Regresan a la memoria de sus familias, de sus compañeros del Movimiento Cristiano Liberación y de quienes, dentro y fuera de Cuba, continúan reclamando que se conozca toda la verdad sobre sus muertes.
No regresamos a esa fecha por una obstinación con el pasado. Regresamos porque existen preguntas que el poder nunca respondió de manera creíble y porque hay heridas que el paso del tiempo, por sí solo, no puede cerrar.
Durante años, las autoridades cubanas pretendieron presentar lo ocurrido como un asunto definitivamente esclarecido. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano era responsable por las muertes de Payá y Cepero y constató graves violaciones de las garantías judiciales y del derecho de sus familiares a acceder a la justicia.
La persistencia de esta demanda de verdad no responde solamente a la relevancia pública de Oswaldo y Harold. Tampoco se limita a las responsabilidades concretas que deban establecerse por lo ocurrido aquel 22 de julio de 2012.
Las preguntas pendientes sobre sus muertes no existen en un vacío histórico.
La ausencia de una investigación independiente, el control estatal de la información, la descalificación de quienes cuestionan la versión oficial y la protección de las posibles cadenas de responsabilidad remiten a una experiencia que los cubanos hemos conocido repetidamente durante décadas.
Para comprender por qué la verdad continúa bloqueada no basta, por tanto, con observar únicamente aquel día.
Es necesario reconocer una lógica institucional más amplia: la manera en que el poder responde cuando sus propios actos deben ser investigados, cuando sus decisiones son cuestionadas o cuando la sociedad reclama una verdad distinta de la oficialmente permitida.
Una historia que no está formada por episodios aislados
Los hechos no son todos iguales.
Río Canímar, el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, el Maleconazo, la represión contra Concilio Cubano, la ola represiva contra la Primavera de Cuba, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero, la respuesta estatal a las manifestaciones del 11J y el reciente incidente de la lancha al norte de Villa Clara tuvieron naturalezas, circunstancias y protagonistas diferentes.
No deben equipararse de manera simplista.
Pero tampoco fueron episodios completamente aislados entre sí. Ni son los únicos.
A través de ellos reaparecen, con formas e intensidades distintas, elementos reconocibles: violencia o coerción estatal, censura, criminalización de las víctimas, imposición de una versión oficial y ausencia de instituciones independientes capaces de investigar al propio poder.
En 1980, la embarcación turística XX Aniversario fue tomada por un grupo que pretendía abandonar el país, perseguida por fuerzas estatales y terminó hundida en la desembocadura del río Canímar en la bahía de Matanzas. La ausencia de información pública verificable impide todavía establecer con certeza incluso el número de personas que murieron.
Los sucesos de Río Canímar y el hundimiento del remolcador 13 de Marzo en la bahía de La Habana, ocurrido en 1994, fueron acontecimientos distintos, pero plantearon una misma pregunta fundamental: qué ocurre cuando ciudadanos que intentan abandonar el país quedan sometidos a la fuerza del Estado y el propio Estado controla posteriormente la investigación y la información pública.
En el caso del remolcador 13 de Marzo, murieron 41 personas, entre ellas diez menores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuyó responsabilidad al Estado cubano y recomendó investigar, procesar y sancionar a los responsables, así como reparar a las víctimas y a sus familiares.
El Maleconazo, como se conoce la masiva protesta antigubernamental ocurrida en el área del malecón habanero en 1994, mostró, a su vez, la respuesta del sistema cuando la inconformidad irrumpía en el espacio público: movilización de sus aparatos represivos, criminalización de la protesta y recuperación del monopolio de las calles y del relato.
Veintisiete años después, las manifestaciones de julio de 2021 volvieron a revelar ese conflicto fundamental: ciudadanos que reclamaban libertad y expresaban sus agravios frente a un poder que considera cualquier movilización independiente una amenaza existencial.
