Por Gloria Chávez Vásquez.
El difamador es un asesino en potencia.
Luis G. Carrillo Navas (abogado colombiano).
En el actual clima político del mundo, en donde se permite gobernar a los insidiosos, la mentira, la calumnia y la difamación están a la orden del día, disfrazada de propaganda. Aquellos que no tienen la inteligencia o la sabiduría para debatir, viven del insulto y la burla, incitan al odio, con el arma de la difamación siempre lista.
La farsa del Rusiagate (2016) inventada por Hillary Clinton, financiada por George Soros y llevada a cabo por un cartel demócrata encabezado por Barack Obama para dañar al entonces candidato opositor Donald Trump, se ha hecho pública. En Colombia, una juez de la izquierda condena a Álvaro Uribe por las acusaciones de soborno y fraude de un “senador” que debería estar pagando una condena en la cárcel por sus crímenes como guerrillero.
¿Casualidad o sincronía?
En el caso Rusiagate, un miembro de la comunidad de inteligencia estadounidense confirmó la falsedad de la acusación de que Rusia había interferido en las elecciones de 2016 para ayudar al candidato republicano Donald Trump. El informante, oficial adjunto en el Consejo Nacional de Inteligencia, cuenta que sus superiores en la administración Obama lo presionaron para que respaldara el esquema creado en contra de Trump.
Su testimonio fue dado a conocer por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, durante la desclasificación de documentos gubernamentales de la administración Obama que sustentan las declaraciones del informante. Dicho denunciante reveló también el papel de naciones extranjeras aliadas, en el intento de influir en el electorado. El testimonio es tan solo uno de una serie de revelaciones que exponen en conjunto, la campaña deliberada de un grupo de demócratas para torpedear a Trump.
En su reportaje de julio 31, 2025 Bob Unruh, editor de noticias de WorldNetDaily, escribe que las evidencias en esos documentos revelan que Hillary Clinton fabricó el escándalo del Rusiagate como una forma de minimizar su responsabilidad como secretaria de Estado, en la muerte de un diplomático y tres agentes en Benghazi, así como la destrucción de computadores personales que contenían secretos nacionales y que habían sido intervenidas por el espionaje ruso. Según los documentos, la campaña de difamación contra Trump fue facilitada por funcionarios demócratas desde Obama hacia abajo.
El informante añadió que sus jefes le pidieron que ocultara al Consejo de Seguridad Nacional evidencia de comunicaciones interceptadas, instrucciones que, según dijo, llegaron mientras trabajaba con el entonces DNI James Clapper y el entonces director de la CIA John Brennan.
EL CASO URIBE
La acusación de soborno y fraude judicial presentada por el exguerrillero y senador Iván Cepeda, contra Álvaro Uribe es un intento del Pacto Histórico liderado por Petro encaminado a neutralizar la presencia política del expresidente. La misma corte de la JEP invalidó los computadores de Reyes donde aparecía información de los crímenes de las guerrillas que involucraban a Cepeda. La misma corte dejó en libertad a Santrich, y se niega a investigar las denuncias de pedofilia y tráfico humano en las guerrillas del ELN y las FARC.
“Gracias a Dios el juicio fue televisado y todos los colombianos tuvimos la oportunidad de conocer los pormenores de ese montaje político” —dice la exsenadora de la República de Colombia, Milla Romero —y añade— “Los comunistas y guerrilleros aliados de los acuerdos Farc-Santos lograron abrir un juicio al presidente Uribe quien ha sido hasta el momento un muro de contención al comunismo en Colombia”.
“El juicio hizo evidente que la juez Sandra Heredia, petrista y cómplice de las FARC condenó a Uribe, por combatir la criminalidad de la que Cepeda fue parte (ver los Archivos Reyes y la iconografía Cepeda, Iván Márquez, Santrich), —escribió en su blog de Facebook Carlos Mauricio Bustamante, coronel del ejército nacional de Colombia. Y agrega que la sentencia vulneró el principio sagrado del “in dubio pro reo”. Una condena legítima debió descansar en evidencia indubitable, no en conjeturas ni animadversiones políticas.
Según la exsenadora Romero, —con anterioridad, dos diferentes fiscales pidieron ser excluidos por no hallar prueba alguna de culpabilidad. El juicio a Uribe estuvo plagado de interceptaciones y grabaciones ilegales, celulares adulterados y se eliminaron los mensajes del senador Iván Cepeda. Los testigos ni conocían personalmente, ni nunca habían hablado con el presidente. El testigo que recibió beneficios fue Monsalve por parte del senador Iván Cepeda. El testimonio de Monsalve fue desmentido por su papa y hermano.
Es claro que la batalla judicial apenas comienza—dice Bustamante. Pero la política, la historia y la narrativa ya tomaron un rumbo nuevo. Lo que está en juego ahora no es solo la suerte de un hombre, sino la dirección emocional del país. Y Álvaro Uribe, como nadie, sabe caminar sobre esa línea invisible entre la fuerza y la fe. Uribe, el líder inquebrantable de la defensa de la seguridad, la democracia y la libertad, es la víctima de uso de la justicia como arma propuesta por los enemigos de la seguridad, la democracia y la libertad. El agravio no es solo contra un líder inocente; es un ataque directo al corazón de nuestra nación y sus instituciones. La justicia, que debe ser un pilar de verdad y equidad, ha sido instrumentalizada para perseguir al líder de la oposición al actual régimen.
Y es en este contexto que la izquierda ha acumulado un dossier de crímenes tratando de llegar al poder en el continente americano, ya sea difamando, como en el caso de Álvaro Uribe o Donald Trump, o atentando contra la vida de los lideres opositores: En Ecuador asesinaron al candidato de derecha, Fernando Villavicencio. En Brasil apuñalaron al candidato de derecha, Jair Bolsonaro. En Estados Unidos balearon al candidato de la derecha, Donald Trump. En Colombia balearon al candidato de derecha, Miguel Uribe Turbay.
El hijo de Álvaro Uribe, Tomás, ha propuesto una alianza nacional contra el narco régimen y extradición para sus “determinadores políticos” y 28 expresidentes de América Latina pidieron a la ONU y la OEA intervenir tras la condena. De igual modo que Estados Unidos ha sancionado la injusticia brasileña en el caso Bolsonaro, se espera que, al igual que las cortes internacionales, intervengan en el caso Uribe.
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Gloria Chávez Vasquez escritora, periodista y educadora reside en Estados Unidos
