Más allá de gobernadores y tribunales el poder constitucional faculta a legislaturas estatales como las únicas que pueden rectificar un posible fraude

Por Daniel Horowitz*

¿Quién determina el resultado de las elecciones presidenciales en un estado determinado? ¿Gobernadores, Secretarios de Estado o juntas de superintendentes electorales? ¿Los tribunales? ¿El escritorio de decisiones de Fox News o AP? No. El presidente gana un estado en conflicto  cuando los electores seleccionados por las legislaturas estatales realizan una votación en sus respectivos estados el 14 de diciembre. Por lo tanto, en última instancia, según la Constitución, los legisladores estatales terminan sirviendo como los hacedores de reyes en una elección disputada. Punto. Es lo que invocará el equipo de Campaña de Donald Trump en varios estados que han presentado irregularidades en estas elecciones.

Montones interminables de boletas electorales por correo no verificadas que a menudo no cumplen con los estándares de la ley electoral estatal no se crearon durante la noche a las 3 am del 4 de noviembre. Fueron creadas por una combinación de acciones administrativas ilegales tomadas por administraciones demócratas en los estados y estados clave y tribunales federales inferiores que anulan las leyes electorales estatales de larga data. Esto ha estado sucediendo durante años, pero se aceleró a un punto álgido en los últimos meses.

La Constitución, en el art. I, §4, cl. 1, otorga a las legislaturas estatales el poder sobre los tiempos, métodos y procedimientos de las elecciones y no proporciona ninguna excepción de «emergencia de salud pública» que permita a los gobernadores o jueces invalidarlos y crear un nuevo sistema para las elecciones. En esencia, esta es la razón por la que tenemos tal caos postelectoral, y fue por diseño, puesto en marcha durante años por los tribunales y cristalizado en los últimos meses mediante el uso del COVID-19 para rehacer el electorado que vota en persona en una votación postal gratuita para todos. Es lo que el juez Gorsuch describió como la mayor intervención judicial en las elecciones en 230 años.

Bueno, ahora las legislaturas estatales pueden tener su venganza y dar la última palabra, según lo previsto por la Constitución. Mark Levin, uno de los abogados constitucionalistas más originalistas recordó a su audiencia que las legislaturas estatales son las que eligen a los electores que votan directamente por presidente en cada estado.

En caso de que el lector piense que esta es una táctica desesperada que Levin ha inventado porque no le gustan los resultados inminentes de las votaciones estatales, ha estado advirtiendo sobre esto durante meses. Mientras todos dormían, mientras los tribunales reescribían la ley electoral, Levin, un abogado constitucional, advirtió el 18 de septiembre: «Como en Pensilvania, la legislatura de Michigan está controlada por los republicanos. Deben reunirse en una sesión de emergencia y ejercer su poder del Artículo II bajo el Constitución federal y recuperar el control del sistema electoral”.

En el período previo a las elecciones, los tribunales permitieron «la votación tardía, es decir, la presentación de boletas después del día de las elecciones, siempre y cuando tengan matasellos anteriores. Además, un tribunal de Michigan permitió la recolección de boletas en determinadas circunstancias, lo que parece haber ocurrido a altas horas de la noche en el condado de Wayne. Ha habido una serie de fallos o decisiones administrativas en numerosos estados, que son contrarias a la ley estatal y, en algunos casos, a la ley electoral federal, que permitieron a los demócratas cambiar el proceso electoral, dejando de lado cuestiones de fraude adicional en la madrugada del 4 de noviembre.

Los liberales dicen que quieren que todos los votos cuenten, pero que no se cuenten los votos presentados por grupos “insidiosos de intereses especiales” que violen los términos y condiciones del voto ausente. Podemos debatir los méritos políticos de algunos de estos procedimientos de votación anómalos, pero todos están de acuerdo en que las legislaturas estatales controlan el proceso. En muchos estados azules, ya han codificado las prioridades demócratas sobre recolección de votos, fechas límite de registro (o falta de ellas) y sistemas débiles de verificación de votantes. Pero en estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, había leyes en los libros que fueron ilegalmente ignoradas por los gobernadores demócratas y los tribunales.

En su libro de 2005 «Hombres de negro», Levin señaló que la razón por la que el fallo de la Corte Suprema sobre el recuento de Florida en 2000 fue definitivo no fue porque los tribunales son supremos en el proceso electoral. Muy por el contrario, la Corte Suprema simplemente estaba rectificando un error que cometió la corte estatal, porque los demócratas fueron quienes involucraron a las cortes en el proceso electoral para empezar. Pero, ¿por qué Al Gore finalmente aceptó la decisión en Bush v. Gore?

