Por Luis Artime.
Ya se ha emitido la sentencia condenatoria en la causa instruída contra Marine Le Pen, por el pago a unos colaboradores de su partido con fondos comunitarios.
Ese delito está contemplado en su correspondiente reglamento oficial, y que se denuncie y castigue, parece una medida legítima y necesaria.
Sin embargo, la magistratura encargada de impartir justicia no puede marginar el hecho de que, en causas de esta naturaleza, se puede rozar peligrosamente un principio fundamental de la organización de un estado democrático, como es el de la separación de poderes.
La pena impuesta a este líder político le impediría presentarse a cualquier elección durante los próximos cinco años, representa, es a los ojos de la inmensa mayoría de los observadores, un verdadero escándalo.
Le Pen cuenta, según las últimas encuestas, con más de un 37% de intención de voto, de cara a su declarada intención de presentarse a las Elecciones Presidenciales de 2027, o sea, la cifra más alta registrada hasta el momento en la historia de unos comicios de esa clase.
Esta intervención del Poder Judicial en el terreno del Poder Ejecutivo, está siendo considerado por la opinión pública como un incidente de extrema gravedad, ya que ha evocado dos casos de intrusión semejante en el reciente pasado, el caso de la inhabilitación de el candidato liberal Fillon por causas parecidas, en las anteriores presidenciales, y la del cierre de una cadena privada de comunicación alejada de la marea izquierdista que domina los medios oficiales.
Se habla abiertamente de la culminación de un ‘golpe de estado judicial’; poder que se situaría de esta forma por encima de la Constitución, decidiendo arbitrariamente el destino político de todos los franceses.
Este es el debate que domina hoy absolutamente todos los medios de comunicación. Algo muy grave podría apoderarse de nuestro presente si, como es posible, esa masa de ciudadanos privados de su derecho de elegir a lo representantes que prefieren, pudiesen decidir expresar abiertamente su hartazgo de cara a la judicatura, bajando a la calle.
La Magistratura Francesa, está resultando en los hechos, un activo vector del ‘caos social’; recurso político calificado de arma legítima y necesaria por el Nuevo Frente Popular de J.L.Mélenchon.
Ni que decir tiene que, en mi caso particular y en el de multitud de otros franceses, no es precisamente Mme Le Pen, quien cuenta con mis simpatías políticas. Pero lo que se está jugando en este momento es la legalidad republicana, y eso, para todos nosotros, es materia inflamable.
Sobre la curiosa coincidencia de este estado de cosas en Francia, al igual que en Rumanía y otros ejemplos parecidos europeos, y la doctrina de abierta desestabilización de nuestras sociedades, preconizada por el dirigente de la Federación Rusa, hablaremos mañana.
Tomado del Facebook de Luis Artime.
