Suecia, esa lección imperfecta de libertad que un cubano quisiera llevarse a casa

Por Carlos M. Estefanía Aulet.

Carta a los lectores de ZoePost desde la otra orilla del Báltico

Queridos lectores de ZoePost:

Cuando uno lleva más de treinta años viviendo en un país, deja de verlo como lo veía al llegar. Las primeras impresiones, inevitablemente condicionadas por la novedad, van cediendo terreno a una comprensión más serena, en la que las virtudes conviven con las decepciones y las instituciones dejan de parecer máquinas perfectas para mostrarse como lo que realmente son: obras humanas, construidas por generaciones de ciudadanos, susceptibles de mejorar y también de deteriorarse cuando quienes tienen la obligación de cuidarlas dejan de hacerlo. Esa es, al menos, la mirada que he ido desarrollando desde que llegué a Suecia, en 1993, y que hoy, desde mi vida en Botkyrka y mi trabajo como profesor, me lleva a contemplar los acontecimientos de este país con la mezcla de afecto, preocupación e ironía que uno reserva para aquello que le importa de verdad.

Escribo estas líneas para los lectores de ZoePost porque considero que la experiencia sueca puede resultar útil a los cubanos que soñamos con una patria democrática, pero también porque sería deshonesto presentar Suecia como un paraíso nórdico en el que todos los problemas se resuelven con una reunión municipal, una subvención pública o una sonrisa educada. La realidad de estos días es bastante más compleja. El país que durante décadas ha sido presentado internacionalmente como ejemplo de estabilidad, bienestar e igualdad afronta dificultades para formar Gobierno, endurece su política migratoria, intenta reforzar su defensa frente a un entorno internacional peligroso, descubre fragilidades en su industria, discute los límites de ciertas prácticas médicas y tecnológicas y se ve obligado a revisar tanto su pasado como el trato que dispensa a personas que se encuentran bajo su propia autoridad. Precisamente por eso, Suecia merece ser observada sin reverencias ni prejuicios, pues una sociedad democrática no demuestra su superioridad por carecer de problemas, sino por permitir que estos se conozcan, se discutan y, cuando es posible, se corrijan.

La primera noticia que llama la atención es el bloqueo político que continúa después de las elecciones parlamentarias del 13 de septiembre. A fecha del 28 de octubre, Suecia seguía sin un nuevo Gobierno, pese a que el bloque rojiverde obtuvo 176 escaños frente a los 173 de la derecha. La diferencia, estrecha pero significativa, no ha bastado para garantizar una mayoría capaz de sostener un Ejecutivo. Ulf Kristersson, dirigente de los Moderados, dimitió el 17 de septiembre y permanece al frente de un Gobierno en funciones, mientras Magdalena Andersson, líder socialdemócrata y candidata de la oposición, no logró reunir los apoyos necesarios para regresar a la jefatura del Gobierno.

El Parlamento rechazó su candidatura el 15 de octubre, y el último intento de encontrar una salida centrista fracasó el día 26, cuando Elisabeth Thand Ringqvist, dirigente del Partido del Centro, devolvió al presidente de la Cámara, Andreas Norlén, el encargo de explorar una fórmula viable. La contradicción es reveladora: hay partidos que pueden coincidir en determinadas políticas, pero que no aceptan compartir un Gobierno ni respaldar una misma solución parlamentaria. El Centro mantiene sus objeciones tanto a una cooperación con los Demócratas de Suecia como a la entrada del Partido de la Izquierda en el Ejecutivo, mientras los socialdemócratas intentan conciliar las exigencias de sus posibles socios sin renunciar al liderazgo de Andersson.

El bloqueo coincide, además, con un cambio en las encuestas. El sondeo de Dagens Nyheter e Ipsos, realizado entre el 13 y el 25 de octubre a 1.589 personas y publicado el día 27, situó a los Socialdemócratas en el 27 %, a los Moderados en el 24 % y a los Demócratas de Suecia en el 19 %. El conjunto de las fuerzas vinculadas al anterior bloque de Tidö aventajaba por cerca de cuatro puntos a la alternativa rojiverde, mientras los Liberales se mantenían en el 4 %, justo en el umbral electoral. Una encuesta no permite anticipar con seguridad el resultado de unas elecciones futuras, pero sí muestra que la prolongación de la crisis puede alterar los cálculos de los partidos. En el procedimiento parlamentario todavía quedaban, según la cronología recogida en el material consultado, tres oportunidades de investidura antes de que el rechazo de cuatro candidatos obligara a convocar elecciones extraordinarias.

