Por María Jamardo/El Debate/RZP.
Pedro Sánchez y su Gobierno llevan meses reforzando su posición en Indra, la empresa española vinculada al tratamiento de los datos electorales en nuestro país. Desde que, como avanzó El Debate, a finales de junio de 2022, una alianza entre Amber Capital –principal accionista del Grupo Prisa–, SAPA Placencia y la SEPI–entidad adscrita al Ministerio de Hacienda– tomasen el control de la compañía y promoviesen el cese de varios consejeros independientes, entre ellos el del consejero delegado de la entidad, Ignacio Mataix, que próximamente dejará su puesto en la empresa, no han dejado de escucharse voces que alertan de un posible ‘pucherazo’ a favor del Ejecutivo en las próximas elecciones generales, a finales de año, en nuestro país.
Sin embargo, las Juntas electorales territoriales se preparan para celebrar los comicios municipales y autonómicos, el 28 de mayo, ajenas a las injerencias políticas en Indra y al ruido a su alrededor. El sistema regulado de recuento en España, tasado por ley, y que descarga sobre ellas la competencia exclusiva del recuento de los votos emitidos –y, previamente, el control sobre la identidad y la validez de los votantes, mayores de edad, llamados a urnas– «complica» un futuro y eventual intento de manipular los resultados finales de cualquier consulta.
Indra, aún controlada en su mayor parte del accionariado por el Gobierno, no se encarga del recuento de votos, que es manual y pasa varios filtros antes de su confirmación oficial, sino que sólo vuelca como datos cerrados los resultados que, en cada caso, se le trasladan desde las Juntas Electorales, y que éstas a su vez reciben de las Mesas Electorales; y, gestiona la plataforma tecnológica que se utiliza en dicho proceso en tiempo real…
