Paquete de ayuda de Biden: costo real para la economía

Por Dr. Rafael Marrero.

Innecesario y polémico. Así podríamos definir al recién aprobado paquete de ayuda de Biden. Para empezar, el supuesto alivio financiero ni destina sus mayores fondos a objetivos directamente vinculados con la pandemia, ni inyecta el suficiente dinero a la pequeña empresa, motor clave de la economía estadounidense.

Por el contrario, destina la mayor parte del capital a gobiernos condales y estatales; extiende un más que cuestionado beneficio por desempleo a gente que, hoy por hoy, prefiere vivir de eso antes que retornar al trabajo, y otorga una gran suma a instituciones educacionales públicas, las mismas que han estado cerradas durante un año.

Para más inri, el paquete de ayuda económica llega una semana después de que la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) diera a conocer alarmantes estadísticas y proyecciones sobre nuestra deuda federal, incluyendo déficits y gastos nacionales, si no hacemos algo para revertir la situación.

Vayamos por partes:

El plan de alivio financiero de Biden, de $1,9 millones de dólares, se divide de esta forma:

• $400 mil millones para cheques de pagos directos de $1,400
• $350 mil millones para gobiernos estatales, locales y tribales
• $10 mil millones para proyectos de infraestructura estatal
• $14 mil millones para la distribución de la vacuna contra el COVID-19
• $130 mil millones para las escuelas primarias y secundarias
• $30 mil millones para las agencias de tránsito
• $45 mil millones para asistencia de alquiler, servicios públicos e hipotecas
• $55 mil millones para las pequeñas empresas

Todo eso estaría medianamente bien si nuestro país no tuviera la deuda que tiene. Según las estimaciones de la CBO, «para fines de 2021, la deuda federal equivaldrá al 102 % del Producto Interno Bruto (PIB); en 2031, alcanzará el 107 % (superando su máximo histórico) y [dos décadas después], en 2051, casi se duplicará, llegando al 202 %».

Sin contar el paquete de ayuda de Biden, el déficit presupuestario del país ya era de $3,1 billones al cierre del pasado año fiscal. La propia oficina no partidista, perteneciente al Congreso de los Estados Unidos, detalla que, «con un estimado del 10,3 % del PIB, el déficit en 2021 será el segundo más grande desde 1945, solamente superado por el 14,9 % registrado el año pasado».  

¿Qué significa esto en la práctica?

La misma entidad nos lo ha dejado claro: «Una deuda alta y en aumento, como porcentaje del PIB, incrementa los costos de los préstamos federales y privados; frena el crecimiento de la economía y la producción, y aumenta los pagos de intereses en el exterior».

Por si eso fuera poco, «una carga de deuda creciente también puede aumentar el riesgo de una crisis fiscal y una mayor inflación, así como socavar la confianza en el dólar estadounidense, haciendo más costoso financiar las actividades pública y privada en los mercados internacionales».

Advertencia republicana

Tal como revela un reporte de la agencia EFE, publicado por El Confidencial, los republicamos «han considerado excesivo el gasto que implica este paquete de ayuda económica y han advertido sobre los riesgos de una deuda disparada». Biden, sin embargo, ha dicho que este paquete es «fundamental para revitalizar la economía y compensar la pérdida de empleos ante la gravedad de la situación [actual]».

Ciertamente, EE. UU. cuenta hoy con 10 millones menos de puestos laborales en comparación con los que habían antes de la pandemia, pero con una tasa de desempleo del 6,3 % y una mejor estrategia para retornar a los desocupados a sus funciones, no habría necesidad de destinar millones y millones de dólares, digamos, al beneficio por desempleo.

Hablando de gastos, y para ilustrar mejor los efectos negativos de un plan como este, la CBO señala que, después de que el gasto asociado con la pandemia disminuya a corto plazo, el gasto, como porcentaje del PIB, aumentará en los años venideros.

