Por Carlos Carballido.
Durante más de 4 años el Partido Demócrata sumió a la nación americana en alegaciones de fraude electoral y una supuesta Colusión Rusa que pudo llevar al actual presidente de EE UU, Donald Trump, a ganar la Casa Blanca en el 2016. Las pruebas presentadas eran tan débiles que llegó a un punto muerto en el que ya no pudieron seguir con esa trama.
En este 2020 la historia es parecida pero, al revés. Frente a alegaciones muy convincentes de irregularidades durante las votaciones y semanas posteriores, cientos de miles de declaraciones juradas e informes de expertos y agencias de Inteligencia, sencillamente el Poder Judicial, que podría haber dado una solución definitiva o parcial que retomara la confianza pública en nuestras leyes, decide mirar hacia otro lado.
Ha sido uno de los peores o el peor acto de sumisión manifiesta que las diferentes magistraturas de la nación han evidenciado como si TODAS, siguieran el mismo guión de orientación política, escudándose en esas ambigüedades que permite la propia Ley y que hacen que los abogados, en ocasiones, sean peores que los asesinos que defienden.
Los Demócratas sostienen que las alegaciones del la administración de Trump son falsas, sin embargo, ellos asumen una opinión como cierta sin siquiera tomarse el trabajo de probarla como se debería en un Tribunal. Y no lo hacen porque, por un lado, no tienen pruebas de cómo hacerlo y por otro, no lo necesitan porque el Poder Judicial, reitero, unilateralmente, les ha dado la razón sin siquiera analizar las denuncias.
El artículo III, fracción 2, de la Constitución establece para el Tribunal Supremo que “El Poder Judicial se extenderá a todos los casos, en Derecho y Equidad. . . a Controversias entre dos o más estados. . . . » (Énfasis agregado.) Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisión inesperada, negó una demanda interpuesta por Texas que trató de impugnar el resultado de las elecciones en los estados de campo de batalla, afirmando «falta de legitimación». Los jueces, que se basan en el <<originalismo>>, dos de ellos nominados por el propio Trump, parecen haber olvidado esa parte de la Constitución que respalda a Texas como estado demandante.
El Procurador General de Texas, Ken Paxton, presentó la queja afirmando que el fraude electoral privó de sus derechos a los votantes de su estado donde la votación se realizó dentro del marco de la Constitución de los Estados Unidos y los estados en el campo de batalla se desviaron más allá de los límites legales, por decirlo suavemente. Los votos legales de los tejanos fueron anulados por los supuestos votos fraudulentos de esos estados. La mayoría de los abogados constitucionalistas como Mark Levin y Alan Dershowitz afirman que había un caso solido que la Corte Suprema (SCOTUS por sus siglas en inglés) por alguna razón se negó a escuchar, porque leyendo entre líneas, el estado sureño estaba dentro de la Constitución al formular su demanda y SCOTUS podría haber evitado sabiamente elegir ganadores y perdedores al descalificar la elección por malversación, lo que pospone el asunto al Congreso según lo ordena la Constitución. El camino hubiera sido fácil y menos descalificador para los demandantes.
El tema del Fraude Electoral es ya antiguo en EE UU. La base de datos de la Heritage Foundation (puede consultarla aquí) sobre este tema muestra 1,302 “casos comprobados”. La diferencia es que solo Trump ha tenido el valor de gritarlo a los 4 vientos y negarse a conceder una elección repleta de irregularidades fabricadas de manera vulgar. La naturaleza complicada de estas votaciones ha sido por diseño.
La clase dominante progresista, bajo el disfraz del coronavirus, inundó el país con papeletas no solicitadas por correo y aprovechó este escenario para individualmente crear escenarios adversos para la fiscalización bipartidista del proceso electoral. Recuerde cuando Rahm Emanuel, ex Jefe de Gabinete de Barack Obama, dijo: “Nunca dejes que una crisis grave se desperdicie. Y lo que quiero decir con eso, es una oportunidad para hacer cosas que cree que no podía hacer antes”.
Emanuel no se ha equivocado. Esta crisis del Coronavirus ha sido la patente de corso para hacer de estas elecciones las más escandalosas y vulgares de la historia que ni siquiera el Poder Judicial quiere inmiscuirse. Los medios corporativos y las grandes tecnologías han hecho su parte sin tener ni la más mínima oposición institucional. Numerosos reportes de expertos y agencias de inteligencia han exhibido serias anomalías en la votación electrónica que han presentado un margen de error del 68 por ciento, lo cual descalificaría un proceso electoral sin objeciones. Las irregularidades encontradas tanto en el sistema de votación electrónica, su vulnerabilidad asi como también en la injerencia extranjera burlando la ciberseguridad lejos de ser especulaciones, ya cuentan con resultados investigativos que tampoco quieren ser escuchados porque se asume que la integridad de Biden es incuestionable (Lea el informe de Peter Navarro, Director de Política Comercial y de Fabricación y Coordinador de políticas de Producción para la Defensa Nacional). Ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación quieren analizar el tema descalificándolo como exagerado. Una auténtica Tiranía de Cuello Blanco que no ha tenido la necesidad de asomar la punta del látigo para someter al pueblo norteamericano.
El ovillo político que va quedando para desenmarañarlo es la decisión que tome ambas cámaras el próximo día 6 de Enero cuando deben ser validados u objetados los votos electorales. Unos 6 estados han enviado votos paralelos que obligarán a una discusión de piso que el vicepresidente, Mike Pence, deberá finalmente aceptar u objetar. Esperemos que se haga justicia y que las legislaturas estatales tengan suficiente valentía como para votar justamente porque más allá de la negativa del Poder Judicial de, unánimemente, negarse a escuchar e investigar las irregularidades de este proceso, lo que quizás ya esté muerto y enterrado es la confianza de los norteamericanos en un sistema electoral justo e imparcial. El precedente creado por la propia Justicia de hacer oídos sordos sin examinar las pruebas, coloca a EE UU a las puertas de una Tiranía con un fétido olor a izquierdas radicales que ya vemos en países del tercer mundo. Si el 20 de Enero, finalmente Biden jura su cargo, entonces tener un nuevo presidente ya no importará porque la legitimidad de la República terminaría en ese mismo instante que un presidente, moralmente ilegitimo y con serios problema de senectud, dirija lo que creíamos era la mejor nación del mundo.
Carlos Carballido es periodista, productor de televisión y Vicedirector de ZoePost.
Trump siempre se quejó que el chanchullo de la boleta por correo causaría fraude electoral. El partido republicano perdió las elecciones antes de diciembre 3 . Nunca debieron dejar que los demócratas cambiaran las leyes estatales de votación, no retaron en las cortes el voto por correo y así perdieron control de elecciones legales.