Por Célíne Pina.
Resulta extraño sentir asombro ante un resultado que no fue en absoluto inesperado, salvo por el giro perverso de la sentencia por el seguimiento electrónico. Ese detalle dice mucho sobre el veredicto contra Marine Le Pen: es a la vez astuto e hipócrita.
Se trata de un ataque al estilo Al Capone contra la carrera presidencial: se considera que un candidato es realmente peligroso, por lo que se le aparta por asuntos ajenos a la política. Sin embargo, la ironía es cruel.
Es difícil imaginar hasta qué punto los partidos pueden controlar ciertas instituciones cuando tienen la mayoría, ni lo divertido que debe ser —para muchos que fingen virtud— ver a alguien condenado por trabajar para el partido bajo la apariencia de ser asistente parlamentario.
Aparentemente, el proceso estaba «institucionalizado» dentro de la RN; sin embargo, si uno preguntara a sus colegas políticos —«que tire la primera piedra quien esté libre de pecado»— los resultados podrían ser sorprendentes.
Entonces, ¿qué justifica que un Estado débil recurra a tales tácticas, y por qué se les permite salir impunes?
Porque el Estado persigue a un partido asociado con la iconografía de la Ocupación y la colaboración, concretamente con el antisemitismo y el totalitarismo. Sin embargo, si hoy en día el verdadero problema reside en una forma de colaboración con ideas antidemocráticas y totalitarias (como el islamismo), una ideología violenta, la existencia de una milicia y el uso del odio antisemita como arma política, entonces LFI representa la verdadera amenaza para la democracia.
Su líder se regodea con impunidad en un antisemitismo tanto implícito como explícito; coquetea —con la suficiente cautela para evitar demandas, aunque nadie se deja engañar— con la glorificación del terrorismo, pero sale impune sin esfuerzo. Nadie imagina que un juez le imponga el mismo trato que al líder de RN. Y, sin embargo, el daño que causa es muchísimo mayor y debería provocar indignación entre quienes se consideran humanistas.
Entonces, ¿la verdadera razón, en última instancia, no tiene nada que ver con la democracia? ¿Ni con la «moralidad»? ¿Ni con la justicia? ¿Por qué ejercer tanta presión sobre un evento democrático necesario, precisamente cuando la desconfianza en las instituciones está en su punto más alto? ¿Cómo se puede mantener alguna credibilidad mientras uno se escuda en el manto de la democracia y la República? Es algo que deja a uno sin palabras. ¿Qué queda por defender cuando la gente proclama a viva voz su compromiso con el rigor y la lucha contra la impunidad, cuando el problema evidente es diez veces mayor que el trofeo que exhiben?
No entiendo a estas personas que se dicen virtuosas pero que no hacen más que añadir confusión, caos y una sensación de absurdo a un mundo ya saturado de muestras de hipocresía y falta de sentido.
Original:
