Por Minervo L. Chil Siret.
Durante décadas, la resistencia ha sido presentada en Cuba como respuesta ante cada nueva crisis. Pero cuando el sacrificio se prolonga generación tras generación y la explicación de los problemas apunta siempre hacia afuera, llega un momento en que también resulta necesario preguntar por la responsabilidad de quienes gobiernan.
En este artículo analizo esa lógica a partir de la reciente entrevista de Miguel Díaz-Canel a Folha de S.Paulo: la administración de la crisis, el control de su relato, las reformas concebidas como mecanismos de supervivencia y el costo humano de convertir la resistencia en horizonte permanente. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir.
La reciente entrevista concedida por Miguel Díaz-Canel a la periodista brasileña Mônica Bergamo, de Folha de S. Paulo, resulta reveladora no tanto porque anuncie una nueva dirección para Cuba como porque confirma una lógica conocida.
Díaz-Canel habla de apagones, escasez de combustible, deterioro de los servicios, desigualdad, reformas económicas, socialismo, sanciones estadounidenses, soberanía y resistencia. Reconoce la gravedad de la situación y admite incluso la existencia de insatisfacción dentro de la población. Pero a lo largo de la conversación vuelve una y otra vez al mismo punto: la explicación fundamental de la crisis cubana se encuentra fuera de Cuba.
Estados Unidos.
El embargo.
Las sanciones.
La presión financiera.
Las restricciones energéticas.
Y, según la interpretación que él mismo presenta, una estrategia destinada a incrementar las privaciones y el descontento hasta provocar una explosión social.
Las sanciones estadounidenses existen y tienen consecuencias reales. En las actuales circunstancias, las restricciones sobre el acceso a combustible, financiamiento, tecnología y determinados mercados agravan las dificultades de una economía ya profundamente debilitada.
Negarlo no haría más serio ningún análisis sobre Cuba.
Pero reconocer el peso de factores externos tampoco obliga a aceptar que puedan explicar por sí solos el origen, la profundidad, la duración y la recurrencia de la crisis nacional.
Porque hay otra pregunta que permanece prácticamente sin respuesta:
¿qué parte de esta crisis corresponde a quienes han gobernado Cuba durante décadas?
Un Gobierno puede enfrentarse a circunstancias externas que no controla. Puede padecer sanciones que considera injustas. Puede operar dentro de un contexto internacional adverso.
Pero gobernar significa también responder por aquello que sí estaba bajo su control y su responsabilidad.
Y ahí el discurso de Díaz-Canel resulta mucho menos convincente.
¿Dónde quedan la improductividad acumulada durante décadas, la excesiva centralización, los monopolios, las trabas burocráticas, los errores de planificación, la inseguridad jurídica, las prohibiciones absurdas, los incentivos deficientes, las decisiones económicas fallidas o el deterioro prolongado de infraestructuras esenciales?
¿Dónde están las políticas que no funcionaron?
¿Quién las decidió?
¿Quién responde por sus consecuencias?
Invocar permanentemente la presión externa no debería convertirse en mecanismo para suspender indefinidamente la responsabilidad interna.
No basta con administrar una crisis. También se intenta administrar su significado.
Y no se trata únicamente de lo que Díaz-Canel dice, sino también de la insistencia con que lo repite. Durante 2026 ha concedido una sucesión poco habitual de entrevistas a medios extranjeros diferentes. Cambian los interlocutores y los formatos, pero vuelven una y otra vez los mismos énfasis, los mismos silencios y formulaciones muy semejantes: la presión externa como explicación dominante de la crisis, la unidad del pueblo, la defensa de la soberanía, la disposición al diálogo con el Gobierno de Estados Unidos sin cuestionar el sistema político, las reformas económicas presentadas como perfeccionamiento del socialismo y, como horizonte último, la resistencia.
La repetición revela una estrategia comunicacional extraordinariamente disciplinada: fijar un marco desde el cual debe interpretarse la crisis.
