Por Minervo L. Chil Siret.
En la primera parte de este artículo examinamos cómo la impunidad cubana dejó de ser una simple ausencia de castigo para convertirse en uno de los pilares del sistema totalitario.
La censura oculta o deforma el abuso.
La represión neutraliza a quienes lo denuncian o resisten.
La impunidad protege a quienes lo ordenan, ejecutan y encubren.
Pero diagnosticar esa arquitectura no basta.
Una futura Cuba democrática tendrá que desmontarla sin reproducir sus métodos. Tendrá que reconocer responsabilidades sin imponer culpabilidades colectivas, hacer justicia sin convertirla en revancha y promover la reconciliación sin exigir a las víctimas que renuncien a la verdad.
La responsabilidad no puede desaparecer dentro del sistema
Hablar del régimen, de la dictadura, del Estado o del aparato represivo como entidades abstractas puede ocultar que las decisiones son concebidas, transmitidas, ejecutadas, justificadas y encubiertas por personas concretas.
Las estructuras autoritarias distribuyen la responsabilidad hasta crear la apariencia de que nadie es verdaderamente responsable.
Quien diseña la política culpa a las circunstancias.
Quien transmite la orden señala a sus superiores.
Quien la ejecuta afirma que cumplía con su deber.
Quien encubre asegura que protegía la estabilidad del país.
Quien difama a la víctima dice que solo repetía la información oficial.
Pero la responsabilidad diluida no deja de ser responsabilidad.
Esto no significa atribuir culpabilidad colectiva ni considerar igualmente responsables a todos los que hayan formado parte de las instituciones estatales.
Después de casi siete décadas, muchas trayectorias personales han sido complejas. Algunas personas apoyaron al sistema, lo sirvieron, se distanciaron posteriormente y terminaron perseguidas por él. Otras pudieron actuar bajo diferentes grados de coacción, dependencia, adoctrinamiento o temor.
Esa complejidad no borra las responsabilidades por los actos concretos. Pero impide dividir retrospectivamente a la sociedad cubana entre culpables e inocentes absolutos, definidos para siempre por una pertenencia o por una etapa de sus vidas.
Una futura democracia deberá juzgar conductas concretas, no identidades colectivas ni antiguas pertenencias institucionales.
No es lo mismo diseñar una política represiva que cumplir una función sin participar en abusos.
No es lo mismo dar una orden criminal que actuar bajo coacción.
No es lo mismo ejecutar voluntariamente que colaborar posteriormente con el esclarecimiento de los hechos.
Las responsabilidades deberán establecerse individualmente, mediante pruebas, atendiendo al grado de participación y con pleno respeto a las garantías jurídicas.
La obediencia puede explicar una conducta.
La coacción puede atenuar o excluir la responsabilidad en determinadas circunstancias.
La colaboración con la verdad también deberá ser considerada.
Pero ninguna de ellas puede convertirse por adelantado en una absolución general.
Ni culpabilidad colectiva ni responsabilidad evaporada dentro del sistema.
Ni impunidad ni venganza
Una futura transición cubana deberá afrontar el pasado.
No podrá hacerlo mediante el “borrón y cuenta nueva”, como si la convivencia exigiera olvidar a las víctimas, mantener cerrados los archivos o garantizar anticipadamente la inmunidad de quienes pudieron cometer violaciones graves.
Pero tampoco podrá construir la democracia sobre el revanchismo.
Cuba no necesitará sustituir una persecución por otra, cambiar el signo político de la arbitrariedad ni dividir nuevamente al país entre vencedores con derechos y vencidos fuera de la protección de la ley.
La justicia en una democracia no puede reproducir los métodos del sistema que pretende superar.
Precisamente porque no es venganza, exige pruebas, tribunales independientes, derecho a la defensa, proporcionalidad y responsabilidad individual.
El dilema no es entre impunidad y revancha. Ésa es una falsa alternativa.
El verdadero desafío será esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas y establecer responsabilidades sin renunciar a las garantías que distinguen la justicia de un ajuste de cuentas.
La democracia no consistirá en que otros controlen la misma maquinaria de impunidad.
Consistirá en desmontarla.
La reconciliación no puede decretarse
Cuba necesitará un proceso de reconciliación nacional porque ninguna sociedad puede reconstruirse indefinidamente dividida por el miedo, el resentimiento y la desconfianza.
Pero la reconciliación no puede imponerse por decreto, negociarse exclusivamente entre élites ni utilizarse para exigir silencio a las víctimas en nombre de la estabilidad.
Tampoco puede confundirse con el olvido o con la obligación de perdonar.
El perdón pertenece a la conciencia y a la libertad personal de quien sufrió el daño.
Nadie puede exigirlo.
Nadie puede decretarlo.