Es que «con una deuda creciente y tasas de interés en aumento, el gasto neto en intereses se triplicará con respecto al tamaño de la economía durante las dos últimas décadas del período de proyección (2031-2051), lo que representará la mayor parte del crecimiento de los déficits totales».

Beneficio a corto plazo

Incluso antes de que se aprobara el actual paquete de ayuda de Biden, muchos expertos en este tema ya se habían dado a la tarea de desmenuzar sus pros y contras. Uno de ellos es Antonio Saravia, economista de la Universidad Mercer, en Georgia, quien, en diálogo con la CNN, dijo que este paquete solo podría representar beneficios económicos a corto plazo.

En sus declaraciones, Saravia recordó que nuestra deuda es enorme y nuestro déficit, elevado. Por ello no ve bien que algunos piensen que no pasará nada «porque, al final, somos los Estados Unidos».

Ciertamente, remarcó, «nosotros emitimos la moneda que es valor de cambio en el mundo. Mucha gente prefiere ahorrar en EE. UU., porque tenemos instituciones sólidas». Pero, «esto no será para siempre. Si seguimos emitiendo [dinero], el dólar empezará a perder valor, [entonces], hay que tener cuidado con eso», subrayó.

Saravia puntualizó también que, para algunos economistas, probablemente, no deberíamos preocuparnos mucho, pero para muchos otros, entre los que se incluye, la deuda sería la primera especie de bandera roja entre las medidas de Biden, quien «quiere empezar con optimismo y que la gente apruebe sus programas».

Futuro costo económico

En su artículo “Averiguando el verdadero costo del gigantesco paquete de ayuda de Biden por el coronavirus”, el Washington Post también hace un detallado análisis sobre este tema. Según esta publicación, «los contribuyentes tienen derecho a saber cuánto costará realmente a las generaciones futuras apuntalar la economía».

En otras palabras: la gente debe saber cómo este plan afectará a nuestra deuda nacional y cuánto interés les costará a los ciudadanos estadounidenses la deuda adicional que recaerá sobra la nación con el presente paquete de alivio financiero.

De acuerdo con el citado artículo, a fines de enero pasado, la deuda nacional total era de aproximadamente $27,76 billones de dólares. De esa suma, $21,63 billones corresponden a la “deuda pública” y los otros $6,13 billones, son considerados como “deuda de fondos fiduciarios”, o sea, dinero que el Gobierno se debe a sí mismo.

 

Deberse dinero a sí mismo no debería ser un problema, sin embargo, según este reporte, $3 billones de valores del Tesoro, pertenecientes al Fondo Fiduciario del Seguro Social (SS), podrían ser dinero que «el Gobierno debe o deberá a las generaciones actuales y futuras de beneficiarios del SS. No es dinero que el Gobierno Federal se debe a sí mismo, de ahí que las tenencias de fondos fiduciarios deberían formar parte de la deuda nacional».

 

En la actualidad, dados los grandes déficits del Seguro Social, «el Tesoro tiene que pedir dinero prestado a inversores a fin de obtener el efectivo que necesita para rescatar sus valores en poder del Fondo Fiduciario del SS. Entonces, agrega el análisis, lo que ayer era “deuda intragubernamental”, hoy se está convirtiendo, indirectamente, en deuda pública».

 

Interés sobre la deuda

 

Hay dos formas de calcular el interés que pagan los contribuyentes sobre la deuda nacional. Y también hay una gran diferencia entre ellas: una de $178.000 millones de dólares.

 

Para arrojar luz sobre esto, el reporte del Washington Post señala que el año pasado, el “interés neto” (interés sobre la deuda de los inversores), fue de aproximadamente $345 mil millones, mientras que el interés total sobre la deuda de los inversores y los fondos fiduciarios, fue de aproximadamente $523 mil millones.

 

Para fines presupuestarios, los $178 mil millones de intereses de diferencia, del fondo fiduciario, no cuentan. Eso, porque el costo de intereses de $18 mil millones del Tesoro se compensa con los $178 mil millones de ingresos por intereses de los fondos fiduciarios.

