Por Minervo L. Chil Siret.
Los peligros de improvisar la transición
En los artículos anteriores de esta serie sobre la transición en Cuba analizamos que no siempre tras una dictadura llega la democracia y que para llegar a esta, hay que pasar primero por un período de transición. Reflexionamos además sobre cómo la impunidad se convirtió en uno de los pilares del totalitarismo cubano y sobre cómo superarla con justicia sin venganza. Y hablamos también de pasar de la ley injusta a la ley justa y de construir un Estado de derecho en el que también el poder tenga límites.
Pero todo eso presupone algo que todavía no hemos abordado suficientemente:
¿qué ocurre si el momento del cambio llega y no estamos preparados para él?
Porque una transición democrática no comienza necesariamente cuando todo está claro.
Puede comenzar precisamente cuando casi nada lo está.
Y entonces muchas de las decisiones que marcarán el futuro tendrán que tomarse deprisa, bajo presión, entre actores con intereses diferentes y en medio de una sociedad que llevará décadas esperando que algo cambie.
Quizá por eso convenga empezar por una frase muy conocida:
«Esto no aguanta más.»
Es algo que muchos cubanos hemos escuchado —o pronunciado— más de una vez.
A veces nace de la esperanza. Otras, del cansancio. Cuando la realidad se deteriora, los problemas se acumulan y cada día parece más difícil imaginar que un país pueda continuar funcionando así durante mucho tiempo, resulta comprensible pensar que el cambio tiene que estar cerca.
Pero la historia no siempre funciona de esa manera.
Que la situación esté cada vez peor no significa necesariamente que el cambio esté a la vuelta de la esquina.
Una crisis puede debilitar un sistema, aumentar sus contradicciones y abrir oportunidades. Pero el deterioro económico, social o institucional no produce por sí solo una transición democrática.
Confundir deterioro con inminencia puede convertir la esperanza en espera.
Y la espera puede adoptar muchas formas.
Esperar el colapso definitivo.
Esperar que desde el propio poder aparezca finalmente una voluntad de cambio.
Esperar que una crisis obligue al régimen a abrirse.
O esperar que Estados Unidos, u otra fuerza externa, provoque aquello que durante años no hemos podido alcanzar por nosotros mismos.
Cualquiera de esas circunstancias podría influir algún día en la manera en que se abra un proceso de cambio. El problema comienza cuando dejamos de considerarlas posibilidades y empezamos a tratarlas como estrategia.
Porque entonces podemos acostumbrarnos a preguntar qué ocurrirá, qué harán otros o cuándo llegará el momento, sin preguntarnos suficientemente qué estamos haciendo nosotros para estar preparados cuando llegue.
Y cuando la espera se prolonga demasiado aparece otro peligro.
Las promesas de un cambio inminente se repiten. Los años pasan. El deterioro continúa. Y aquella esperanza inicial puede ir desgastándose hasta convertirse en frustración y después en desesperanza.
Entonces aparece otra frase que también conocemos demasiado bien:
«Esto no hay quien lo arregle.»
Ya no es solo el cansancio de esperar. Es la renuncia a imaginar.
El padre que deja de reparar la casa porque «ya no vale la pena».
La madre que evita hablar del futuro del país con sus hijos porque «esto no tiene arreglo».
El joven que decide irse no solo por la escasez o la falta de oportunidades, sino también porque ha dejado de creer que en su Patria pueda construirse algo que valga la pena.
El deterioro deja entonces de ser solamente material. Empieza también a erosionar nuestra disposición a imaginar un «nosotros» posible.
El problema ya no es solamente esperar pasivamente que el cambio llegue. Es empezar a creer que, aunque llegara, nada podría reconstruirse.
Ese fatalismo también inmoviliza.
Reconocer la profundidad del daño no obliga a concluir que sea irreversible.
Casi siete décadas de totalitarismo han dejado problemas que no desaparecerán mágicamente en una semana o un mes. Reconocerlo es realismo. Convertirlo en la conclusión de que los cubanos no podremos reconstruir una sociedad libre sería otra cosa.
Entre la ingenuidad de pensar que todo se resolverá cuando termine la dictadura y el fatalismo de creer que nada podrá resolverse existe un espacio mucho más responsable:
prepararse.
Porque un colapso puede derribar un orden, pero no construye otro por sí solo.
