Por Zoé Valdés/El Debate.
Citaré decisiones verificables —diálogo, cooperación, presión diplomática y condicionalidad en derechos humanos— para explicar por qué la política europea hacia Cuba ha mostrado una indecente continuidad desde 1996.
En Bruselas se repite una idea desde hace casi treinta años: con Cuba, aislar sirve de poco; hablar —aunque incomode— al menos deja una rendija para influir. Esa intuición ha sobrevivido a cambios de mayorías en capitales europeas, a crisis diplomáticas y a episodios de represión en la isla. No es una historia de simpatías ideológicas, es una cansina ecuación política que la UE ha considerado estable: presión limitada y cooperación que no «castigue» a la población, diálogo estructurado para mantener acceso, idealizando así una tiranía de más de 67 años.
La arquitectura europea nace en 1996 con la llamada Posición Común sobre Cuba. El texto fijó una meta explícita —favorecer una transición hacia una democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos— y, a la vez, un límite que condicionaría todo lo que vendría después: la UE no buscaba provocar el cambio «mediante medidas coercitivas» que aumentaran las dificultades económicas del pueblo cubano. Esa doble cláusula (presión política sin castigo económico general) permitió a gobiernos de distinto signo firmar lo mismo y, sobre todo, mantener una política común sin romperse por dentro, sin dañar demasiado un inepto equilibrio.
El texto también dejó una zona gris deliberada: hablar con las autoridades cubanas, pero también «con todos los sectores de la sociedad»; sostener cooperación selectiva, pero supeditada a «mejoras» en libertades políticas. En la práctica, esa ambigüedad se convirtió en herramienta: si la política exterior europea se decide por consenso, el artificio radica en redactar frases que cada capital pueda vender en casa. España, por proximidad histórica y por interés consular y económico, suele aparecer como actor bisagra en los momentos de «reenganche»; otros países empujan por mayor condicionalidad. El resultado, casi siempre, es un punto intermedio. O, punto muerto.
La primera gran prueba llegó con la represión de 2003. La UE respondió con un paquete de medidas sobre todo diplomáticas —limitación de visitas de alto nivel e invitaciones a disidentes en recepciones nacionales— que pretendía enviar señal sin clausurar la relación. La Habana reaccionó con hostilidad y el pulso derivó en lo que en el argot diplomático se conoció como «guerra de los cócteles»: cada recepción se leía como una votación pública. Con el tiempo, la disputa dejó al descubierto un problema europeo: la presión simbólica tenía alto coste político y escaso impacto medible.
En 2005 el Consejo suspendió temporalmente esas medidas y, en 2008, decidió levantarlas definitivamente. La Comisión defendió entonces que la UE debía salir del «limbo» y reciclarse en un diálogo «abierto y franco» que incluyera derechos humanos. El Consejo mantuvo el mensaje de fondo (presos y libertades como prioridad, ¿qué prioridad para el pueblo?) y añadió el mecanismo que hace funcionar el consenso: revisiones periódicas que permiten a los países más críticos argumentar que no es una capitulación, y a los pragmáticos presentar la recuperación como palanca.
En 2009, el Consejo dejó por escrito el giro que ya se venía gestando: el diálogo político debía «proseguirse y profundizarse» de forma integral, «en pie de igualdad y orientada a resultados», dando «alta prioridad» a una cierta de la democracia y a los derechos fundamentales. En otras palabras, la UE intentaba cuadrar el círculo: hablar más —para tener acceso— y, al mismo tiempo, elevar el listón moral en el texto oficial. Aunque, cada vez más socialistas y populares votaban concertados en no lastimar a la tiranía.
Ese enfoque desembocó en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), firmado en 2016 y aplicado provisionalmente desde 2017. El ADPC sustituyó la Posición Común y formalizó la relación en tres carriles: diálogo político (incluido un diálogo específico de derechos humanos), cooperación sectorial y cooperación comercial. Para Bruselas, el argumento era institucional: con un acuerdo hay foros, calendarios, lenguaje compartido y, sobre todo, continuidad aunque cambien gobiernos. Para sus críticos, el riesgo era evidente: convertir el diálogo en fin en sí mismo, en cháchara ideológica que se consumó cuando Federica Mogherini se atrevió a decir que Cuba era ¡una democracia de partido único! El pueblo cubano, como siempre, ausente…
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