revocar a voluntad.
Y esa diferencia adquiere su significado más profundo cuando llegamos a la política.
Un poder puede permitir determinadas opiniones.
Puede tolerar determinadas expresiones.
Puede abrir espacios controlados de participación.
Puede incluso consultar periódicamente a la población.
Pero nada de eso sustituye el derecho del ciudadano a organizarse independientemente del poder, defender una alternativa, competir políticamente en condiciones reales y alcanzar el gobierno si obtiene el respaldo suficiente.
Ésa es la línea que permite distinguir participación de soberanía.
Porque ser ciudadano no significa solamente que quien gobierna escuche nuestra opinión.
Significa también que podemos retirarle el poder.
El problema fundamental del régimen cubano no es solamente que se aferre al poder, sino que durante casi siete décadas se ha atribuido la facultad de hablar en nombre del pueblo mientras niega a los cubanos la posibilidad de expresarse soberanamente por sí mismos.
Esa concepción convierte al “revolucionario” en ciudadano legítimo y al adversario en sospechoso, mercenario o enemigo; frente a ella, la reconstrucción democrática debe comenzar por la supremacía de la dignidad humana, la igualdad de ciudadanía y el derecho de cada generación de cubanos a decidir libremente su destino.
Y ahí aparece la verdadera línea roja de la dictadura.
Puede cambiar determinados mecanismos económicos.
Puede modificar leyes.
Puede descentralizar funciones.
Puede dialogar con gobiernos extranjeros.
Puede negociar determinados asuntos.
Pero lo que históricamente la dictadura comunista no ha reconocido no es solamente el derecho de los cubanos a organizar una alternativa política capaz de sustituir pacíficamente a quienes gobiernan.
Es algo anterior y más profundo.
Es el derecho de los cubanos a ser libres.
Es, en el fondo, el derecho a los derechos.
Ésa es la prueba definitiva.
¿Puede un cubano defender públicamente otro proyecto político?
¿Puede organizarse libremente con otros ciudadanos alrededor de ese proyecto?
¿Puede competir en igualdad de condiciones y obtener una mayoría?
¿Puede esa mayoría convertirse pacíficamente en gobierno?
Mientras la respuesta real continúe siendo no, la soberanía popular continuará incompleta.
Y aquí volvemos a una palabra que Díaz-Canel utiliza repetidamente:
soberanía.
El régimen cubano reivindica con enorme énfasis la soberanía de Cuba frente a Estados Unidos.
Y hay un principio que debe afirmarse sin ambigüedad:
Estados Unidos no tiene derecho a decidir el futuro político de Cuba.
Ningún gobierno extranjero lo tiene.
Pero tampoco lo tiene una cúpula política que llegó al poder a través de la violencia revolucionaria hace casi siete décadas y que jamás ha sometido su continuidad en el poder a una elección democrática, plural y competitiva.
La soberanía de Cuba no comienza en su frontera.
Comienza en el derecho de los cubanos a decidir Cuba.
Un Estado puede ser independiente frente al extranjero y, al mismo tiempo, negar a sus ciudadanos el ejercicio de la soberanía dentro de sus fronteras.
Por eso independencia nacional y soberanía popular no son sinónimos.
La primera resulta incompleta sin la segunda.
Una nación verdaderamente soberana necesita ciudadanos soberanos.
Y entonces la pregunta que Díaz-Canel parece responder por adelantado —qué sistema quieren los cubanos— se vuelve mucho más sencilla.
Puede que tenga razón.
Puede que una mayoría quiera conservar el socialismo.
Puede que una mayoría quiera reformarlo.
Puede que quiera abandonarlo.
Puede que los cubanos terminen construyendo algo diferente de todas esas categorías.
Pero nadie debería responder esa pregunta en su lugar.
Si el régimen cubano está convencido de que la mayoría desea conservar el socialismo, debería confiar en esa mayoría y permitirle demostrarlo frente a alternativas reales.
Porque una mayoría que no puede escoger otra cosa no confirma una preferencia.
Confirma una imposibilidad.
Y aquí se encuentra probablemente la contradicción más profunda del discurso oficial cubano:
se invoca constantemente al pueblo como fuente de legitimidad mientras se impide que ese mismo pueblo actúe soberanamente como árbitro definitivo del poder.
Se habla en su nombre.
Se interpreta su historia.
Se define su interés.
Se anticipa lo que aceptaría y lo que rechazaría.
Pero soberanía significa precisamente que llega un momento en que quien gobierna tiene que callar y dejar que el ciudadano responda.
Ningún partido posee una patente sobre la nación.
Ninguna revolución puede apropiarse indefinidamente del futuro.
Ninguna generación tiene derecho a decidir para siempre aquello que corresponde decidir también a quienes nacieron después.
Por eso una futura reconstrucción democrática de Cuba no debería consistir en sustituir una hegemonía por otra.
No debería convertir a los antiguos excluidos en nuevos propietarios de la nación.
No debería establecer quiénes fueron los “verdaderos cubanos” ni repartir ciudadanía según méritos históricos.
Debería comenzar exactamente en el punto contrario.
Todos cubanos.
Todos ciudadanos.
Todos iguales en dignidad y derechos.
El revolucionario sin privilegios políticos por serlo.
El opositor sin menos derechos por oponerse.
El exiliado sin tener que pedir permiso ideológico para pertenecer.
El desterrado sin tener que demostrar que todavía pertenece a la Patria que le fue negada.
Quien cometió delitos, respondiendo individualmente ante una justicia con garantías.
Quien simplemente pensó distinto, sin necesitar absolución alguna.
Porque una democracia comienza cuando ningún gobierno puede decidir quién merece ser considerado pueblo.
Y quizás ésa sea la respuesta más sencilla a décadas de discursos pronunciados en nombre de una nación que nunca ha podido hablar libremente con todas sus voces.
No.
El pueblo no son ellos.
El pueblo somos todos.
Y precisamente por eso nadie puede hablar definitivamente en su nombre sin permitirle hablar por sí mismo.
El totalitarismo comienza clasificando personas.
La democracia comienza reconociéndolas.
Y la libertad comienza cuando cada cubano deja de necesitar permiso para ser plenamente ciudadano de su propia Patria.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