Una apertura puede crear una oportunidad, pero no garantiza hacia dónde conducirá.
Una fuerza externa puede modificar una correlación de poder, pero no puede sustituir legítimamente a los ciudadanos como sujetos de su propio futuro.
Y una reforma impulsada desde arriba puede producir cambios importantes sin devolver necesariamente a los ciudadanos su derecho a decidir.
Esperar no es prepararse.
Pero prepararse tampoco significa pretender saber cómo llegará el cambio ni escribir de antemano cada página de una transición inevitablemente incierta.
Significa llegar a ese momento con algo más que expectativas: con principios, capacidad de actuar, disposición para participar, y, sobre todo, con la conciencia de que la transición no es algo que simplemente nos ocurrirá mientras otros deciden qué hacer con ella.
La transición empieza a dejar de ser cosa de otros cuando el ciudadano se reconoce a sí mismo como sujeto de ella.
No todos tendrán que dirigirla. No todos ocuparán responsabilidades públicas. No todos participarán del mismo modo.
Pero nadie debería tener que limitarse a contemplarla desde fuera.
Prepararse significa también dejar de preguntarnos solamente qué harán el régimen, la oposición, el exilio, otros gobiernos o quienes tengan mayor capacidad de influir, y empezar a hacernos otra pregunta:
¿Qué responsabilidad nos corresponde a nosotros?
Porque si pensamos que la transición es tarea de otros, podemos terminar descubriendo que otros decidieron cómo sería.
No toda apertura es una transición
Reconocernos como sujetos de la transición implica también aprender a reconocer qué tenemos delante cuando algo empiece a cambiar.
Porque no todo cambio será necesariamente una transición democrática.
Pueden anunciarse reformas. Puede cambiar el lenguaje oficial. Pueden ampliarse espacios. Pueden desaparecer prohibiciones que durante años parecían intocables.
Todo eso puede ser importante. Puede mejorar concretamente la vida de las personas. Y no tendría sentido negarlo simplemente porque proceda del poder.
No toda reforma es una transición, aunque una transición pueda necesitar reformas.
La pregunta no debería ser solamente cuánto cambia una medida, sino qué cambia realmente en la relación entre el ciudadano y el poder.
¿Puede el ciudadano decidir más?
¿Puede asociarse libremente?
¿Puede expresar desacuerdo sin miedo?
¿Puede elegir entre alternativas reales?
¿Puede hacer valer sus derechos frente al poder?
Porque también puede ocurrir que cambien muchas cosas y que, sin embargo, aquello esencial permanezca bajo la misma autoridad.
Cambiar algo para que nada esencial cambie sigue siendo una forma de continuidad.
Ese es uno de los riesgos del cambio-fraude.
Y no necesariamente consiste en que nada cambie. Precisamente puede consistir en cambiar bastante.
Las reformas económicas aprobadas en Cuba en 2026 ampliaron el espacio para actividades privadas: incluyendo banca privada, empresas de mayor tamaño y posibilidades de inversión para cubanos residentes en el exterior. Al mismo tiempo, las autoridades presentaron esas transformaciones como concesiones necesarias para la preservación del carácter socialista del sistema.
Eso no convierte automáticamente cada reforma en algo negativo. Algunas pueden ampliar oportunidades reales y aliviar problemas concretos.
Pero sí obliga a formular una pregunta que va más allá de la economía:
¿Lo que cambia deja de depender de la voluntad de quien manda o continúa existiendo mientras el poder decida permitirlo?
Ahí reaparece una diferencia fundamental.
Una apertura puede ampliar lo permitido sin ampliar realmente la libertad. Puede dar más permisos sin reconocer más derechos.
Y la diferencia importa.
El permiso sigue dependiendo de quien lo concede; el derecho limita a quien gobierna.
Dicho de manera todavía más sencilla:
Puedes abrir un negocio mientras te dejen.
Puedes invertir mientras le convenga al poder.
Puedes expresarte un poco más mientras no cruces la línea que otros siguen definiendo por ti.
Eso no es todavía libertad. Es un permiso más amplio.
Y el permiso se revoca. El derecho se defiende.
Si una actividad económica puede desarrollarse, pero continúa dependiendo de reglas que pueden modificarse arbitrariamente, existe mayor espacio, pero no necesariamente seguridad jurídica.
