Por Zoé Valdés/El Debate.
El veredicto contra Marine Le Pen y ocho políticos de su partido prueba que hoy en Francia de facto existe un poder jurídico que juzga política y severamente a los candidatos de derechas. Para François-Xavier Bellamy, diputado de LR: «Esta fecha será un día muy oscuro para la democracia francesa». Por otro lado: «La democracia francesa ha sido ejecutada», ha expresado Jordan Bardella, presidente del movimiento Agrupación Nacional, fundado y liderado en las urnas por Marine Le Pen, ampliamente favorita en las urnas para el voto de los franceses, quien encabeza los sondeos con entre un 34 % o 37 %.
Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con brazalete, y a cinco años de inelegibilidad política, más 100 mil euros de multa.
Desde el 2017, en período de elección presidencial, frente a Emmanuel Macron, el candidato favorito entonces, el claro rival ganador por el partido Los Republicanos contra Macron, François Fillon, fue tumbado de la carrera presidencial mediante un proceso judicial bastante sospechoso de maniobras exteriores a sus acciones como primer ministro bajo el mandato de Nicolas Sarkozy en el que también estaba implicada su esposa, acusada de recibir un beneficio especial al obtener un cargo no correspondiente. En aquel momento las opiniones coincidieron en que el prejuicio había superado al juicio, y que los jueces hicieron caer al candidato de derechas frente al candidato centrista de izquierdas.
Recientemente, otro ejemplo ha ido el resultado del juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy, Los Republicanos, recibió una pena desmesurada tras un largo proceso donde no sólo no fueron suficientes las pruebas contundentes en su contra; condena de siete años de cárcel y 300 mil euros de multa. El condenado escribió una larga carta pública en negación de aceptación de la pena.
Esto me parece un proceso moscovita
En el caso de Marine Le Pen, la mayoría de los analistas políticos e inclusive jueces de reconocido prestigio concluyen que la sentencia no sólo ha sido extremadamente severa, va en la dirección de hundirle su carrera política con una intención evidente. Didier Gallot, antiguo juez de instrucción, no se ha mordido la lengua: «Esto me parece un proceso moscovita». A esta opinión se agrega las de «golpe de estado judicial», y «asesinato de la integridad de una personalidad política».
Lo dudoso en el enjuiciamiento de Marine Le Pen es que en todos los cargos presentados en su contra las penas fueron rebajadas, menos en la pena de elegibilidad como candidata presidencial, porque la jueza determinó que como Le Pen ya es candidata a la presidencia debe ser golpeada con una pena máxima, para evitar que sea reiterativa en su falta.
Por supuesto que la líder de Agrupación Nacional puede apelar, pero en caso de que lo hiciera, aparte el tiempo que eso conlleva desde ahora hasta el 2027, en el que se celebrarán elecciones, tendría la duración limitadísima; sobre todo acentuaría el argumento irracional de la jueza cuando Le Pen exigió reconocimiento de no participación en el reparto de la suma de fondos, exigió prescripción y derecho a la defensa, debido a lo cual la jueza arremetió con que semejante justificación –no lo era, era un derecho– no variaría la posibilidad de que ella cayera en la misma falta en el futuro, o sea riesgo de recurrencia. Lo que significa un prejuicio, otra vez, de un probable suceso no cometido todavía, sobre una presuposición…