Las detenciones arbitrarias, los malos tratos y los procesos penales abusivos posteriores fueron documentados como parte de un patrón sistemático de represión destinado a castigar, intimidar e impedir nuevas protestas.
Otra expresión de esta lógica apareció en febrero de 1996. Mientras Concilio Cubano —una coalición de más de 100 organizaciones de la oposición democrática y la sociedad civil independiente— intentaba celebrar una reunión nacional dentro de la Isla, las autoridades desplegaron una amplia operación de detenciones, encarcelamientos, hostigamiento e intimidación para impedirla.
Siete años más tarde, la represión contra la Primavera de Cuba volvió a mostrar la respuesta del poder ante el crecimiento y la articulación pacífica de la sociedad civil.
El Proyecto Varela había presentado ante la Asamblea Nacional una solicitud de referendo respaldada por más de once mil firmas, utilizando un mecanismo reconocido por la propia Constitución. Aquella iniciativa demostró que era posible organizar a miles de ciudadanos dentro de Cuba alrededor de una demanda legal y pacífica de derechos.
El Proyecto Varela no fue solamente una petición. Fue la expresión de un despertar cívico y de una esperanza que comenzaba a extenderse por el país.
En marzo de 2003, el régimen respondió con una extensa operación contra opositores pacíficos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Setenta y cinco personas fueron sometidas a juicios sumarios y condenadas a penas de entre seis y veintiocho años de prisión.
La represión no alcanzó exclusivamente a integrantes del Movimiento Cristiano Liberación y a gestores del Proyecto Varela. Pero la gran mayoría de los encarcelados había participado, en diferentes grados, en el Proyecto Varela, y su éxito constituyó el principal detonante político de aquella ofensiva.
En el Movimiento Cristiano Liberación recordamos aquel despertar cívico como la Primavera de Cuba, en alusión a la Primavera de Praga. Lo que define para nosotros aquel momento histórico no es solamente la represión que el régimen desató, sino principalmente la esperanza de libertad que pretendió sofocar. Por eso nos referimos a los encarcelados durante esa ola represiva como los prisioneros de la Primavera de Cuba.
Concilio Cubano y el Proyecto Varela fueron iniciativas diferentes y pertenecieron a momentos distintos. Pero ambas demostraron la capacidad de los ciudadanos para organizarse pacíficamente fuera del control estatal.
Y frente a ambas, el poder respondió con la misma lógica: impedir la articulación autónoma de la sociedad mediante la vigilancia, la criminalización y la prisión.
Las iniciativas eran pacíficas. La respuesta fue represiva.
En otros episodios, la misma lógica adoptó una forma diferente: ante acciones originadas fuera del país, el Estado presentó el uso mortal de la fuerza como defensa incuestionable de la soberanía nacional, mientras se reservaba la autoridad para definir tanto la naturaleza de la amenaza como la legitimidad de su respuesta.
El 24 de febrero de 1996, aviones militares cubanos derribaron sobre aguas internacionales dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate, causando la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Tres décadas después, los acontecimientos más recientes confirman que el problema de la verdad oficial y de la investigación del propio poder no pertenece únicamente al pasado.
Ante el enfrentamiento ocurrido en febrero de 2026 entre tropas guardafronteras y los ocupantes de una lancha procedente de Florida, Estados Unidos, las autoridades estatales cubanas presentaron su propia versión como conclusión política y moral antes de que pudiera existir un esclarecimiento independiente y transparente.
No corresponde aquí determinar qué ocurrió ni anticipar responsabilidades.
No se trata de presumir automáticamente que el Estado cubano miente. Una versión oficial puede resultar total o parcialmente cierta. Lo que no puede es considerarse verdad incuestionable únicamente porque el poder disponga de los mecanismos para imponerla.
Precisamente por eso, ningún Estado implicado directamente en un episodio mortal puede ser, al mismo tiempo, actor de los hechos, custodio exclusivo de las pruebas, investigador, acusador y árbitro de la verdad pública.
