Por Ana Martín/El Debate.
El Gobierno de Pedro Sánchez soliviantó este lunes a las comunidades del régimen común al poner la primera piedra de un cupo catalán que, de facto, supondrá la quiebra del sistema actual de financiación. Dos días antes de la comisión bilateral entre el Ejecutivo de España y la Generalitat de Cataluña, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda aún defendía en Cádiz: «Nunca habrá privilegios de unos territorios contra otros». Ayer no solo se borró de la foto del agravio y envió a su secretario de Estado de Hacienda (aprovechando que la comisión la preside el ministro de Política Territorial y no ella), sino que además estuvo desaparecida todo el día.
El acuerdo, un pago del PSOE a ERC por la investidura de Salvador Illa del verano pasado, tiene dos direcciones. Por un lado, Cataluña podrá recaudar el 100 % de los tributos y decidir lo que aporta a la caja común, lo que invierte los términos actuales (ahora es el Estado el que recauda y reparte). Empezando por el IRPF; aunque no llegará a tiempo para la campaña de la renta del año próximo porque la Agencia Tributaria de Cataluña tiene que reforzarse mucho para pasar de recaudar 5.000 millones de euros anuales a 30.000.
Por el otro, incluye una especie de cláusula antiAyuso, al comprometerse a «introducir mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja». Esto va por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que Cataluña, y la izquierda en general, se quejan recurrentemente de que el Ejecutivo madrileño practica el «dumping fiscal», perjudicando al resto de las comunidades…
