Sociedad

Ley Chocolate: Guachineo en la justicia americana

Por Dámaso Barraza.

Es una persona que muchos de ustedes conocen y que actualmente se encuentra detenida, debido a su implicación en delitos criminales. Se trata de hechos de conocimiento público o, al menos, así los ha manifestado él mismo con orgullo: actos que generan miedo, violencia y desestabilización social.

Pero lo más sobrecogedor es que aún se encuentre en los Estados Unidos. Sí, si tenemos en cuenta la política actual de deportación de inmigrantes con antecedentes penales o vinculados a bandas organizadas, especialmente bajo la administración Trump. Por eso, esta persona encaja en el perfil de quienes, según esas directrices, deberían ser objeto de deportación.

A pesar de todo —no, a pesar de la implicación en delitos criminales— no hay una condena firme, no hay una decisión determinante en su caso.

Algunos de ustedes se quedan sin palabras; otros se consuelan pensando que hay una falla en el sistema. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Será el sistema que no funciona bien? Pues esa persona que ustedes conocen no parece especialmente inteligente, ni sus abogados parecen ser estrellas del derecho. En otras palabras, todo parece una escena de suerte en medio del entramado complejo del sistema legal estadounidense. Por eso, algunos pueden llegar a pensar que esta persona se permite ser un delincuente público y notorio, y que, a pesar de las leyes, entra y sale de la cárcel como Pedro por su casa, sin que los duros tribunales de inmigración revoquen su permanencia en Estados Unidos. En estos momentos… una locura, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué está pasando?

Ernesto Morales, ¿quién no conoce a este youtuber cubano que trata de arrojar luz sobre este incomprensible caso? Incomprensible, porque no es la primera vez que Chocolate cae en manos de la justicia. No es la primera vez que es buscado por la policía, ni que lo encuentran en un hotel del área de Miami, de donde, para agregar dramatismo, intentó escapar.

Morales enumera —con la cadencia de un burócrata ante un formulario rutinario— la reciente lista de cargos contra Chocolate MC: allanamiento, una incursión descuidada en propiedad ajena; posesión de marihuana y cocaína, un hábito persistente a juzgar por sus antecedentes; incautación de droga y los instrumentos necesarios para su consumo. Lo más grave, sin embargo, son las amenazas: promesas veladas de daño o muerte, realizadas mediante un dispositivo de comunicación. A esto se suma su historial de problemas legales en otras partes de Florida y Texas, que culmina en una fuga poco elegante: el corte limpio de su tobillera electrónica. Resultado directo: al menos tres órdenes de arresto activas, como flores venenosas brotando en distintos condados. Un historial que difícilmente adorne un currículum artístico.

Morales, con una arruga de inquietud genuina en la frente, expone una verdad incómoda, una que flota en el ambiente como un mal presagio. Con semejante carga de acusaciones sobre sus hombros, resulta, al menos, desconcertante el gesto del juez: una sonrisa —según le contaron— acompañó la fijación de una fianza. Una incongruencia irritante. Y el monto final, 2.500 dólares —una cifra irrisoria— implicaba una liberación casi insultantemente sencilla. Un mero 10 %, una bicoca, y Chocolate MC podría volver a las calles, dejando tras de sí un reguero de interrogantes y una sensación palpable de injusticia.

A pesar de su extenso prontuario, Chocolate MC ostenta residencia legal en los Estados Unidos, adquirida, según se comenta, tras solo un año en el país, presumiblemente gracias a la Ley de Ajuste Cubano. Sorprendentemente, y pese a sus constantes choques con la ley, ha logrado hasta ahora evitar la deportación.

¿La razón de esta sorprendente permanencia? Morales apunta a la compleja red burocrática y los extensos procesos legales que requiere la revocación de la residencia y la ejecución de una deportación. A esto se suma la necesaria aceptación del país de origen, Cuba en este caso, para recibir al deportado. Si bien no hay señales de una negativa cubana actual, esta variable añade un velo de incertidumbre sobre su posible expulsión. Se menciona, además, un detalle peculiar: Chocolate MC habría firmado en el pasado su propia orden de deportación con el objetivo de obtener su liberación del ICE. Paradójicamente, este acto podría facilitar ahora su traslado al servicio migratorio y, con la aprobación de Cuba, su eventual deportación.