Si se invita a quienes viven fuera de Cuba a participar porque pueden aportar capital, conocimiento o recursos, pero esa participación no viene acompañada de derechos y garantías equivalentes, puede existir integración funcional sin ciudadanía plena.
Y si alguien puede expresarse algo más mientras el poder conserva la facultad de decidir qué opiniones cruzaron una línea permitida, puede existir mayor tolerancia, pero no necesariamente libertad de expresión garantizada.
La pregunta, por tanto, no es si una reforma debe ser aceptada o rechazada simplemente por venir del poder. Es algo mucho más sencillo:
¿Estamos ante algo que el poder tolera mientras quiera, o ante algo que el ciudadano puede ejercer porque le pertenece como derecho?
Una transición democrática tampoco exige que todo cambie de golpe. Puede avanzar gradualmente. Puede necesitar negociación. Puede preservar temporalmente instituciones y funciones necesarias. Puede incluso comenzar desde el propio poder. Eso, por sí solo, no la invalida. El problema no está en que el cambio empiece desde arriba.
El problema comienza cuando quien abre la puerta pretende conservar también la llave.
Una apertura puede comenzar controlada y terminar siendo democrática; lo que no puede ocurrir es que quienes controlan el inicio pretendan conservar el derecho de controlar también el resultado.
Porque una cosa es administrar provisionalmente el comienzo de un proceso. Otra muy distinta es decidir quién puede participar, qué puede discutirse, qué libertades pueden ejercerse realmente y hasta dónde puede llegar el proceso.
La gradualidad no es el problema.
El problema aparece cuando la gradualidad se convierte en argumento para que quien controla el presente conserve también el derecho de fijar permanentemente los límites del futuro.
Entonces quizás la pregunta decisiva deje de ser cuánto ha cambiado el sistema y pase a ser otra:
¿Quién decide ahora lo que antes decidía únicamente el poder?
Porque una transición democrática no se mide solamente por las concesiones que recibe el ciudadano. Se mide también por aquello que el poder deja definitivamente de decidir por él.
¿De quién es la transición?
Y esa pregunta nos lleva inevitablemente a otra. Si la transición no pertenece al poder que la inicia, ¿a quién pertenece?
¿A quienes la negociaron?
¿A quienes lucharon durante años para hacerla posible?
¿A quienes soportaron cárcel, persecución o exilio?
¿A quienes consiguieron apoyo internacional?
¿A quienes lograron movilizar a la sociedad?
¿A quienes mantuvieron el orden cuando todo parecía incierto?
¿A quienes ganen las primeras elecciones?
Cada uno de esos méritos puede ser real. Pero ninguno convierte la transición en propiedad de quien lo posee.
Contribuir decisivamente a una transición puede otorgar mérito, influencia o responsabilidad; no otorga propiedad sobre su resultado.
Y este principio no debe aplicarse solamente a quienes hoy ejercen el poder. También debe valer para quienes lleguen a la transición desde la oposición interna, el exilio, las fuerzas armadas, la sociedad civil, actores económicos o cualquier otra posición de influencia.
Porque una causa justa tampoco convierte el poder sin límites en justo.
El mérito de haber luchado por la libertad no otorga una licencia para gobernar sin límites.
La libertad no es un botín que se reparte; es un derecho que se garantiza.
Haber luchado durante décadas puede merecer reconocimiento. Haber pagado un precio extraordinario puede conferir una enorme autoridad moral. Haber conseguido apoyo popular puede otorgar legitimidad política. Pero esas cosas no son idénticas a la soberanía.
La autoridad moral puede merecer reconocimiento; no concede soberanía adicional.
Hay una paradoja que convendría evitar desde el comienzo: haber luchado por devolver al pueblo su derecho a decidir no puede convertirse después en argumento para decidir en su nombre.
Puede corresponder reconocimiento. Puede corresponder responsabilidad. Puede corresponder incluso confianza política si los ciudadanos deciden otorgarla. Lo que no corresponde por derecho propio es el poder.
Nadie es propietario de la transición porque nadie es propietario de la soberanía.
La transición no debería sustituir a quienes durante décadas se consideraron dueños del país por quienes después puedan considerarse dueños de la victoria.
