Por Alejandro Entrambasaguas/El Debate.
La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía, Nadia Calviño, autorizó la adjudicación de tres contratos por un valor total de 10,2 millones de euros al grupo empresarial que fue avalado por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Esta adjudicación se llevó a cabo a pesar de que la UTE no cumplía con los requisitos que exigía el contrato. Tal y como ha podido saber El Debate, la irregularidad fue denunciada por una de las empresas competidoras, pero el expediente acabó siendo archivado.
Los pliegos de cláusulas administrativas exigían a los licitadores que quisieron optar a estos contratos contar con un plan de igualdad. Sin embargo, la UTE conformada por la consultora Innova Next de Carlos Barrabés, el contacto de la mujer de Sánchez, y la escuela de negocios The Valley no contaban con este documento, que era condición sine qua non no sólo para ser adjudicatario, sino para poder presentarse al concurso. «Aquí es donde comienzan las irregularidades», explica a este periódico un funcionario experto en contratación pública. «De primeras se debería de haber excluido a este grupo empresarial», añade.
En efecto, los contratos establecían que «el adjudicatario del presente contrato deberá contar con un plan corporativo de igualdad». Seguidamente, se especificaba que se trataba de un requisito imprescindible para que el contrato pudiese ser adjudicado. «A esta condición especial de ejecución se le atribuye el carácter de obligación esencial», estipulaba nuevamente el contrato. Más adelante se insistía por tercera vez: «Para licitar en el presente procedimiento de contratación será necesario acreditar que el licitador cuenta con un plan corporativo de igualdad». Al final de los pliegos se hace una cuarta reiteración y se advierte a toda firma aspirante que tiene que enseñarlo «en cualquier momento o momentos que se le requiera durante la ejecución del contrato»…
