Subtítulo: Estado de derecho para proteger al ciudadano
En el artículo anterior hablamos de pasar de la ley injusta a la ley justa. De una legalidad que obliga al ciudadano pero no somete realmente al poder, a otra en la que la ley también pueda ser invocada por la persona para protegerse frente a quienes gobiernan.Pero entonces surge una pregunta inevitable.
¿Qué ocurre cuando quien viola nuestros derechos es precisamente quien controla las instituciones que deberían protegerlos?
El cubano conoce bien esa sensación de indefensión.
Una autoridad toma una decisión arbitraria. Otro funcionario la ejecuta. El ciudadano reclama. Pero quien debe atender su reclamación forma parte del mismo aparato, depende de él o responde, en última instancia, al mismo poder.
¿A quién acudes cuando no existe una instancia realmente independiente capaz de decirle “no” al poder?
Ahí está uno de los problemas centrales de cualquier sistema totalitario.
Puede haber instituciones. Puede existir una constitución. Puede existir un extenso cuerpo de leyes. Puede haber tribunales, fiscalías, parlamentos y organismos administrativos.
Pero nada de eso basta por sí solo para construir un Estado de derecho.
El totalitarismo también puede tenerlos. La diferencia está en si esas instituciones limitan realmente al poder y protegen de forma efectiva al ciudadano.
Porque el Estado de derecho no existe para decorar al Estado con instituciones. Existe para impedir que ninguna de ellas pueda disponer arbitrariamente de la persona.
No se puede ser juez y parte
Hay una intuición de justicia que no requiere haber estudiado derecho.
Un ciudadano no necesita conocer teoría constitucional para comprender que quien lo acusa no debería ser también quien lo juzga, y que quien gobierna no debería poder decidir qué puede hacer la justicia cuando él mismo está en falta.
Es algo mucho más sencillo:
No se puede ser juez y parte.
Cuando quien establece las reglas, quien las ejecuta y quien debe juzgar sus posibles abusos responden finalmente a una misma voluntad política, las instituciones pueden tener nombres distintos, edificios distintos y funcionarios distintos, pero el ciudadano continúa enfrentándose al mismo poder.
En Cuba esa voluntad política no es una abstracción. Tiene un centro explícito y constitucionalmente definido: el Partido Comunista de Cuba, único y declarado fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por eso no basta con que existan instituciones diferentes si todas permanecen subordinadas a esa misma fuente de poder.
Dividir el poder no es una sofisticación inventada para complicar el funcionamiento del Estado.
Es impedir que todo el poder pueda caer sobre el ciudadano desde un mismo lugar.
La separación de poderes pretende precisamente que ninguna autoridad pueda decidirlo todo, controlarlo todo y, además, juzgarse a sí misma.
Pero tampoco basta con dibujar tres casillas en un organigrama y llamarlas Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
No basta con repartir funciones entre instituciones distintas si todas obedecen, en última instancia, a la misma voluntad política.
Una separación que solo existe en el papel protege muy poco cuando llega el momento en que el ciudadano necesita enfrentarse al abuso real.
Alguien capaz de decirle «no» al Estado
Imaginemos algo mucho más cotidiano.
Una persona es detenida injustamente. Un funcionario impone una sanción que no corresponde. Una familia sufre una decisión arbitraria sobre aquello que le pertenece. Un emprendedor ve perjudicada su actividad por una actuación ilegal de la administración.
¿Qué puede hacer?
En un verdadero Estado de derecho debe existir una autoridad independiente ante la cual reclamar, incluso cuando quien ha vulnerado el derecho sea el propio Estado.
Ahí aparece la independencia judicial.
No como una expresión reservada para juristas, sino como una protección concreta.
Un juez independiente importa porque algún día el ciudadano puede necesitar que alguien proteja sus derechos frente al propio Estado.
Ese juez puede equivocarse, como cualquier ser humano. La independencia judicial no significa infalibilidad.
Significa algo más elemental: que quien debe decidir si el poder actuó conforme a derecho no necesite recibir instrucciones de ese mismo poder para saber cómo debe resolver.
Porque:
La justicia deja de ser una garantía cuando necesita permiso del poder para protegernos del poder.
La independencia judicial se vuelve comprensible cuando dejamos de pensar en tribunales como edificios y pensamos en ese momento en que una persona necesita que alguien con autoridad pueda mirar al Estado y decirle:
No. Usted no puede hacer esto.
Ningún poder debe ser su propio vigilante
Pero tampoco basta con tener jueces independientes.
Todo poder necesita límites y controles.
Quien ejerce el poder no puede ser también el único encargado de controlar sus propios límites.
No porque debamos asumir que cada persona que llegue a gobernar será deshonesta, autoritaria o abusiva.
Precisamente ahí está una de las diferencias más importantes entre confiar únicamente en las personas y construir instituciones.
Los gobernantes son seres humanos.
Pueden tener excelentes intenciones. Pueden haber luchado por la libertad. Pueden haber sido elegidos legítimamente. Pueden comenzar convencidos de que jamás abusarán de sus facultades.