Y este peligro tampoco se resuelve confiando simplemente en la buena voluntad de quienes conduzcan el proceso. Ya vimos por qué al hablar de los límites al poder: la confianza, por legítima que sea, no puede sustituir a las garantías. Ese principio vale también aquí.
Evitar que alguien se apropie de la transición no significa desconfiar de todos; significa construir reglas que hagan innecesario depender de la buena voluntad de cualquiera.
Una transición necesitará personas capaces de asumir responsabilidades. Puede necesitar negociadores, una autoridad provisional yfuncionarios capaces de mantener hospitales abiertos, escuelas funcionando, electricidad, transporte, seguridad y otros servicios mientras cambia el orden político.
La transición no ocurre solamente en una mesa de negociación. Mientras se decide el futuro político, alguien tiene que garantizar que una ambulancia llegue, que un jubilado cobre y que el país no se paralice.
Nada de eso contradice necesariamente el carácter democrático del proceso. Pero administrar lo necesario no concede propiedad sobre lo que viene después.
La transición necesitará actores capaces de asumir responsabilidades. Lo que no necesita es actores que confundan responsabilidad con propiedad.
Por eso quien reciba una autoridad extraordinaria durante un momento excepcional debería saber también dónde termina esa autoridad. Lo provisional debe ser realmente provisional. Sus facultades y límites deben ser comprensibles.
Debe existir transparencia suficiente para que decisiones fundamentales no se conviertan en patrimonio de unos pocos. Y ningún actor debería poder declararse por sí mismo representante de toda la nación.
La inclusión democrática no significa que todos tengan que decidirlo todo. Significa que nadie pueda apropiarse del derecho de los demás a participar.
Quien conduzca la transición puede tener autoridad para administrar el camino. No para escoger el destino en nombre de los ciudadanos.
Cuando proteger empieza a significar decidir por otros
Pero la apropiación puede presentarse también de una manera mucho más amable. Puede aparecer como protección.
Toda transición tendrá momentos de incertidumbre: decisiones urgentes, instituciones débiles, temores comprensibles y actores con distinta capacidad para influir. Probablemente habrá también gobiernos, organizaciones y personas dispuestos a ayudar.
Nada de eso tiene por qué ser negativo. Una transición puede necesitar apoyo, mediación, garantías externas y liderazgos capaces de orientar en momentos difíciles. El problema comienza cuando acompañar empieza a significar sustituir.
¿Qué ocurre cuando alguien dice que quiere proteger la transición, pero para hacerlo necesita decidir por quienes deberían ser sus protagonistas?
Ahí empieza a aparecer la tutela.
Puede venir desde fuera, cuando un actor internacional con capacidad decisiva empieza a confundir ayuda con derecho a determinar el rumbo político del país.
Puede aparecer desde dentro, cuando quienes administran provisionalmente el proceso consideran que todavía no ha llegado el momento de devolver plenamente la decisión a los ciudadanos.
O incluso desde sectores comprometidos con la democracia que, convencidos de conocer mejor el camino, consideran que la sociedad necesita ser conducida hasta que esté «preparada» para ejercer plenamente su libertad.
Pero acompañar y sustituir no son lo mismo.
La transición puede necesitar apoyo, mediación y garantías externas. Lo que no puede necesitar es un tutor que sustituya a los ciudadanos.
Un aliado puede ayudar a abrir una puerta. Un mediador puede facilitar acuerdos. Una institución internacional puede ofrecer garantías. Un gobierno extranjero puede aportar recursos o ejercer una influencia decisiva. Pero ninguna de esas contribuciones concede soberanía sobre el resultado.
Acompañar una transición no equivale a tener derecho a dirigirla.
La experiencia venezolana reciente puede ayudarnos a comprender por qué estas preguntas no son abstractas. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar en enero de 2026, Venezuela entró en un escenario político excepcional en el que conviven una autoridad interina encabezada por Delcy Rodríguez, estructuras procedentes del orden anterior, distintos sectores opositores y una fuerte influencia estadounidense.
Pero Venezuela nos advierte de algo más que del peso de los actores externos. Meses después, una misión internacional de Naciones Unidas señaló que, pese a excarcelaciones y otras medidas liberalizadoras, buena parte de la infraestructura de seguridad e inteligencia vinculada a la represión permanecía sin reformar y varias de las medidas adoptadas podían ser reversibles.
