Por Carlos M. Estefanía.
Introducción
En tiempos donde el orden público se ha convertido en una prioridad política global, no solo en América Latina con figuras como Nayib Bukele, sino también en democracias consolidadas, Europa experimenta su propia transformación. Un ejemplo reciente lo ofrecen Suecia y Estonia, dos países que están negociando un acuerdo inusual: el alquiler de celdas penitenciarias. ¿Una solución pragmática o el inicio de una tendencia que, sin llegar a extremos, refleja el espíritu de la época?
Estonia: Recursos ociosos y oportunidad económica
Estonia cuenta con aproximadamente 3,000 plazas penitenciarias, de las cuales la mitad están actualmente vacías. Esta situación, lejos de ser vista como un problema, ha sido interpretada como una oportunidad por la ministra de Justicia, Liisa Pakosta. Su propuesta es clara: alquilar las celdas a países con sistemas penitenciarios saturados como Suecia, lo que podría generar al menos 30 millones de euros anuales.
El jefe del sistema penitenciario estonio, Rait Kuuse, ha confirmado que hay conversaciones activas con el gobierno sueco, aunque aún no se ha concretado ningún contrato. Se descarta la venta de las instalaciones, ya que se considera estratégicamente riesgoso desprenderse de infraestructuras clave en tiempos inciertos.
Este modelo convertiría a Estonia en exportador de «servicios penitenciarios», abriendo una línea de ingresos que permitiría mantener la infraestructura, el personal y, de paso, evitar la presión de cerrar cárceles subutilizadas. No obstante, algunos críticos se preguntan si la reclusión de personas debe transformarse en una fuente de negocio.
Suecia: Saturación carcelaria y presión política
Suecia, por su parte, enfrenta una crisis penitenciaria alimentada por el aumento de la criminalidad, en especial aquella vinculada a las bandas organizadas. Las estadísticas son elocuentes: con unas 11,000 plazas disponibles y una proyección de 27,000 internos para el año 2033, el sistema sueco está bajo una presión creciente.
El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, ha reconocido la urgencia del problema y ha afirmado que se están explorando acuerdos internacionales para el alquiler de celdas. Estonia encabeza la lista de candidatos viables, debido a su cercanía geográfica, marco legal compatible y exceso de capacidad.
Las soluciones domésticas, como la construcción de nuevas prisiones, requieren tiempo y fondos que el gobierno no puede garantizar de inmediato. El alquiler se convierte entonces en una alternativa rápida, aunque también controversial.
Una práctica en expansión silenciosa
El alquiler transfronterizo de celdas no es nuevo en Europa. Noruega, por ejemplo, ha alquilado instalaciones en los Países Bajos; Dinamarca también ha estudiado acuerdos similares. Este modelo intenta combinar eficiencia logística y respeto por los derechos humanos.
A diferencia de las políticas más punitivas adoptadas por figuras como Donald Trump o Nayib Bukele, el modelo escandinavo-estonio se presenta como una solución técnica y temporal. Sin embargo, no deja de reflejar una orientación más firme en materia de seguridad, que pone el acento en la contención antes que en la rehabilitación.
En el caso de Bukele, su modelo carcelario de megacárceles y encarcelamientos masivos ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, pero cuenta con un amplio respaldo popular dentro de El Salvador. Su eficacia percibida y su carácter resolutivo han influido, directa o indirectamente, en el imaginario de gobernantes en otras latitudes. La comparación no es de equivalencia, pero sí de contexto: la seguridad ha vuelto al centro del debate político global.
Legalidad europea, pero ¿a qué precio?
El acuerdo proyectado entre Suecia y Estonia operaría bajo el marco legal de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Se establecerían reglas claras sobre quiénes pueden ser transferidos: quedarían excluidos menores de edad, condenados por terrorismo o personas en tratamiento psiquiátrico.
Los detalles contractuales incluirían cláusulas sobre la supervisión penitenciaria, el respeto de los derechos humanos y los procedimientos de apelación. Sin embargo, el traslado de prisioneros a otro país plantea interrogantes democráticos: ¿Cómo garantizar que las condiciones de reclusión no se degraden lejos de la opinión pública del país de origen? ¿Es aceptable tratar a las personas privadas de libertad como unidades intercambiables dentro de un sistema regional?
Bukele como espejo o advertencia
La figura de Bukele se ha convertido en un punto de referencia global: para algunos, un ejemplo de determinación y resultados; para otros, una amenaza al Estado de derecho. En el contexto europeo, su modelo no es replicable tal cual, pero su impacto simbólico se hace sentir.
La eficacia en el control del crimen, sumada a la alta aprobación ciudadana, ha llevado a muchos gobernantes a revalorizar las políticas de «mano dura». En el caso sueco-estonio, la lógica es menos ideológica y más tecnocrática, pero el telón de fondo es similar: el auge de la seguridad como bandera de gobierno.
Conclusión
El proyecto de alquiler de celdas entre Suecia y Estonia es, en apariencia, una respuesta funcional a problemas distintos pero complementarios. No obstante, también marca una transformación más profunda en la manera en que Europa está gestionando el castigo y la seguridad.
Al subcontratar el encierro, se introduce una dinámica de mercado en el ámbito penal. Aunque se haga bajo normas europeas y en contextos democráticos, el riesgo es convertir la prisión en una herramienta estructural de gobierno, más que en una medida de último recurso.
¿Está Europa exportando prisioneros, pero también importando lógicas? Tal vez la verdadera «bukelización» no sea el autoritarismo, sino la tecnocracia del encierro, silenciosa, eficiente y aparentemente inocua.
