¿Realmente los millones de firmas de Change.org pueden cambiar sentencia a camionero cubano?

Por Carlos Carballido.

Por estos días una campaña en la plataforma online Change.org dirigida a  conmutar la sentencia de 110 años de prisión al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, sentenciado a 110 años de prisión  por un terrible accidente vehicular en Colorado,  ha generado unos 4,5 millones de firmas y es posible que esta cifra aumente en los próximos días.

Como era de esperar, estos números  ha generado todo tipo de titulares de prensa y el tópico se ha convertido en tendencia (trending) en redes sociales de cubanos y otros segmentos hispanos que han dado presencia del tema a nivel nacional.

La recaudación de firmas en tan poco tiempo se muestra como una prueba contundente de apoyo al chófer por considerar que la condena ha sido excesiva. Gran parte de emigrados cubanos y de otros grupos hispanos creen que tantas firmas podrían reducir la excesiva  sentencia de Aguilera y hasta en el mejor de los casos conmutarla. Sin embargo, hay un agravante en todo esto : Change.org no tiene base legal para ser tomada como referente a la hora de modificar un asunto jurídico en una comunidad o una nación. El hecho es que la recogida de firmas es  solamente un fenómeno viral más en una red social que se replica viciosamente en las demás. Aunque solo el 1 por ciento de las campañas que genera logran algún resultado para las que fueron solicitadas, en el caso de Rogel al menos servirá para darle prioridad al proceso de revisión pero desde el punto legal este volumen de peticiones no podrá ser usado como válido en una corte.

Change.org es legalmente una red social más, categoría 4,  en manos privadas que vive de viralizar contenidos en otras platafornas para, a partir de ese  objetivo,  vender a compañías de Mercadotecnia y organizaciones como Amnistía Internacional, ACLU y otras, los datos que cada peticionario  accede a suministrar en el momento de apoyar una campaña. Esas instituciones  fomentan,  a partir de esa información,  una sustancial base de datos para sus potenciales clientes. Los directivos de la plataforma no han sido claros en su modelo de negocio ni como obtienen sus ganancias porque al estar domiciliados en  Delaware, paraíso fiscal en territorio  estadounidense, no están obligados ha hacerlo.

Change.org ha sido protagonista de numerosos escándalos y campañas falsas y desde el 2007 viene teniendo problemas en las verificación de la información real de sus peticionarios. Inicialmente no se verificaban los correos electrónicos para contabilizar las firmas.  Actualmente solucionaron el problema pero aun no pueden ni desean determinar si ese correo es real o falso. Cualquier petición que rompa cifras es más bien un fenómeno viral que puede ser inflado con múltiples cuentas de una misma persona sin que la plataforma se interese por confirmar la veracidad de cada firmante.

Ante varias quejas, sobre todo en Europa, el director de Change.org  en España hasta el 2017, Francisco Polo, tuvo que reconocer las fallas que esa plataforma  mantiene y que impiden a la postre que sean considerados como válidos en tribunales de justicia.

A nivel legal, las campañas generadas en Change.org  solo han servido y en rarísimas ocasiones para medir la temperatura  social sobre determinado  asunto y una que otra ha tenido un efecto positivo en la modificación de políticas de gobierno.

La propia página de la plataforma en su acápite de Términos y Condiciones (consultar aquí) aclara que son solo red social y que no garantizan que la petición tenga una solución en materia legal y jurídica. Igualmente no se responsabilizan por demandas en contra y que estas deben ser asumidas por los peticionarios.

El caso Rogel

El Estado de Colorado posee uno de los sistemas de leyes más estrictos de EE.UU. El caso de Rogel Aguilera Mederos ha sido una oportunidad para iniciar un proceso de revisión de la Ley estatal.

La fiscal del primer distrito judicial Alexis King, cuya oficina procesó el caso, presentó una moción (leerla aquí ) solicitando al tribunal que programe una audiencia para reconsiderar la sentencia. La moción establece que la ley de Colorado permite la reconsideración “en un caso excepcional que involucre circunstancias inusuales y atenuantes”, pero no dio más detalles.

Una buena parte de los cubanos han expresado en redes la conmutación de la pena argumentando  que fue un accidente porque los frenos del camión fallaron. Validan que las 4,5 firmas son una muestra la falta de justicia.

Lo que parece no entenderse es como funciona el sistema de justicia norteamericano . En el Caso de Colorado los cargos deben cumplirse de manera sucesiva. Revertir esta decisión no es tan fácil a pesar de tantas firmas recogidas porque como ya hemos explicado no hay ninguna posibilidad de comprobar su veracidad absoluta.

El Gobernador demócrata  de Colorado, Jared Polis, ha dicho que aún no han presentado una solicitud.  Desde el primer momento, el equipo legal que representa al camionero ha tenido serios problemas  para asesorar al acusado que insiste que los frenos le fallaron y que solo debe ser juzgado como un accidente de tráfico más. El gran problema en este aspecto es que una licencia comercial presupone que el conductor sepa que hacer en ese caso para evitar tragedias como esa.

Ahora comienza otro largo camino. La petición de la fiscal Alexis King origina otros procesos en cadena que llevan a una petición de conmutación de la pena , total o parcial por parte del Departamento de Correccionales del Estado.

Poco se habla de las víctimas de este accidente. Nadie ha hablado tampoco del monto de demandas colaterales al estado, a la aseguradora de la empresa para la cual trabajaba Rogel ni las que podrán venir si esta sentencia llega a revertirse o a ser conmutada.

El camino para que Rogel salga libre no es tan fácil como se cree.

Carlos Carballido es periodista y Vicedirector de ZoePost.