 

En términos económicos, sin embargo, esos $178 mil millones sí importan realmente, ya que, más tarde o más temprano, los fondos fiduciarios le pedirán al Tesoro que retire algunos o todos sus valores.

 

De este análisis se traduce que los intereses de los valores del Tesoro (de los fondos fiduciarios) son un gasto real. Es decir, un costo económico real para los contribuyentes, por tanto, deberían contarse como un gasto por intereses.

 

Con las presentes y futuras medidas de Biden, habrá que ver cuál es el verdadero costo de los intereses de nuestra deuda, algo que, según el mencionado informe, no sería, precisamente, de nuestro interés nacional.

 

También sería aconsejable «medir adecuadamente el costo de los programas financiados con préstamos. Usar números de conveniencia para hacer que las cosas se vean mucho mejor de lo que realmente son, hará que algunos políticos y sus seguidores se sientan mejor. Pero no cambiará la realidad subyacente: simplemente, la esconderán. Y eso es una mala política», tal como refiere el reporte.

 

Volviendo al informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, y viendo el panorama a largo plazo, aunque las actuales condiciones económicas mejoren, aunque haya cambios en la productividad o las tasas de interés, puede que, en 2051, la deuda nacional sea mucho más alta a la de hoy.

 

Por eso, precisamente, es que un paquete tan grande, que incluye disposiciones desalentadoras para el empleo, no puede ser bien visto por gente a la que sí le interesa el futuro de este país.

 

Medidas contraproducentes

 

En momentos en que se intenta impulsar la economía, seriamente afectada por el coronavirus, no debería ser admisible un plan de alivio que mate el interés por el trabajo.

 

Los empleados que tuvieron que abandonar sus puestos por las medidas de confinamiento o que, de plano, perdieron sus trabajos, deben ser motivados a regresar o a buscar otro empleo, respectivamente, y no lo contrario.

 

Ya han recibido ayuda suficiente; ya sus empleadores, mayoritariamente, pequeños y medianos negocios, han sido beneficiados (o están por beneficiarse) con préstamos y ayudas federales orientados a retener la fuerza laboral. El país, por tanto, debe avanzar y, para eso, requiere de su mano de obra.

 

Si el beneficio por desempleo sigue extendiéndose, más gente se quedará en casa esperando su cheque cada semana. De hecho, muchos trabajadores ya han optado por vivir del beneficio antes que volver a sus antiguos puestos de labor.

 

Sencillamente, no se puede prometer llevar a la nación a la renovación económica cuando se extiende, hasta septiembre, un beneficio de esta clase. Estamos hablando de seis meses por delante en los que millones de trabajadores seguirán recibiendo dinero a cambio de permanecer en sus hogares.

 

Y claro que hay que cuidarse del coronavirus. ¡Por supuesto que sí! Pero todos sabemos que, si cada quien, empleado y empleador, asume correctamente las medidas de protección, los contagios son poco probables. Eso, sin dejar de mencionar la campaña de vacunación actualmente en curso.

 

En su artículo “Tres problemas del nuevo paquete de Joe Biden para enfrentar el COVID-19”, PanamPost también analiza esta problemática. En referencia al tema, refiere que este beneficio extendido del Gobierno «hace al desempleo más atractivo», lo que, obviamente, perjudica el crecimiento laboral y del país en sí mismo.

 

Resulta que, al mantener sin trabajar a tantas personas, al menos, cuatro millones de empleos se destruirían debido a los desincentivos laborales que crearía este paquete, tal como consideran los economistas Casey Mulligan y Stephen Moore, citados por el propio reporte.

 

Estados azules al rescate

 

Otro aspecto discutible del paquete de ayuda de Biden, es la asignación de cientos de miles de millones de los contribuyentes para rescatar a los gobiernos locales y estatales mal administrados.

 

Según el congresista republicano Michael Waltz, que representa a Florida, «este es un paquete de rescate para los estados azules por sus malas políticas, por sus políticas de cierre. Basta con decir que no es justo, ni prudente, obligar a los contribuyentes federales a rescatar a los estados de las consecuencias de sus malas decisiones. El alivio que esos estados realmente necesitan, es el alivio de las políticas empobrecedoras de sus gobiernos».