Desde mi perspectiva de cubano, hay algo que merece destacarse por encima de las maniobras partidistas. En Suecia nadie puede convertir automáticamente el hecho de ser el candidato más votado en un derecho a gobernar sin contar con el Parlamento, y el desacuerdo entre las fuerzas políticas no se resuelve mediante la proscripción de una oposición considerada enemiga del pueblo. Sin embargo, la democracia también exige responsabilidad. Los partidos no pueden limitarse indefinidamente a defender sus vetos mientras esperan que los adversarios cedan primero. La negociación es parte del mandato que reciben de los ciudadanos, y cuando los dirigentes confunden sus condiciones partidistas con el interés general, el sistema conserva sus libertades, pero pierde capacidad para responder con eficacia a los problemas que justifican la existencia del Gobierno.

La paradoja es aún más visible en el terreno de la defensa. Mientras Estocolmo continúa buscando una mayoría política estable, existe un consenso amplio sobre la necesidad de reforzar la capacidad militar del país. La información reunida para esta semana señala que los ocho partidos parlamentarios respaldaron el objetivo de elevar el gasto en defensa hasta el 3,5 % del producto interior bruto en 2030, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad del Báltico y las amenazas procedentes de Rusia. También se recoge una asignación extraordinaria de 12.000 millones de coronas para fortalecer la defensa civil durante el periodo 2026-2028. El debate ya no consiste solamente en comprar armamento, sino en decidir cómo financiarlo, mantener las infraestructuras críticas y preparar a las instituciones y a la población para situaciones de emergencia sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

La cuestión merece atención porque la seguridad contemporánea no se limita a la defensa de las fronteras. Un país puede disponer de aviones modernos y, sin embargo, ser vulnerable si sus comunicaciones, redes eléctricas, transportes o servicios esenciales quedan paralizados por un ciberataque o un sabotaje. La defensa civil, la cooperación entre autoridades y la capacidad de informar con rigor forman parte de la resistencia nacional tanto como el equipamiento militar. Desde luego, el incremento del gasto militar obliga a preguntarse qué recursos deberán destinarse a esa prioridad y cuáles serán las consecuencias para otras necesidades públicas. No obstante, sería ingenuo creer que el bienestar puede preservarse al margen de las condiciones de seguridad que permiten sostenerlo.

La defensa también ha dado lugar a una discusión menos estratégica, pero reveladora sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y los valores que una democracia dice proteger. El 27 de octubre se difundió información sobre una campaña militar sueca centrada en la inclusión de las personas homosexuales y de la comunidad LGTBQ+, cuyo antecedente se remonta a 2021. El anuncio, que llegó a aparecer en la portada de Svenska Dagbladet con la bandera del arcoíris como elemento central, costó 400.000 coronas suecas, según explicó Johan Landeström, director de marketing del Ejército. Frente a las críticas que cuestionaban la neutralidad de la institución, Landeström defendió la campaña como una expresión de democracia y derechos humanos, afirmando que la defensa del país incluye a las personas homosexuales y que la institución no puede permanecer indiferente ante la desprotección o la discriminación.

No creo que la discusión deba reducirse a decidir si una campaña publicitaria es moderna o provocadora. La pregunta importante es qué valores deben orientar a unas Fuerzas Armadas en una sociedad libre y cómo pueden defenderse los derechos individuales sin convertir cada institución pública en un escenario de propaganda partidista. El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos frente a la discriminación, pero también debe explicar con claridad el propósito, el coste y la utilidad de sus campañas. Que una iniciativa cueste 400.000 coronas no demuestra por sí mismo que sea necesaria ni que resulte superflua; obliga a examinar qué se pretendía conseguir y qué resultados produjo. En una democracia, tanto la defensa de los derechos como el uso del dinero público deben estar abiertos a preguntas razonables.

