Por Ignacio Foncillas/El Debate.
La elección de la jurista sudafricana Navi Pillay como Premio Nobel de la Paz vuelve a poner de manifiesto el extraño proceso de degradación de un galardón que, por su historia y por su nombre, debería representar algo parecido a una autoridad moral universal. No hace falta caricaturizar a Pillay para llegar a esa conclusión. Todo lo contrario.
Su biografía tiene algunos capítulos admirables. Comenzó como abogada de opositores al apartheid, rompió barreras raciales y profesionales en Sudáfrica, fue juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda –donde contribuyó al desarrollo jurídico que permitió considerar la violencia sexual como un instrumento de genocidio–, pasó por la Corte Penal Internacional y fue Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Comité Nobel la ha premiado, supuestamente, por su defensa del derecho internacional y de la rendición de cuentas por crímenes atroces. Todo esto es verdad. También lo es lo que viene después.
Del activismo al arbitraje
Durante los últimos años, Pillay ha sido una de las figuras más activas dentro del aparato de Naciones Unidas en sus acusaciones contra Israel. El problema no consiste en criticar al Gobierno israelí. Criticar a Benjamin Netanyahu, cuestionar la proporcionalidad de la campaña de Gaza o exigir responsabilidades por posibles crímenes de guerra es perfectamente legítimo.
El problema aparece cuando quien debe actuar como árbitro había tomado partido antes de colocarse la toga. Antes de presidir la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos, Pillay había suscrito una campaña reclamando sanciones contra el «apartheid israelí» y había firmado una carta para el presidente Joe Biden denunciando la «opresión» israelí sobre los palestinos. Posteriormente fue designada para dirigir precisamente la comisión encargada de investigar esas materias. Incluso la Administración Biden –difícilmente sospechosa de trumpismo– denunció en 2022 a aquella comisión y calificó su aproximación de unilateral y sesgada.
Eso plantea una pregunta básica: ¿aceptaríamos en cualquier otro procedimiento que quien ya ha pedido sanciones contra una de las partes presida después el tribunal moral encargado de juzgarla? Parece que en Naciones Unidas sí.
En 2025, la comisión presidida por Pillay dio el salto definitivo y concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Fundamentó la existencia de intención genocida tanto en la conducta militar como en declaraciones de dirigentes israelíes. La evidencia brilló por su ausencia y el comité ignoró la evidencia que sí tenía ante sí.
Conviene ser rigurosos. La misma comisión también concluyó que Hamás y otros grupos palestinos habían cometido el 7 de octubre crímenes de guerra: asesinatos deliberados de civiles, torturas, secuestros y violencia sexual. Pero justificó la acción por el «apartheid israelí» antes mencionado…
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