El derecho a elegir. La soberanía que nos corresponde ejercer

Por Minervo L. Chil Siret.

En esta nueva entrega de la serie La Transición en Cuba, la reflexión sobre el derecho a elegir va más allá de las urnas. La soberanía popular no consiste solamente en decidir quién gobierna, sino también en poder determinar el rumbo político, económico y social de su país. ¿Qué significa recuperar ese derecho en Cuba? ¿Y cuáles son los límites que deben respetarse para que la libertad de decidir pertenezca verdaderamente a todos?

—————————

Hay decisiones que afectan profundamente la vida de los cubanos y sobre las cuales los propios ciudadanos no pueden pronunciarse libremente.No se trata solamente de quién ocupa la presidencia, quién integra el gobierno o quién representa a los ciudadanos en las instituciones del Estado. Se trata también de cuestiones fundamentales: cómo debe organizarse el poder político, qué modelo económico queremos para el país, cuáles deben ser las relaciones entre el Estado y la sociedad y qué cambios estamos dispuestos a emprender para construir nuestro futuro.Sobre estos asuntos pueden existir opiniones muy diferentes entre los cubanos. Algunos defenderán la continuidad de determinadas instituciones; otros propondrán reformarlas o sustituirlas. Habrá quienes prefieran transformaciones graduales y quienes consideren necesarias reformas más profundas.

Esa diversidad no debería representar una amenaza para la nación. Es una expresión natural de una sociedad cuyos ciudadanos tienen experiencias, convicciones y aspiraciones diferentes.

Sin embargo, en Cuba no existe un marco de libertades y garantías que permita a esas alternativas organizarse, competir políticamente y someterse libremente a la decisión de los ciudadanos.

En el ensayo anterior, «Votar no es elegir», examinamos la diferencia entre ambos actos y la contradicción de un orden constitucional que proclama que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, mientras declara irrevocable el sistema socialista y excluye su modificación de los mecanismos de reforma constitucional.

Pero el derecho a elegir tiene un alcance todavía mayor.

La soberanía popular no consiste solamente en poder escoger quién gobierna. Comprende también la facultad de decidir sobre el rumbo político, económico y social del país, incluso cuando ello implique transformar las reglas fundamentales del sistema existente.

Y ese derecho no nace de una reforma, de una negociación ni de una concesión de quienes ejercen el poder. Corresponde a los ciudadanos.

La soberanía no pertenece al gobierno

Pocas palabras han sido tan utilizadas en el discurso político oficial cubano como «soberanía». Durante décadas se ha invocado principalmente para defender la independencia nacional frente a Estados Unidos, pero también para presentar las decisiones del poder como expresión de los intereses de toda la nación.

Ese uso contribuye a una confusión fundamental: identificar la soberanía de Cuba con la autoridad de quienes la gobiernan, como si cuestionar sus decisiones o reclamar un sistema político diferente equivaliera a cuestionar la independencia del país.

Sin embargo, la soberanía nacional y la soberanía popular, aunque estrechamente relacionadas, no significan exactamente lo mismo.

La primera expresa el derecho de Cuba a determinar su destino sin imposiciones de otros Estados. La segunda reconoce que la autoridad política dentro del país corresponde a sus ciudadanos, no a quienes se atribuyan su representación exclusiva.

Ambas deben complementarse. La independencia frente a poderes extranjeros no justifica que se niegue a los ciudadanos la posibilidad de decidir libremente sobre su propio gobierno.

Por eso, el problema de los derechos políticos en Cuba no debe confundirse con las controversias entre La Habana y Washington. Es ante todo una cuestión interna: la relación entre un sistema de poder que restringe la competencia política y los ciudadanos que deben poder decidir libremente sobre su futuro.

Las políticas estadounidenses hacia Cuba pueden discutirse y evaluarse por sus consecuencias. Pero ninguna de ellas determina la existencia de los derechos políticos de los cubanos ni justifica su negación.

Defender la soberanía de Cuba no puede significar negar la soberanía de los cubanos.

Elegir también es poder cambiar el sistema

Supongamos que mañana se permitiera a los cubanos escoger entre varios candidatos para ocupar determinados cargos públicos, pero que todos estuvieran obligados a aceptar las mismas reglas políticas fundamentales, sin posibilidad de proponer su modificación.