Y aun así pueden equivocarse.
Pueden excederse.
Pueden convencerse de que una circunstancia excepcional justifica una medida excepcional. Y después otra. Y otra.
Pueden llegar incluso a creer que limitar su poder significa obstaculizar aquello que consideran bueno para el país.
Poner límites al poder no significa presumir mala fe en quien lo ejerce; significa reconocer que la confianza, por legítima que sea, no puede sustituir a las garantías.
El Estado de derecho no se construye sobre la confianza en quienes gobiernan, sino sobre la certeza de que incluso ellos están sujetos a límites.
Las instituciones democráticas no se diseñan partiendo de la idea de que todos los gobernantes serán malos.
Se diseñan para que nuestros derechos no dependan exclusivamente de que sean buenos.
Las buenas instituciones existen porque ningún gobernante debería necesitar ser bueno para que nuestros derechos estén protegidos.
La pregunta, entonces, es bastante sencilla:
¿Queremos derechos que dependan de que quien gobierna sea justo, o derechos que estén protegidos incluso cuando no lo sea?
Los controles y contrapesos existen para eso: para que ninguna autoridad pueda establecer por sí sola hasta dónde llega su propio poder.
Una institución controla a otra. Una decisión puede ser revisada. Una actuación puede ser impugnada. Una autoridad puede encontrar límites que ella misma no puede eliminar simplemente porque le resulten incómodos.
Eso no debilita la democracia.
Vigilar y limitar el poder no es desconfiar de la democracia. Es protegerla de la posibilidad de que quienes gobiernan olviden que también ellos tienen límites.
Porque democracia y Estado de derecho responden a dos preguntas relacionadas, pero diferentes:
La democracia decide quién gobierna. El Estado de derecho establece lo que ni siquiera quien gobierna puede hacer.
Poder también significa responsabilidad
Hay otra cara del problema.
No basta con establecer límites si quebrantarlos nunca produce consecuencias reales.
Quien ejerce autoridad toma decisiones que pueden afectar la libertad, los bienes, el trabajo, la seguridad y los derechos de otras personas.
Por eso el ejercicio del poder no puede convertirse en un refugio frente a la responsabilidad.
Un policía, un inspector, un funcionario de la vivienda, un alcalde o intendente, un fiscal, un juez, un ministro, un diputado o un presidente no ejercen un privilegio personal. Ejercen una función pública que solo se justifica como servicio a la sociedad.
Y cuanto más amplias sean esas facultades y mayor sea su capacidad de afectar la vida y los derechos de otras personas, mayor debe ser también la exigencia de control y de rendición de cuentas.
Si un funcionario puede actuar arbitrariamente y después no existe ninguna vía real para investigarlo, corregirlo o, cuando corresponda, sancionarlo, el Estado de derecho deja de cumplir su función y el ciudadano vuelve a encontrarse indefenso.
La autoridad deja de ser servicio y se convierte en escudo.
Esto no significa construir un Estado débil, incapaz de gobernar o de hacer cumplir la ley.
Una sociedad libre necesita instituciones capaces de proteger la seguridad, garantizar derechos y aplicar las normas.
Pero fuerza institucional y arbitrariedad no son lo mismo.
Limitar el poder no significa debilitar al Estado. Significa impedir que su fuerza se vuelva contra la persona que debe proteger.
Un Estado fuerte en democracia no es aquel al que nadie puede cuestionar.
Es aquel que posee autoridad suficiente para cumplir sus funciones y, al mismo tiempo, instituciones suficientemente sólidas para impedir que esa autoridad se convierta en abuso.
Cuando un derecho puede hacerse valer
Todo lo anterior desemboca finalmente en algo todavía más importante: los derechos.
Una constitución puede reconocer libertad de expresión, asociación, propiedad, debido proceso o igualdad ante la ley.
Pero para el ciudadano la pregunta decisiva sigue siendo:
¿Qué ocurre si alguien viola ese derecho?
Un derecho que el ciudadano no puede hacer valer frente al poder puede estar reconocido en la ley, pero si carece de una protección efectiva, se queda en papel mojado.
Necesitamos entonces algo más que declaraciones.
Tiene que existir una vía para reclamar.
Una institución capaz de escuchar.
Un juez independiente capaz de decidir.
Una autoridad obligada a cumplir esa decisión.
Y consecuencias cuando el poder viola la ley.
Un derecho deja de ser letra muerta y empieza a ser efectivo cuando el ciudadano lo puede defender también frente a quien gobierna.
Pero hay algo aún más profundo.
Nuestros derechos fundamentales no existen porque un gobierno haya tenido la generosidad de concedérnoslos ni porque estén plasmados en una constitución.
Ni el Estado ni la constitución crean nuestra dignidad ni nos conceden nuestros derechos fundamentales; tienen la obligación de reconocerlos, respetarlos y protegerlos.
Ahí aparece el fundamento de todo lo anterior.
El poder está sometido al derecho; y el derecho, a la dignidad humana.