La inmigración y la integración constituyen otro de los grandes asuntos de la semana. Suecia está concediendo una importancia creciente al dominio del idioma, al conocimiento de sus instituciones y a la comprensión de las normas básicas de convivencia. El material consultado recoge los resultados de una prueba piloto de conocimientos sobre la sociedad sueca celebrada en Älvsjö el 15 de agosto y comunicados el 22 de octubre por el Consejo Sueco de Educación Superior, conocido por sus siglas UHR. De los 875 participantes, el 80 % habría superado la prueba, cuya nota mínima se fijó en 28 puntos sobre 40. El examen, diseñado con participación de la Universidad de Gotemburgo, constaba de 60 preguntas de opción múltiple en sueco y disponía de 90 minutos para su realización.

El dato más llamativo, sin embargo, es la dificultad para poner en marcha la prueba oficial de idioma prevista para 2027, que, según la información recogida, habría tenido que aplazarse hasta 2029 por problemas técnicos y de organización. La contradicción invita a pensar que exigir conocimientos cívicos es razonable, pero que el Estado debe ser capaz de ofrecer procedimientos claros, accesibles y administrativamente viables. No basta con elevar las exigencias a quienes aspiran a integrarse si las propias instituciones no están preparadas para cumplir sus obligaciones dentro de los plazos anunciados.

Mi experiencia en Botkyrka, donde vivo desde 1998, me ha enseñado que la integración no puede medirse únicamente por las cifras de inmigración ni por las declaraciones de los políticos. Se manifiesta en la escuela, en el trabajo, en el aprendizaje del sueco, en la relación con los vecinos y en la capacidad de comprender que los derechos que ofrece una sociedad también van acompañados de responsabilidades. Una comunidad puede enriquecerse gracias a la diversidad cultural y religiosa, pero necesita un marco común de leyes, confianza y respeto para evitar que las diferencias se conviertan en aislamiento permanente. Exigir el cumplimiento de las normas no es incompatible con respetar a los inmigrantes; lo incompatible con una sociedad democrática es aplicar esas normas de forma arbitraria o utilizar el origen de las personas como sustituto de las pruebas individuales.

El caso del fotógrafo británico Simon Montgomery muestra, desde una dimensión mucho más íntima, hasta dónde puede llegar la tensión entre el control migratorio y la vida familiar. Según la información recogida en el archivo, la Agencia de Migración sueca denegó su permiso de residencia y el tribunal de apelaciones confirmó la decisión, que lo deja expuesto a una orden de expulsión y a la separación de su hijo de 16 meses, ciudadano alemán por parte de su madre. Montgomery se trasladó a Suecia después del Brexit y, por esa razón, no puede acogerse a las ventajas del Acuerdo de Retirada. Su equipo legal sostiene, sin embargo, que deben tenerse en cuenta los derechos de libre circulación del niño como ciudadano de la Unión Europea y la protección de la vida familiar recogida en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El padre mantiene, según el material consultado, un acuerdo de crianza establecido ante el servicio municipal de derecho familiar, por el que cuida del niño tres días a la semana. Pese a ello, la resolución judicial habría considerado que el vínculo podía mantenerse a distancia mediante estancias turísticas. Montgomery ha expresado su temor a que la expulsión le impida acompañar a su hijo durante una etapa fundamental de su desarrollo y le ha hecho renunciar incluso a viajar al Reino Unido para despedirse de su abuela de 98 años, por miedo a no poder regresar a Suecia.

No corresponde a una carta periodística sustituir el análisis de un expediente judicial, y sería imprudente presentar como definitivamente resuelta una controversia que tiene dimensiones legales específicas. Pero sí cabe plantear una pregunta de sentido común: ¿cómo se ponderan los intereses legítimos del Estado en regular la inmigración frente a los derechos concretos de un niño pequeño a mantener una relación estable con su padre? Una política migratoria necesita reglas, pero su aplicación no debería convertir la vida familiar en una variable secundaria que se despacha con la recomendación de comunicarse a distancia. La ley debe ser respetada, aunque su aplicación también exige proporcionalidad, atención a las circunstancias individuales y una explicación convincente de por qué una medida tan grave resulta necesaria.

Las dificultades de integración y la presión sobre las instituciones también aparecen en la industria sueca, uno de los pilares del bienestar y de la prosperidad del país. La crisis de Volvo Cars constituye una advertencia especialmente significativa porque afecta a una marca vinculada a la identidad industrial de Gotemburgo y a la reputación tecnológica sueca. Según las cifras recogidas en el documento, el fabricante anunció un plan de ajuste que contempla la eliminación de 2.500 empleos en todo el mundo, 2.000 de ellos en Suecia, con el objetivo de reducir costes en 5.000 millones de coronas y completar la reestructuración hacia mediados de 2027.