«La legislatura de Florida podría haber (y, de hecho, se estaba preparando) para intervenir y nombrar una lista de electores si la Corte Suprema de Florida continuaba interfiriendo con las elecciones», escribió Levin en la página 170. «La legislatura, que estaba controlada por el Partido Republicano en 2000, tenía autoridad absoluta bajo la Constitución para elegir a los miembros del colegio electoral de Florida «.

El Articulo.II, Sec. 1, §2 de la Constitución estipula que «Cada Estado nombrará, en la forma en que su Legislatura pueda ordenar» a los electores que voten por presidente. La Constitución otorga al Congreso la autoridad para fijar la fecha de esa votación, que, de conformidad con 3 USC §7, es el lunes después del segundo miércoles de diciembre de los años de elección presidencial. Este año es el 14 de diciembre.

Observe cómo la Constitución le da específicamente la tarea de elegir a los electores a la legislatura y, a diferencia de la legislación estándar, no hay jurisdicción o responsabilidad compartida con el gobernador, y mucho menos algún juez estatal o federal al azar. Charles Pinckney, uno de los firmantes de la Constitución de Carolina del Sur, reiteró en el Senado el 23 de enero de 1800, cuán cuidadosos fueron los redactores para excluir al Congreso del proceso.

«Los electores deben ser nombrados por cada estado, y toda la dirección en cuanto a la forma de su nombramiento se da a las legislaturas estatales», dijo Pinckney durante un debate en el Senado. «Nada estaba más claro… que el Congreso no tenía derecho a entrometerse en absoluto; dado que el conjunto fue confiado a las Legislaturas estatales, estas deben prever todas las cuestiones que surjan en la ocasión».

Técnicamente, esto significa que las legislaturas estatales podrían incluso nombrar electores y evitar o cancelar por completo las boletas electorales populares que tenemos hoy, al menos para el presidente y el vicepresidente. Esta era la práctica en algunos estados en los primeros días de la república. Como escribió el juez Joseph Story en sus «Comentarios a la Constitución» de 1833, las legislaturas estatales que eligen a los propios electores «se han establecido firmemente en la práctica, desde la adopción de la constitución, y ahora no parecen admitir controversias, incluso si existía un tribunal adecuado para pronunciarse sobre ello”.

De hecho, en 1892 (McPherson v. Blacker ), al defender la práctica de Michigan de dividir a los electores del estado por distritos electorales (como se hizo hoy en Maine y Nebraska), la Corte Suprema escribió: «La legislatura posee autoridad plenaria para dirigir la forma de nombramiento , y podrá ejercer la facultad de nombrar mediante votación conjunta o concurrencia de las dos Cámaras, o según la modalidad que se designe «. En Bush vs Gore, el tribunal superior reiteró que cualquier legislatura estatal » puede, si así lo desea, seleccionar a los propios electores «.

Obviamente, ninguno de nosotros quiere abolir las elecciones populares, pero ¿por qué la Constitución incluso otorgaría tal poder a las legislaturas estatales? Bueno, los redactores entendieron que, a diferencia del Congreso, estos son los órganos más cercanos y responsables ante la gente y, a diferencia de los jueces o ejecutivos (estatales o federales), son numerosos en un cuerpo deliberativo y no ejercerán una autoridad unilateral sin cierto grado de consenso.

Al invalidar a las legislaturas sobre cómo conducir adecuadamente las elecciones populares que eligen a estos electores presidenciales, las cortes y los gobernadores han privado de sus derechos a sus votantes. Un tribunal de Michigan extendió el día de las elecciones por dos semanas. Un tribunal de Pensilvania, junto con el secretario de estado demócrata, esencialmente anuló la verificación de firmas para las boletas de votación por correo.

Por lo tanto, si existe amplia evidencia de fraude electoral que sería suficiente para alterar la voluntad del pueblo a través de esta elección popular, corresponde a las legislaturas estatales de esos estados reclamar su autoridad sobre el Colegio Electoral y rectificar el fraude que ha sufrido nuestro proceso electoral.

*Daniel Horowitz es periodista investigador de Conservative Review dedicado a la revisión de la Ley Constitucional estadunidense.

NOTA DE LA JUNTA EDITORIAL: El presente artículo ha sido modificado solamente por motivos idiomáticos y de carta de estilo de ZoePost. Todas las citas han sido comprobadas por el equipo de periodistas de nuestra junta editorial.