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ED. ## Valoración de la posición de Estados Unidos frente a Cuba Las declaraciones de Marco Rubio durante septiembre de 2026 reflejan un **endurecimiento sustancial de la política estadounidense hacia Cuba**. El secretario de Estado presenta la situación de la isla no solo como un problema de derechos humanos o de modelo económico, sino como una cuestión de **seguridad nacional**. Al calificar a Cuba de «Estado fallido» y advertir que Washington no permitirá que se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos, Rubio sitúa la relación bilateral dentro de una lógica estratégica y de contención, especialmente por los vínculos de La Habana con países adversarios de Washington. [EFE](https://efe.com/mundo/2026-09-29/marco-rubio-cuba-estado-fallido/) y el [Departamento de Estado](https://www.state.gov/releases-pertaining-to-cuba/) recogen esta línea discursiva. Esta posición descansa en tres pilares. El primero es la **presión económica continuada**. La Administración estadounidense ha ampliado las sanciones contra entidades financieras, energéticas y mineras relacionadas con el Estado cubano y con sus estructuras militares y de seguridad. Rubio sostiene que estas medidas buscan impedir que la élite gobernante obtenga recursos mientras la población sufre privaciones. La formulación oficial insiste en que el objetivo es desmantelar canales financieros vinculados con la represión y favorecer, en cambio, al sector privado y a la sociedad civil cubana. Una declaración del Departamento de Estado del 3 de septiembre detalla sanciones contra entidades y personas relacionadas con esas redes económicas. [Departamento de Estado](https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/09/further-sanctions-on-cubas-elites-financial-channels-and-resource-exploitation-apparatus/) El segundo pilar es el **condicionamiento de cualquier cooperación a cambios políticos y económicos profundos**. Rubio ha afirmado que la situación cubana no mejorará sin reformas dirigidas a ampliar las libertades políticas, la iniciativa privada y la capacidad de los ciudadanos para decidir su futuro. Aunque este planteamiento deja abierta una vía de colaboración, la condiciona a una transformación sustancial del sistema. Por tanto, no se trata de una política de diálogo gradual o de normalización, sino de una estrategia destinada a elevar el coste de mantener el statu quo. El tercer componente es la **ausencia deliberada de una “válvula de escape”** para el Gobierno cubano. Según declaraciones recogidas por EFE en agosto, Rubio considera que La Habana ya no puede limitarse a esperar un cambio de Administración estadounidense ni confiar en la aparición de un nuevo patrocinador exterior. Esta idea sugiere que Washington busca ejercer una presión sostenida y cerrar mecanismos de financiación alternativos. [EFE](https://efe.com/mundo/2026-08-07/marco-rubio-cuba-eeuu/) Desde la perspectiva estadounidense, la estrategia posee una lógica reconocible: intenta diferenciar entre el Gobierno cubano y la población, dirigir sanciones hacia las estructuras de poder y utilizar la presión económica como incentivo para una apertura democrática. También responde a preocupaciones legítimas sobre la represión política, la falta de pluralismo y la posible actividad de potencias rivales cerca del territorio estadounidense. Sin embargo, la política presenta riesgos importantes. En una economía con escasez de combustible, apagones y deterioro de los servicios públicos, resulta difícil garantizar que las sanciones sectoriales afecten únicamente a las élites. Las restricciones sobre energía, banca, minería y comercio pueden repercutir indirectamente sobre la vida cotidiana, aumentar la emigración y reducir el margen de actuación de pequeños negocios. La Habana utiliza precisamente ese impacto para acusar a Washington de aplicar un castigo colectivo, argumento que su canciller, Bruno Rodríguez, ha reiterado al responder a Rubio. También existe una tensión entre los objetivos declarados y los instrumentos empleados. Las sanciones pueden debilitar la capacidad económica del Estado cubano, pero no aseguran por sí mismas una transición democrática. El aislamiento prolongado puede reforzar la narrativa gubernamental de amenaza externa, facilitar un mayor control interno y fomentar la búsqueda de apoyo en otros socios internacionales. Sin incentivos graduales, garantías humanitarias y canales diplomáticos estables, la presión corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo. En síntesis, las declaraciones de Rubio describen una política de **máxima presión, disuasión estratégica y cambio condicionado**, más dura que un enfoque de compromiso diplomático. Su fortaleza reside en la claridad con la que vincula las sanciones a la defensa de los derechos y a la seguridad estadounidense. Su principal debilidad es la incertidumbre sobre cómo esa presión se traducirá en reformas concretas sin agravar la situación de la población. La eficacia de la estrategia dependerá, por tanto, de que Washington logre combinar firmeza frente a las estructuras represivas con excepciones humanitarias, apoyo efectivo a la sociedad civil y una vía diplomática creíble.

Por El Debate.

La cadena brasileña Globo ha cancelado el último debate entre los candidatos a la Presidencia de Brasil antes de las elecciones del próximo domingo después de que dos decisiones judiciales alteraran las condiciones bajo las que estaba previsto celebrar el encuentro.

La emisora anunció la suspensión apenas una hora antes del comienzo del debate y justificó su decisión por la «inseguridad jurídica» generada por las resoluciones adoptadas en las horas previas. Globo denunció además una «injerencia indebida» de la Justicia en la libertad de los medios para establecer las reglas de este tipo de encuentros electorales.

La primera resolución llegó del Tribunal Superior Electoral (TSE). La jueza Estela Aranha prohibió a la cadena mostrar durante la retransmisión el atril que estaba reservado para Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el actual presidente brasileño comunicara que no acudiría al debate.

Las reglas acordadas previamente contemplaban que el espacio de Lula permaneciera visible pese a su ausencia y que los demás candidatos pudieran dirigir preguntas a la tribuna vacía. La magistrada también vetó esta segunda posibilidad tras estimar el recurso presentado por la campaña del presidente, que alegó un posible «desequilibrio» en perjuicio del candidato.

Lula había anunciado el miércoles que no participaría en el debate y que, en su lugar, concedería una entrevista a un pódcast a la misma hora en la que estaba prevista la cita televisiva.

La resolución provocó además la retirada de Flávio Bolsonaro, candidato y senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El dirigente comunicó que no acudiría al encuentro al considerar que las condiciones impuestas por el TSE suponían una «censura» y defendió que «la prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias».

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