Por Minervo L. Chil Siret.
Una sociedad libre no se construye solamente reconociendo derechos, sino permitiendo que los ciudadanos puedan ejercerlos también junto a otros. En este noveno ensayo de la serie La Transición, reflexiono sobre lo que significa recuperar la libertad de asociarnos, colaborar y construir proyectos propios después de décadas en que el poder ha pretendido dirigir la vida colectiva de los cubanos.
Imaginemos que varios vecinos de un barrio cubano deciden organizarse para mejorar un espacio comunitario. Algunos quieren recuperar un parque abandonado. Otros proponen crear un lugar donde los niños puedan estudiar o desarrollar actividades culturales. No todos se conocen bien ni comparten necesariamente las mismas ideas, pero coinciden en que vale la pena intentar hacer algo juntos.
Se reúnen, intercambian propuestas, distribuyen responsabilidades y comienzan a buscar los recursos necesarios. Hasta que aparece una pregunta que, en una sociedad libre, no debería determinar la existencia misma de la iniciativa: ¿quién tiene que autorizarnos?
¿Debemos acudir a alguna organización oficial? ¿Necesitamos que una institución asuma la dirección del proyecto? ¿Podremos continuar si las autoridades consideran inconveniente que actuemos por nuestra cuenta?
Son preguntas que revelan algo mucho más profundo que las dificultades administrativas para desarrollar una actividad comunitaria. Nos hablan de una manera de entender la relación entre los ciudadanos y el poder.
Porque una cosa es que cualquier iniciativa deba respetar las leyes y los derechos de los demás, y otra muy distinta que su legitimidad dependa de la aprobación política de quienes gobiernan.
En el ensayo anterior de esta serie, «La libertad también nos compromete», reflexionamos sobre la responsabilidad que acompaña a la recuperación de nuestros derechos y sobre la necesidad de aprender a vivir democráticamente.
Pero la libertad no se expresa solamente en nuestras decisiones individuales.
También se manifiesta cuando decidimos unir nuestras voluntades, compartir esfuerzos, defender intereses comunes y construir proyectos que ninguno de nosotros podría realizar de la misma manera por separado.
Y aquí encontramos una dimensión fundamental de la transición cubana: pasar de una sociedad donde el poder pretende organizar la vida colectiva a otra donde los ciudadanos podamos organizarnos libremente por nosotros mismos.
Cuando pertenecer deja de ser una elección
Todos formamos parte de diferentes comunidades. Pertenecemos a familias, generaciones, barrios y grupos con los que compartimos experiencias, recuerdos o aspiraciones. Algunas de esas pertenencias nos vienen dadas por nuestra propia historia. Otras nacen de decisiones personales.
Podemos asociarnos por nuestras convicciones religiosas, nuestros intereses profesionales, nuestras preferencias políticas o simplemente por el deseo de resolver una necesidad común. Esa diversidad es parte natural de la vida social.
Pero cuando el poder político pretende dirigir las formas de organización colectiva, la pertenencia puede dejar de ser una expresión de libertad para convertirse en una exigencia de integración.
En Cuba conocemos bien esa experiencia.
Durante décadas, buena parte de la vida social ha estado articulada alrededor de organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba y, desde la etapa estudiantil, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Federación Estudiantil Universitaria. No todas esas organizaciones cumplen las mismas funciones. Tampoco sus integrantes tienen idénticas motivaciones. Muchos han participado por convicción, otros por interés en determinadas actividades y otros bajo diferentes grados de presión o por las consecuencias que podía tener mantenerse al margen.
Pero existe una experiencia particularmente reveladora: la pertenencia formalmente voluntaria que, en la práctica, puede estar condicionada por expectativas de adhesión política, aceptación social o acceso a oportunidades.
Los cubanos hemos encontrado una palabra muy expresiva para describir esa contradicción: «voluntatoria».
Y el término encierra una pregunta que no deberíamos pasar por alto. ¿Qué libertad existe para pertenecer cuando resulta difícil ejercer la libertad de no pertenecer?
El problema no está necesariamente en la existencia de organizaciones amplias ni en que muchas personas deseen participar en ellas. Tampoco en que sus miembros compartan determinadas convicciones.
El problema aparece cuando la pertenencia o la participación se convierte en una condición para ser considerado políticamente confiable, para evitar sospechas o para acceder a oportunidades que deberían depender de otros criterios. En esas circunstancias, una organización deja de ser solamente un espacio de encuentro entre personas y puede convertirse también en un instrumento de subordinación.
