Por Minervo L. Chil Siret.
A lo largo de esta serie hemos venido reflexionando sobre los desafíos de una transición democrática en Cuba.
En la entrega anterior, «Cuando la libertad echa raíces», nos detuvimos a observar cómo una transformación democrática puede comenzar a manifestarse en la vida cotidiana. Más allá de las elecciones, las leyes y las instituciones, nos preguntábamos qué sucede cuando las personas recuperan la posibilidad de decidir sobre su propia vida, expresar sus opiniones, construir un futuro y relacionarse con el poder sin depender de su permiso.
Pero aquella reflexión deja abierta otra pregunta.
¿Qué sucedería si consiguiéramos transformar las instituciones y descubriéramos que algunas de las maneras de pensar y relacionarnos que aprendimos bajo el viejo sistema siguen acompañándonos?
Una dictadura puede desaparecer y dejar tras de sí mucho más que instituciones deterioradas, una economía arruinada o derechos vulnerados. También puede dejar hábitos, temores, desconfianzas y formas de entender la autoridad, la convivencia y hasta nuestra propia capacidad de decidir.
Y esas consecuencias no desaparecen automáticamente cuando cambian las leyes.
Aquella reflexión nos permitió reconocer que, junto a las transformaciones institucionales y económicas, existe también una dimensión humana de la transición. Es a ella a la que queremos acercarnos ahora, explorando qué significa recuperar la ciudadanía y aprender a vivir como personas libres después de décadas de totalitarismo.
Para hacerlo, tendremos que mirar también hacia nosotros mismos. No para buscar culpables donde deberíamos reconocer víctimas, ni para exigir una transformación moral como condición para disfrutar de nuestros derechos, sino porque construir una sociedad libre implica algo más que cambiar lo que otros hacen con nuestras vidas.
También nos invita a preguntarnos cómo queremos vivirlas.
Saber de dónde salimos no basta
Los cubanos tenemos razones de sobra para saber qué queremos dejar atrás.
Queremos superar la arbitrariedad, la represión, la ausencia de libertades, la dependencia del poder para resolver los asuntos más elementales de nuestra existencia. Queremos dejar atrás una realidad en la que demasiadas decisiones sobre nuestras vidas han dependido de la voluntad de otros.
Pero saber lo que rechazamos no significa necesariamente tener claro lo que queremos construir.
Podemos coincidir en la necesidad de terminar con un sistema político y, sin embargo, imaginar futuros muy diferentes.
Algunos darán prioridad a determinadas reformas económicas. Otros considerarán urgentes cuestiones institucionales, sociales o culturales. Habrá discrepancias sobre los caminos, los tiempos y las soluciones.
Y eso no debería sorprendernos.
Una sociedad libre no es aquella donde todos comparten una misma idea del futuro, sino aquella donde pueden defender diferentes proyectos, decidir democráticamente entre ellos y convivir bajo unas reglas que protejan los derechos de todos.
La transición, por tanto, no puede consistir en sustituir la unanimidad impuesta por unos por la unanimidad exigida por otros.
Tampoco debería entenderse como un regreso a una Cuba anterior, como si fuera posible borrar nuestra historia y comenzar otra vez desde un punto del pasado.
La transición debe ser un puente hacia el futuro.
Un puente que no conduzca a un país previamente diseñado por quienes tengan el poder de construirlo, sino a una sociedad donde los ciudadanos recuperen el derecho a decidir su destino.
Para recorrer ese puente necesitamos saber hacia dónde queremos avanzar.
Nuestra brújula puede señalar con claridad algunos principios: dignidad humana, libertad, soberanía popular, democracia, Estado de derecho e igualdad ante la ley.
Pero esos principios no constituyen un programa cerrado para el futuro del país. Son las referencias que deben permitirnos construirlo sin que nadie vuelva a apropiarse de la libertad de los demás.
Y hay algo que no debemos olvidar: los ciudadanos no son simplemente los destinatarios del cambio.
Son sus protagonistas.
Recuperar la ciudadanía
Durante décadas hemos vivido bajo un sistema que ha tratado derechos fundamentales como concesiones sometidas a la voluntad del poder.
De ahí que recuperar la ciudadanía implique, ante todo, restablecer un principio esencial: nuestros derechos no nacen de la voluntad de quienes gobiernan, sino de la dignidad intrínseca de cada ser humano. No son privilegios que el Estado pueda conceder o retirar a su antojo.
Sobre ese fundamento debe levantarse una transformación institucional indispensable: reconocer y garantizar jurídicamente esos derechos, someter la autoridad a la ley y establecer mecanismos eficaces para proteger a cada persona frente a la arbitrariedad.
Sin esas garantías, hablar de ciudadanía plena sería vaciarla de una parte esencial de su significado.
Pero la ciudadanía tampoco se agota en su reconocimiento legal.
Podemos tener derecho a expresarnos y continuar callando por temor. Podemos tener derecho a asociarnos y encontrar enormes dificultades para confiar unos en otros. Podemos tener derecho a emprender y seguir sintiendo que cualquier iniciativa depende del favor de alguien.
