Por Zoé Valdés/El Debate.
Francia vuelve cada verano al mismo debate, como si la canícula fuera una sorpresa y no una cita fija del calendario. Durante unas semanas, a veces apenas unos días, el país se enfrenta a temperaturas extremas que paralizan escuelas, alteran transportes, llenan urgencias y convierten viviendas mal aisladas en hornos. Lo llamativo no es sólo el calor, sino la persistencia de una respuesta política y cultural que trata el confort térmico como una concesión sospechosa, casi moralmente culpable, en lugar de reconocerlo como una necesidad básica de salud pública.
El episodio más reciente ha vuelto a mostrar la fragilidad de ese modelo. Francia ha activado alertas rojas, cerrado centros escolares y adaptado servicios ante temperaturas que han superado los 40 °C en varias zonas. Las autoridades han informado de decenas de muertes por ahogamiento en pocos días, muchas de ellas de jóvenes que buscaban refrescarse en ríos, lagos o playas. A la vez, los hospitales han reforzado dispositivos de emergencia y el debate sobre el aire acondicionado ha pasado de la incomodidad privada a la confrontación nacional.
La paradoja francesa es evidente. El país cuenta con un Plan Canicule, con sistemas de alerta, campañas sanitarias, registros de personas vulnerables y medidas locales de protección. Desde la tragedia de 2003, cuando una ola de calor dejó miles de muertos, Francia aprendió a vigilar mejor el riesgo. Sin embargo, vigilar no equivale a resolver. Avisar a la población de que beba agua, cierre persianas y evite salir en las horas centrales es necesario, pero insuficiente cuando millones de personas viven en edificios antiguos, bajo tejados sin aislamiento, en barrios densos y sin zonas verdes, o en escuelas donde estudiar se vuelve físicamente insoportable…