Eso plantea otra pregunta que Cuba debería pensar con anticipación:
¿qué hacemos con las estructuras del antiguo poder cuando necesitamos mantener el país funcionando?
La tentación puede ser comprensible. Ante el miedo al desorden, podría parecer más sencillo conservar intactos determinados aparatos porque «alguien tiene que mantener el control».
Pero cambiar la cabeza del poder no desmonta automáticamente el aparato que lo sostuvo.
Y utilizar sin transformación estructuras autoritarias en nombre de la estabilidad puede terminar preservando mecanismos que una transición democrática debería someter a la ley, reformar o sustituir.
La continuidad institucional puede ser necesaria para que un hospital siga abierto o para que un servicio público continúe funcionando. La continuidad de mecanismos de represión y arbitrariedad es otra cosa.
Preservar funciones necesarias no significa preservar privilegios, impunidades ni estructuras diseñadas para controlar al ciudadano.
Venezuela no tiene por qué indicarnos cómo será una transición cubana. Pero sí puede recordarnos cuántas cosas pueden ocurrir entre la salida de un gobernante y el nacimiento de una democracia consolidada. Y que, cuando muchos actores poseen capacidad real para influir, la pregunta «¿quién decide?» deja de ser teórica.
La tutela, sin embargo, no necesita venir solamente desde fuera. También puede aparecer acompañada de una frase aparentemente prudente:
«La gente todavía no está preparada.»
Después de tantas décadas de totalitarismo, esa preocupación puede parecer razonable. Habrá hábitos autoritarios que desaprender. Las instituciones democráticas serán nuevas. Los ciudadanos necesitarán experiencia para ejercer derechos y responsabilidades que durante generaciones les fueron negados. Pero de ahí no se desprende que la libertad deba esperar.
La falta de experiencia democrática justifica más preparación y mejores garantías; no menos derechos.
Porque una sociedad no aprende a vivir en libertad esperando a estar preparada para ejercerla. Aprende ejerciéndola.
Y conviene recordar qué significa realmente decir que alguien «todavía no está preparado». En la práctica significa decir que todavía no puede elegir libremente a sus representantes. Que todavía no puede asociarse sin permiso. Que todavía no puede discutir públicamente el destino del país sin que alguien más decida por esa persona qué es «responsable» y qué no.
La tutela no siempre llega con uniformes. A veces llega con la voz de quien dice querer protegerte de ti mismo.
La libertad no puede convertirse en un premio que alguien entrega cuando considera que el ciudadano ha alcanzado suficiente madurez.
La libertad no puede condicionarse a un examen previo de madurez ciudadana.
De lo contrario volvemos al mismo punto de partida: alguien decide qué puede hacer el ciudadano, cuándo puede hacerlo y cuánta libertad está preparado para recibir.
Y precisamente en una sociedad que durante demasiado tiempo ha tenido que esperar soluciones desde arriba puede aparecer otro peligro: el del mesías salvador.
Cuando una sociedad ha esperado durante décadas por la libertad, puede resultar tentador depositar rápidamente toda la esperanza en quien parece capaz de resolver aquello que nadie pudo resolver antes.
Un liderazgo fuerte puede ser valioso. Una persona puede inspirar confianza, movilizar a millones y desempeñar un papel decisivo en una transición. El problema no es el liderazgo.
El problema comienza cuando la confianza en una persona sustituye a la confianza en las reglas y las instituciones.
Cuando dejamos de preguntarnos qué límites debe tener el poder porque confiamos en quien lo ejerce. Cuando el desacuerdo empieza a percibirse como deslealtad. Cuando la urgencia de reconstruir el país se convierte en argumento para concentrar facultades. Cuando creemos que esta vez el poder sin límites será diferente porque está en manos de alguien que consideramos bueno.
Ahí el mesianismo puede terminar reproduciendo uno de los hábitos más profundos del autoritarismo: esperar que alguien decida por nosotros.
Una transición democrática no necesita un mesías. Necesita ciudadanos, reglas e instituciones que no necesiten salvadores.
Eso no significa una sociedad sin líderes. Significa una sociedad en la que ningún líder resulte indispensable para que la libertad sobreviva.
Porque si llevamos décadas intentando recuperar el derecho a decidir, sería una paradoja que, al llegar el momento, alguien nos explicara que todavía no estamos preparados para ejercerlo.
