Por Cubanuestra Ciencia y Técnica.
Cuando el sistema sanitario deja de rendir cuentas
La pandemia de COVID-19 no solo puso a prueba la capacidad de los hospitales para atender a una población enferma. También reveló las debilidades de un sistema sanitario estrechamente vinculado al poder político, las autoridades reguladoras, las grandes empresas farmacéuticas y los mecanismos institucionales de producción y difusión del conocimiento. En nombre de una emergencia real, se adoptaron decisiones que afectaron profundamente a la libertad individual, la integridad física, la vida familiar y el derecho de los ciudadanos a cuestionar las medidas que se les imponían.
La cuestión fundamental no consiste en negar la existencia del virus ni en minimizar el sufrimiento de quienes enfermaron o perdieron a sus seres queridos. Consiste en preguntar si todas las decisiones tomadas fueron necesarias, proporcionadas, transparentes y respaldadas por pruebas suficientes. También exige examinar por qué determinadas preguntas fueron recibidas con hostilidad, por qué algunas voces críticas quedaron marginadas y qué mecanismos de reparación existen para quienes consideran haber sufrido daños relacionados con las intervenciones médicas.
Una sociedad democrática no puede conformarse con que las autoridades afirmen haber actuado correctamente. Cuanto mayor es el poder concedido a las instituciones durante una emergencia, mayor debe ser la obligación de justificar sus decisiones. La excepcionalidad no puede convertirse en una autorización permanente para eludir controles, restringir derechos o presentar como indiscutible aquello que todavía requiere investigación.
Vacunas, daños adversos y el derecho a ser escuchado
La vacunación contra la COVID-19 se convirtió en uno de los principales instrumentos de la respuesta institucional. Sin embargo, el debate público estuvo marcado en ocasiones por una simplificación: quienes respaldaban la campaña eran presentados como defensores de la ciencia, mientras que quienes expresaban dudas o denunciaban posibles daños corrían el riesgo de ser etiquetados como irresponsables o enemigos de la salud pública.
Esta división resultó perjudicial para el propio conocimiento científico. La ciencia no se fortalece eliminando preguntas incómodas, sino investigándolas con métodos rigurosos. Reconocer que una intervención médica puede tener efectos adversos no equivale a afirmar que sea globalmente inútil o que todos los problemas de salud posteriores a la vacunación hayan sido causados por ella. Significa admitir que la seguridad médica requiere vigilancia continua, evaluación individual y disposición a revisar conclusiones cuando aparecen nuevas pruebas.
Entre los testimonios recogidos en el material analizado figura el de Lisa Watson, quien habría desarrollado una mielitis transversa después de recibir una dosis de Pfizer en junio de 2021. Según ese relato, los síntomas comenzaron unos doce días después y la afección fue identificada mediante resonancia magnética. La hospitalización se prolongó durante unas diez semanas y quedaron secuelas crónicas. El expediente señala asimismo que su caso fue reconocido por un programa de apoyo a personas afectadas por lesiones relacionadas con vacunas.
También se recoge el testimonio de una joven que tenía dieciséis años cuando recibió las dosis. Tras la segunda, habría comenzado a sufrir rigidez cervical, dolor de cabeza, hormigueo y pérdida de sensibilidad y movilidad en las extremidades inferiores. El relato describe un tratamiento con esteroides, una recuperación motora parcial y secuelas posteriores, entre ellas dolor y dificultades para caminar.
Estos testimonios merecen ser tratados con seriedad y humanidad. No bastan, por sí solos, para determinar la frecuencia de un efecto adverso ni para demostrar una relación causal en todos sus detalles. Pero tampoco deberían descartarse por resultar políticamente inconvenientes. Cada caso requiere documentación clínica, evaluación independiente y una respuesta comprensible para el afectado. Cuando las instituciones responden con indiferencia, burocracia o sospecha automática, convierten el sufrimiento individual en un problema administrativo y erosionan la confianza pública.
La pregunta crítica es si los sistemas de farmacovigilancia, los profesionales sanitarios y las autoridades reguladoras dispusieron de mecanismos suficientemente transparentes para detectar señales de riesgo, comunicarlas y actuar ante ellas. También hay que preguntar si las personas perjudicadas recibieron información adecuada, acceso a especialistas y vías de compensación razonables.
Las autoridades reguladoras también deben ser investigadas
La autorización de un medicamento no debería interpretarse como una declaración de infalibilidad. Los organismos reguladores cumplen una función esencial, pero su legitimidad depende de la independencia de sus evaluaciones, de la transparencia de sus datos y de su capacidad para corregir decisiones.
El material examinado recoge afirmaciones atribuidas al cardiólogo Peter McCullough sobre posibles alteraciones de la coagulación relacionadas con la proteína de la espícula, así como referencias a un supuesto memorando de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) que habría relacionado determinadas muertes infantiles con miocarditis posterior a la vacunación. Estas afirmaciones requieren un examen documental riguroso: es necesario identificar el documento original, verificar su autenticidad, estudiar los datos clínicos y distinguir entre una asociación temporal, una señal de seguridad y una causalidad demostrada.
Precisamente ahí reside una de las obligaciones fundamentales del sistema sanitario: permitir que las afirmaciones se contrasten con documentos accesibles y procedimientos independientes. Si existen datos relevantes sobre riesgos, deben ser evaluados y comunicados con claridad. Si una acusación carece de fundamento, también debe demostrarse mediante pruebas. El secretismo no es una respuesta científica y la sospecha, por sí sola, tampoco constituye una demostración.
La industria farmacéutica desarrolla productos indispensables, pero opera asimismo dentro de un mercado con enormes intereses económicos. Esa realidad obliga a vigilar los conflictos de intereses, las relaciones entre financiadores y expertos, la independencia de los estudios y la influencia de las estrategias comerciales sobre las políticas públicas. No es necesario atribuir una conspiración coordinada a todos los actores para reconocer que los incentivos económicos pueden condicionar decisiones y que los controles deben estar a la altura de ese riesgo.
La crítica disidente debe dirigirse, por tanto, tanto contra la opacidad institucional como contra la presentación de hipótesis no verificadas como hechos concluyentes. La transparencia es una exigencia para todos, no un privilegio de las autoridades ni una excepción para quienes las cuestionan…