Y controlar el marco importa.
Porque quien consigue definir de antemano cuál es la causa principal del desastre condiciona también la pregunta sobre quién debe responder por él. Si la explicación comienza y termina casi siempre fuera de Cuba, la responsabilidad interna queda inevitablemente desplazada hacia un segundo plano.
Quizás por eso una expresión ha adquirido presencia creciente dentro del debate cubano: el “bloqueo interno”.
No hace falta convertirla en explicación absoluta para comprender lo que intenta describir.
No todas las barreras que enfrentan los cubanos proceden del exterior.
Y no se reducen únicamente a lo que pretendió hacer ver Díaz-Canel cuando Bergamo le trasladó lo que había escuchado entre cubanos durante su estancia en la Isla. Su respuesta redujo esas críticas, que eran de fondo, a simples insatisfacciones relacionadas con burocracia y lentitud en trámites administrativos, para volver inmediatamente a colocar el «bloqueo» estadounidense como causa fundamental.
Existen también prohibiciones, permisos, regulaciones contradictorias, controles administrativos, estructuras monopólicas y decisiones que limitan la capacidad de las personas para producir, comerciar, invertir, emprender o simplemente resolver por sí mismas problemas cotidianos.
El «bloqueo» externo puede restringir recursos.
El interno restringe además capacidades.
Y esa diferencia importa.
En uno de los momentos más llamativos de la entrevista, Díaz-Canel intenta incluso cuestionar la capacidad de Mônica Bergamo para comprender realmente el impacto de las sanciones estadounidenses porque ella no vive en Cuba. La interrumpe dos veces y termina preguntándole si sabe lo que significa soportar veinte horas de apagón.
El argumento contiene una ironía que probablemente no pretendía.
Díaz-Canel sí vive en Cuba.
Pero vivir en Cuba no significa necesariamente vivir la misma Cuba que vive la mayoría de los cubanos.
Y existe además una distancia cada vez más difícil de ignorar entre quienes exigen sacrificios y quienes deben soportarlos.
Quienes integran la cúspide del poder no padecen la incertidumbre del transporte, la búsqueda cotidiana de alimentos, la precariedad de los servicios, el impacto de los apagones o la inseguridad material que condiciona la vida diaria de millones de cubanos. Durante décadas ha existido además una realidad de acceso y privilegios diferenciados en torno a las estructuras superiores del poder, incluidas las llamadas históricamente “zonas congeladas”, reservadas a altos dirigentes y jefes militares.
Pero la desconexión no se limita a que unos sufran directamente aquello de lo que otros, por su posición de poder, están en gran medida resguardados.
Se manifiesta también en la manera en que ese sufrimiento puede ser relativizado, minimizado o subordinado a una narrativa política: convertido en estadística, sacrificio necesario, prueba de resistencia o consecuencia casi exclusiva de una causa externa.
Ahí la distancia deja de ser únicamente material.
Se vuelve también política y humana.
Porque cuando el sufrimiento concreto de las personas queda sistemáticamente subordinado a las necesidades de una causa, de una estrategia o de la continuidad de un sistema, lo que termina degradándose no es solamente su calidad de vida, sino el reconocimiento mismo de su dignidad.
Vivir en el mismo territorio no significa necesariamente vivir la misma experiencia.
Y gobernar sobre una realidad que no se padece exige todavía más capacidad para escucharla, reconocerla y responder por ella; no menos.
Pero quizás la parte más familiar de la entrevista aparezca cuando Díaz-Canel intenta explicar las nuevas reformas económicas.
Otra vez el país atraviesa una situación extrema.
Otra vez el Gobierno necesita flexibilizar mecanismos que antes había restringido.
Otra vez aparecen fórmulas de mercado, mayor participación privada, inversión extranjera y nuevas posibilidades para actores económicos no estatales.
Y otra vez la apertura se presenta no como resultado de una nueva convicción sobre libertades económicas que deban reconocerse y consolidarse, sino como una concesión necesaria ante circunstancias excepcionales para preservar el sistema.