Los resultados del tercer trimestre de 2026 explican la gravedad de la situación: Volvo Cars registró pérdidas operativas de 3.700 millones de coronas suecas, frente a un beneficio de 5.800 millones en el mismo periodo del año anterior, y sus acciones cayeron alrededor de un 30 % en la Bolsa de Estocolmo. Entre los factores señalados figuran la caída del 40 % en el mercado chino, la creciente competencia de fabricantes locales, el enfriamiento de la demanda de automóviles completamente eléctricos y el impacto de los nuevos aranceles comerciales estadounidenses. El consejero delegado, Håkan Samuelsson, describió el trimestre como muy decepcionante y reconoció que el año había resultado mucho más complicado de lo previsto.

Estos datos no significan que la industria sueca haya perdido toda su capacidad competitiva, pero sí desmienten la idea de que la buena reputación de una empresa o la transformación tecnológica garantizan el éxito por sí solas. La transición hacia el vehículo eléctrico requiere enormes inversiones, demanda suficiente, cadenas de suministro eficientes y capacidad para competir con productores que operan en mercados diferentes. Cuando la tecnología cambia más rápido que las previsiones comerciales, las consecuencias terminan llegando a las fábricas y a las familias que dependen de ellas. Para Suecia, el desafío consiste en preservar su capacidad industrial sin convertir cada crisis empresarial en una factura que deba pagar indefinidamente el contribuyente.

Este asunto debería interesar especialmente a los cubanos que imaginamos una economía posterior al monopolio estatal. La recuperación de Cuba no podrá basarse en la nostalgia por las antiguas fábricas ni en la confianza ciega en una planificación centralizada. Necesitaremos empresas competitivas, inversión, formación profesional, reglas estables y libertad para emprender, pero también una política pública capaz de anticipar los costes sociales de las transformaciones económicas. El mercado no elimina los riesgos; permite que las empresas descubran oportunidades y asuman responsabilidades, mientras las instituciones deben impedir los abusos, garantizar la competencia y ayudar a que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios sin quedar abandonados.

La semana sueca ha dejado asimismo noticias sobre la violencia contra los docentes, una cuestión que me toca directamente por mi trabajo en la enseñanza secundaria. La información reunida recoge una alarma creciente por las agresiones y amenazas contra el personal escolar en Estocolmo. Entre mayo y octubre se habría producido un aumento de cerca del 70 % en los casos registrados, pasando de 199 a una cifra cercana a 338 denuncias, mientras que entre 2021 y 2025 los incidentes anuales comunicados por violencia o amenazas contra trabajadores escolares de la capital casi se duplicaron, al pasar de 984 a 1.946. Los testimonios mencionan agresiones físicas, mordiscos, lanzamiento de sillas y lesiones que han requerido atención médica, mientras organizaciones sindicales han reclamado medidas frente al trabajo en solitario en situaciones de riesgo.

Detrás de estas cifras hay personas que acuden a la escuela para enseñar y alumnos que tienen derecho a recibir una educación en un ambiente seguro. La violencia contra un profesor no es una simple disputa de disciplina ni puede tratarse como un riesgo inevitable de la profesión. Cuando un docente teme por su integridad, la autoridad pedagógica se debilita, la convivencia se deteriora y el aprendizaje pierde espacio frente a la necesidad de controlar situaciones conflictivas. La respuesta no puede limitarse a pedir más paciencia a los educadores ni a confiar en que cada centro encuentre por su cuenta una solución; hacen falta prevención, apoyo a los equipos escolares, protocolos que se cumplan y consecuencias proporcionadas cuando se producen agresiones.

Desde mi experiencia en el aula, sé que la educación democrática exige respeto mutuo, pero el respeto no equivale a renunciar a la autoridad del profesor ni a tolerar cualquier conducta en nombre de una comprensión mal entendida. Una escuela debe ofrecer oportunidades a todos los alumnos y ayudar especialmente a quienes atraviesan dificultades, pero también debe proteger a quienes trabajan en ella y garantizar que los demás estudiantes puedan aprender. En una Cuba democrática, la recuperación de la educación tendrá que superar tanto la instrumentalización ideológica que ha marcado al sistema como cualquier idea de que la libertad del alumno significa la desaparición de sus responsabilidades.