Y la consecuencia no afecta únicamente a quienes deciden mantenerse al margen. También modifica el significado de la participación de quienes permanecen dentro.
Porque cuando resulta difícil decir que no, incluso el valor de decir que sí queda comprometido.
Elegir con quiénes nos organizamos
Una sociedad libre necesita organizaciones. Necesita asociaciones profesionales, comunidades religiosas, sindicatos independientes, partidos políticos, organizaciones culturales, iniciativas de solidaridad y muchas otras formas de cooperación ciudadana.
Pero no necesita que todas respondan a una misma dirección. Ni que sus propósitos sean determinados desde el poder.
Lo verdaderamente importante es que las personas puedan decidir libremente con quiénes quieren asociarse, para qué desean hacerlo y cómo pretenden desarrollar sus iniciativas dentro del marco de los derechos de todos.
La libertad de asociación no consiste simplemente en permitir la existencia de organizaciones diferentes.
Implica que puedan nacer de la iniciativa de sus propios integrantes, definir sus objetivos legítimos, adoptar sus decisiones y desarrollar sus actividades sin quedar sometidas a una tutela política.
Implica también que puedan cuestionar a las autoridades, defender intereses distintos de los oficiales y proponer cambios en la sociedad.
Y exige reconocer algo elemental: el derecho a asociarnos incluye el derecho a no hacerlo, a abandonar una organización y a crear otra diferente.
No todos encontraremos nuestra vocación en la participación política o comunitaria. Algunos dedicaremos una parte importante de nuestras vidas a proyectos colectivos. Otros preferirán concentrarse en sus familias, profesiones, creencias o intereses personales. Y muchos participaremos de maneras diferentes según las circunstancias de nuestra vida.
Ninguna de esas elecciones nos convierte en ciudadanos de mayor o menor categoría.
Una transición democrática no debería reemplazar la movilización obligatoria de ayer por una nueva exigencia de participación en nombre de la libertad. Nuestra ciudadanía no depende de cuánto participemos, sino de los derechos que nos corresponden como personas y de nuestra condición de miembros de la comunidad política.
Por supuesto, ninguna organización está obligada a renunciar a su identidad o a aceptar como integrante a cualquiera que desee incorporarse. Las asociaciones pueden tener principios, objetivos y reglas legítimas de pertenencia.
Lo decisivo es que su autonomía no se convierta en una facultad para vulnerar derechos, ni su existencia dependa de demostrar adhesión a quienes ejercen el poder.
La libertad de asociarnos incluye, precisamente, la posibilidad de elegir entre organizaciones distintas, discrepar de ellas o no identificarnos con ninguna.
Porque una sociedad verdaderamente plural no es aquella donde todos pertenecemos a las mismas organizaciones, sino aquella donde podemos construir libremente las nuestras.
Colaborar sin pensar igual
Pero recuperar la libertad de asociación no resolverá automáticamente nuestras dificultades para trabajar juntos.
Podremos crear organizaciones independientes y, aun así, reproducir dentro de ellas algunos de los hábitos que hemos aprendido bajo el autoritarismo.
Podremos defender la libertad frente al Estado y mostrarnos poco dispuestos a respetarla cuando alguien cuestione nuestras decisiones.
Podremos confundir la dirección de una iniciativa con la propiedad sobre ella, o interpretar cualquier desacuerdo como una amenaza a su existencia.
Por eso la autonomía organizativa y el aprendizaje de la convivencia se encuentran profundamente relacionados.
Volvamos a los vecinos que querían mejorar su barrio. Supongamos que todos están de acuerdo en recuperar el parque, pero discrepan sobre las prioridades, los recursos o la mejor manera de desarrollar el proyecto. Uno considera indispensable comenzar por las áreas infantiles. Otro quiere recuperar primero las instalaciones deportivas. Un tercero propone dedicar parte del espacio a actividades culturales.
¿Necesitan compartir el mismo diagnóstico y todas las preferencias para colaborar? Probablemente no. Pero tendrán que aprender a discutir, escuchar, establecer acuerdos y aceptar que sus propias propuestas no siempre serán las elegidas.
Eso no significa que todas las opiniones tengan el mismo fundamento ni que debamos renunciar a defender aquellas que consideramos correctas. Significa que, cuando compartimos un propósito, nuestras diferencias no tienen por qué impedirnos trabajar juntos.
No necesitamos pensar igual para poder construir algo juntos.
La dificultad aparece cuando convertimos nuestras preferencias particulares en condiciones que los demás deben aceptar para ser reconocidos como parte de un esfuerzo común. Y también cuando desconfiamos sistemáticamente de quienes coinciden con nosotros solamente en determinados objetivos.