No se puede ser juez y parte.
Desde una perspectiva distinta, el proceso penal iniciado en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate transmite un mensaje que trasciende su desenlace todavía desconocido.
Treinta años después, las posibles responsabilidades vuelven a ser examinadas por instituciones que no dependen del poder cubano. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación ampliada contra Raúl Castro y otros cinco antiguos integrantes del aparato militar por sus presuntos papeles en el derribo.
El proceso no garantiza que habrá condenas ni permite anticipar su desenlace. Los acusados conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Pero la importancia de este proceso para nuestro análisis reside en algo más elemental: incluso después de tres décadas, un hecho que el poder cubano presentó como definitivamente justificado puede volver a ser examinado. Eso demuestra que el paso del tiempo, por sí solo, no convierte un suceso en un caso cerrado.
El episodio de la lancha y el proceso por las avionetas son muy diferentes y no deben equipararse. Su conexión reside en una enseñanza común: el poder puede imponer durante años su versión, impedir investigaciones independientes y proteger posibles responsabilidades, pero no puede garantizar que ese monopolio dure para siempre.
La impunidad institucionalizada no exige siempre que la versión oficial sea falsa. Le basta con impedir que pueda ser contrastada libremente por instituciones independientes.
Suele pensarse que primero ocurre el abuso y que después, si nadie responde por él, aparece la impunidad.
En un sistema totalitario, la relación es mucho más profunda.
La impunidad no es solamente una consecuencia de la represión ni un recurso utilizado ocasionalmente por quienes gobiernan.
Es uno de los pilares que sostienen y reproducen el sistema, junto con la censura y la propia represión.
La censura oculta, deforma o silencia el abuso.
La represión neutraliza a quienes lo resisten, lo denuncian o reclaman justicia.
La impunidad protege a quienes lo diseñan, lo ordenan, lo ejecutan y lo encubren.
Las tres funcionan como partes de una misma arquitectura.
Sin censura, la violencia del poder quedaría expuesta ante la sociedad.
Sin represión, la mentira oficial podría ser cuestionada libremente.
Sin impunidad, quienes sostienen ambas tendrían que calcular las consecuencias jurídicas, políticas y morales de sus decisiones.
Por eso la impunidad cubana no puede comprenderse únicamente como ausencia de castigo.
Es una impunidad institucionalizada.
Es impunidad política, porque quienes controlan el Estado protegen a los responsables, bloquean la rendición de cuentas y subordinan cualquier investigación a los intereses del poder.
Es impunidad jurídica, porque fiscales, tribunales y órganos de investigación carecen de independencia real para actuar contra quienes dirigen el propio sistema.
Es impunidad mediática, porque el monopolio de la información permite ocultar hechos, desacreditar a las víctimas y presentar la versión oficial como la única interpretación autorizada.
Y es impunidad moral, porque la represión es convertida en deber patriótico, la obediencia en virtud, el encubrimiento en disciplina y la protección del poder en servicio a la nación.
El resultado no es simplemente que determinados abusos queden sin castigo.
Es que todo el aparato del poder actúa para impedir que puedan ser investigados, juzgados, conocidos y recordados con libertad.
La impunidad no llega después de la represión.
La precede, la acompaña y la protege.
Quien ordena, ejecuta o encubre una acción represiva puede confiar en que no será examinado por una institución verdaderamente independiente.
Sabe que la cadena de mando permanecerá protegida.
Sabe que la información será controlada.
Sabe que los medios oficiales reproducirán la interpretación conveniente al poder.
Sabe que la víctima podrá ser convertida en culpable de lo que sufrió.
Sabe que, mientras permanezca fiel, el sistema tendrá razones para protegerlo.
La impunidad reduce de antemano el costo que debe asumir quien participa en el abuso. No solo evita que responda después de actuar: le ofrece antes una expectativa razonable de protección.
Por eso funciona también como incentivo.
