Por MinervoL.Chil Siret.
De eso trata este artículo.
Durante décadas, en Cuba palabras como orden, paz y legalidad han sido pronunciadas desde el poder.
El orden ha sido asociado con obediencia. La paz, demasiadas veces, con ausencia de protesta. Y la legalidad, con el deber del ciudadano de cumplir las disposiciones del Estado.
No es extraño, por tanto, que cuando se habla de una transición ordenada, pacífica y legal algunos puedan interpretar esas palabras como una invitación a la cautela excesiva, a la resignación o incluso a conservar elementos esenciales de un sistema que precisamente necesita ser superado.
Pero significan exactamente lo contrario.
Una transición ordenada, pacífica y legal no pretende moderar la libertad. Pretende impedir que la conquista de la libertad produzca nuevas formas de arbitrariedad, violencia e injusticia.
Porque el ciudadano cubano no debería tener que escoger entre un Estado que lo oprime y un cambio que lo deje desprotegido.
Sin el orden existente —se nos dice— vendrían la inestabilidad, la violencia, los enfrentamientos, las venganzas, la pérdida de seguridad.
Nos han hecho creer que hay que temer al cambio porque podría traer el desastre. Pero para muchos cubanos el desastre ya forma parte de la vida cotidiana: apagones interminables, transporte que no llega, escasez de productos esenciales, colas y una incertidumbre que alcanza hasta las necesidades más básicas. La continuidad de esa precariedad tampoco puede presentarse como seguridad. Lo que realmente debería inspirar temor no es el cambio, sino la prolongación indefinida de una vida sin derechos y sin protección.
Pero ese miedo no debe despreciarse.
Después de tantos años de deterioro económico, fractura social, emigración, desconfianza y desgaste institucional, muchas personas pueden preguntarse legítimamente qué ocurriría al día siguiente de un cambio político.
La respuesta democrática no puede limitarse a decirles que no tengan miedo.
Debe ofrecer razones para no tenerlo.
El cambio no tiene por qué significar caos. La continuidad de un orden sin derechos, por el contrario, significa prolongar una situación en la que el ciudadano permanece vulnerable frente al poder.
Por eso importa explicar qué entendemos cuando hablamos de una transición ordenada, pacífica y legal.
Significa impedir que la desaparición de un sistema injusto produzca un vacío que termine perjudicando precisamente a quienes deberían beneficiarse del cambio.
La vida continúa aunque cambie el sistema. Los hospitales tienen que seguir funcionando. Las escuelas deben abrir. El agua y la electricidad deben llegar allí donde sea posible. Los alimentos tienen que distribuirse. Las familias necesitan seguridad. Los bienes deben ser protegidos. Los archivos públicos no pueden desaparecer. Las funciones indispensables para la vida cotidiana no pueden sencillamente evaporarse.
También será necesario evitar ajustes de cuentas, apropiaciones arbitrarias, abusos de autoridad y cualquier intento de aprovechar la incertidumbre para imponer nuevas formas de poder.
Eso es orden.
No el silencio impuesto desde arriba, sino la convivencia protegida desde la ley.
El autoritarismo entiende el orden fundamentalmente como protección del poder frente al ciudadano. Un orden democrático debe invertir esa lógica: proteger la convivencia de todos, incluidos quienes piensan distinto y también quienes puedan haber apoyado al sistema anterior, siempre que no exista una responsabilidad individual por actos concretos que deba ser establecida conforme a derecho.
El orden democrático no es silencio impuesto. Es convivencia protegida.
Una transición pacífica no significa pasividad.
No significa aceptar la injusticia en silencio, renunciar a reclamar derechos ni esperar indefinidamente a que quienes controlan el poder decidan voluntariamente abandonarlo.
La acción cívica pacífica puede organizar, denunciar, movilizar, protestar, resistir, reclamar derechos y desafiar leyes injustas sin convertir la violencia en método político.
Por eso la acción pacífica es lo contrario de la violencia, pero también lo contrario de la apatía, la resignación y el miedo convertido en costumbre.