Imaginemos, por ejemplo, distintas organizaciones opositoras que coinciden en reclamar la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales, aunque tengan propuestas diferentes sobre el futuro de Cuba. ¿Qué ocurriría si la disposición a colaborar en esas demandas comunes fuera interpretada automáticamente como una concesión inadmisible, una muestra de ingenuidad o incluso una traición a los propios principios?
No tendríamos que renunciar a nuestras diferencias ni aceptar alianzas incompatibles con nuestras convicciones. La prudencia y la desconfianza pueden estar justificadas por hechos concretos, especialmente cuando están comprometidos derechos o principios fundamentales.
Pero una coincidencia limitada tampoco debería convertirse, por sí sola, en motivo de sospecha. Colaborar en aquello que compartimos no significa necesariamente aprobar todo lo que los demás piensan, dicen o hacen.
No necesitamos compartir todas nuestras convicciones para poder compartir determinadas responsabilidades.
Ese aprendizaje será importante para nuestra transición, y no solamente dentro de las organizaciones políticas. También lo necesitaremos en nuestros barrios, centros de trabajo, asociaciones profesionales y proyectos comunitarios.
Y no será un proceso sencillo ni siempre exitoso. La libertad de organizarnos no garantiza que sepamos hacerlo bien desde el primer momento. Pero tampoco podemos esperar a haber aprendido perfectamente a cooperar para que se reconozca nuestro derecho a intentarlo.
Una sociedad capaz de organizarse por sí misma
Recuperemos por un momento la iniciativa de aquellos vecinos que querían mejorar su barrio. Supongamos que ya pueden reunirse libremente y decidir cómo desarrollar su proyecto. Han superado el primer obstáculo: nadie necesita autorizar políticamente su decisión de organizarse.
Pero todavía necesitan materiales, recursos y personas dispuestas a colaborar. ¿Qué sucedería si conseguirlos dependiera de instituciones que pudieran negárselos por no compartir sus ideas? ¿O si alguno de los participantes temiera perder su trabajo o determinadas oportunidades por involucrarse en una iniciativa independiente?
Descubriríamos entonces que reconocer un derecho no basta cuando ejercerlo puede colocar a las personas en una situación de dependencia o vulnerabilidad frente al poder.
La libertad de asociación necesita garantías jurídicas, pero también condiciones que permitan convertir nuestras decisiones en iniciativas reales.
Y aquí aparece una cuestión especialmente significativa en Cuba. Imaginemos que nuestros vecinos reciben ayuda de familiares o amigos residentes en el extranjero. ¿Dejaría por eso de ser legítimo su proyecto? ¿Se convertirían automáticamente en representantes de intereses ajenos?
Durante décadas, las autoridades cubanas han utilizado las acusaciones de financiación extranjera para desacreditar a organizaciones independientes. Pero recibir recursos del exterior no demuestra, por sí solo, que una organización actúe bajo las órdenes de quienes la ayudan.
Tampoco deberíamos ignorar que cualquier apoyo económico, proceda de dentro o de fuera del país, puede generar dependencias si quienes aportan los recursos terminan imponiendo sus decisiones. Por eso importa saber quién define los objetivos de una iniciativa, quién decide cómo desarrollarla y qué compromisos se asumen al recibir ayuda. Y también importa cómo se utilizan esos recursos.
Quienes se organizan libremente tienen la responsabilidad de actuar con honestidad, cumplir los compromisos asumidos y rendir cuentas de su gestión. No porque deban demostrar lealtad al poder, sino porque la confianza de quienes participan y colaboran también se construye mediante la transparencia y la responsabilidad.
Esa transparencia debe ser compatible, especialmente en un contexto de persecución política, con la protección de las personas que podrían sufrir represalias por colaborar o aportar recursos.
Al final, no se trata de sustituir la dependencia del Estado por la dependencia de otros. Se trata de que los ciudadanos podamos conseguir los medios necesarios para desarrollar nuestros proyectos sin perder la libertad de decidir sobre ellos.
Y así descubrimos cómo se relacionan distintas dimensiones de nuestra transición.
Necesitamos instituciones que protejan nuestros derechos, condiciones económicas que nos permitan ejercerlos y una ciudadanía capaz de asumir las responsabilidades que acompañan a esa libertad.
Ninguna de esas transformaciones, por sí sola, garantiza que nuestras iniciativas prosperen.
