Por Redacción ZoePost/Agencias.
España encara una crisis sin precedente en la judicatura del país, gestada durante cuatro años y cristalizada con la dimisión de Carlos Lesmes de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Lesmes formalizó su renuncia el lunes 10 de octubre, tras nueve años en el cargo, los últimos cuatro con su mandato constitucional caducado.
Su dimisión supone un punto de inflexión en la inaudita situación que vive la Justicia en el país. Deja dos sustitutos en funciones, una bicefalia no contemplada por la Constitución española, un recurso ante el Tribunal Supremo y unos partidos políticos retratados por su inacción, ya que su falta de acuerdo ha provocado que la renovación que tenía que haberse producido en 2018 todavía no haya tenido lugar.
La renuncia de Lesmes llegó por una vía inusual, con un mensaje público institucional. “Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, y sería además contraria a mi propia conciencia profesional“, sostenía Lesmes en su mensaje.
Además, decía que continuar al frente de esa responsabilidad “solo puede servir” para convertirle “en cómplice” de una situación que aborrece y “que es inaceptable”, puesto que la situación actual “compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera”.
Lesmes anunció que regresará al servicio activo en la carrera judicial como magistrado en el Tribunal Supremo.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
La delicada situación de la Justicia en España, con un órgano de Poder caducado, que aun así ha continuado haciendo nombramientos, algunos de ellos vitalicios, y con una parte de sus labores paralizada, se ha venido gestando a lo largo de los últimos cuatro años.
Para comprender el escenario actual es necesario conocer los rudimentos del funcionamiento de este poder en España. La Constitución establece que el CGPJ estará integrado por el presidente el Tribunal Supremo, cargo que también recaía sobre Lesmes y al que también ha renunciado, y por otros 20 miembros con un mandato todos ellos de cinco años.
De esos 20 miembros, doce deben ser nombrados entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, mientras que del resto, cuatro deben nombrarse a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, entre abogados y juristas con más de quince años de ejercicio. En ambos casos se debe alcanzar la mayoría de tres quintos de ambas Cámaras legislativas.
En este último requisito recae uno de los principales problemas, puesto que esa mayoría requiere del acuerdo de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Socialista y el Partido Popular (PP).
Los ocho juristas son buscados directamente por los partidos entre personas de su confianza, mientras que los otros 12 magistrados son propuestos por el CGPJ a través de un proceso interno en el que se presentan como candidatos jueces en activo que cuenten con el aval de 25 jueces o el de una de las cuatro asociaciones judiciales del país.
En diciembre de 2018 se debía haber producido la renovación de este órgano constitucional, por lo que en septiembre de ese año el CGPJ envió una lista de 51 candidatos al Parlamento y el Congreso puso en marcha el proceso de renovación del CGPJ con comparecencias de los candidatos. Entonces se inició también la negociación entre los partidos políticos para llegar a un acuerdo.
La filtración de un WhatsApp dinamita el proceso
A mediados de noviembre de 2018 parecía que se había alcanzado un pacto entre socialistas y PP, que incluía el nombramiento de 11 vocales propuestos por los primeros, nueve por los segundos y Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial, cargo que conlleva también la Presidencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, unos días después se filtró un audio de WhatsApp de Ignacio Cosidó, entonces senador del PP, en el que presumía con sus compañeros de partido de que con ese pacto, gracias a la Presidencia de Marchena, controlarían la Sala segunda del Supremo “por detrás”. Esta sala juzga a los parlamentarios y a los ministros del Gobierno de España y a la que podrían llegar como imputados exdirigentes del PP.
La filtración de este audio causó tal revuelo que inmediatamente después Marchena publicó una carta en la que, ante las dudas que se cernían sobre la independencia judicial, renunció a la Presidencia del CGPJ.
Estos sucesos dieron por roto el pacto entre las dos formaciones políticas y el proceso, aún a falta de la comparecencia de dos candidatos, quedó suspendido.
Cuatro años de bloqueo
En 2018, el último de su mandato constitucional, Carlos Lesmes dio un discurso de despedida. Un discurso que se repetiría en 2019, 2020 y 2021. Durante todo ese tiempo la renovación de este órgano ha estado bloqueada.
El principal escollo ha sido las condiciones que uno y otro partido han intentado imponer al otro. Así, en un principio, el PP se negó a que Unidas Podemos, formación miembro del Gobierno, participara en las negociaciones. Mientras que durante todo este tiempo unos y otros han introducido candidatos inaceptables para el otro por su excesivamente marcado sesgo ideológico.
Sin embargo, pareció que a principios de este año populares y socialistas conseguían por fin alcanzar un pacto. Pero la crisis interna que vivió el PP, que acabó defenestrando a su líder, Pablo Casado, dio al traste con él. La nueva cúpula, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, se negó a cumplir el acuerdo comprometido por la anterior dirección de su partido.
En este escenario muchas voces clamaban por la dimisión de todos los vocales del CGPJ en bloque para forzar el pacto, senda finalmente seguida por Lesmes.