No se trata únicamente de una inferencia obtenida al comparar distintos momentos de la historia cubana.
El propio discurso oficial lo confirma.
El primer ministro Manuel Marrero ha resumido el principio rector con una fórmula difícilmente más clara: hacer “lo necesario para conservar lo esencial”. Añadió que las transformaciones no constituyen una renuncia al socialismo, sino una “condición para su preservación”.
Y el mismo Díaz-Canel, en la entrevista con Bergamo, recurrió a la experiencia del Período Especial para explicar la lógica de aquellas reformas. Recordó que el propio Fidel Castro había hablado entonces de hacer “concesiones” para preservar la Revolución y el socialismo.
Es difícil encontrar una explicación más transparente de la lógica que guía estas aperturas.
Ese detalle debería ser tomado en serio.
Porque Cuba ya ha recorrido antes caminos semejantes.
A comienzos de los años ochenta se permitió el Mercado Libre Campesino. Después llegó su cierre y una nueva etapa de mayor control.
Durante el llamado «Período Especial» se adoptaron medidas que pocos años antes habrían sido consideradas ideológicamente inaceptables: apertura al capital extranjero, ampliación del trabajo por cuenta propia, circulación de divisas, mercados agropecuarios y otros mecanismos destinados a impedir el colapso.
Cuando algunas de las urgencias que llevaron a esas medidas disminuyeron, reaparecieron controles y restricciones.
Más adelante, con Raúl Castro llegaron nuevas reformas.
Después nuevas regulaciones.
Más tarde las mipymes ampliaron nuevamente el espacio económico no estatal.
Y también sobre ellas han ido apareciendo nuevos controles, límites y exigencias.
Cada momento ha sido diferente.
Sería un error convertir casi siete décadas de historia económica en una secuencia mecánica o afirmar que todas las aperturas y retrocesos tuvieron idénticas causas.
Pero hay una lógica que resulta difícil ignorar.
Cuando la supervivencia exige flexibilidad, el régimen flexibiliza.
Cuando disminuye la urgencia, o cuando los espacios abiertos comienzan a superar los márgenes que el Estado considera manejables, reaparece el impulso regulador.
Cambian los instrumentos.
Lo esencial permanece.
Flexibilizar lo necesario para ganar oxígeno; preservar lo esencial; y pedir a la sociedad que continúe resistiendo mientras se supera la coyuntura.
Ese parece ser, otra vez, el método.
Y en términos humanos la fórmula significa algo todavía más simple: quienes gobiernan conservan el poder de decidir qué puede cambiar, mientras quienes padecen las consecuencias reciben nuevamente como horizonte el sacrificio.
El problema no es únicamente que, después de décadas de escasez, improductividad, dependencia exterior, emigración masiva y crisis recurrentes, quienes gobiernan sigan sin reconocer sus errores y sin asumir su responsabilidad en la crisis.
Es que el régimen se reserva el derecho de decidir de antemano qué parte del modelo puede corregirse y qué parte debe quedar fuera de discusión; cuáles de sus principios pueden ser revisados y cuáles deben sobrevivir, independientemente de sus resultados.
Las reformas corrigen instrumentos.
El dogma permanece protegido.
Eso no es voluntad de cambio.
Es voluntad de conservación.
Es aferrarse al poder.
Por eso el debate sobre si las actuales medidas son capitalistas o socialistas puede resultar intelectualmente interesante, pero corre el riesgo de distraernos de una cuestión más importante.
Una economía puede incorporar mercados, propiedad privada, inversión extranjera y acumulación de capital sin convertirse por ello en una sociedad libre.
China y Vietnam llevan décadas demostrando que amplios espacios económicos pueden coexistir con sistemas políticos fuertemente restrictivos.
Y las antiguas dictaduras militares latinoamericanas mostraron, desde una tradición ideológica completamente distinta, que propiedad privada y mercado tampoco garantizan ciudadanía plena.