La paz cívica no es resignación. Es la decisión de actuar sin convertir la violencia en método político.
Durante décadas, los cubanos han conocido también otra realidad: reivindicaciones pacíficas que han recibido como respuesta vigilancia, intimidación, detenciones, encarcelamiento o violencia represiva.
Precisamente por eso, hablar de una transición pacífica no puede significar exigir quietud al ciudadano mientras el poder conserva para sí la violencia.
Debe significar algo mucho más exigente: impedir que la violencia siga siendo un instrumento para conservar, conquistar o disputar el poder.
Y significa también evitar que las injusticias de hoy produzcan las venganzas de mañana; que nuevas víctimas generen nuevas represalias y estas, a su vez, nuevas víctimas, prolongando un círculo de violencia que termine heredándose de una generación a otra.
Cuba no necesita sustituir una violencia por otra.
Necesita romper ese círculo vicioso.
La paz política no es el silencio producido por el miedo.
El régimen cubano ha hablado durante décadas de legalidad y ha incorporado a su propio lenguaje expresiones que pretenden presentar el sistema como sometido al derecho.
Pero la existencia de leyes, códigos, tribunales o constituciones no basta para construir un Estado de derecho.
La pregunta fundamental es otra:
¿Qué ocurre cuando el ciudadano necesita protegerse del propio Estado?
Ahí comienza la diferencia.
Una legalidad que obliga al ciudadano pero no somete al poder no constituye un verdadero Estado de derecho.
Cuando la ley solo desciende desde el poder hacia el ciudadano y nunca puede ser invocada por el ciudadano frente al poder, deja de funcionar como garantía y se convierte en instrumento de dominación.
Durante demasiado tiempo, muchos cubanos han conocido la ley principalmente como algo que prohíbe, multa, confisca, sanciona, limita o encarcela.
En un verdadero Estado de derecho, la relación cambia.
La ley sigue estableciendo obligaciones para el ciudadano, pero también establece límites para quienes gobiernan.
Y esas dos dimensiones son inseparables.
El Estado de derecho limita al poder.
Pero, visto desde la otra cara de la moneda, protege al ciudadano frente a la arbitrariedad de ese poder.
La primera formulación puede parecer una cuestión de arquitectura institucional.
La segunda entra directamente en nuestra casa: significa, por ejemplo, que un funcionario no puede imponernos una multa o decomisar lo que nos pertenece a su antojo. Quien ejerce el poder no puede decidir arbitrariamente sobre nuestra libertad, nuestros bienes o nuestros derechos.
¿Cómo puede defenderse una transición legal cuando precisamente existen leyes que han servido para negar derechos fundamentales?
La respuesta no puede ser conservarlas indefinidamente.
Pero tampoco puede consistir en sustituirlas por la voluntad ilimitada de quienes lleguen al poder en nombre del cambio.
De la ley a la ley no significa obedecer indefinidamente la ley injusta. Significa impedir que la superación de la injusticia produzca una nueva arbitrariedad.
No se trata de preservar ni legitimar la legalidad totalitaria, sino de preservar el principio de legalidad.
Partir de una realidad jurídica existente no equivale a legitimarla.
Vivir bajo una legalidad impuesta y utilizar sus mecanismos para resolver la vida cotidiana no significa reconocerla como justa; del mismo modo, partir de ella para transformarla tampoco significa legitimarla.
Reconocer que determinadas normas e instituciones existen, y que algunas funciones deberán mantenerse provisionalmente, no significa reconocer como legítimo el orden político que las creó ni aquellas leyes que vulneran derechos fundamentales.
Una transición legal no legitima la ley injusta; utiliza el principio de legalidad para sustituirla sin abrir la puerta a una nueva arbitrariedad.
Habrá normas represivas que deban desaparecer. Instituciones que deban transformarse. Competencias que tengan que ser modificadas y garantías que deberán surgir allí donde antes no existían.
Puede ser necesario establecer disposiciones jurídicas provisionales durante el período de transición.
Pero también ese poder transitorio deberá tener límites.
