Política

LGI. Tribunales socialistas

Por Zoé Valdés/La Gaceta de la Iberosfera.

Lo escribía el gran patriota cubano Pedro Corzo hace algún tiempo: «El ejército rebelde participó protagónicamente en los cambios políticos y sociales que ocurrieron en Cuba a partir del 1 de enero de 1959, y cumplió un rol único e importante en la aplicación de la justicia revolucionaria, puesto que sólo los efectivos más fieles de ese cuerpo eran confiables para una labor que consistía en manejar con toda firmeza la legalidad castrista que los hermanos Castro estaban imponiendo en la isla».

Por lo demás, no faltaron profesionales del derecho incondicionales al proyecto que inexplicablemente fingieron como jueces y fiscales, a pesar de que estaban aplicando una justicia con apellido, sin vendas, que de hecho invalidaba su imparcialidad.

Los tribunales revolucionarios fueron tribunales de excepción que organizó el régimen con el objetivo de juzgar sumariamente a los acusados de cometer crímenes en la defensa del régimen de Fulgencio Batista; no obstante, la parcialidad mostrada por estos funcionarios en los procesos judiciales, determinó que la jerarquía gubernamental decidiera seguir usando esos mismos tribunales para juzgar cualquier transgresión de la ley, particularmente en las que estuviera involucrada un delito de carácter político.

Aclaración: Fulgencio Batista y Zaldívar convocó elecciones, las que se celebraron en diciembre de 1958, aquello no era un «régimen», era un gobierno con todas las de la ley. Fulgencio Batista había terminado su mandato.

Sigamos: mediante esos tribunales populares revolucionarios al estilo de lo peor de lo peor de las revoluciones francesa y rusa se juzgaron en menos de una hora y se fusilaron en menos tiempo a inocentes y a familiares, así como a personas de su entorno. Esos tribunales continúan ejerciendo en Cuba, con las penas de muerte incluidas. En el 2003 se fusilaron a tres jóvenes negros en menos de 48 horas por el mero hecho de querer abandonar el país en una lancha.

Mediante una carta ignominiosa firmada por artistas e intelectuales, entre los que se hallaban Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, y el ministro de cultura, Abel Prieto, se apretaron los gatillos que acabaron con la vida de tres jóvenes y destruyeron las vidas de sus padres. Nadie en el mundo protestó por semejante crimen, nadie ha hecho hasta ahora un Floyd con ellos…

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