Por Zoé Valdés/El Debate.
Nicolas Sarkozy, quien fue presidente de la República Francesa entre 2007 y 2012, ha estado implicado en varios procesos judiciales tras finalizar su mandato. El más destacado de estos procedimientos culminó en una condena judicial, que ha tenido un gran impacto mediático y político tanto en Francia como a nivel internacional.
Sarkozy fue condenado por corrupción y tráfico de influencias. El caso, conocido como el caso de las «escuchas» (affaire des écoutes), giró en torno a la acusación de que Sarkozy intentó obtener información confidencial sobre una investigación judicial en curso a través de un magistrado, a cambio de promesas de un puesto prestigioso en Mónaco.
En marzo de 2021, el Tribunal Correccional de París declaró a Sarkozy culpable de corrupción activa y tráfico de influencias. La sentencia dictada fue de tres años de prisión, de los cuales dos años fueron suspendidos y uno debía ser cumplido, aunque no necesariamente en prisión, sino bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, según la legislación francesa.
Sarkozy y sus abogados han recurrido la sentencia, alegando que el juicio no fue justo y que no existen pruebas directas de las acusaciones
La condena de un expresidente francés por delitos de corrupción es un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Sarkozy y sus abogados han recurrido la sentencia, alegando que el juicio no fue justo y que no existen pruebas directas de las acusaciones.
En Le Figaro, Eloi Passot, escribe ahora: «El hacha ha caído. Declarado culpable de conspiración criminal en la financiación de su campaña electoral de 2007 en Libia, Nicolas Sarkozy acaba de ser condenado en primera instancia a cinco años de prisión, con prisión preventiva y ejecución provisional. Al salir de la sala, el expresidente de la República calificó su condena de ‘extremadamente grave para el Estado de derecho’. Reafirmó su inocencia y anunció que recurrirá la sentencia. ‘Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel. Pero con la frente en alto, soy inocente’, añadió».
La orden de prisión preventiva diferida, vigente desde febrero de 2020, permite que el condenado no sea conducido a prisión inmediatamente después de la audiencia, sino que sea citado dentro de un mes antes de que el juez sentenciador acuerde la fecha de ingreso en prisión. Esta debe fijarse en un plazo no superior a cuatro meses desde la fecha de la condena.
El caso ha tenido repercusiones significativas en la imagen pública de Sarkozy y en el panorama político francés, afectando también a su partido y a sus aliados políticos. A pesar de la condena, Sarkozy sigue teniendo influencia dentro de ciertos sectores de la derecha francesa…
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