La protección de los derechos también está siendo puesta a prueba por la decisión sueca de trasladar presos a Estonia para aliviar la falta de plazas en sus propias cárceles. Los primeros internos fueron enviados a la prisión de Tartu en agosto, y la Administración Penitenciaria sueca pretende alcanzar los 600 reclusos trasladados para el verano de 2027. En el momento de la información publicada por Svenska Dagbladet el 17 de octubre, había 41 presos suecos en el establecimiento. El programa se dirige a hombres adultos que cumplen determinados requisitos de seguridad y que, según la explicación oficial, deben regresar a Suecia cuando se acerque la fecha de salida o cuando deban acceder a permisos penitenciarios que no pueden disfrutar en Estonia.

El acuerdo plantea una cuestión incómoda. Suecia busca aliviar la presión sobre sus cárceles, pero los presos trasladados han denunciado condiciones que consideran inferiores a las que conocían en su país. En una carta abierta, describieron una alimentación poco variada, dificultades de higiene, escasez de duchas, retrasos en el acceso al trabajo penitenciario y obstáculos para mantener el contacto con sus familias. También afirmaron que algunos miembros del personal estonio les habrían amenazado con dificultar las comunicaciones familiares si hablaban con periodistas. Esta última acusación no aparece confirmada de manera independiente en la información disponible y debe investigarse antes de darla por probada.

El responsable sueco del proyecto, Niklas Bellström, reconoció que se habían detectado deficiencias, especialmente en las actividades laborales, aunque sostuvo que algunas ya estaban siendo corregidas. También afirmó que la cantidad de proteínas en la dieta cumplía los estándares suecos, pese a reconocer que la comida en las prisiones de Suecia es más variada. Por su parte, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, defendió el acuerdo recordando que Estonia está sometida a los convenios internacionales aplicables también a Suecia y que existe personal sueco encargado de verificar su cumplimiento. La Administración Penitenciaria confirma, sin embargo, que en Tartu se aplica la legislación estonia y que hay diferencias normativas entre los dos países.

Conviene dejar atrás la caricatura de las cárceles suecas como hoteles y plantear la cuestión en términos más serios. Una prisión no está destinada a proporcionar comodidades ilimitadas, pero la condena tampoco convierte al recluso en una persona sin derechos. La alimentación, la higiene, el contacto familiar y la posibilidad de denunciar irregularidades no son premios que se conceden al preso por buena conducta, sino aspectos que deben someterse a reglas claras y a supervisión efectiva. Si el Estado sueco decide trasladar internos al extranjero porque carece de espacio en sus propios centros, no puede considerar que su responsabilidad termina en la frontera. Tiene que comprobar qué condiciones se ofrecen, investigar las denuncias y responder cuando los compromisos asumidos no se cumplen.

La controversia penitenciaria me recuerda que el respeto a los derechos humanos se demuestra especialmente cuando se trata de personas impopulares, de quienes han cometido delitos o de quienes no pueden defenderse con facilidad. La democracia no se mide únicamente por el trato que reciben los ciudadanos respetables, sino también por la forma en que el poder trata a quienes se encuentran bajo su custodia. Esta es una lección que Cuba necesitará aprender con particular urgencia, pues ningún cambio político será verdaderamente democrático si sustituye una arbitrariedad por otra o si considera que la dignidad humana depende de la opinión que nos merezca una persona.

Otro debate que ha ocupado espacio en la discusión pública sueca es el relativo a la disforia de género y a las diferencias en los criterios clínicos. Dos investigaciones de Dagens Nyheter situaron en el centro de la controversia a la consulta de identidad de género de Gotemburgo. Según los datos citados en el archivo, durante el año analizado la clínica aceptó 148 de las 609 derivaciones recibidas y rechazó algo más del 75 %, una proporción de rechazo considerablemente superior a la registrada en otras regiones. La información plantea la posibilidad de que estemos asistiendo a una mayor cautela clínica, aunque no permite afirmar por sí sola que un modelo sea correcto y los demás erróneos.