Cuando llegar a la democracia no basta
Pero supongamos que conseguimos evitar todo eso. Que se abre una transición auténtica. Que nadie logra apropiarse de ella. Que los ciudadanos recuperan el derecho a decidir. Que se celebran elecciones libres.
¿Hemos terminado?
Todavía no.
Puede cambiar el gobierno. Puede abrirse el espacio político. Puede aprobarse una nueva constitución. Y, sin embargo, nada de eso garantiza por sí solo que la democracia haya echado raíces suficientemente profundas.
No basta con instaurar la democracia. Hay que crear las condiciones para que pueda durar.
Nicaragua ofrece una advertencia útil. Las elecciones de 1990 produjeron una alternancia política real y abrieron una nueva etapa. Sin embargo, desde finales de esa década los pactos entre élites políticas para repartirse el control sobre las instituciones contribuyeron a debilitar controles y contrapesos. Ese proceso de deterioro democrático continuó y se profundizó en los años siguientes con una concentración creciente del poder tras el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007.
La lección no es que toda transición tenga que terminar de esa manera. Es otra:
una transición puede alcanzar la democracia y, sin embargo, no haber construido todavía las condiciones suficientes para impedir su retroceso.
Ahí aparece una distinción especialmente importante para Cuba.
La democracia permite que los ciudadanos decidan quién gobierna.
El Estado de derecho establece cómo puede gobernar y hasta dónde puede llegar su poder.
Y la cultura cívica ayuda a ciudadanos y gobernantes a vivir dentro de esas reglas.
Dicho de una manera mucho más sencilla: la democracia puede abrir la puerta. El Estado de derecho puede impedir que vuelva a cerrarse. Y la cultura cívica puede ayudar a una sociedad a aprender a vivir con esa puerta abierta.
Eso significa aprender cosas que después de casi siete décadas de totalitarismo no se convierten en hábitos de un día para otro.
Aceptar que quien piensa distinto no es necesariamente un enemigo.
Comprender que perder una elección no significa perder derechos.
Defender límites al poder incluso cuando gobiernan quienes apoyamos.
Dejar de buscar favores para empezar a exigir derechos.
Comprender que las instituciones no pertenecen al vencedor.
Y asumir que una mayoría puede gobernar, pero no puede disponer libremente de los derechos de quienes quedaron en minoría.
Pero podemos bajarlo todavía más al portal.
Significa que quien perdió una elección pueda levantarse al día siguiente sabiendo que sigue siendo ciudadano con los mismos derechos.
Que quien votó por el ganador comprenda que su victoria no le permite silenciar al vecino que votó distinto.
Que un funcionario entienda que no trabaja para un partido sino para los ciudadanos.
Que una persona pueda criticar al gobierno que ella misma ayudó a elegir sin sentir que está traicionando su propia causa.
Y que seamos capaces de defender una regla justa cuando perjudique temporalmente a «los nuestros» precisamente porque sabemos que mañana esa misma regla puede protegernos frente a «los otros».
Ahí empieza a hacerse cotidiana la cultura democrática. Nada de eso se aprende mágicamente.
Siete décadas de totalitarismo no se solucionan en una semana o un mes.
Pero reconocer esa realidad tampoco puede convertirse en argumento para aplazar la libertad.
La falta de experiencia democrática exige más garantías, más educación cívica y mejores instituciones; no menos libertad.
La libertad puede empezar de inmediato. Aprender a vivir plenamente en ella toma tiempo.
Por eso una transición bien preparada tendría que pensar no solamente en cómo llegar a las primeras elecciones, sino también en lo que ocurrirá después.
¿Qué pasará cuando llegue la primera crisis seria?
¿Cuando una mayoría muy popular quiera saltarse una regla incómoda?
¿Cuando alguien proponga concentrar temporalmente más poder porque «la situación lo exige»?
¿Cuando una figura carismática asegure que los contrapesos impiden hacer aquello que el país necesita?
Es precisamente entonces cuando podremos saber si construimos solamente una democracia electoral o algo más resistente.
El día después de la dictadura no termina el peligro del autoritarismo. Cambia su forma.
Por eso el objetivo no puede reducirse a sustituir un gobierno. Tiene que construirse una relación distinta entre la persona, la ley y el poder.