La libertad necesita garantías para ejercerse. Pero su ejercicio también requiere condiciones materiales que nos permitan actuar con autonomía y oportunidades para recuperar capacidades que el sometimiento prolongado puede haber debilitado: la iniciativa, la confianza, la disposición a colaborar y el sentido de responsabilidad sobre nuestro destino.
En la vida cotidiana, todas estas condiciones se encuentran estrechamente relacionadas. Las leyes pueden reconocer nuestros derechos, pero necesitamos garantías y oportunidades reales para ejercerlos. Y ese ejercicio, a su vez, nos permite desarrollar la confianza, las capacidades y los hábitos necesarios para vivir como ciudadanos libres.
No se trata, por tanto, solamente de transformar las instituciones o las condiciones económicas. También importa lo que ocurre en nuestra manera de pensar, de tomar decisiones y de relacionarnos con los demás.
Y aquí encontramos una distinción fundamental.
Los cubanos no necesitamos demostrar que estamos preparados para merecer nuestros derechos. Necesitamos poder ejercerlos y, al ejercerlos, desarrollar las capacidades que nos permitirán vivir plenamente como ciudadanos libres.
La ciudadanía no es un premio que el poder concede a quienes considera preparados.
Es nuestra condición de sujetos de derechos. Una condición que ningún gobernante tiene legitimidad para negarnos.
Pero reconocer que somos ciudadanos también significa descubrir algo que puede resultar más exigente de lo que parece: los demás poseen exactamente la misma dignidad y los mismos derechos que reclamamos para nosotros.
La libertad de los demás
Es relativamente fácil defender la libertad cuando hablamos de la nuestra.
Queremos expresar nuestras opiniones sin sufrir represalias. Queremos vivir de acuerdo con nuestras convicciones, decidir sobre nuestro trabajo, educar a nuestros hijos y participar en los asuntos públicos sin imposiciones arbitrarias.
Pero ¿qué ocurre cuando quien reclama esas mismas libertades piensa de manera radicalmente diferente?
¿Defendemos su derecho a expresarse con la misma convicción con que defendemos el nuestro?
¿Aceptaríamos que un gobierno elegido democráticamente, pero contrario a nuestras preferencias, ejerciera legítimamente sus funciones dentro de los límites del Estado de derecho?
¿Estaríamos dispuestos a exigir esos mismos límites a un gobierno que apoyamos?
La respuesta parece sencilla cuando pensamos en principios generales. Se vuelve más difícil cuando imaginamos situaciones concretas.
Pensemos en la justicia.
Es legítimo exigir que quienes hayan cometido abusos respondan por sus actos. Pero ¿seguiremos defendiendo el debido proceso cuando el acusado sea alguien a quien atribuimos parte de nuestro sufrimiento?
¿Qué ocurrirá si se trata del vecino que nos delató, del funcionario que nos perjudicó o de quien participó en un acto de repudio contra nuestra familia?
Reconocer sus derechos no significa absolverlo, olvidar lo ocurrido ni renunciar a la justicia. Significa aceptar que nuestra indignación, por justificada que esté, no nos concede autoridad para disponer arbitrariamente de su dignidad.
Tampoco estamos obligados a perdonar ni a recuperar la confianza en quien nos hizo daño.
La convivencia democrática no exige que todos lleguemos a querernos ni que desaparezcan nuestras diferencias. Exige que aprendamos a respetar los derechos de los demás, incluso cuando esas diferencias y heridas permanecen.
No basta con rechazar que alguien pueda imponernos arbitrariamente su voluntad. También debemos aceptar que nosotros no tenemos derecho a imponer arbitrariamente la nuestra.
Las huellas que llevamos
Durante mucho tiempo, el poder ha intentado dividir a la sociedad cubana entre quienes están con él y quienes están contra él. La discrepancia ha sido presentada como deslealtad y la crítica como una amenaza.
Vivir bajo esas condiciones puede influir profundamente en nuestra manera de relacionarnos.
Y sería ingenuo pensar que basta con dejar de compartir la ideología del régimen para desprendernos automáticamente de todos los hábitos que su sistema ha contribuido a formar.
Podemos rechazar la intolerancia que hemos sufrido y seguir siendo intolerantes con quienes piensan diferente.
Podemos denunciar la arbitrariedad y justificarla cuando perjudica a nuestros adversarios.
Podemos reclamar libertad para nosotros y sentirnos incómodos ante la libertad de quienes defienden proyectos que rechazamos.
Pensemos, por ejemplo, en quienes, desde la oposición organizada, llevamos años luchando por la democracia y denunciando la exclusión política impuesta por el régimen. ¿Qué ocurriría si, dentro de nuestras propias organizaciones, nos negáramos a aceptar los resultados de un proceso democrático legítimo que no nos favoreciera y termináramos excluyendo a quienes cuestionan nuestro liderazgo?
¿Basta con defender la democracia frente al poder para afirmar que hemos aprendido a practicarla cuando somos nosotros quienes ejercemos alguna autoridad?
