¿Dos versiones de derechos humanos?

Por Gloria Chávez Vásquez.

“Nos duermen con la democracia”

Armando de Armas.

(Escritor y ensayista cubano en el exilio)

La reciente denuncia de la periodista Salud Hernández, acerca de las gestiones parcializadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acusar al gobierno colombiano de estar violando los derechos de sus ciudadanos, es gravísima. Se trata de una nueva forma de injerencia en los destinos del país y un intento de arrebatarle de lleno su soberanía.

“Colombia no es una dictadura”, asegura la periodista, “como lo son Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero para la CIDH “ese hecho y la destrucción de un país democrático, es menos importante que la protección de los vándalos y terroristas de izquierda”.

A estas alturas, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reunan, debe saber a ciencia cierta, que los promotores del paro nacional que empezó el 28 de abril pasado, produciendo daños y víctimas en todo el país, fue orquestado por líderes de la izquierda, con Gustavo Petro a la cabeza. Según se escuchó decir al líder de Fecode, (el sindicato de maestros) Nelson Alarcón, en una videograbación, el paro se extenderá hasta el 2022, año de las elecciones presidenciales. Haciendo juego a estas patrañas, la Comisión pretende ahora activar una corte constitucional que legitimaría a los promotores de la destrucción en Colombia.

Para corroborar la trama, está Diana Parafán, líder social del Cauca, que participó en la reunión concertada el 10 de junio por la CIHR en el hotel Tequendama, y en la que percibió una “amistosa reunión entre camaradas” con un solo objetivo: el golpe de estado. Parafán, que llevaba un reporte documentado de las violaciones de derechos por parte de las guerrillas, solo logró la atención de una de las comisionadas (que garabateó la fecha y firma en la cubierta, sin recibir el reporte), cuando Parafán dijo que se trataba de una denuncia a “los paracos”. La líder social, que representa a las víctimas de las Farc, confirmó la total falta de interés por parte de esa comisión hacia su comunidad.

La CIDH (como las comisiones de la ONU, Human Rights Watch, y Amnistía Internacional) ha perdido credibilidad entre la ciudadanía porque sus agentes malinterpretan o carecen de la objetividad necesaria para entender la dimensión del conflicto. El jurista y activista de derecha, Abelardo de la Espriella, subraya que los agentes de la CIDH actúan más como enemigos del país y añade que “históricamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son contrarios al gobierno y a todo lo que no implique ideas de la izquierda”. Afirma el abogado que “es un error estar dándoles explicaciones como lo ha hecho el gobierno colombiano”.

Opinión que comparten senadores del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía, quienes, por años. han sonado la voz de alarma de como los opositores “presionan a través de sus grupos y solo buscan el derrocamiento del gobierno de turno”. El senador Mejía insiste en que el presidente Iván Duque debería invocar la ley de conmoción interior, que autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en el conflicto. Duque ha estado renuente porque la medida daría pie a que se acusara a su gobierno de dictadura militar. Indecisión de la que Colombia no puede darse el lujo, según los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

Sea negligencia o complicidad, la CIDH está obstruyendo las soluciones y contribuye a empeorar la crisis. La izquierda, como advierte Salud Hernández, busca “entregar la independencia de Colombia a otros países para que resuelvan lo que los colombianos pueden y deben resolver”.

De hecho, la CIDH respondió con precipitada diligencia al falso lema de “SOS nos están matando”, táctica de desinformación viralizada por los mismos militantes y guerrilleros urbanos, en las redes sociales. Las protestas se siguen extendiendo en todo el país, ya con cualquier pretexto. Decenas de muertos y miles de heridos después, los reportes de la CIDH se ensañan en una fuerza policial que es precisamente el blanco de los ataques. Entretanto la comisión introduce en el país, recomendaciones de la corte constitucional, como la de que, ya no se puede suspender a los gobernantes corruptos que sean de corte “popular”.

En medio del caos y la pandemia, los colombianos buscan una respuesta eficaz de parte del gobierno. Una de esas medidas fue ampliar y desplegar la vigilancia y ayuda legal para evitar los excesos de una fuerza pública que enfrenta actos terroristas como la quema de centros del CAI (Centros de Asistencia Inmediata) con sus agentes dentro. Varios policías han sido torturados y asesinados sin consecuencias para los culpables, enmascarados armados y entrenados en tácticas guerrilleras.

Uno de los especialistas en derecho público que aboga por la pacificación de este capítulo en la violencia crónica del país, es J. Faber Quintero, quien propone que los organismos internacionales respeten la subsidiariedad del derecho internacional y la soberanía de los órganos internos. Quintero afirma que las investigaciones y decisiones jurídicas y disciplinarias “corresponden a las autoridades del Estado Colombiano”. Agrega que, si se espera credibilidad de los reportes de la Comisión, estos “deben ser neutrales y para ello debe tener en cuenta las visiones, tanto del gobierno como la movilización ciudadana”. Aparte “deben rechazar el vandalismo, la infiltración en las marchas de grupos armados y el narcotráfico, así como los excesos excepcionales en el uso de la fuerza por algunos miembros de la policía nacional”.

Cabe cuestionar a la CIDH, y sus ejecutivos: ¿De qué sirven los estatutos y programas de derechos humanos, cuando sus agentes insisten en acomodarlos y aplicarlos a su antojo? Mas cuando sabemos que los integrantes de esos organismos en su gran mayoría son de izquierda y comulgan con los violentos.

Como país en estado de guerra, los derechos humanos en Colombia merecen un escrutinio equilibrado. No se le puede exigir cordura a las fuerzas del orden mientras exista terrorismo, vandalismo, extorsión, secuestro, asesinato, etc. No es realista.

Si no lo saben ellos, lo sabe el pueblo: Si no hay un balance de izquierda con derecha, no hay verdad, ni paz, ni justicia.