Porque tampoco cualquier norma escrita merece por ese solo hecho ser considerada justa. La arbitrariedad puede redactarse como ley. La injusticia puede adquirir procedimientos y sellos oficiales.
El límite último continúa siendo la persona y su dignidad.
También el nuevo poder tendrá que tener límites
Pero este artículo no pretende solamente describir qué ha fallado durante décadas.
También mira hacia adelante.
Porque todas estas garantías no deben protegernos únicamente del poder que conocemos.
Deben protegernos también del poder que todavía no existe.
Una transición democrática puede llevar a responsabilidades públicas a personas honestas, capaces y comprometidas con la libertad.
Ojalá así sea.
Pero también ellas serán humanas.
Y precisamente porque lo serán, ninguna democracia responsable debería construir sus instituciones suponiendo que quienes lleguen al poder nunca se equivocarán, nunca abusarán de sus facultades o nunca sentirán la tentación de ampliar sus competencias en nombre de una buena causa.
La libertad no puede depender de la virtud del gobernante. Debe depender de instituciones capaces de limitarlo.
Esta es una de las razones por las que tampoco basta con sustituir unas leyes por otras.
En el artículo anterior hablamos de pasar de la ley injusta a la ley justa.
Ahora debemos añadir algo más:
No basta con pasar de la ley injusta a la ley justa. Hay que construir las condiciones para que la ley justa no pueda volver a convertirse en instrumento del poder.
Eso debe comenzar durante la propia transición.
Puede ocurrir que las circunstancias que abran el cambio no sean ideales. Puede incluso surgir una autoridad provisional cuyo origen todavía no pueda descansar en unas elecciones plenamente democráticas.
Pero precisamente entonces los límites se vuelven todavía más importantes.
Una autoridad provisional puede no tener un origen plenamente democrático, pero su ejercicio debe ser limitado, temporal, transparente y sometido a controles.
Nadie debería recibir poderes ilimitados por haber contribuido al fin de la dictadura.
Nadie debería poder apropiarse de la transición en nombre de haberla conducido.
Y nadie debería pedir al ciudadano que entregue nuevamente su libertad a cambio de confiar en que esta vez quienes gobiernan sí utilizarán bien un poder sin límites.
El nuevo orden debe comenzar aprendiendo una lección esencial del anterior: ningún poder merece un cheque en blanco.
Cuando el Estado de derecho llega al portal
Todo esto puede sonar complejo hasta que regresamos a la vida cotidiana.
Una madre no necesita estudiar derecho constitucional para comprender la tranquilidad de saber que, si su hijo es detenido injustamente, existe un juez que no recibe órdenes de quien lo detuvo.
Un trabajador entiende perfectamente lo que significa poder reclamar frente a un funcionario que ha abusado de su autoridad.
Un emprendedor sabe la diferencia entre depender del capricho administrativo y poder recurrir una decisión arbitraria.
Una familia comprende perfectamente qué significa saber que su vivienda está protegida y que ninguna autoridad puede disponer arbitrariamente de ella.
Un periodista comprende qué significa poder investigar y denunciar al gobierno sin que ese mismo gobierno tenga la última palabra sobre quién puede protegerlo.
Y cualquier ciudadano entiende el valor de saber que quien ejerce autoridad puede ser investigado, corregido y sancionado si viola la ley.
Porque el Estado de derecho no es un lujo reservado a sociedades prósperas ni una discusión para especialistas.
Es, en esencia, la seguridad de que mi vida y mi futuro no dependen del humor, el capricho o la conveniencia de quien manda.
Es poder hablar sin miedo.
Trabajar y emprender sin depender de favores políticos.
Defender lo que nos pertenece.
Reclamar cuando una autoridad abusa.
Y saber que incluso frente al Estado existe una puerta a la que podemos tocar.
Ahí el Estado de derecho deja de ser una definición.
Se convierte en experiencia.
El Estado de derecho comienza a hacerse real cuando el ciudadano deja de depender de la buena voluntad de quien manda.
Pero esa protección no convierte al ciudadano en simple beneficiario y espectador.
El Estado de derecho protege al ciudadano, pero también necesita ciudadanos dispuestos a defenderlo cuando el poder —propio o ajeno— intente vaciarlo de contenido.
Defender nuestros derechos importa.
También importa defender las reglas que protegen los derechos de quienes piensan distinto, incluso cuando esas mismas reglas limitan a quienes nosotros apoyamos.
Esa responsabilidad cívica merecerá una reflexión propia.
Por ahora basta con recordar que ninguna institución puede preservar por sí sola una sociedad libre si los ciudadanos dejan de valorar los límites que la hacen posible.
El ciudadano sabrá que vive en un Estado de derecho no cuando alguien se lo explique, ni cuando lo lea escrito en una constitución, sino cuando pueda comprobar en su propia vida que incluso el poder tiene que respetarlo.
Porque al final, detrás de la separación de poderes, la independencia judicial, los controles, la responsabilidad pública y las garantías jurídicas, hay una idea mucho más sencilla:
el poder debe servir a la persona, no la persona al poder.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