Habría más opciones para escoger a los gobernantes. Pero una parte esencial de la soberanía continuaría fuera del alcance de los ciudadanos. Porque elegir quién gobierna no equivale necesariamente a poder decidir bajo qué sistema queremos ser gobernados.

Los ciudadanos deben poder defender diferentes proyectos políticos, económicos y sociales, promover reformas institucionales y participar en las decisiones sobre las reglas fundamentales que organizan la convivencia nacional.

Eso incluye la libertad de proponer cambios constitucionales, debatir modelos económicos diferentes y cuestionar las instituciones existentes, sin que la defensa pacífica de esas ideas convierta a nadie en enemigo de su país.

Y comprende también el derecho a defender la continuidad de aquellas instituciones y políticas que se consideren convenientes. La libertad debe proteger tanto a quienes desean transformar el orden existente como a quienes prefieren conservar determinados aspectos de él, sin que ninguna de esas opciones pueda justificar la negación de los derechos fundamentales de los demás.

Esto no significa que cualquier transformación pueda realizarse de cualquier manera. Las reformas fundamentales requieren procedimientos legítimos, deliberación pública, garantías jurídicas y respeto a los derechos humanos.

Hay una diferencia esencial entre establecer límites al poder para proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales, y declarar intocable una determinada orientación política o económica. Los primeros protegen a los ciudadanos frente al abuso. La segunda puede privarlos de la posibilidad de decidir sobre cuestiones que legítimamente les corresponden.

Una Constitución debe permitir la convivencia de personas con diferentes ideas y establecer límites a quienes ejercen el poder. Sus mecanismos de reforma pueden exigir consensos amplios y procedimientos rigurosos, pero no deberían utilizarse para impedir permanentemente que los ciudadanos propongan y decidan alternativas políticas legítimas.

Porque la soberanía no consiste en aceptar indefinidamente las decisiones que otros tomaron en nombre del pueblo. Consiste también en conservar la facultad de revisarlas.

El derecho a proponer y decidir

El derecho a elegir comienza mucho antes de que los ciudadanos sean convocados a las urnas.

No basta con que puedan votar entre varias candidaturas si carecen de libertad para participar en la construcción de las alternativas que se les presentan. Porque una cosa es ser convocados a participar en un proceso cuyas opciones y reglas han sido determinadas por otros, y otra muy distinta es poder intervenir libremente en las decisiones que afectan nuestro futuro.

Una expresión concreta de esa soberanía ejercida desde la ciudadanía la ofreció el Proyecto Varela. Miles de cubanos utilizaron una vía reconocida por la propia Constitución para solicitar que determinadas reformas fueran sometidas a la decisión popular.

A diferencia de los referendos en los que las instituciones del Estado presentan una propuesta para que los ciudadanos la aprueben o rechacen, en este caso la iniciativa partía de los propios ciudadanos. No se trataba de cuestionar la legitimidad de uno u otro procedimiento, sino de ejercer una facultad esencial de la soberanía popular: la de promover las decisiones, y no solamente pronunciarse sobre ellas.

Como examinamos en «Votar no es elegir», aquella iniciativa encontró la resistencia del poder. Pero su significado trasciende ese desenlace: los ciudadanos no deben limitarse a escoger entre las alternativas que otros les presentan. También tienen derecho a participar en su elaboración y a promover los cambios que consideran necesarios para su país.

Eso exige que los ciudadanos puedan organizarse, defender sus ideas, promover candidaturas y presentar programas políticos que expresen diferentes aspiraciones para el país. Que quienes pretendan gobernar puedan explicar sus propuestas, debatirlas públicamente y buscar el respaldo de los electores. Y que estos dispongan de información suficiente para comparar alternativas y decidir sin presiones ni temores.

Pero también importa que la competencia sea auténtica. De poco serviría reconocer esas libertades si quienes ejercen el poder pudieran utilizar las instituciones y los recursos del Estado para favorecer a unos participantes y perjudicar a otros, o si no existieran autoridades imparciales capaces de garantizar el respeto a las reglas y a los resultados.

