Por Manuel C. Díaz.
Los fusilamientos de la revolución cubana comenzaron en la misma Sierra Maestra y estaban amparados -con la aviesa intención de otorgarles un marco de legalidad- por el Reglamento No. 1 del Ejército Rebelde, redactado por el comandante Humberto Sorí Marín y promulgado, con la firma de Fidel Castro, el 21 de febrero de 1958.
Aquellos primeros juicios se celebraban de una manera sumaria y sin las debidas garantías procesales: presunción de inocencia y derecho a un abogado defensor. Así, antes de que pudiese darse cuenta de lo que ocurría, el condenado era atado al tronco de un árbol o colocado de espaldas a una zanja cavada con premura unas horas antes.
Y, de repente, la voz del oficial pronunciando las fatídicas órdenes de mando: !Preparen, apunten… fuego! Y todo terminaba con el seco estampido del tiro de gracia.
A otros ni siquiera les celebraban juicio. Como fue el caso del campesino Eutimio Guerra, acusado de traición y que antes de ser llevado al tribunal fue ejecutado por el mismo Che Guevara, quien años más tarde describiría en su diario de campaña, con pasmosa frialdad, lo que ocurrió ese día: «Acabé con el problema disparándole con una pistola calibre 32 en la sien derecha».
Lo demás es, como se dice, historia.
Cuando triunfó la revolución, lo primero que hizo Fidel Castro fue derogar la Constitución de 1940 mediante la promulgación, el 7 de febrero de 1959, de la Ley Fundamental de la República, que ampliaba las excepciones en las que podría aplicarse la pena de muerte de manera que pudiesen ser fusilados «los miembros de la Fuerzas Armadas, de los cuerpos represivos de la Tiranía y de los grupos auxiliares organizados por ésta».
Apenas seis meses después, el 29 de junio de 1959, la Ley Fundamental de la República fue modificada por la Ley de Reforma Constitucional que ampliaba aún más las excepciones para incluir a las personas «culpables de delitos contrarrevolucionarios».
Más adelante, mediante la Ley 425, se crearon nuevas figuras delictivas que, bajo la sombrilla de los llamados Delitos contra los Poderes del Estado y Delitos contra la Integridad y Estabilidad de la Nación, permitían que fuesen consideradas como contrarrevolucionarias acciones tales como intentar abandonar el país en una lancha o sobrevolar territorio cubano.
Es decir, cualquiera podría ser considerado enemigo de la revolución. Lo mismo un balsero que un piloto de avión. En realidad, de lo que se trataba era de aterrar a la población a través de la institucionalidad de la muerte y la legalización del asesinato político. La sangre derramada en los paredones como elemento de disuasión y sometimiento. El castigo máximo, en fin, como política de Estado.
Fueron estas tres últimas leyes las que permitieron que el número de ciudadanos cubanos fusilados ascendiera, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a cifras «aterradoras».
En ese mismo informe se reportaban «638 fusilados oficialmente y 165 fusilados sin juicio previo», que hicieron que el Che Guevara, en un discurso pronunciado en la ONU el 11 de diciembre de 1964 admitiese, desafiante, lo siguiente: «Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario».
Ya por esa fecha Fidel Castro había empezado a desmantelar la democracia mediante la nacionalización de la empresa privada, cerrando los medios de prensa y aboliendo los partidos políticos. Nada era dejado al azar. El cerco a la libertad se iba cerrando poco a poco.
Cuando comenzaron las primeras conspiraciones en contra de la revolución, los fusilamientos continuaron. Ya habían sido ejecutados los militares del gobierno de Batista acusados de haber cometido crímenes. Ahora se fusilaba a estudiantes, jóvenes católicos, antiguos revolucionarios, comerciantes, obreros y campesinos que se oponían al comunismo.
Las galeras de la Fortaleza de la Cabaña se llenaban de presos y el Foso de los Laureles, donde se llevaban a cabo los fusilamientos, era regado con la sangre de los cientos de hombres que morían gritando Viva Cristo Rey.
En aquellos primeros años eran tantos los fusilamientos que la prensa americana los calificó como «un baño de sangre».
A veces eran múltiples. En una sola noche podían ser fusilados varios condenados. Como la noche del 18 de abril de 1961 en la que fueron ocho los que murieron frente al pelotón de fusilamiento. Todos estaban en la galera de los condenados a muerte de La Cabaña.
Sus nombres: Carlos Rodríguez Cabo, Efrén Rodríguez López, Virgilio Campaneria, Alberto Tapia Ruano, Filiberto Rodríguez, Lázaro Reyes Benítez, José Calderin y Carlos Calvo.
Tomás Fernández-Travieso, ex preso político cubano, que también había sido condenado a muerte pero a quien la pena, en el último minuto, le fue conmutada por 30 años de prisión, recuerda bien los momentos finales de sus compañeros: «Los fusilamientos podían escucharse tanto desde las galeras como desde las capillas. Primero se oía el ruido del motor del jeep en que trasladaban a los condenados hasta el paredón y después las voces de mando del jefe del pelotón».
«El primero en morir fue Carlos Rodríguez Cabo», cuenta Fernández-Travieso. «Lo vino a buscar el sargento Moreno, que era el que daba los tiros de gracia. Cuando llamaron su nombre, con voz firme gritó: presente».
El último fue Filiberto Rodríguez, que salió a enfrentar la muerte cantando el himno nacional.
Han transcurrido sesenta años de aquellos hechos, pero los miles de cubanos que estuvieron presos en La Cabaña todavía recuerdan con horror cómo en el silencio de la noche podían escuchar la orden dada a los pelotones de fusilamiento: preparen, apunten…fuego. Pero también recuerdan con orgullo cómo el grito de Viva Cristo Rey de los condenados retumbaba victorioso contra las murallas del Foso de los Laureles.
Manuel C. Díaz es escritor, periodista, crítico literario.
Muy bien refrescar las memorias para aquellos que prefieran olvidar