Por Pelayo Barro/The Objective.
Existe un precedente judicial en el Tribunal Supremo que llevaría a Begoña Gómez -esposa de Pedro Sánchez– a un escenario penal preocupante. Especialmente en vista de las pruebas documentales ya presentadas que demostrarían que su asistente personal, contratada por Moncloa y también imputada, hizo trabajos de gestión para su cátedra. Se trata de una sentencia de junio de 2014 en la que el Alto Tribunal confirmó la condena a dos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) a penas de un año de prisión por malversación, uno de los cinco delitos que se le imputa a Gómez.
Las concejales condenadas recurrieron a empleados de los servicios municipales, en su horario de trabajo, para hacer trabajos en sus propias viviendas: desde una mudanza hasta arreglos de carpintería, e incluso desplazar a una limpiadora para adecentar un chalet. El Supremo estimó que el uso de funcionarios públicos en beneficio propio durante su jornada laboral, incluso aunque «el hecho ocurriera una sola vez», provocó un perjuicio económico al Ayuntamiento.
Se trata de la sentencia número 470/2014 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 por la que se condenó respectivamente a un año y seis meses de cárcel (más multas de 1.200 y 600 euros e inhabilitación) a las concejalas de Servicios Sociales y de Interior.
La primera recurrió a empleados municipales de la Brigada de Obras y Servicios para realizar una serie de trabajos de carpintería relacionados con una puerta de su segunda residencia. A esa misma vivienda acudían -sin remuneración extra y en su tiempo de trabajo- limpiadoras del ayuntamiento. Lo hacían habitualmente los viernes, antes de Semana Santa y en verano. Es decir, en las fechas inmediatamente previas a disfrutar de esa residencia de descanso. Otros operarios trasladaron leña en invierno para una chimenea…
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