Por Zoé Valdés/El Debate.
La Administración de Donald Trump afronta simultáneamente dos crisis de alta intensidad que ponen a prueba los límites de su doctrina exterior: en Venezuela, un «pragmatismo forzado» para evitar que el vacío posterior al colapso de Nicolás Maduro derive en una guerra interna; en el golfo Pérsico, una respuesta militar contundente tras la ruptura de la tregua con Irán y los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
Ambos escenarios parecen lejanos, pero comparten una lógica común: Washington se mueve con rapidez cuando percibe que sus intereses estratégicos –energía, rutas comerciales, estabilidad regional y control de adversarios– están bajo amenaza. La Casa Blanca combina presión militar, asistencia humanitaria –no sé yo si se deba ser muy humano con Diosdado Cabello y compañía–, sanciones, contactos discretos y diplomacia de emergencia, sin ocultar que su prioridad no es la pureza ideológica, sino la administración del riesgo.
En Venezuela, el terremoto político abierto tras la caída de Maduro se ha visto agravado por una catástrofe natural. Los sismos que golpearon Caracas, La Guaira y otras zonas del norte del país dejaron centenares de muertos, miles de heridos y una infraestructura estatal ya debilitada al borde del colapso.
En ese contexto, la Administración Trump ha optado por una maniobra incómoda: aceptar primero y conociendo su nivel de responsabilidad como presidente a Delcy Rodríguez, e interlocuciones con Diosdado Cabello, uno de los hombres más duros y corruptos del chavismo, para impedir que el aparato de seguridad se fragmente y convierta la transición en una batalla de facciones.
El giro es pragmático y polémico. Cabello ha sido durante años presentado por Washington como símbolo de la represión chavista, señalado por su control sobre redes de poder militar, policial y paramilitar. Sin embargo, tras la desaparición del liderazgo madurista, su capacidad de mando sobre sectores armados lo convierte en un actor imposible de ignorar. La pregunta para la Casa Blanca no es si Cabello representa una transición democrática ideal, sino si puede contener el caos mientras llegan ayuda, equipos de rescate y mecanismos mínimos de gobernabilidad.
El dilema venezolano exhibe una contradicción central de la política exterior estadounidense: para estabilizar un país devastado, Washington puede verse obligado a negociar con figuras que durante años buscó aislar. Los envíos de asistencia, la flexibilización temporal de ciertas restricciones y el despliegue de capacidades logísticas estadounidenses no eliminan el conflicto de fondo. Al contrario, lo hacen más visible: la reconstrucción de Caracas y la reapertura de corredores humanitarios dependen de acuerdos con estructuras que todavía conservan prácticas autoritarias y criminales.
En paralelo, el estrecho de Ormuz ha devuelto a Trump al terreno donde se siente más cómodo: la demostración de fuerza. Tras ataques contra tres buques comerciales que transitaban una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, el Comando Central de Estados Unidos respondió con bombardeos contra defensas aéreas, radares, lanzadores de misiles antibuque, instalaciones portuarias y embarcaciones rápidas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. La operación fue presentada como una represalia necesaria para proteger la libertad de navegación y castigar la violación de la tregua.
La dimensión energética es decisiva. Por Ormuz circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Cada ataque, cada mina, cada dron o misil contra un petrolero tiene efectos inmediatos en los mercados. El repunte del precio del crudo refleja no sólo el temor a una interrupción física del suministro, sino la percepción de que el alto el fuego entre Washington y Teherán ha dejado de ser confiable. En cuestión de horas, una crisis naval puede transformarse en presión inflacionaria global.
Trump ha interpretado la conducta iraní como una prueba de credibilidad. Si Estados Unidos toleraba ataques contra embarcaciones comerciales después de haber avalado una tregua, sus aliados del Golfo podían concluir que Washington ya no estaba dispuesto a garantizar la seguridad marítima. Por eso la respuesta fue amplia y visible. No buscó solo destruir capacidades militares concretas, sino enviar un mensaje político: cualquier intento de convertir Ormuz en instrumento de chantaje tendrá costes inmediatos.
Pero la contundencia también entraña riesgos. Irán conserva capacidad de represalia directa e indirecta, desde ataques con drones y misiles hasta acciones de milicias aliadas contra bases estadounidenses o socios regionales. Una operación diseñada para restaurar la disuasión puede abrir una escalera de represalias difícil de controlar. La Casa Blanca intenta proyectar dominio del ritmo estratégico, pero el golfo Pérsico ha demostrado repetidamente que los incidentes tácticos pueden adquirir vida propia.
La simultaneidad de Venezuela e Irán obliga a observar un rasgo dominante de esta etapa: Trump no actúa como un aislacionista puro, sino como un administrador selectivo de intervenciones. Evita compromisos prolongados cuando no ve beneficios claros, pero está dispuesto a usar poder militar o influencia política cuando identifica un punto de apalancamiento. En Caracas, ese punto es el control del aparato de seguridad y de la ayuda humanitaria. En Ormuz, es la superioridad militar sobre las infraestructuras que amenazan el comercio energético.
El problema es que ambas crisis erosionan las categorías tradicionales. En Venezuela, la frontera entre asistencia humanitaria, tutela política y negociación con remanentes autoritarios se vuelve borrosa. En Irán, la línea entre represalia limitada y guerra abierta depende de decisiones tomadas bajo presión, a menudo en cuestión de minutos. La administración intenta vender ambas respuestas como expresiones de realismo: hablar con quien controla las calles en Caracas y bombardear a quien amenaza los barcos en Ormuz.
Para los aliados de Estados Unidos, el mensaje es ambivalente. Por un lado, Washington demuestra capacidad de reacción y voluntad de proteger intereses compartidos. Por otro, confirma que sus decisiones se subordinan a cálculos inmediatos, incluso si eso implica pactar con actores incómodos o escalar militarmente en zonas de alta volatilidad. La estabilidad que ofrece Trump es, por tanto, una estabilidad condicionada: depende de que los demás acepten la primacía estadounidense y de que las crisis no desborden el guion previsto.
Venezuela y Ormuz muestran dos caras de una misma doctrina: diplomacia de emergencia cuando el poder local es indispensable; fuerza militar cuando la amenaza afecta rutas estratégicas. En ambos casos, la Casa Blanca prioriza resultados rápidos sobre procesos largos. Esa fórmula puede producir ventajas inmediatas, pero también dejar heridas abiertas. Si Caracas se estabiliza a costa de consolidar viejos aparatos de coerción, la transición -que no cambio- nacerá hipotecada. Si Ormuz se mantiene abierto mediante bombardeos sucesivos, la tregua con Irán será apenas una pausa entre crisis.
La apuesta de Trump es que la presión, aplicada con suficiente rapidez y contundencia, puede ordenar escenarios caóticos. La historia reciente aconseja prudencia. Ni los terremotos políticos ni los geológicos se resuelven solamente con helicópteros, sanciones o misiles. Venezuela necesitará instituciones, no solo pactos de supervivencia. El golfo Pérsico necesitará reglas verificables, no solo castigos ejemplares. Mientras tanto, Washington administra dos incendios a la vez, confiando en que ninguno se convierta en incendio mayor.
¿Cuba? Olvidada.
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