Por eso conviene distinguir entre apertura económica y libertad.
Y también entre permiso y derecho.
Un permiso dice: puedes hacerlo porque te dejo.
Un derecho establece algo distinto: existe un espacio que el poder no puede retirar arbitrariamente porque ya no depende únicamente de su voluntad.
Esa diferencia puede parecer jurídica, pero es profundamente política.
El régimen cubano ha demostrado durante décadas una gran capacidad para ampliar permisos cuando las circunstancias lo exigen.
Puede autorizar una actividad.
Puede permitir una empresa.
Puede ampliar un mercado.
Puede admitir nuevas formas de propiedad.
Puede flexibilizar regulaciones.
Pero mientras esos espacios sigan dependiendo esencialmente de decisiones reversibles tomadas desde arriba, el ciudadano continuará viviendo bajo una relación de incertidumbre frente al poder.
Por eso las actuales reformas deben observarse con atención, pero también con memoria.
Pueden producir mejoras reales.
Pueden ampliar posibilidades.
Pueden aliviar parte de la crisis.
Incluso pueden generar transformaciones sociales que el propio Gobierno no controle completamente.
Pero su existencia no demuestra que haya cambiado la lógica fundamental con la que el régimen ha administrado históricamente sus aperturas.
Y, otra vez, no se trata solo de una interpretación externa.
El propio discurso oficial presenta las transformaciones como medidas necesarias para preservar aquello que considera esencial.
Si después de casi siete décadas continúan siendo necesarias periódicamente “concesiones” para impedir que el modelo colapse o aliviar sus crisis, ¿cuándo deja la excepción de ser excepción y empieza a convertirse en evidencia sobre el propio modelo?
¿Cuántas veces puede un sistema necesitar medidas que considera ajenas a su lógica fundamental para garantizar su propia supervivencia antes de preguntarse si el problema está también en esa lógica?
Porque cuando las reformas son aceptadas únicamente como necesidad de supervivencia, pero el núcleo del modelo queda protegido de cualquier revisión sustantiva, lo que se está defendiendo ya no es solo una determinada concepción económica.
Se está defendiendo una estructura de poder.
Y entonces llegamos a la palabra que atraviesa casi toda la entrevista y termina funcionando como horizonte final:
resistencia.
Ante la pregunta de cuánto tiempo puede soportar Cuba la situación actual sin alcanzar algún entendimiento con Estados Unidos, Díaz-Canel responde sin ambigüedad: “No tenemos otra alternativa que resistir. Tenemos que resistir”.
Hay circunstancias en las que resistir constituye una virtud indispensable.
Un pueblo tiene derecho a defender su independencia.
Tiene derecho a enfrentar presiones externas.
Tiene derecho incluso a soportar sacrificios extraordinarios cuando está realmente en juego su supervivencia.
El problema comienza cuando lo extraordinario se transforma en permanente.
Varias generaciones de cubanos han tenido que soportar un sistema que convirtió la resistencia, el sacrificio y la obediencia en deberes políticos permanentes.
Siempre existe una nueva circunstancia que obliga a esperar.
Una nueva amenaza.
Una nueva crisis.
Una nueva etapa «compleja».
Una nueva razón para aplazar la normalidad.
Durante décadas los cubanos han escuchado, con palabras diferentes, una exhortación esencialmente parecida:
hay que resistir ahora porque después vendrá algo mejor.
Pero el después continúa posponiéndose.
Han cambiado las generaciones.
Han cambiado los aliados.
Han cambiado los adversarios.
Han cambiado los gobiernos estadounidenses.
Han cambiado las circunstancias internacionales.
Han cambiado, aunque apenas un par de veces, los nombres en la cúspide; no la lógica del poder.
La resistencia permanece.
Y llega un momento en que la pregunta deja de ser provocadora para convertirse en inevitable:
¿resistir hasta cuándo?
¿Hasta que cambie Washington?
