Por Isabel Durán/El Debate.
La contratación que el Gobierno de Sánchez suscribió con la dictadura cubana, revelada por El Debate para acelerar la incorporación de más de 350.000 presuntos descendientes de españoles, se firmó el 1 de enero de 2025 entre la Empresa Empleadora Palco y las representaciones de España en La Habana por más de un millón de euros, según la Plataforma de Contratación. Lo que España firmó es un suministro extra de personas ante el colapso provocado por la avalancha de solicitudes de la ley de nietos. Deja claro que se trata de la «empresa estatal única suministradora de personal».
En realidad, son dos contratos firmados ese mismo 1 de enero de 2025: el del Consulado General (nº 034-024, por 1.131.295,68 euros) y el de la Embajada(nº 052-024, por 242.743,48 euros), cada uno con sus anexos, en los que figuran, trabajador por trabajador, el cargo, el coste que paga España y el salario en pesos. Ambos contratos suman 1.374.039,16 euros en cuatro años.
El eufemismo de la «exportación de los servicios profesionales»
En sus cláusulas especifica que la tarifa que España abona se rige por una resolución cubana 14/2022 que aprueba el precio del servicio para algo que el propio documento denomina bajo el eufemismo de «exportación de los servicios profesionales». Es la fórmula oficial con la que el régimen cubano factura la explotación de la mano de obra de sus ciudadanos, la misma con la que coloca a sus médicos en el extranjero y por la que se rige toda representación extranjera en Cuba mediante el Decreto-Ley 384/2019. Se trata del mismo mecanismo de retención salarial a través de la empresa estatal obligatoria, que organismos internacionales y el propio Senado español han calificado de explotación laboral, trabajo forzoso y esclavitud moderna…
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