Por Zoé Valdés/El Debate.
La crisis fronteriza de Ceuta vuelve a colocar a España ante una evidencia incómoda: la frontera sur no es solamente una línea administrativa, es además un termómetro político, diplomático y moral. Cada episodio de entrada masiva desde Marruecos –por tierra, por mar o bordeando los espigones– se presenta en un primer momento como una emergencia migratoria. Pero quien mire con más detenimiento verá una realidad más compleja: Ceuta es también un tablero donde se cruzan la soberanía española, las presiones marroquíes, la política europea de fronteras y la desesperación de miles de personas utilizadas, demasiadas veces, como instrumentos de negociación. Hablemos claro, se trata de invasión islamista.
Hablar de «invasión», cierto, en otro momento exigiría prudencia. El término expresa el sentimiento de alarma de muchos ciudadanos ante una entrada masiva, desordenada y difícil de gestionar –es lo que ha ocurrido–, pero no debe confundirse con una operación militar convencional. En toda regla, sin embargo, lo es. Lo que ocurre en Ceuta pertenece a una zona gris: no es una guerra declarada, pero tampoco una simple suma de decisiones individuales.
La frontera se afloja o se endurece según el clima político; las redes de tráfico aprovechan cada grieta jurídica y los gobiernos se aprovechan para imponer sus parámetros de gobierno; los mensajes circulan por móviles y redes sociales; y, al final, la presión humana llega a una ciudad pequeña, densamente poblada y con recursos limitados… Y así todo. En este mismo instante es Marruecos quien gobierna España a través de Pedro Sánchez y de su ministro de Exteriores, Albares-‘Napoleonchu’.
El precedente de 2021 sigue muy presente. Entonces, miles de personas entraron en Ceuta en plena crisis diplomática por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Aquel episodio mostró hasta qué punto Marruecos puede convertir la cooperación migratoria en una palanca de presión. Desde entonces, Madrid ha intentado reconstruir la relación con Rabat, incluso modificando su posición sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, la aparente normalización no elimina la vulnerabilidad de fondo: España depende en buena medida de la vigilancia marroquí para proteger una parte de la frontera exterior de la Unión Europea.
El segundo grado de lo que se avecina consiste precisamente en entender que la crisis visible –personas nadando, centros saturados, patrullas desbordadas– no es más que la primera capa. La segunda capa es estratégica. Marruecos reivindica Ceuta y Melilla desde hace décadas, y aunque no lo haga siempre con la misma intensidad, nunca renuncia del todo a mantener ese asunto como telón de fondo. España, por su parte, afirma la plena españolidad de ambas ciudades (lo que es natural) y exige respeto a su integridad territorial.
Entre esas dos posiciones se abre un margen de tensión permanente, que puede activarse cada vez que Rabat considere que Madrid se aleja de sus intereses. Y no únicamente: esperen a que por la vía de Marruecos otros países aprovechen la oportunidad para la invasión islamista definitiva que intenta desde hace años acabar con Occidente.
Lo que se avecina, por tanto, no es necesariamente y con claridad una invasión militar, sino algo más ambiguo y quizá más difícil de responder: una presión híbrida, sostenida y dosificada; a la que a mi juicio hay que brindarle respuestas militar y ciudadana ya ha comenzado gracias a VOX). Esa presión puede combinar oleadas migratorias, campañas mediáticas, reivindicaciones históricas, tensiones comerciales, cooperación selectiva en seguridad y movimientos diplomáticos vinculados al Sáhara, Argelia o la propia Unión Europea.
En la actualidad, las guerras rara vez empiezan con una declaración formal, las fronteras se han convertido en escenarios de desgaste; observen Ucrania. Y Ceuta, por su tamaño y simbolismo, es especialmente vulnerable a ese tipo de desgaste…
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