Por Carlos Manuel Estefanía.
La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. Permite a los ciudadanos compartir ideas, manifestar opiniones y participar activamente en los debates públicos. Sin embargo, en los últimos años, este derecho ha sido gravemente amenazado en España. En ese país hermano del resto de los iberoamericanos, hemos visto un crecimiento de la intolerancia política y la violencia organizada contra aquellos que se atreven a expresar ideas disidentes. Este fenómeno, que recuerda mucho a lo que ocurrió bajo el régimen de Fidel Castro en Cuba, está ganando terreno, alimentado por la pasividad de las autoridades y la legislación represiva que ha aparecido en el horizonte español.
El 18 de marzo de 2025, la exdiputada, ex también de Vox Macarena Olona fue víctima de un escrache violento en la Universidad de Granada. Un grupo de manifestantes encapuchados intentó bloquear su acceso a un coloquio. Esta no fue la primera vez que Olona sufría este tipo de ataques. En ocasiones anteriores, su presencia en actos públicos había sido boicoteada mediante protestas agresivas. En esta ocasión, los manifestantes, que se identificaron como de la extrema izquierda, justificaron su violencia con acusaciones como que Olona defendía ideas “misóginas, racistas y antiobreras”. A pesar de la intimidación, Olona, gracias al coraje de saltar sobre la turba logró finalmente entrar a la conferencia, hay que decir que el sabotaje no era solo contra ella, sino también contra dos paleo feministas y contra Santiago Armesilla, un marxista de la escuela de Gustavo Bueno, y por tanto critico de los rumbos tomado por la izquierda sistémica que hoy controla el estado español.
Este tipo de protestas violentas contra figuras políticas que tienen opiniones contrarias a las de la corriente dominante, exponen un clima de represión política indirecta pero tolerada por el poder. Lo alarmante de estos actos es que recuerdan peligrosamente a las brigadas de acción rápida que existieron en Cuba bajo la dictadura de Fidel Castro. En la Cuba de Castro, el régimen creaba grupos organizados que atacaban a los opositores, amedrentándolos y silenciándolos para evitar que se expresaran libremente. Hoy, en España, estamos presenciando un fenómeno similar: turbas organizadas que buscan atemorizar a quienes piensan diferente y evitar que expresen sus opiniones en espacios públicos.
A esta intolerancia creciente se suman las restricciones legales que también han jugado un papel fundamental en la censura de la libertad de expresión en España. Un claro ejemplo de ello es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, que fue aprobada en 2015 y ha sido una de las principales herramientas utilizadas por las autoridades para limitar la libertad de expresión. Esta ley ha sido criticada por su capacidad de criminalizar la protesta pacífica, especialmente en el contexto de movilizaciones sociales y políticas. Bajo esta legislación, muchas personas han sido sancionadas por ejercer su derecho a protestar, y activistas, periodistas y artistas se han visto amordazados por el temor a represalias judiciales y administrativas.
Además de la Ley Mordaza, las reformas del Código Penal, con el artículo 578 que castiga el “enaltecimiento del terrorismo” de manera amplia y ambigua, han creado un ambiente de autocensura. Personas que han expresado opiniones controvertidas o cuestionado el orden establecido han sido procesadas y condenadas por sus ideas. Esto refleja una tendencia a criminalizar el pensamiento y a silenciar las voces que cuestionan el sistema o que no se alinean con la narrativa oficial.
Este uso de la ley como herramienta de represión política recuerda a lo que ocurrió en otros regímenes autoritarios, como el de Cuba, donde las leyes también se utilizaron para controlar la sociedad. Al igual que las brigadas de acción rápida cubanas, que usaban la intimidación para frenar las voces opositoras, en España estamos viendo cómo la legislación represiva y los grupos de presión actúan de manera similar. La diferencia es que, mientras que en Cuba esto ocurría bajo un régimen totalitario, en España las amenazas de violencia y las leyes mordaza están erosionando lentamente las bases de nuestra democracia.
El uso de estas tácticas represivas, junto con la violencia política que se está normalizando, no solo afecta a la libertad de expresión de los individuos, sino que también pone en riesgo la pluralidad de opiniones en los espacios públicos, como las universidades. Las universidades, que deben ser centros de debate abierto, se están viendo secuestradas por un pensamiento único que no permite la disidencia. Si el gobierno no toma medidas firmes para frenar este clima de intimidación y represión, pronto se podría convertir en una normalidad aceptada que silencia el debate democrático y las voces disidentes.
El gobierno de España tiene la responsabilidad de garantizar que la libertad de expresión se mantenga protegida, no solo en los textos legales, sino también en la práctica diaria. La impunidad que tienen ciertos sectores para organizar actos violentos de intimidación política está dañando gravemente la democracia y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. Es imprescindible que las autoridades den un paso al frente y protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin importar sus creencias políticas, para evitar que la violencia y la represión sigan ganando terreno.
El escrache violento contra Macarena Olona y los ataques, virtuales o materiales, que sufren otros disidentes son solo ejemplos de una tendencia más amplia que debe ser confrontada. Las leyes Mordaza, la censura legal y la violencia política organizada no solo amenazan la libertad de expresión, sino que también ponen en peligro los cimientos mismos de la democracia española. Debemos recordar que cuando los derechos fundamentales se vulneran, todos salimos perdiendo, pues se pierde el espacio democrático que permite la convivencia plural.
El gobierno de España tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión no solo en teoría, sino también en la práctica. Sin embargo, su inacción ante la violencia política y su respaldo a leyes represivas nos demuestran lo contrario. Peor aún es la falta de un pronunciamiento inmediato y concreto por parte del jefe del Estado, quien en España no es el jefe del Gobierno, pero, al menos desde un punto de vista moral, debería velar sobre este. Si bien es cierto que el Rey de España no fiscaliza al Gobierno, al menos debería tener algo que decir sobre aquellos que deben jurarle lealtad antes de ejercer el poder. La pasividad de la Casa Real frente a esta situación la convierte en cómplice del Estado que, en última instancia, representa, aun cuando también puede que esté bajo censura, como el resto de la sociedad española. Y es aquí donde cobra sentido un nuevo término que bien podría definir lo que está ocurriendo: el socialborbonismo. Estén alertas, queridos hispanos ibéricos, “te lo que dice un cubano, te lo dice un amigo”.
Carlos M. Estefanía es un disidente cubano radicado en Suecia.
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”La vida es una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan”
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