¿Hasta que aparezca un nuevo aliado?
¿Hasta que llegue suficiente petróleo?
¿Hasta la próxima reforma?
¿Hasta que cambien nuevamente las circunstancias internacionales?
¿Hasta la próxima generación?
Cuando la resistencia se prolonga durante generaciones sin traducirse en libertad, prosperidad ni capacidad de decisión, deja de ser una estrategia temporal y empieza a parecerse a una forma permanente de administración del fracaso.
Ese es quizás uno de los problemas más profundos del discurso de Díaz-Canel.
No simplemente que invoque la resistencia.
Sino que la resistencia termina ocupando el espacio que debería pertenecer también a la responsabilidad.
Porque cuando la explicación de la crisis se encuentra siempre fuera y la respuesta frente a la crisis consiste siempre en resistir, resulta cada vez más difícil formular las preguntas que cualquier gobierno debería estar obligado a responder.
¿Qué hicimos mal?
¿Qué política debe corregirse?
¿Qué estructura dejó de funcionar?
¿Qué decisión produjo resultados equivocados?
¿Qué debemos abandonar?
¿Qué debemos hacer de otra manera?
¿Quién responde por el fracaso?
Cuando la resistencia sustituye a la rendición de cuentas, el fracaso deja de exigir corrección y empieza a exigir obediencia.
La crisis puede entonces adquirir una función política paradójica.
Las privaciones que deberían obligar al poder a rendir cuentas se transforman en evidencia de la presión externa.
El sufrimiento se incorpora a una narrativa de sacrificio.
La capacidad de soportarlo se presenta como prueba de patriotismo.
Y la continuidad del poder aparece como condición necesaria para superar la amenaza.
Cuando un gobierno utiliza el sufrimiento de su pueblo como argumento para exigir indefinidamente resistencia y continuidad, termina confundiendo la resistencia de la nación con la supervivencia del poder.
Y ahí conviene detenerse.
Porque Cuba y su Gobierno no son la misma cosa.
Tampoco lo son la nación y el régimen político que la gobierna.
La capacidad de los cubanos para resistir circunstancias extremadamente difíciles no puede convertirse en prueba automática de que quienes gobiernan merecen continuar gobernando, ni de que la mayoría de los cubanos desee que continúen haciéndolo.
Una sociedad agotada necesita algo más que capacidad para soportar.
Necesita soluciones.
Necesita instituciones que funcionen.
Necesita producir.
Necesita crear.
Necesita corregir lo que no funciona.
Necesita exigir responsabilidades.
Necesita dejar atrás la excepcionalidad permanente.
Necesita poder imaginar un horizonte diferente del próximo sacrificio.
Pero una emergencia que dura generaciones termina dejando de ser emergencia.
Y una política cuya justificación final consiste siempre en pedir más sacrificios necesita preguntarse qué está ofreciendo a cambio.
No basta con impedir un colapso ni con conservar lo esencial.
También hay que preguntarse si aquello que se pretende conservar sigue sirviendo a las personas que deberían constituir su razón de ser.
Resistir es sobrevivir.
Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir.
Para superar la crisis de Cuba hay que poner al cubano concreto —con sus necesidades, sus aspiraciones y su capacidad de participar en las decisiones que afectan su vida— por encima de la supervivencia de un aparato político.
Esa es la diferencia entre administrar una ruina y construir un futuro.
Y también entre una resistencia que se agota en sí misma y una esperanza capaz de abrir caminos.
Nuestra Patria no necesita más justificaciones cerradas ni otra generación condenada a esperar que algún día termine la excepcionalidad.
Necesita responsabilidad, corrección, capacidad de creación y un horizonte político que devuelva a las personas la posibilidad de construir su propio futuro.
Cuba no necesita solamente demostrar, una vez más, que puede sobrevivir.
Necesita poder vivir.
Todo lo demás, por elocuente que suene, corre el riesgo de seguir siendo administración del fracaso.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
