Por Carlos Carballido.
La administración del presidente Joe Biden ha tratado de buscar culpables de la actual crisis de abastecimiento que sufre EEUU y uno de los sectores que ha señalado es el del transporte de mercancías por carreteras.
Faltan choferes, dice La Casa Blanca. Medios como CNN gritan que se necesitan unos 80 mil camioneros más para poder limpiar los puertos marítimos de contenedores y acometer el traslado de mercancías hasta el comercio minorista. Lo que describen es solo una consecuencia del fenómeno que el propio gobierno ha creado en torno a esa industria a la cual han llenado de regulaciones y restricciones operativas.
Según el Departamento de Transporte, cada año se generan unas 40 mil nuevas licencias comerciales. Por estadísticas entran más choferes comerciales a ese mercado que aquellos que lo abandonan anualmente. Entonces ¿de cuál escasez hablan?
La causa real del desbasto
Lo que ha sucedido en estos últimos meses ha sido un aumento desmedido de la inflación debido a tres factores combinados, la Pandemia, emisión monetaria desmedida en ayudas de gobierno y, por último, la subida del combustible a nivel global debido al coqueteo con la agenda verde del cambio climático que ha llevado al cierre de minas de carbón y plantas de extracción de gas debido a las extremas regulaciones en la producción de energía. Siendo justos con los hechos, las escaseces en el sector del transporte comercial no son por falta de camioneros, sino por el exceso de regulaciones que las manos del gobierno incrementa cada año en esa industria.
Culpar del problema a una supuesta falta de camioneros en EEUU es cuando menos desvergonzado. Es el sector que en este minuto mueve el 71 por ciento de las mercancías del país y del cual depende la vida de cada estadounidense. Camioneros debidamente licenciados para el transporte de mercancías hay a lo largo del país pero lo que más abunda en la actualidad son los factores que hacen poco rentable a esa profesión y que están desestimulando cada vez más el sentido de pertenencia al gremio.
Cargas mal pagadas
Desde el Gobierno de Bill Clinton, se impusieron una serie de normas que impidieron la negociación directa entre productor y transportista. Surgieron a partir de entonces una legión de Brokers, subcontratistas e intermediarios que violentaron los precios de las cargas para desbalancearlas siempre en detrimento del camionero. Las uniones sindicales igualmente presionan a los productores a solo negociar cargas con ciertos y determinados intermediarios que pagan miserias a los transportistas, obligándolos muchas veces a viajar largos tramos por centavos de pago por milla.
Los camioneros estadounidenses han tratado de cambiar este panorama mediante bloqueos y paros que hasta hoy no han tenido éxito debido, precisamente, a la cantidad de choferes nuevos que hay en disponibilidad y que aceptan cargas muy mal pagadas con tal de manejar y conseguir la experiencia necesaria que es requisito ineludible para aspirar a un trabajo en una compañía de mejor remuneración como Walmart y Costco, que tienen su propia flota de camiones.
Regulaciones y cacería del DOT
Una de las razones por las cuales los camioneros abandonan el sector o sólo se dedican a tramos de rutas locales es debido al exceso de regulaciones y sanciones del Departamento de Transporte (DOT) que tiene su propia policía para hacer cumplir el excesivo paquete de leyes que han terminado por afectar a los camioneros de un modo u otro.
Si bien la función principal del DOT es garantizar la seguridad en las carreteras, la realidad es que desde hace varios años, sus agentes se han convertido en auténticos cazadores despiadados de los camioneros tanto en carreteras como en áreas para descanso. Más que educar a los choferes en la necesidad de mantener las unidades en buen estado técnico, se volvieron buceadores técnicos para encontrar problemas mecánicos con los cuales justifican multas exorbitantes que pueden dejar a un chofer prácticamente sin el salario semanal. Las multas reiteradas terminan arruinado la licencia comercial de los choferes obligándolos a solicitar trabajos locales para evitar los abrumadores controles en las rutas comerciales de larga distancia.
Durante el gobierno de Obama surgieron leyes como las del DEF (Diesel Exhaust Fluid), firmada en el 2010, que obligó a la industria a incorporar el control de emisión en los camiones y que condujo a un encarecimiento de las unidades autorizadas para operar – algunas rondan el medio millón de dólares- y la imposibilidad de transitar en estados como California si el camión no cuenta con ese nuevo sistema. Paralelamente, la medida obligó a casi 500 mil propietarios de camiones con 15 o 20 años de explotación a abandonar la industria. El alto costo de los camiones modernos con sistema DEF es una de las razones esgrimidas por las compañías para evitar salarios tentadores que estimulen la incorporación de más choferes. Muchos abandonan porque no hay una correlación positiva entre tiempo de estar fuera de casa y beneficio económico a través de salarios y bonificaciones.