Después de décadas de restricciones a la organización independiente, tendremos que recuperar formas de cooperación, aprender a compartir responsabilidades y reconstruir confianzas.
Habrá desacuerdos, errores y proyectos que fracasen. Algunas organizaciones repetirán prácticas autoritarias que precisamente deberían superar.
Pero no deberíamos confundir el fracaso de una iniciativa con el fracaso de la libertad que permitió emprenderla.
Una sociedad civil autónoma no será necesariamente una sociedad civil perfecta. Será una sociedad donde las personas puedan organizarse, actuar juntas, equivocarse, rectificar y volver a intentarlo.
Porque no podemos exigir a los ciudadanos que demuestren su capacidad de organizarse libremente antes de reconocerles la libertad que necesitan para aprender a hacerlo.
Muchos «nosotros», una misma nación
La recuperación de esa autonomía tendrá consecuencias que irán mucho más allá de las organizaciones que podamos crear. Cambiará nuestra manera de entender la relación entre la sociedad y el Estado.
Durante demasiado tiempo, el poder ha pretendido presentarse como intérprete y organizador de la voluntad colectiva, como si los ciudadanos solamente pudiéramos actuar legítimamente dentro de estructuras reconocidas o dirigidas por él. Una sociedad democrática necesita invertir esa relación.
El Estado no crea a la sociedad ni le concede su dignidad. Sus instituciones existen para servir a las personas y proteger sus derechos. Y quienes gobiernan no pueden atribuirse la propiedad de la vida colectiva.
Tampoco podrán hacerlo las organizaciones que surjan o adquieran protagonismo durante una transición democrática.
Podrán representar a sus integrantes, defender sus propuestas y aspirar legítimamente a obtener el respaldo de otros ciudadanos. Pero ninguna podrá presentarse como propietaria de la nación ni reclamar para sí la representación exclusiva de todos los cubanos.
Ni siquiera una mayoría electoral puede convertir su mandato de gobierno en un derecho a decidir quién pertenece legítimamente a la comunidad nacional o quién merece ejercer sus derechos.
La nación es más amplia que cualquiera de nuestros partidos, movimientos, asociaciones o proyectos. Y esa pertenencia común no desaparece por nuestras diferencias políticas.
En una Cuba democrática existirán muchos «nosotros».
Algunos estarán formados por personas que comparten convicciones profundas. Otros nacerán de necesidades concretas, afinidades profesionales, propósitos culturales o iniciativas comunitarias. Habrá organizaciones que compitan políticamente y otras que no deseen participar en esa competencia.
Podremos coincidir con determinadas personas en unos asuntos y discrepar profundamente de ellas en otros. Y ninguna de esas diferencias tendrá que poner en cuestión nuestra pertenencia a una misma nación.
Porque la unidad de un pueblo no exige que todos sus ciudadanos se organicen alrededor de una voluntad única. Exige, entre otras cosas, que podamos reconocernos como personas igualmente libres, aunque construyamos proyectos diferentes.
Lo que podemos hacer juntos
Quizá aquellos vecinos con quienes comenzamos consigan finalmente recuperar su parque. Quizá el proyecto cambie de forma, algunas personas decidan abandonarlo o aparezcan desacuerdos que obliguen a buscar nuevas soluciones. Tal vez fracasen y, después de un tiempo, otros vecinos decidan intentarlo de una manera distinta.
Nada de eso tendría que ser una tragedia. Lo verdaderamente importante sería que pudieran tomar la iniciativa, reunirse, decidir, equivocarse y volver a comenzar sin necesitar que el poder político les dijera a qué organización deben pertenecer, qué intereses pueden compartir o quién está autorizado a dirigirlos.
No se trata de imaginar una sociedad sin conflictos ni diferencias. Se trata de recuperar la capacidad de resolver nuestras necesidades, defender nuestras aspiraciones y construir nuestras propias formas de cooperación.
Sin que nadie esté obligado a participar.
Sin que discrepar signifique dejar de pertenecer.
Y sin que ninguna organización pueda apropiarse de aquello que pertenece a todos.
La transición democrática no debería conducirnos de un «nosotros» impuesto a otro que se considere más legítimo. Debe abrirnos la posibilidad de construir libremente muchos «nosotros», tan diversos como las personas, las convicciones y los proyectos que convivan en nuestra nación.
Porque una sociedad de ciudadanos libres no será aquella donde todos formemos parte de un mismo proyecto, sino aquella donde podamos crear los nuestros, compartirlos con quienes queramos y construir juntos sin dejar de ser diferentes.
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Minervo L Chil Siret.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