 

Para el economista Robert Higgs, por su parte, usar el pretexto de la crisis es un modo de expandir el poder gubernamental, por tanto, «los estadounidenses no deben tratar la propuesta para el estímulo por el COVID-19 de Biden como los términos y condiciones de servicio de una aplicación y, simplemente, aceptarla después de un breve repaso».

 

Según él, debemos protegernos de las grandes tomas de poder por parte del Gobierno y de las intervenciones económicas radicales que se nos imponen en nombre de la respuesta a la crisis. ¡Qué duda cabe! Si realmente queremos echar a andar la maquinaria económica de nuestra nación, debemos impulsar medidas que apalanquen ese objetivo, y no al revés.

 

Paquete innecesario

 

De acuerdo con el artículo “El flagrante fraude detrás de la nueva ley de ´alivio del COVID´ de $1,9 billones”, difundido por el portal IssuesInsights.com, esta ayuda no era necesaria, pues

«la economía ya se ha recuperado bruscamente», de hecho, «unos 22 estados informaron ingresos fiscales más altos durante la pandemia que en el mismo período de 2019».

 

La pregunta que cabe entonces es: ¿por qué se aprobó el paquete? Pues por la misma razón que opina el economista Higgs, citado antes: los demócratas están usando la crisis como pretexto. A ello se añade que más del 60 % de los fondos ($350 mil millones) están destinados a aspectos no relacionados con la pandemia y sí con el pago a distritos electorales, que han demostrado ser fieles a su partido.

 

Siguiendo con el desglose: el 30 % va para los cheques de estímulo y el beneficio por desempleo, (de cuya falta de necesidad ya hemos hablado), y solo el 9 % restante ─solo el 9 % restante, repito─ va dirigido a mitigar el COVID-19.

 

De acuerdo con Wirepoints, un grupo de investigación citado por el propio artículo, «en el año fiscal 2020, 44 estados tuvieron superávits por un total de $105 mil millones. Mientras tanto, casi $150 mil millones en fondos de las facturas de “alivio” del año pasado ni siquiera se han tocado».

 

Otro punto que conduce al debate es la educación pública. «A pesar de que ha estado cerrada durante un año, ahora recibe $129 mil millones». No olvidemos que «gran parte de los $31 mil millones que recibió en marzo de 2020 y los $82 mil millones que recibió en el alivio de diciembre, permanecen sin gastar».

 

De acuerdo con la nota de IssuesInsights.com, los únicos ganadores en este paquete de ayuda son:  los sindicatos y administradores de maestros; los empleados federales (que obtienen hasta $21,000 dólares de licencia por el COVID-19, y, muy en especial, los estados azules, que gastan en exceso, sobrecargan y regulan demasiado a los negocios.

 

Sin lugar a dudas, el país pagará muy alto los errores cometidos por los demócratas. Tal como cierra el artículo, «los ciudadanos de los estados rojos pagarán por este despilfarro partidista durante las próximas décadas, y sus hijos, también».

 

De la monumental deuda nacional y el alto déficit presupuestario que nos amenaza, ya nos ha alertado la Oficina Presupuestaria del Congreso. Con esas estadísticas en mente, está claro que un gigantesco paquete de ayuda ─por demás, innecesario─ no hará más que hipotecar el futuro de la nación y de nosotros, los contribuyentes.

 

Sobre el Dr. Rafael Marrero

Economista. Graduado de las universidades de Stanford y Cornell, es un reconocido experto en EE.UU. en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Autor del bestseller de Amazon La salsa secreta del Tío Sam.

 

Dr. Rafael Marrero es Economista. Graduado de las universidades de Stanford y Cornell, es un reconocido experto en EE.UU. en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Autor del bestseller de Amazon La salsa secreta del Tío Sam.

 

Fuentes:

 

CBO

Washington Post

Issues Insights

SBA