A Obama también se debe la llamada ELD Law (Electronic Logging Devices) que obligó a los camiones comerciales a tener un dispositivo electrónico para controlar las horas de manejo y descanso de los choferes y que cuentan con una base de datos compartida con las compañías y/o la policía de carretera. Bajo el pretexto de evitar manejar con cansancio, la ley se ha convertido en una pesadilla para los choferes que ahora deben usar hasta dos horas del tiempo de manejo en buscar un área de parqueo para dormir, restando tiempo en las entregas de las cargas. La nueva ley obliga además a descansos de 30 minutos cada ciertas horas de manejo. En autopistas norteamericanas donde las velocidades máximas pueden llegar a 80 millas por hora, detenerse 30 minutos significa al menos unas 50 millas que dejan de recorrerse. Cada día en dos descansos obligados, un chófer comercial pierde unas 70 u 80 millas de su trayecto, alargando aún más los tiempos de entrega y las mermas del pago pactado por la carga transportada. Si a esto sumamos la fatalidad de una inspección de la policía del DOT, la demora es sustancial.
Las razones que han justificados estos paquetes regulatorios tienen que ver con hacer las carreteras más seguras y velar por la salud física y emocional de los choferes comerciales. Sin embargo lejos de disminuir los accidentes relacionados con vehículos comerciales, la tasa se ha comportado igual que cuando no existían. Cada año ocurren unos 500 mil accidentes de rastras en las vías estadounidenses y de ellos unos 5 mil son fatales. En una palabra, las medidas no han cumplido los objetivos para las cuales fueron creadas ni han convertido más seguras las carreteras pero si han afectado económicamente al sector.
Choferes y propietarios de camiones cada día se enfrentan a un sin número de eventos en sus contra derivados de estas leyes y regulaciones. El gremio ha visto una reducción de sus ganancias y en la mayoría de los casos las pequeñas y medianas empresas de la industria se han visto obligadas a congelar los aumentos de salarios y aguinaldos de su personal para compensar pérdidas. Para ilustrarlo mejor, antiguamente un camionero podía viajar desde Florida a California en aproximadamente dos a tres días. Hoy, con estás limitaciones se ve obligado a completar el trayecto en casi 5 días lo cual afecta las ganancias y hace más difícil a la cadena de suministros encontrar personal suficiente para garantizar las entregas.
La subida de combustible golpea cada día más
En los primeros 10 días de gobierno de la actual administración se derogaron las flexibilidades que Trump había concedido a la industria energética y se suspendió el Proyecto del oleoducto Keystone que abarataría el costo del combustible en los Estados Unidos. Inmediatamente el precio del petróleo comenzó a subir en el mercado y en estos momentos cuesta casi el doble de lo que se pagaba en el 2018.
La carestía del diésel y el DEF ha sido como un drenaje a la yugular de los camioneros y pequeñas compañías transportistas. Los costos de transportación son ahora de un 20 por ciento más pero el precio de las cargas se mantiene a los mismos niveles que años atrás. Estados como California obligan a un impuesto extra por galón de diésel y este ha superado la barrera de los 5 dólares cuando en la era de Trump se cotizaba a 2.39 como promedio nacional. Está es una de las razones por las cuales los puertos de la costa oeste permanecen atiborrados de cargas porque los camioneros evitan viajes largos hacia California a debido a la carestía del combustible.
Como respuesta, el estado Demócrata ha propuesto capacitar a estudiantes mayores de 18 años para obtener licencias comerciales (CDL) y suplir el supuesto déficit de choferes pero hay dos cuestiones que obvian. De un lado la apatía de los jóvenes y del otro el rechazo de las compañías aseguradoras que para aceptar a un joven inexperto impone el pago de altas cuotas mensuales si es que llegan a pasar los controles e historial de manejo.
Las cifras oficiales aseguran que para evitar la escasez en el mercado doméstico se necesitarían unos 80 mil choferes comerciales para poder mover la mercancía estacionada en los puertos. En la anterior administración el déficit era de casi 16 mil cuando los costos de combustibles eran casi la mitad. En la actualidad es muy difícil completar esa carencia no porque no existan choferes comerciales sino porque el costo es demasiado alto para trabajar por poco dinero en una profesión extremadamente peligrosa y agotadora.
La situación del desabastecimiento puede extenderse algunos meses como resultado de la inflación creciente que experimenta el país. El mercado puede reajustar este problema pero la intervención del gobierno populista de Biden hará imposible una mejora a menos que eliminé regulaciones energéticas y del transporte por carretera. Pero eso es muy poco probable porque en gobiernos Demócratas hay asuntos que son intocables como esos que hemos citado, mucho más si vinieron de mesías como Clinton y Barack Obama.
Carlos Carballido es periodista y Vicedirector de ZoePost.
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