Sin embargo, una renuncia en masa perjudicaría a los ciudadanos. El CGPJ nombra a los integrantes del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional del país, y a los del resto de la cúpula judicial, motivo por el que las fuerzas políticas tienen tanto interés en colocar en esos puestos a magistrados afines. Pero también decide las licencias y permisos de los jueces, sus traslados, sustituciones, comisiones de servicio, ascensos, formación o sanciones disciplinarias. De modo que su completa paralización a la vez estancaría el funcionamiento judicial del país.
Así, lo que muchos juristas llevan tiempo exigiendo es que se cambie el modo de designación de estos vocales, para evitar que situaciones como esta se produzcan periódicamente. De hecho, no es la primera vez que se produce un bloqueo de este tipo, sino que se ha vivido con anterioridad siempre que el Partido Popular se ha encontrado en la oposición, si bien, nunca de una manera tan prolongada.
La actual situación dio lugar a una modificación normativa en 2021, para que un CGPJ en funciones no pudiese realizar nombramientos. Hasta entonces el Consejo había seguido realizando nombramientos, muchos de ellos vitalicios, y se criticaba que lo hiciera un CGPJ nombrado por una mayoría parlamentaria que ya no respondía a la voluntad popular actual.
El legado de Lesmes
Carlos Lesmes ha permanecido al frente del órgano de gobierno de los jueces durante casi nueve años. Con casi cuatro décadas de carrera profesional, la mayoría de sus años activo los ha ejercido en puestos a los que fue aupado por el Partido Popular.
Tras ocho años ejerciendo como fiscal, en 1993 deja la Fiscalía y se convierte en magistrado. En 1996 se incorporó como alto cargo del Ministerio de Justicia en el Gobierno del popular José María Aznar, donde permaneció los 8 años que Aznar se mantuvo en el Gobierno.
Tras la victoria de Zapatero, Lesmes salió del Gobierno y pocos meses después fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Para entonces había ejercido menos de cuatro años como juez, sin embargo fue nombrado de manera discrecional por los vocales del CGPJ, quienes nombraron para ese puesto a un alto cargo del mismo Gobierno que los había nombrado a ellos cuatro años antes.
En 2010 los vocales nombrados por el PP le vuelven a ascender, esta vez a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Este nombramiento fue polémico porque los requisitos eran contar al menos con 15 años de experiencia en la carrera judicial, de los que al menos 10 debían ser como magistrado. Lesmes en aquel momento había ejercido como magistrado poco más de 8 años, sin contar su bagaje como fiscal o como alto cargo del Gobierno. En 2013 llegó al cargo del que acaba de dimitir.
Tras nueve años gobernando a los jueces, Lesmes deja pendiente la renovación del Tribunal Constitucional y una mayoría abrumadora de magistrados conservadores en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y otros tribunales superiores.
Así, los nombramientos que ha propiciado Lesmes han beneficiado mayoritariamente a magistrados afines al Partido Popular, muchos de los cuales tendrán que decidir sobre recursos que el PP ha presentado contra legislación progresista, como el matrimonio igualitario o la reforma de la ley del aborto, o bien en causas en los que haya políticos aforados imputados.
El carácter vitalicio de muchos de esos puestos y la edad de algunas de las personas que han sido designadas garantizará prácticamente dos décadas de predominio conservador en la cúpula de la judicatura en España.
Así lo interpretaron las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que recurrieron esos nombramientos realizados por el CGPJ interino, recurso que finalmente fue desestimado por la Sala Tercera del Supremo, que condenó a las asociaciones a costas.
¿Quién gobierna el poder judicial ahora?
El pasado jueves Rafael Mozo fue nombrado sustituto de Carlos Lesmes, por tratarse del vocal de mayor edad del CGPJ. La decisión tomada por el Pleno del Consejo choca con el informe técnico encargado por Lesmes. Tanto es así que uno de los vocales, Wenceslao Olea, ha recurrido el acuerdo del Pleno ante el Tribunal Supremo.
Por un lado, apoyando la tesis de Lesmes, Olea sostiene que el sustituto debe ser Francisco Marín, magistrado del Tribunal Supremo que ya se encuentra sustituyendo a Lesmes en la Presidencia de este tribunal en su calidad de presidente más antiguo de Sala.
Por otro lado, Olea apunta a que esta bicefalia (Marín en el Supremo y Mozo en el CGPJ) no es admisible y es anticonstitucional y que solo puede haber un presidente que presida ambos organismos.
Por su parte, la anómala situación parece que ha espoleado a PP y PSOE para que retomen unas negociaciones que eran hasta hace dos semanas inexistentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunieron el pasado lunes en La Moncloa, una imagen que no se veía desde hace seis meses.
Se rumorea que las negociaciones avanzan y que se podría conocer un acuerdo en breve. Además, aunque quedan muchos flecos por rematar, podría haber un principio de acuerdo acerca de una reforma para dar más peso a los jueces en la elección de los vocales del CGPJ y evitar bloqueos políticos como el actual.
Agencias.
