La Reforma Judicial en México: ¿Un Ataque a la Autonomía y un Riesgo Económico?

Por Carlos M. Estefanía.

Recientemente, la International Chamber of Commerce (ICC) Global y su capítulo mexicano emitieron un comunicado de prensa que revela profundas preocupaciones sobre la propuesta de reforma judicial en México. Lo que se plantea como una mejora del sistema podría en realidad convertirse en un golpe a la autonomía del Poder Judicial, con graves repercusiones para la estabilidad política y económica del país. A continuación, se detallan los riesgos y críticas más relevantes de esta controvertida iniciativa.

Principales Puntos de la Reforma: ¿Mejora o Manipulación?

En 2023, el gobierno mexicano presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial con la presunta intención de mejorar la transparencia, eficiencia e independencia del sistema judicial. Sin embargo, la crítica de la opinión publica mexicana se ha centrado en la idea de  que estos cambios, más que fortalecer el sistema, parecen diseñados para someterlo al control político y eliminar su rol como contrapeso del poder ejecutivo. Veamos los puntos clave de la retorica oficialista y como pueden ser desarmados,

• Reducción de la Impunidad: La propuesta busca sancionar a jueces y magistrados corruptos. Pero más allá de las apariencias, esta medida podría ser un arma para silenciar a jueces independientes y presionarlos políticamente. En lugar de garantizar justicia, se corre el riesgo de transformar al Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno.
• Aumento de la Transparencia: La digitalización y el acceso público a los procesos judiciales suenan a progreso, pero la transparencia es una fachada si detrás de ella los jueces están sometidos a amenazas de sanciones injustas y decisiones controladas.
• Reestructuración del Consejo de la Judicatura: Cambiar la forma de selección de sus miembros y sus funciones podría ser un mecanismo para asegurar que los jueces y magistrados respondan a intereses políticos, socavando la independencia que es la base del Estado de derecho.
• Fortalecimiento de la Capacitación: Si bien mejorar la formación de los jueces parece positivo, no aborda el verdadero problema: un sistema que, bajo la reforma, estaría sujeto a presiones y manipulaciones políticas.

Críticas y Consecuencias Potenciales

El impacto de esta reforma podría ser devastador para la confianza en la justicia en México. La ICC y otros observadores internacionales advierten que el verdadero trasfondo de la reforma es concentrar el control del Poder Judicial en manos del Ejecutivo, lo cual amenaza con destruir la seguridad jurídica que el país ha construido con esfuerzo en las últimas décadas.

1. Pérdida de Autonomía Judicial:
La reestructuración del Consejo de la Judicatura es una puerta abierta para la injerencia política directa. Esta pérdida de autonomía no solo compromete la imparcialidad de los jueces, sino que también erosiona la democracia y los derechos humanos, al someter decisiones judiciales a los intereses del poder político.

2. Inseguridad Jurídica y Riesgo de Desinversión:
México se encuentra en una coyuntura clave con el fenómeno del nearshoring*, una oportunidad única para atraer inversiones globales. Sin embargo, un sistema judicial que responde a la política en lugar de la ley generará inseguridad jurídica, ahuyentando a inversionistas que buscan certidumbre y estabilidad. La ICC advierte que los cambios propuestos podrían desencadenar arbitrajes internacionales y costosas demandas contra México, poniendo en riesgo la economía nacional.

3. La Elección Popular de Jueces: Una Democracia Peligrosa:
La propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular no es un avance democrático, sino una peligrosa estrategia para politizar aún más el sistema judicial. Los jueces podrían convertirse en actores políticos, sujetos a la presión de campañas y promesas electorales, en lugar de guardianes imparciales de la justicia.

4. Riesgo de Sanciones Internacionales y Costos para los Ciudadanos:
La ICC advierte que la reforma podría llevar a México a enfrentar demandas multimillonarias por violaciones a acuerdos internacionales, cuyos costos serían absorbidos por los contribuyentes. En un país con graves carencias sociales, la posibilidad de redirigir recursos públicos para pagar sanciones internacionales es inaceptable.

Conclusión: Un Llamado a la Responsabilidad

La reforma judicial en México no es un simple ajuste técnico; es una maniobra con profundas implicaciones para la justicia, la democracia y la economía del país. El Congreso de la Unión tiene en sus manos la responsabilidad de proteger la independencia del sistema judicial y salvaguardar la confianza de la comunidad internacional en México como un lugar seguro para invertir y prosperar.

El mensaje de la ICC no podría ser más claro: los legisladores deben actuar con responsabilidad y evitar cualquier reforma que politice la justicia y ponga en peligro el futuro económico de México. La independencia judicial no es negociable; es la base sobre la cual se construye un Estado que respeta los derechos de sus ciudadanos y que aspira a un desarrollo equitativo y sostenible. El país no puede darse el lujo de comprometer su estabilidad jurídica por intereses políticos. Es momento de elegir el camino de la responsabilidad y el respeto a la ley.

*El nearshoring es una estrategia de negocios que implica trasladar la producción o la prestación de servicios a un país cercano, en lugar de hacerlo en lugares más lejanos, como podría ser el caso del offshoring. Este enfoque se utiliza para optimizar costos, mejorar la eficiencia y reducir tiempos de entrega.