Puerto Rico: entre la independencia radical y la reunificación histórica

Por Carlos Manuel Estefanía.

La situación política de Puerto Rico continúa siendo un tema crucial y profundamente arraigado en su historia, manteniéndose en una encrucijada donde diversas visiones sobre su futuro pugnan por prevalecer. El debate acerca de su estatus, actualmente como Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, se ha intensificado recientemente con dos propuestas que, aunque no son mayoritarias, han capturado la atención pública y política: la iniciativa de independencia impulsada por un grupo de puertorriqueños mediante un proyecto de decreto presidencial estadounidense y el resurgimiento con mayor fuerza del movimiento que aboga por la reunificación de la isla con España. Estas iniciativas reflejan una persistente insatisfacción con la relación vigente con Estados Unidos y exploran caminos alternativos para la autodeterminación de la isla.

Independencia por decreto: una propuesta audaz

La idea de otorgar la independencia a Puerto Rico a través de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos surgió de un colectivo de abogados, economistas y activistas puertorriqueños, tanto de la isla como de la diáspora. Este grupo elaboró un borrador de una potencial orden ejecutiva, imitando el estilo de las acciones presidenciales del entonces mandatario Donald Trump, y lo hicieron circular en la Casa Blanca y entre miembros del Congreso estadounidense. La motivación principal detrás de esta propuesta radical es presentar la independencia como una medida de reducción de costos significativa para los contribuyentes estadounidenses, con estimaciones que alcanzan los 617,800 millones de dólares a largo plazo.

El plan detallado en el borrador de siete páginas describe un período de transición de 21 meses y la creación de un Fondo de Transición de Puerto Rico, dotado con 36 mil millones de dólares anuales durante 20 años, destinado a facilitar la independencia económica de la isla. Además, se contempla la eliminación de la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico después del 31 de diciembre de 2026, aunque se prevé el reconocimiento de la doble nacionalidad. Para supervisar este proceso, se propone la creación de una Comisión Ejecutiva de Transición (CTE) que operaría bajo la órbita del personal de la Casa Blanca.

A pesar de la circulación del documento y de reuniones con figuras del Congreso, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de funcionarios puertorriqueños y estadounidenses. La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, negó categóricamente la existencia de un plan secreto para forzar la independencia. El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, calificó el documento de carente de credibilidad, subrayando que solo el Congreso de Estados Unidos tiene la potestad constitucional para otorgar la independencia a Puerto Rico. En el referéndum no vinculante de 2024, solo el 11% de los votantes en Puerto Rico apoyó la independencia, mientras que un 58% se inclinó por la estadidad.

La opción de la reunificación con España

En contraposición, el movimiento reunificacionista con España ha emergido con renovado vigor como una alternativa descolonizadora al actual estatus de ELA. El Movimiento Reunificación de Puerto Rico con España (MRE) aboga por que la isla vuelva a integrarse a la Madre Patria como una comunidad autónoma española. Argumentan que, bajo la soberanía española, los puertorriqueños disfrutaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español. Este movimiento sostiene que Puerto Rico era una tierra próspera bajo el dominio español y lamenta la pérdida de derechos, soberanía y nacionalidad española tras la invasión estadounidense en 1898.

Los defensores de la reunificación resaltan beneficios culturales y económicos, como la conservación del idioma español, la cultura y las costumbres puertorriqueñas, así como el potencial acceso a la Unión Europea. Por primera vez, representantes del movimiento reunificacionista participaron en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, solicitando un referéndum vinculante reconocido por Estados Unidos, España y Puerto Rico.

Sin embargo, este movimiento también enfrenta un apoyo limitado en Puerto Rico. Encuestas internas sugieren que alrededor del 16% de los puertorriqueños respaldan esta opción. La postura oficial de España ha sido cautelosa, enfatizando que cualquier discusión sobre el futuro de Puerto Rico debe basarse en el consenso democrático del pueblo puertorriqueño. En Estados Unidos, esta propuesta se percibe con escepticismo.

Desafíos y perspectivas futuras

La cuestión del estatus colonial de Puerto Rico sigue siendo un tema central que genera diversas opiniones y la búsqueda de una solución definitiva. Dentro de la sociedad puertorriqueña, existen visiones contrastantes sobre el camino a seguir, que van desde la estadidad, percibida por muchos como la igualdad de derechos, hasta la independencia, ya sea por la vía de un acuerdo negociado o mediante acciones unilaterales, sin olvidar la opción de una reunificación histórica con España.

La falta de un consenso claro entre los puertorriqueños y la evidente falta de voluntad política por parte del Congreso de los Estados Unidos para abordar de manera decisiva el tema del estatus complican aún más la situación. Los argumentos económicos juegan un papel importante en ambos movimientos: la independencia se presenta como una oportunidad para reducir costos a Estados Unidos, mientras que la reunificación se asocia con posibles beneficios económicos derivados de los lazos con España y el acceso a la Unión Europea.

No se puede ignorar que Puerto Rico, prácticamente desde el triunfo de la llamada Revolución cubana, ha sido un objetivo de penetración por parte del castrismo. En contrapartida Borinquen ha contado con un  activo núcleo nativo de admiradores del régimen establecido en la mayor isla del Caribe a partir de 1959.

Por otra parte Nicolás Maduro sorprendió al mundo con su intención de “liberar” a Puerto Rico de Estados Unidos con ayuda del ejército de Brasil; lo hizo, junto a una desafinada interpetación  suya de La Internacional, el 11 de enero pasado en medio de un discurso profundamente hispanófobo al clausurar el Festival Mundial Antifascista por un Mundo Nuevo, celebrado en el Centro de Convenciones, Parque “Simón Bolívar”, en la Base Aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, La Carlota, estado Miranda.

En este contexto, es fundamental que Puerto Rico no termine bajo la égida de regímenes autoritarios como los de Cuba y Venezuela, ni que se implante un modelo castrista adaptado a la realidad boricua. La historia reciente de estos países ha demostrado los efectos devastadores de la represión política, el colapso económico y la violación sistemática de derechos humanos, condiciones que han obligado a millones de ciudadanos a huir de sus naciones en busca de un futuro más estable. La imposición de un sistema similar en Puerto Rico representaría un grave retroceso para su sociedad, comprometiendo su desarrollo democrático y sus libertades fundamentales. La resolución del futuro estatus de Puerto Rico dependerá, en última instancia, de la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño y de la acción decisiva del gobierno federal de Estados Unidos, garantizando que cualquier cambio preserve la estabilidad política, el bienestar económico y los derechos de su ciudadanía.