En una transición, la observación electoral independiente, incluida la internacional, puede contribuir a generar confianza en ese proceso. No porque los observadores sustituyan la voluntad de los cubanos, sino porque ayudan a verificar que pueda expresarse y respetarse libremente.

Y una vez celebradas las elecciones, los ciudadanos no deberían regresar a la condición de espectadores. Los programas y compromisos presentados durante las campañas deben servir también para evaluar la actuación de quienes resulten elegidos, exigirles explicaciones y reclamar responsabilidades por el ejercicio del poder que recibieron.

La participación democrática no puede reducirse, por tanto, a un momento electoral.
Su sentido más profundo está en que los ciudadanos puedan intervenir en la construcción de las alternativas, decidir entre ellas y continuar influyendo en el rumbo del país después de haber elegido a sus gobernantes.

Reconocer la soberanía popular plantea una cuestión que no podemos eludir: ¿significa que una mayoría puede decidir cualquier cosa? No. En democracia, la voluntad mayoritaria permite adoptar decisiones colectivas y determinar quiénes ejercerán el gobierno. Pero ganar una elección no concede a los vencedores autoridad ilimitada sobre quienes votaron de otra manera.

Los derechos fundamentales no pertenecen a la mayoría ni dependen de su aprobación. Corresponden a todas las personas por su dignidad, también a quienes sostienen ideas que la mayoría rechaza.

Por eso, quienes pierden unas elecciones no pierden el derecho a defender sus propuestas, organizarse políticamente, cuestionar las decisiones del gobierno y aspirar a sustituirlo por medios legítimos.

La mayoría puede decidir quién gobierna. No puede decidir que los demás dejen de tener voz.

Tampoco debemos confundir la alternancia democrática con la obligación de cambiar de orientación política en cada elección. Los ciudadanos pueden continuar respaldando un mismo proyecto durante sucesivos procesos electorales, siempre que se respeten los límites constitucionales al ejercicio del poder y que existan alternativas reales para quienes prefieran otro rumbo.

Lo que una victoria electoral no puede otorgar es el derecho a perpetuarse, cerrar el camino a los adversarios o convertir una preferencia mayoritaria en una orientación política obligatoria para toda la sociedad.

La democracia necesita reglas e instituciones que protejan esos límites. Pero su sentido no consiste solamente en impedir los abusos de quienes gobiernan, sino también en preservar la posibilidad de que los ciudadanos revisen sus decisiones y elijan un rumbo diferente.

Porque el derecho a elegir no puede agotarse en la voluntad de quienes ganaron las últimas elecciones. Debe seguir perteneciendo a todos, incluidos quienes quedaron en minoría.

Los derechos no dependen de una negociación

Cuando se habla del futuro de Cuba, las posibilidades de cambio suelen relacionarse con una crisis política, una apertura del poder o un acuerdo entre sectores del gobierno y la oposición, eventualmente con participación internacional. Esas circunstancias pueden abrir oportunidades y facilitar los caminos hacia una transición democrática. Pero no determinan la existencia de los derechos de los cubanos.

Nuestro derecho a elegir libremente a quienes nos gobiernan y decidir el rumbo del país no depende de que se produzca una coyuntura favorable ni de que determinados dirigentes alcancen un acuerdo.

Las negociaciones pueden ser necesarias. En determinadas circunstancias, incluso pueden resultar decisivas para evitar la violencia, reducir la incertidumbre, restablecer libertades y establecer garantías que permitan avanzar hacia instituciones democráticas.

Pero hay una diferencia fundamental entre negociar las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y negociar como si esos derechos pertenecieran a quienes se sientan a la mesa.

Un acuerdo político puede facilitar la recuperación de la soberanía ciudadana. No puede sustituir su ejercicio.

Esto resulta especialmente importante cuando una transición requiere autoridades provisionales, decisiones urgentes o compromisos entre sectores que hasta entonces se encontraban enfrentados.

Quienes asuman esas responsabilidades podrán desempeñar un papel legítimo y necesario. Pero administrar una transición no equivale a ser propietario de ella.