Sus reglas deberán ser públicas. Sus facultades, delimitadas. Su duración, temporal. Los derechos fundamentales deberán estar protegidos. Sus decisiones tendrán que poder ser controladas.
Porque nadie debe recibir un cheque en blanco simplemente por afirmar que actúa en nombre de la libertad.
Una transición responsable probablemente exigirá combinar continuidad institucional selectiva, transformación jurídica y ruptura moral.
Pero continuidad institucional selectiva no significa continuidad automática de personas, cuadros políticos o relaciones de poder. Significa preservar aquellas funciones y servicios que una sociedad necesita para seguir viviendo mientras las instituciones se transforman.
Lo que debe preservarse es la función necesaria, no el privilegio de quien la ocupa.
Continuidad de aquello que la sociedad requiere para seguir viviendo.
Transformación de aquello que debe ponerse al servicio de una sociedad libre.
Y ruptura con el principio de que el poder puede decidir arbitrariamente quién posee derechos y quién no.
Una madre quizás no piense habitualmente en separación de poderes, pero entiende perfectamente qué significa que su hijo no pueda ser detenido porque expresó una opinión.
Un trabajador puede no hablar de control jurisdiccional de la administración, pero entiende que ningún funcionario pueda quitarle arbitrariamente aquello que ha ganado.
Un emprendedor quizá no utilice la expresión seguridad jurídica, pero sabe lo que significa abrir un negocio y poder desarrollar su actividad sin vivir pendiente de que mañana una decisión política cambie arbitrariamente las reglas.
Una familia comprende perfectamente qué significa que su vivienda esté protegida.
Un periodista sabe qué significa poder investigar sin miedo.
Un ciudadano puede no haber estudiado derecho constitucional, pero entiende perfectamente la importancia de poder acudir ante un juez independiente cuando considera que el Estado ha violado sus derechos.
Y cualquiera puede comprender lo que significaría poder mirar al funcionario que ejerce autoridad y decirle:
Usted también está obligado por la ley.
Ahí comienza a hacerse visible el Estado de derecho.
La ley deja de ser solamente algo que puede caer sobre nosotros y pasa a ser también algo a lo que podemos acudir para defendernos.
Por eso la primera pedagogía del Estado de derecho no será una conferencia ni un manual de educación cívica.
Será la experiencia cotidiana de estar protegido.
La calidad de un Estado de derecho no se mide solamente por las leyes que proclama, sino por la protección que ofrece al ciudadano cuando el poder pretende abusar de ellas.
Solo entonces la palabra orden dejará de significar sometimiento.
La paz dejará de significar silencio.
Y la ley dejará de significar miedo.
Es una manera de proteger a las personas mientras ese cambio ocurre y de evitar que la libertad nazca acompañada de nuevas arbitrariedades.
Orden frente al caos.
Paz frente al ciclo de violencia.
Ley frente a la arbitrariedad.
Pero las tres dimensiones responden, en el fondo, a una misma exigencia: que el poder deje de situarse por encima de la persona y que la ley deje de ser un instrumento de dominio para convertirse en garantía de libertad y protección.
La dignidad humana es el fundamento moral del Estado de derecho; el Estado de derecho es la expresión institucional de la dignidad humana.
Por eso la transición cubana no deberá medirse solamente por las instituciones que consiga crear, sino por la relación que logre establecer entre la persona, la ley y el poder.
El ciudadano debe dejar de ser la parte indefensa de esa relación.
No queremos simplemente que nuevas personas gobiernen mediante nuevas leyes. Aspiramos a que quienes gobiernen estén también sometidos a ellas y a que cada ciudadano encuentre en la ley una protección efectiva de sus derechos, su libertad y su dignidad.
Ese es el sentido profundo de pasar de la ley injusta a la ley justa.
Y quizá pueda resumirse en un principio que debería acompañar a Cuba mucho más allá de cualquier transición:
Que ningún cubano vuelva a estar por encima de la ley.
Y que ninguno vuelva a quedar fuera de su protección.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