La cuestión merece una discusión que no convierta a los pacientes en instrumentos de una guerra ideológica. Es necesario proteger a las personas que buscan atención, respetar su dignidad y evitar que sufran discriminación, pero también resulta legítimo preguntar por los criterios de diagnóstico, la calidad de la evidencia, las diferencias entre regiones y las consecuencias de las decisiones médicas, sobre todo cuando afectan a menores y jóvenes. Si la clínica de Gotemburgo está aplicando procedimientos que producen resultados distintos, corresponde estudiar las causas con independencia y transparencia, en lugar de condenarla de antemano o proclamarla vencedora antes de contar con pruebas suficientes.

En el mismo terreno de la relación entre identidad, derechos y seguridad jurídica, las publicaciones aparecidas en Svenska Dagbladet han alimentado el debate sobre la autodeterminación de género, el sexo biológico y las consecuencias de los cambios registrales en espacios segregados por sexo, incluidas las prisiones. Las discrepancias alcanzan también al propio movimiento trans, lo que demuestra que no existe una única posición política deducible de la identidad de una persona. Una democracia debe permitir que estas diferencias se discutan sin deshumanizar a nadie y sin impedir que se examinen las consecuencias de las leyes. Respetar a una persona no exige aceptar que toda categoría jurídica pueda sustituir automáticamente cualquier criterio biológico, del mismo modo que reconocer el sexo biológico no autoriza a tratar a todas las personas trans como sospechosas.

En esta materia, como en tantas otras, la responsabilidad consiste en evitar los automatismos y establecer normas comprensibles, proporcionadas y revisables. Las instituciones penitenciarias deben proteger a todos los internos frente a la violencia y el abuso, valorar individualmente los riesgos y garantizar condiciones dignas, sin convertir una identidad o una característica corporal en una presunción automática de peligrosidad. La ciencia debe poder revisar sus conclusiones y la ley debe poder corregir sus efectos cuando la experiencia demuestra que una norma produce problemas que no se habían previsto. En una sociedad libre, ninguna causa, por moralmente urgente que se presente, debería quedar exenta de examen crítico.

La investigación sobre inteligencia artificial ofrece un ejemplo distinto, pero relacionado, de la necesidad de distinguir entre promesas tecnológicas y conocimiento comprobable. El material consultado atribuye a investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers y de la Universidad de Gotemburgo, bajo la dirección de Moa Johansson y Bastiaan Bruinsma, un estudio que habría analizado más de 148.000 textos generados a partir de 107 debates políticos y 77 tareas de redacción simuladas durante la campaña electoral de 2026. En la comparación se incluyeron seis modelos: Claude, DeepSeek, Gemini, Mistral, GPT y Grok. Según los resultados descritos, cinco mostraron una orientación relativamente neutral y centrada, mientras que Grok presentó desviaciones más pronunciadas en asuntos migratorios, penales y de género.

Estos resultados deben interpretarse con prudencia. La neutralidad de un sistema no puede establecerse definitivamente mediante una sola batería de pruebas, porque los resultados pueden variar según las instrucciones, los idiomas, los temas elegidos, la versión del modelo y los criterios utilizados para clasificar las respuestas. Tampoco basta con que una inteligencia artificial utilice un tono moderado para demostrar que está libre de sesgos, pues puede reproducir presupuestos dominantes, omitir perspectivas minoritarias o presentar una interpretación discutible como si fuera la única aceptada. Lo importante es que la metodología pueda examinarse, que los resultados sean reproducibles y que los usuarios comprendan que una respuesta bien redactada no es necesariamente una respuesta verdadera.

Como profesor, este asunto me preocupa especialmente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para investigar, organizar información y apoyar el aprendizaje, pero no debe convertirse en una autoridad incuestionable a la que entreguemos nuestro juicio. La escuela necesita formar estudiantes capaces de verificar fuentes, comparar argumentos y reconocer sus propios errores, precisamente porque cada vez será más fácil producir textos convincentes que contengan afirmaciones falsas o interpretaciones sesgadas. Una sociedad democrática que renuncie a esa capacidad crítica quedará expuesta a nuevas formas de manipulación, aunque sus ciudadanos dispongan de más información que cualquier generación anterior.