Ni quienes ejercen el poder, ni las organizaciones opositoras, ni quienes participen en las negociaciones, ni los actores internacionales que contribuyan al proceso pueden atribuirse por ese solo hecho la facultad de decidir definitivamente el futuro político, económico y social de todos los cubanos.

Podrán defender sus propuestas y buscar el respaldo de los ciudadanos. Lo que no pueden hacer es presentar sus acuerdos como si constituyeran, por sí mismos, la voluntad soberana de toda la nación.

Porque una transición democrática no debería limitarse a sustituir a quienes gobiernan ni a establecer nuevas reglas decididas exclusivamente por quienes negocian.

Su propósito debe ser devolver a los ciudadanos la libertad y las garantías necesarias para participar en esas decisiones y continuar ejerciendo su soberanía después de concluida la transición.

La libertad de decidir y de rectificar

Recuperar el derecho a elegir no significa que los cubanos alcanzaremos inmediatamente acuerdos sobre los grandes problemas nacionales ni que las decisiones adoptadas democráticamente serán siempre acertadas. Podemos elegir gobernantes que incumplan sus promesas, respaldar políticas que produzcan resultados diferentes de los esperados o aprobar reformas que después consideremos necesario modificar.

Ninguna sociedad está libre de esos riesgos. La diferencia fundamental reside en que los ciudadanos dispongan de medios legítimos para exigir responsabilidades, corregir decisiones y sustituir pacíficamente a quienes ejercen el poder.

Esa libertad también implica asumir responsabilidades.

No se trata de atribuir a los ciudadanos la culpa por decisiones que no tuvieron libertad para adoptar, ni de hacer individualmente responsables a quienes respaldaron una opción electoral por todos los actos de sus gobernantes. Se trata de reconocer que una ciudadanía libre debe poder informarse, participar, evaluar las consecuencias de las decisiones colectivas, exigir cuentas a quienes gobiernan y respetar el derecho de los demás a defender opciones diferentes.

Pero esa responsabilidad no es una condición previa para merecer la libertad. Es mediante el ejercicio de nuestros derechos como podemos desarrollar plenamente las responsabilidades que los acompañan.

Tampoco debemos esperar que la recuperación de la democracia resuelva por sí sola todos los problemas del país. La democracia no es una obra terminada. Incluso después de una transición, cuando existan instituciones legítimas y libertades reconocidas, seguirán surgiendo problemas, desacuerdos y decisiones que será necesario revisar.

Y esos avances no estarán definitivamente asegurados. Una democracia puede deteriorarse, incluso bajo gobiernos surgidos de elecciones legítimas, si se debilitan los controles sobre el poder, se restringen los derechos de quienes discrepan o los ciudadanos dejan de participar en la vida pública.

Por eso, preservar la democracia exige algo más que establecer instituciones y celebrar elecciones. Requiere mantener vivas las libertades que permiten cuestionar al poder, defender alternativas y rectificar decisiones.

También exige evitar que la propia defensa de la democracia se convierta en un pretexto para limitar arbitrariamente esos derechos.

Una sociedad democrática necesita proteger sus instituciones frente a quienes pretendan destruirlas. Pero no puede hacerlo silenciando a los críticos, impidiendo la competencia política legítima o convirtiendo la libertad en un privilegio reservado a quienes respaldan el orden establecido.

Los mecanismos destinados a proteger la democracia deben estar sometidos al Estado de derecho y respetar los principios que buscan preservar. Porque no se puede defender la libertad negándosela a quienes piensan de manera diferente.

Una transición democrática no debería establecer una nueva orientación política obligatoria ni declarar concluida para siempre la discusión sobre el futuro nacional. Debe abrir un espacio de libertad en el que ese futuro pueda construirse y revisarse mediante decisiones legítimas.

Los cubanos no necesitamos que alguien nos conceda el derecho a elegir, ni que otros decidan previamente qué debemos escoger. Necesitamos garantías para ejercer un derecho que ya nos corresponde.

Recuperar la soberanía es recuperar el derecho a decidir, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y preservar las libertades que permitirán seguir decidiendo.

El derecho a elegir no es el derecho a imponer nuestro futuro a los demás. Es el derecho de todos a participar libremente en la construcción del futuro común.