Prepararse sin pretender controlar el futuro
Nada de esto significa que podamos diseñar hoy todo lo que ocurrirá mañana. Sería un error pretender que podemos prever y controlar cada detalle de una realidad que inevitablemente tendrá elementos inesperados.
No sabemos exactamente cómo llegará el cambio, qué acontecimiento puede acelerarlo, quiénes estarán en mejores condiciones para influir cuando ocurra ni cuánto durará cada etapa. Pero reconocer esa incertidumbre no obliga a improvisarlo todo.
Entre pretender controlar el futuro y simplemente esperar a que llegue existe un espacio mucho más responsable: prepararse.
Prepararse significa pensar escenarios sin confundirlos con profecías.
Discutir principios antes de que la urgencia obligue a decidir bajo presión.
Partir de la certeza de que ningún acuerdo político puede decidir si las personas tienen o no derechos fundamentales.
Pensar qué instituciones deberán proteger al ciudadano, qué límites necesitará cualquier autoridad provisional y cómo regresará plenamente la decisión a la sociedad.
Y aceptar también que algunas de nuestras previsiones estarán equivocadas.
Porque:prepararse no es adivinar el futuro, sino aumentar nuestra capacidad de actuar cuando el futuro se abra de forma inesperada.
Esa preparación tampoco corresponde solamente a dirigentes políticos, organizaciones opositoras, expertos o gobiernos extranjeros.
Una sociedad también empieza a prepararse en conversaciones mucho más sencillas.
Cuando una familia habla de qué país quisiera para sus hijos.
Cuando un trabajador deja de preguntarse solamente qué le permiten y empieza a preguntarse qué derechos le corresponden.
Cuando alguien entiende que poder disentir del vecino es tan importante como que el vecino pueda disentir de él.
Cuando empezamos a pensar no solamente quién debería gobernar Cuba, sino qué reglas deberían limitar a cualquiera que la gobierne.
Por eso la transición no puede seguir siendo vista como algo que otros harán mientras nosotros esperamos.
No todos tendremos la misma responsabilidad. No todos participaremos en negociaciones. No todos ocuparemos funciones públicas. Pero todos deberíamos poder reconocernos como sujetos de la transición.
Una sociedad preparada no es aquella que sabe exactamente qué ocurrirá. Es aquella que puede responder cuando ocurra algo distinto de lo que esperaba.
Y tampoco debemos confundir preparación con apropiación.
Pensar antes la transición no concede a quienes la pensaron el derecho de dirigirla después.
Haber elaborado propuestas no convierte a nadie en dueño de su resultado.
Haber luchado por la libertad no concede una soberanía adicional.
Y haber contribuido decisivamente a abrir el cambio tampoco permite decidir por quienes finalmente deberán elegir.
Prepararse significa exactamente lo contrario: crear las condiciones para que, cuando llegue el momento, nadie pueda decidir legítimamente el destino común sin los ciudadanos.
Porque lo que no se piensa antes del cambio termina decidiéndose durante la crisis, cuando hay menos tiempo, más presión y más actores intentando ocupar el espacio disponible.
Prepararnos no impedirá que el futuro nos sorprenda. Nos sorprenderá.
No eliminará todos los riesgos. No podremos.
Y tampoco sirve para diseñar desde hoy quién deberá gobernar mañana. Eso deberán decidirlo los ciudadanos.
Prepararse sirve para algo más humilde y, al mismo tiempo, más importante: llegar al momento del cambio con suficiente claridad para que la urgencia no nos obligue a renunciar a aquello por lo que precisamente queríamos cambiar.
Una transición democrática no puede dejarse a la espera.
No puede dejarse a la improvisación.
No puede dejarse a la tutela.
Y no puede convertirse en propiedad de quien tenga más poder, más recursos, más prestigio o mayor capacidad para intervenir cuando se abra.
Tiene que devolver algo que durante demasiado tiempo ha sido negado: la capacidad del ciudadano de decidir soberanamente sobre su propia vida y participar en la construcción del destino común.
Por eso prepararse para la transición no significa decidir hoy cómo deberán vivir mañana los cubanos.
Significa crear las condiciones para que, cuando llegue el momento, sean ellos quienes puedan decidirlo libremente.
Miembro de Secretariado Ejecutivo MCL.