Para corregir esta situación y lo que se percibe como una falla del sistema, se ha propuesto una ley —provisionalmente llamada “Ley Chocolate”— que buscaría acelerar la revocación de residencia permanente para quienes cometan delitos, permitiendo así una deportación más expedita. Pero, ¿funcionará? Basta con observar el comportamiento de Chocolate MC en su más reciente comparecencia ante la jueza para dudarlo.

Vestido de reo, parecía flotar en una confusión irreal, exhibiendo una actitud llamativa y claramente irrespetuosa. Durante la audiencia, divagó sobre los cargos, sorprendido por la omisión de la marihuana en contraste con la mención de la cocaína. Se dirigió a la jueza como “jefecita” y pidió que lo llevaran a su celda con la familiaridad de un huésped cansado, achacando su fatiga a una posible resaca tóxica o a noches sin dormir. Su abogado de oficio, con visible esfuerzo, presentó una declaración de no culpabilidad.

En la argumentación de Morales se encuentra una acusación directa: el sistema cojea. Es paradójico que un residente con un historial delictivo tan evidente y una actitud desdeñosa hacia la ley pueda permanecer en el país, mientras tantos otros —indocumentados pero respetuosos de las normas— son deportados con pasmosa facilidad. A todas luces, es un “error del sistema”, una frase que condensa una crítica mordaz y una valoración sombría del engranaje institucional actual.

¿Tiene razón Morales al considerar que la posible liberación de Chocolate MC es un error del sistema? ¿Cómo se define un error judicial y cuáles son los mecanismos legales que permiten la libertad de un acusado? La ley también contempla mecanismos de protección del derecho a la libertad, como la liberación por vencimiento de términos o el respeto al plazo razonable de la detención preventiva. Por tanto, si Chocolate MC es liberado conforme a estos procedimientos, no se trataría de un error del sistema, sino de la aplicación de garantías constitucionales y procesales. Una eventual liberación por fianza o vencimiento de plazos no sería una falla del sistema, sino una consecuencia legal. Solo podría hablarse de error si su liberación se debiera a una interpretación incorrecta de la ley, a una valoración errónea de los hechos o a una vulneración de garantías básicas.

En resumen, si su liberación se ajusta a los procedimientos legales, se trataría de una manifestación del correcto funcionamiento del Estado de derecho, no de una falla sistémica.

Pensar que existe un error en el sistema judicial estadounidense puede ser difícil para muchos. Lo que quizá piensen es que el influencer Ernesto Morales no analiza el caso de Chocolate MC desde la perspectiva de la promoción de la delincuencia ni de la desvalorización de la comunidad que él representa. Esta percepción se sostiene en su historial criminal, su desafío a la autoridad durante su fuga, su vinculación pública con la pandilla ZMF y sus amenazas a otros influencers. La controversia surge porque, a pesar de estos antecedentes, su permanencia en libertad —o bajo arresto domiciliario— genera críticas y transmite un mensaje equívoco que podría normalizar comportamientos ilegales en su entorno.

Por tanto, aunque no se pueda afirmar que el sistema judicial promueve directamente la delincuencia, la combinación de notoriedad, actos y reacción social alimenta la percepción de impunidad.

Morales, se puede pensar con amargura, podría tener razón. El verdadero fallo no era que el sistema no lograra condenar a hombres como Chocolate MC, sino que —sabiendo lo que eran, con pruebas visibles y crónicas policiales en los titulares— los dejara libres, casi con displicencia. No era un error de procedimiento, sino algo más profundo y más peligroso: una estrategia sutil. Porque al permitir que personajes así vaguen impunes, el sistema no sólo fallaba; se transformaba en un instrumento. No de justicia, sino de propaganda. Reforzaba, con cada liberación escandalosa, una imagen cuidadosamente construida: la del hispano como amenaza, como sombra en el margen, como peligro que justifica la vigilancia. Y en eso, que no es difícil comprender, radica el auténtico veneno: en que la ley, al mostrarse indulgente con algunos, sirve mejor para alimentar el miedo y los prejuicios que para impartir justicia.

Dámaso Barraza es opositor cubano exiliado en Suecia.

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