Por Agustín Benito/La Gaceta de la Iberosfera.
Los letrados del Congreso son partidarios de introducir ajustes en la reforma del Reglamento del Congreso planteada por el PSOE y sus aliados para permitir sanciones a periodistas acreditados que les resulten incómodos y alertan de que limita «el derecho a la libertad de información», por lo que piden valorar «si concurren requisitos para su legitimidad» y, además, avisan de que la falta de precisión en las sanciones genera «inseguridad jurídica».
Así consta en la nota de informaciones técnicas redactada por los letrados a esta iniciativa que este lunes ha sido aprobada por la ponencia de la Comisión de Reglamento.
En esta nota, los letrados de la Cámara advierten de que el derecho a la libertad de información está recogido en el artículo 53 Constitución española y «ninguna regulación» puede afectar a su contenido esencial ni tampoco suponer una limitación del mismo que vulnere los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad», sostiene el informe.
Además, destacan que la regulación del ejercicio de la actividad periodística en el Congreso, en «aras de un desarrollo ordenado», puede considerarse un fin constitucionalmente amparado por los artículos 20 y 23 de la Carta Magna, en los que se recogen los derechos a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» y a «participar en los asuntos públicos», respectivamente.
También hacen referencia al principio de proporcionalidad en el que consideran que debería estar basada dicha reforma. Pues a su juicio, la propuesta actual está caracterizada por una «redacción excesivamente abierta» que podría llegar a generar cierta «inseguridad jurídica» en los destinatarios de la norma…