En medio de tantas discusiones sobre el futuro, Suecia también ha vuelto la mirada hacia su pasado. Los arqueólogos del museo Vrak concluyeron en octubre una primera fase de documentación tridimensional y excavación del pecio conocido como Vrak 5, situado en el estrecho de Landfjärden, frente al castillo de Häringe, al sur de Estocolmo. La embarcación tendría entre 40 y 45 metros de eslora y habría sido construida durante la década de 1480, aunque no se descarta una datación anterior. El material presenta el hallazgo como el primer buque documentado en aguas bálticas construido mediante la técnica de casco de tablones unidos canto con canto, conocida como carvel, que permitía fabricar barcos mayores y adecuados para incorporar artillería pesada.

Durante los trabajos se localizaron ladrillos que corresponderían a la cocina del barco, además de restos de la arboladura y del aparejo. Una de las hipótesis relaciona el hundimiento con un posible enfrentamiento naval durante un ataque danés contra el castillo de Häringe en 1501, interpretación que debe mantenerse abierta hasta que las pruebas arqueológicas y las fuentes históricas permitan establecer las circunstancias con mayor seguridad. El hallazgo resulta valioso no solo por su antigüedad, sino porque permite estudiar la evolución de la construcción naval, el comercio y la guerra en el Báltico. La historia no se reconstruye mediante consignas, sino mediante el examen de los restos, la comparación de documentos y la disposición a modificar las hipótesis cuando aparecen nuevas evidencias.

La memoria histórica ha ocupado también un lugar destacado a raíz del informe final de la Comisión de la Verdad para el pueblo sami, presentado el 30 de septiembre. En octubre, representantes de la Iglesia de Suecia, entre ellos el arzobispo Martin Modéus y el obispo Andreas Holmberg, han pedido al Estado una disculpa oficial por las políticas de asimilación, discriminación y desposesión territorial que afectaron durante generaciones a este pueblo indígena. El informe, de unas 1.100 páginas, incluye 71 recomendaciones y 35 propuestas, entre ellas el reconocimiento de las injusticias históricas, una disculpa estatal, posibles compensaciones y la puesta en marcha de un proceso nacional de reconciliación.

El pueblo sami habita tradicionalmente en Sápmi, territorio que se extiende por el norte de Suecia, Noruega y Finlandia, además de la península de Kola, en Rusia. Las políticas históricas de asimilación afectaron a sus tierras, lenguas, tradiciones y autonomía cultural, mientras determinadas prácticas educativas contribuyeron a debilitar la transmisión de su patrimonio. La Iglesia de Suecia ya pidió perdón públicamente en 2021, en una ceremonia celebrada en Uppsala, y continuó ese proceso en Luleå en 2022. Ahora se reclama que el Estado siga un camino semejante, aunque el Gobierno no ha adoptado una decisión definitiva y la ministra de Cultura, Parisa Liljestrand, remitió la cuestión al próximo Ejecutivo después de recibir el informe.

La discusión no está exenta de diferencias políticas. El Partido de la Izquierda y los Verdes han expresado su apoyo a una disculpa pública, mientras los Demócratas de Suecia se han opuesto, y otras formaciones mantienen posiciones más cautelosas o condicionadas. Sin embargo, lo fundamental no debería ser el cálculo electoral, sino la capacidad de las instituciones para reconocer las consecuencias de sus propias decisiones históricas. Los políticos actuales no son personalmente responsables de todas las injusticias cometidas por generaciones anteriores, pero el Estado es una institución que continúa existiendo y puede asumir responsabilidades por las políticas que adoptó. Una disculpa, por sí sola, no devolverá tierras ni recuperará lenguas perdidas, pero puede ser el comienzo de una reparación más amplia si va acompañada de medidas concretas y de una participación real de la comunidad sami.

Este debate me interesa como cubano porque la relación entre memoria y democracia también será esencial para nuestra futura reconstrucción nacional. No podremos edificar una sociedad libre si pretendemos borrar los sufrimientos del pasado, pero tampoco si convertimos la memoria en una herramienta de venganza permanente. Reconocer los daños, identificar responsabilidades institucionales y reparar en la medida de lo posible no equivale a condenar indiscriminadamente a quienes viven hoy. Significa aceptar que la verdad histórica es una condición para que las instituciones recuperen credibilidad y para que los errores no vuelvan a repetirse.