Nadie puede concederlo en nombre de las víctimas.
El Estado podrá esclarecer los hechos, reconocer responsabilidades, reparar a quienes sufrieron y crear condiciones para la convivencia.
Lo que no podrá hacer será ordenar a una madre que perdone la muerte de su hijo, pedir a un prisionero que olvide la tortura o imponer a una familia la versión de quienes la victimizaron.
La reconciliación tampoco exige una interpretación única de nuestra historia.
Una sociedad democrática deberá aceptar memorias, experiencias y juicios diferentes sobre el pasado.
Lo que sí necesitará son consensos fundamentales:
Que la dignidad humana no se negocia.
Que nadie está por encima de la ley ni fuera de su protección.
Que no existe culpabilidad colectiva.
Que las víctimas tienen derecho a la verdad, el reconocimiento y la reparación.
Y que ninguna causa política justifica nuevamente la violencia, la exclusión o la deshumanización.
Verdad, justicia y reconciliación no se excluyen.
Presentarlas como incompatibles es construir una caricatura destinada a obligarnos a escoger entre dos extremos que no agotan las posibilidades de una sociedad democrática.
No puede haber reconciliación auténtica sin verdad y sin justicia.
Pero tampoco puede haber verdadera justicia sin garantías, responsabilidad individual y rechazo de la venganza.
Existe otro camino
Entre el olvido impuesto y la revancha existe un camino más difícil: la justicia transicional.
No es una receta única ni una forma elegante de cancelar responsabilidades.
Es el conjunto de mecanismos mediante los cuales una sociedad que sale de un sistema represivo intenta conocer la verdad, impartir justicia, reparar a las víctimas, reformar las instituciones comprometidas con los abusos y establecer garantías de no repetición.
Las experiencias de otros países ofrecen instrumentos, enseñanzas y también advertencias.
Algunos procesos llegaron tarde o resultaron insuficientes.
Otros plantearon controversias legítimas sobre el debido proceso, la proporcionalidad o el riesgo de convertir la transformación institucional en una purga política.
Cuba no deberá copiar mecánicamente ninguno de esos modelos.
La duración del totalitarismo, la magnitud del exilio, la relación entre la Isla y la diáspora, el control de los archivos y la complejidad de las trayectorias individuales exigirán soluciones propias.
El diseño de una justicia transicional para Cuba requerirá un análisis específico y una conversación nacional mucho más amplia.
Por ahora basta establecer su principio esencial:
Cuba no tendrá que elegir entre olvidar el pasado o vengarlo.
Tendrá que encontrar una forma democrática de esclarecerlo, establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y evitar que vuelva a repetirse.
Desmontar la arquitectura de la impunidad
Por eso regresamos cada 22 de julio a Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Regresamos para recordar quiénes fueron, pero también porque en torno a sus muertes continúa viva una demanda de verdad.
La ausencia de una investigación independiente y de justicia en su caso no constituye solamente una herida para sus familias y compañeros.
Interpela a toda la nación.
Recordarlos no significa permanecer atrapados en el pasado.
Significa negarnos a construir el futuro sobre una verdad impuesta.
Una Cuba reconciliada no será una Cuba sin memoria.
Será una nación capaz de mirar su historia sin versiones obligatorias, reconocer a las víctimas, esclarecer los hechos y establecer responsabilidades mediante una justicia que no reproduzca la arbitrariedad.
Para lograrlo no bastará con cambiar a quienes ocupan el gobierno.
Será necesario desmontar la arquitectura de la impunidad institucionalizada:
Construir independencia judicial donde hubo subordinación política.
Pluralidad informativa donde hubo censura.
Responsabilidad pública donde hubo encubrimiento.
Protección para las víctimas donde las instituciones protegieron al poder.
También será necesaria una transformación moral.
La obediencia no puede sustituir a la conciencia.
La lealtad política no puede justificar el abuso.
Y la patria no puede volver a utilizarse como excusa para negar la dignidad de los cubanos.
Durante décadas, el poder ha podido controlar los tribunales, los archivos, las investigaciones y el relato público.
Ha podido retrasar la verdad, proteger responsabilidades y perseguir a quienes preguntan.
Pero no puede garantizar que ese dominio dure para siempre.
Mientras exista una memoria que se niegue a desaparecer, una verdad que continúe buscando camino y una sociedad dispuesta a construir justicia sin venganza, la impunidad podrá prolongarse, pero no será eterna.
La justicia que Cuba necesita no será la del vencedor contra el vencido.
Será la justicia de una nación que decida finalmente desmontar uno de los pilares del totalitarismo y establecer un principio sencillo, pero hasta ahora negado:
Que ningún cubano vuelva a estar por encima de la ley.
Y que ninguno vuelva a quedar fuera de su protección.
Minervo L Chil Siret.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