A los ejecutores les comunica que obedecer será premiado o, cuando menos, protegido.
A las víctimas les advierte que reclamar justicia puede resultar inútil o peligroso.
A los ciudadanos les enseña que enfrentarse al poder tiene consecuencias.
Y a toda la sociedad le recuerda que la verdad pública no depende solamente de los hechos, sino de quién conserva la capacidad para imponer su relato.
Cuando la violencia ejercida en defensa del poder no se investiga, no se sanciona y termina convertida en prueba de lealtad, la impunidad deja de ser un accidente del sistema.
Se convierte en una de las condiciones de su permanencia.
La impunidad institucionalizada no consiste solamente en que una violación quede sin castigo.
Comienza también cuando el poder invierte los papeles: convierte al ejecutor en defensor de la patria, a la víctima en culpable y al encubrimiento en versión oficial.
El daño no termina con la detención, la agresión, la muerte, el destierro o la condena injusta.
Continúa cuando se niega públicamente la dignidad de la víctima.
Cuando su familia debe soportar, además de la pérdida, la falsificación de lo ocurrido.
Cuando los medios estatales reproducen acusaciones que la persona afectada no tiene posibilidad real de refutar.
Cuando quien pregunta es hostigado.
Cuando los testigos son intimidados.
Cuando las instituciones que deberían impartir justicia se utilizan para legitimar una decisión política.
Así se produce no solo una injusticia concreta, sino una deformación más profunda de la conciencia social.
La represión es presentada como deber.
El silencio, como prudencia.
La obediencia, como virtud.
La denuncia, como traición.
Y la defensa de los derechos, como amenaza contra la nación.
Esta inversión moral permite que el sistema se contemple a sí mismo no como responsable de la violencia, sino como víctima permanente de quienes reclaman libertad.
Pero llamar enemigo al ciudadano no elimina sus derechos.
Llamar defensor de la patria al ejecutor no vuelve legítimos sus actos.
Y convertir una versión en política de Estado no la transforma automáticamente en verdad.
Cuando pasan diez, veinte o cuarenta años sin investigaciones, responsabilidades ni reparación, puede parecer que el silencio ha triunfado definitivamente.
Pero el paso del tiempo no transforma el abuso en inocencia.
No convierte el encubrimiento en verdad.
No cancela el derecho de las víctimas.
Y no elimina la responsabilidad moral e histórica, aunque en algunos casos la justicia jurídica nunca llegue o llegue demasiado tarde.
Los regímenes totalitarios pueden controlar durante décadas los tribunales, los archivos, los medios de comunicación, las investigaciones y la enseñanza de la historia.
Pueden ocultar documentos.
Pueden intimidar testigos.
Pueden perseguir a quienes preservan una memoria distinta de la oficial.
Pueden impedir temporalmente que la sociedad conozca lo ocurrido.
Lo que no pueden garantizar es que ese monopolio dure para siempre.
La apertura futura de archivos, el testimonio de las víctimas, la reconstrucción documental y el juicio libre de nuevas generaciones pueden quebrar una impunidad que parecía absoluta.
Decir que la impunidad no es eterna no significa prometer que todas las personas responsables comparecerán algún día ante un tribunal.
La historia no permite formular esa garantía.
Significa afirmar algo más sobrio y, al mismo tiempo, más profundo:
Ningún poder puede asegurarse para siempre el dominio de la verdad, de la memoria y del juicio moral de una nación.
La impunidad puede proteger durante muchos años a quienes cometieron un abuso.
Lo que no puede hacer es borrar definitivamente el abuso ni convertirlo en un acto justo.
Pero reconocer que la impunidad no es eterna abre una pregunta que Cuba no podrá evitar:
¿Cómo afrontar ese pasado sin sustituir la impunidad por la venganza ni convertir la justicia en una nueva forma de arbitrariedad?
Esa será la cuestión central de la segunda parte.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
