Por Zoé Valdés. El Debate.
El pasado martes, el primer ministro galo, François Bayrou, sacudió al país al presentar un plan de austeridad sin precedentes en la historia reciente de Francia. Ni siquiera en los años finales de la era de François Mitterrand, cuando el gasto público y la asistencia social se expandieron considerablemente, se había visto una estrategia tan decidida para frenar la deuda nacional. El mensaje es claro: Francia enfrenta una encrucijada financiera, y solo una acción contundente podrá estabilizar –estabilizar, por ahora– una deuda que ha escapado a todo control.
En el contexto de la crisis, Francia se encuentra actualmente en una situación delicada. El endeudamiento público ha alcanzado niveles considerados insostenibles por analistas y organismos internacionales. La lenta recuperación económica, sumada a los efectos de crisis previas y el peso persistente de un Estado de bienestar generoso compulsivo, ha reducido el margen de maniobra del Gobierno. En este escenario crítico, hacia lo extraño, la presión de los mercados y de las instituciones de la Unión Europea se ha vuelto cada vez más intensa.
Dentro de las características principales del plan, la propuesta de Bayrou se distingue por su alcance y rigor, siempre ha sido un ente de rigor. Se trata de una hoja de ruta austera que, de aprobarse, se mantendría vigente durante varios años, como mínimo el tiempo necesario para frenar el crecimiento desbocado de la deuda. Este esfuerzo colectivo busca una reestructuración profunda de las finanzas públicas, basada en los siguientes ejes:
- Reducción drástica del gasto público: se revisarán partidas en todos los sectores, desde la administración central hasta los servicios sociales, con el objetivo de optimizar recursos y eliminar duplicidades.
- Reforma en el sistema de asistencia social: aunque la protección social sigue siendo prioritaria, se prevén ajustes para hacerla más eficiente y sostenible en el mediano plazo.
- Ajuste fiscal: se contempla una revisión de los impuestos y tasas, buscando repartir la carga entre todos los sectores de la sociedad, con especial énfasis en que ningún grupo quede exento de contribuir al esfuerzo nacional.
- Transparencia y evaluación permanente: el plan será sometido a una supervisión rigurosa, con indicadores públicos de avance y espacios de diálogo social para adaptar las medidas si es necesario.
Una promesa de austeridad generalizada que significa un impacto social de amplitud fuera de liga. La promesa central es que ninguna persona quedará al margen del ajuste: desde los altos funcionarios hasta las personas beneficiarias de ayudas, pasando por empresas y distintos niveles de administración. Esta dimensión universal es, según Bayrou, la única vía para recuperar la confianza interna y externa y evitar medidas aún más drásticas en el futuro…