Porque la democracia no es solamente un principio que proclamamos ni un sistema político que aspiramos a establecer. Es también una manera de relacionarnos con los demás y de ejercer las responsabilidades que asumimos. Y quienes luchamos por construirla tenemos una razón especial para comenzar a practicarla desde ahora, incluso —y especialmente— cuando sus reglas limitan nuestra propia autoridad o contradicen nuestras preferencias.
También podemos mirar nuestra propia historia convencidos de haber sido únicamente víctimas de las circunstancias, sin detenernos a pensar si alguna de nuestras decisiones, acciones u omisiones pudo causar daño a otros.
No todas las responsabilidades son iguales. No es comparable quien organizó deliberadamente la represión con quien guardó silencio porque temía por su familia. Tampoco podemos juzgar retrospectivamente cada conducta como si todos hubieran dispuesto de las mismas posibilidades de actuar.
Pero comprender las circunstancias no debería impedirnos escuchar cómo vivieron otros aquello que nosotros recordamos de manera diferente.
Quizá alguien considere que no hizo nada importante, mientras otra persona conserva durante años las consecuencias de aquella actuación aparentemente menor.
Reconocerlo puede ser doloroso.
No se trata de emprender una inquisición moral ni de presentar a toda una sociedad como culpable de su propio sometimiento.
Se trata de aceptar que haber sufrido injusticias no nos vuelve automáticamente incapaces de cometerlas. Y rechazar sinceramente el totalitarismo no significa que hayamos examinado todas las huellas que pudo dejar en nuestra manera de pensar y actuar.
Este reconocimiento no disminuye nuestra dignidad. Tampoco reduce las responsabilidades de quienes han ejercido el poder represivo.
Nos permite comprender que construir una sociedad diferente exige algo más que identificar los errores de los demás.
También requiere la disposición a reconocer los nuestros, rectificar y aprender.
Un aprendizaje que puede comenzar hoy
Nada de esto significa que debamos esperar a convertirnos en ciudadanos ideales antes de poder vivir en democracia.
No existen sociedades perfectas ni personas libres de contradicciones. Ninguna democracia elimina todos los conflictos, injusticias o desacuerdos.
Su valor reside también en permitir que los ciudadanos reconozcan los problemas, discutan sus soluciones y corrijan los errores sin tener que renunciar a su libertad.
Por eso, aprender a vivir democráticamente no consiste en alcanzar un estado definitivo de perfección.
Consiste, entre otras cosas, en desarrollar la capacidad de convivir con nuestras diferencias, reconocer nuestros límites, asumir responsabilidades y seguir mejorando.
Y ese aprendizaje no tiene por qué esperar a que alguien anuncie oficialmente el comienzo de una transición.
Podemos empezar a examinar nuestras convicciones, escuchar a quienes discrepan de nosotros, reconocer una injusticia aunque no nos afecte personalmente o preguntarnos cómo nuestras propias decisiones pueden repercutir en la vida de otros.
Podemos aprender a colaborar sin exigir unanimidad y a disentir sin convertir al adversario en enemigo.
No todos podrán hacerlo de la misma manera ni asumir los mismos riesgos. Nadie debería ser obligado a exponerse imprudentemente para demostrar su compromiso con la libertad.
Y estas transformaciones personales no sustituyen las reformas políticas, económicas e institucionales que Cuba necesita. La responsabilidad de poner fin a la represión corresponde a quienes la ejercen, y los derechos deben ser garantizados independientemente de la disposición individual de cada ciudadano.
Pero tampoco tenemos que permanecer inmóviles hasta que esas reformas lleguen.
No tenemos que esperar a vivir en democracia para comenzar a vivir democráticamente.
La libertad también se aprende ejerciéndola. Y parte de ese aprendizaje comienza cuando reconocemos que los derechos que reclamamos para nosotros pertenecen igualmente a los demás.
Quizá por eso, al preguntarnos qué Cuba queremos construir, no baste con imaginar nuevas instituciones, nuevas leyes o nuevos gobernantes.
También deberíamos preguntarnos cómo queremos relacionarnos entre nosotros, qué estamos dispuestos a aceptar de quienes piensan diferente y qué límites reconoceremos a nuestra propia voluntad cuando tengamos la posibilidad de decidir.
Y, por incómoda que pueda resultar, hay otra pregunta que no deberíamos dejar siempre para los demás:
¿Qué necesitamos cambiar nosotros mismos para no reproducir, en la sociedad que queremos construir, algunas de las prácticas que deseamos dejar atrás?
No hace falta que todos encontremos hoy las mismas respuestas. Precisamente porque aspiramos a una sociedad libre, tendremos que aprender a buscarlas juntos, discutirlas, equivocarnos y rectificar.
El puente hacia el futuro no conduce a una Cuba terminada y perfecta. Conduce a un país donde los ciudadanos puedan seguir construyendo su futuro sin que nadie tenga derecho a confiscárselo.
Otros artículos del autor aquí.
Minervo L Chil Siret.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