Todos estos asuntos —la parálisis gubernamental, el rearme, la integración, la violencia escolar, las dificultades de Volvo, el tratamiento de los presos, las controversias médicas, la inteligencia artificial y la memoria del pueblo sami— parecen pertenecer a mundos distintos, pero en realidad convergen en una pregunta: ¿cómo puede una sociedad conservar la confianza de sus ciudadanos cuando debe afrontar problemas cada vez más complejos? La respuesta no está en prometer que el Estado lo resolverá todo, ni en abandonar a cada individuo a su suerte, sino en construir instituciones capaces de actuar con eficacia y de rendir cuentas, reconocer sus límites y rectificar cuando las pruebas demuestran que se han equivocado.

Suecia conserva ventajas importantes: una larga tradición de libertades públicas, instituciones que pueden ser cuestionadas, una sociedad civil activa, capacidad científica y una cultura política en la que la oposición al Gobierno no convierte automáticamente a nadie en enemigo de la nación. Pero esas fortalezas no deben darse por eternas. La inseguridad, los problemas de integración, la presión sobre la industria, las dificultades administrativas y la polarización pueden erosionar la confianza si las autoridades responden con propaganda en lugar de resultados o si los partidos se preocupan más por sus vetos que por las necesidades de los ciudadanos. La democracia requiere vigilancia cotidiana y no solo una celebración periódica de elecciones.

Por eso no deseo una Suecia idealizada para Cuba, ni una Cuba que se limite a copiar instituciones suecas como si la historia y la cultura de ambos pueblos fueran intercambiables. Quiero una Cuba libre que pueda estudiar experiencias como esta, aprender de sus aciertos y examinar también sus errores. Nuestro país necesitará una economía abierta a la iniciativa privada, una justicia independiente, una prensa libre, sindicatos autónomos, escuelas que enseñen a pensar y administraciones sujetas al control ciudadano. Necesitará, además, un Estado que proteja a los más vulnerables sin apropiarse de la vida de los ciudadanos, y unas fuerzas de seguridad subordinadas a la ley en lugar de servir a un partido.

La experiencia sueca me confirma que la democracia no consiste en encontrar dirigentes infalibles, sino en evitar que cualquier dirigente pueda convertirse en dueño de la sociedad. Los problemas seguirán existiendo, las decisiones provocarán desacuerdos y algunas políticas fracasarán; la diferencia esencial es que los ciudadanos deben conservar la posibilidad de denunciarlos, investigarlos y sustituir a quienes no cumplen sus responsabilidades. Esa es la clase de libertad que quisiera ver arraigada en Cuba, donde durante demasiado tiempo se ha exigido obediencia a cambio de promesas de justicia y se ha presentado la discrepancia como una amenaza al país.

Después de tantos años lejos de la isla, sigo pensando que nuestra tarea no consiste en cambiar una ideología oficial por otra ni en sustituir un monopolio político por un nuevo grupo de privilegiados. Consiste en devolver a los cubanos la condición de ciudadanos, con derechos que no dependan de su adhesión al Gobierno y con responsabilidades que no puedan eludir quienes ocupen cargos públicos. Quisiera que nuestros hijos pudieran estudiar sin repetir consignas, emprender sin pedir permiso a un partido, criticar al presidente sin miedo y acudir a los tribunales con la certeza de que la ley no cambia según la conveniencia del poder.

Suecia no es un paraíso y, precisamente por eso, puede enseñarnos algo valioso. Sus dificultades recuerdan que la libertad necesita instituciones competentes, ciudadanos críticos y una voluntad permanente de corregir errores; sus logros muestran que una sociedad puede organizarse sin entregar a un solo partido el derecho a decidir por todos. Desde mi experiencia como cubano, periodista y profesor, quisiera aportar a la discusión sobre el futuro de nuestra patria esa convicción, pues la democracia no garantiza que siempre tengamos razón, pero sí nos ofrece la posibilidad de reconocer nuestros errores sin tener que esperar la caída de un caudillo para empezar de nuevo.

No sueño con una Cuba perfecta, porque no creo que existan países perfectos, sino con una Cuba libre donde la discrepancia no sea motivo de castigo, la justicia no tenga dueño y la dignidad de cada persona sea respetada incluso cuando resulte incómoda para quienes gobiernan. Si algún día podemos regresar a una patria así, espero que llevemos con nosotros no una copia de Suecia, sino la experiencia de haber aprendido que la libertad se construye con leyes, trabajo, responsabilidad, memoria y respeto por el derecho de los demás a vivir sin miedo.

Con afecto y esperanza,

Carlos Manuel Estefanía Aulet

Suecia, 28 de octubre de 2026